Thursday, January 28, 2010

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Según la Agencia Peruana de Noticias (28/01/2010), el Poder Ejecutivo ha oficializado la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CANA). De acuerdo a la nota periodística, el objetivo de la Comisión es la “de coadyuvar en la articulación, coordinación y planificación de las acciones a cargo de entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir la corrupción en el país”. Además, este “grupo de trabajo será el encargado de realizar la supervisión y el seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción”.

“La Comisión estará conformada, de manera ad honórem, por los presidentes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, y Consejo de Ministros; además por la fiscal de la Nación, la defensora del Pueblo, el alcalde de Lima y el ministro de Justicia, según un decreto supremo. Además, por el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética). Asimismo, por el secretario técnico del Foro del Acuerdo Nacional y por el coordinador general, quien se desempeñará como secretario ejecutivo”.

La comisión estará coordinada por el ex contralor Genaro Matute y tendrá carácter permanente y se encontrará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ama Sua: Acción Contra la Corrupción (ASACLC) observa que este paso es importante en la lucha contra la corrupción, pero como el formato de nuestra propuesta indica, preferimos que los miembros de esta Comisión no tengan vínculo alguno con el Poder Ejecutivo ni menos con el Gobierno de Turno. Este hecho resta validez e independencia de acción para conseguir objetivos específicos y concretos de mediano a largo plazo.

Estaremos atento a las acciones que la Comisión realice, y desde ya esperamos que nuestra propuesta, con las adiciones y sugerencias que incorporaremos al documento oficial, sean bien recibidas en su debido momento por la Comisión y canalizadas acorde.

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qaxMPotaXPA=

Friday, January 22, 2010

Actuación del juez Barreto genera desconfianza en la lucha contra la corrupción

La corrupción en el Perú es institucionalizado y ello es muy conocido por la gran mayoría de la población. Lo que ahora necesitamos son propuestas de acción para extirpar este mal social. El condenar es loable (al cual nos sumamos) y esto, aunque en forma aislada, se ha venido efectuando durante hace mucho tiempo. La realidad ahora es diferente y requiere de acciones lógicas que de mediano a largo plazo sirvan para madurar la institucionalidad democrática y enmarcar al Perú por las sendas de la modernidad. Si en el ahora no propalamos medios prácticos de educación cívica-democrática, en el mañana la población seguirá eligiendo gobernantes y representantes coludidos con la corrupción (ASACLC).

http://alertaperu.org/publicar/pronunc/425-actuacion-de-juez-barreto-genera-desconfianza-grupo-de-trabajo-contra-la-corrupcion.html


Pronunciamiento del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (integrado por: Forum Solidaridad Perú, Grupo Propuesta Ciudadana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano de Gobernabilidad, Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, Desco, Fovida, Jubileo Perú)

Ha culminado la primera etapa del proceso judicial contra Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán y otros implicados en el escándalo de corrupción en la concesión de cinco lotes petroleros nacionales; y ante la cuestionable actitud del Juez Jorge Barreto, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción1 expresa a la ciudadanía, al Poder Judicial y a todas las instancias del Estado lo siguiente:

1. La lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú requiere de jueces y autoridades transparentes, que actúen dentro de los cánones de la ley y la justicia, rechazando cualquier presión política y sin concesión alguna a los encausados en dichos delitos. Sin embargo, el cumplimiento de esas exigencias básicas no ha caracterizado la actuación judicial durante el proceso contra Rómulo León y otros.

2. El caso de corrupción en la concesión de 5 lotes petroleros –y otros negociados descubiertos- que tuvo como principal actor al ex ministro aprista, es quizás uno de los más emblemáticos de los últimos 5 años en nuestro país. Recordemos que, incluso, luego de la difusión de los denominados “petroaudios” y el inicio de las investigaciones, tuvo que dimitir el premier Jorge del Castillo y su gabinete.

3. Sin embargo, durante los 15 meses que ha durado la primera etapa de este proceso, las decisiones tomadas por el Juez Jorge Barreto han despertado desconfianza sobre la verdadera voluntad del Poder Judicial para combatir la corrupción. Algunas de esas acciones, que nos llevan a temer un desenlace de impunidad son:

- La dilación el proceso de manera cuestionable, postergando injustificadamente las diligencias judiciales correspondientes.
- El juez desestimó la denuncia por asociación ilícita para delinquir presentada por la fiscalía, reduciendo la posibilidad de sanción de cárcel prevista, de hasta 15 años, a un máximo de sólo 10 años, generando un precedente preocupante para otros casos de corrupción.
- El juez no incluyó como pruebas los informes de la Contraloría General de la República que determinan la comisión de irregularidades en la concesión de los lotes petroleros. Sin embargo, a inicios del presente mes, la Tercera Sala Penal ordenó al juez Barreto incorporar al expediente dichos informes. Al respecto, nos preocupa la información de diversos medios de comunicación indicando que el juez Barreto habría solicitado a peritos particulares, la emisión de un informe sin sustento técnico y que podría beneficiar a los procesados, mas aún cuando ha impedido que el Ministerio Público interrogue a dichos peritos sobre la idoneidad de los peritos y el sustento técnico del informe.
- Las diligencias de visualización del CPU del principal procesado, Rómulo León Alegría, fueron realizadas sin la presencia del Ministerio Público ni de la Procuraduría. El juez Barreto impidió la participación de las partes denunciantes, sólo él y el abogado de Rómulo León pudieron revisar 400 correos electrónicos, de los 73 mil archivos presentados por la Fiscalía.
- El pasado 22 de diciembre, el juez Barreto indicó que no se incorporaría a las pruebas del caso los aproximadamente 100 audios vinculados a los delitos de corrupción investigados. Según indicó, éstos no habrían sido presentados como prueba, pero tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han desvirtuado esta versión ya que el juez, al ser responsable de conducir el proceso, tenía la facultad de solicitar de oficio los audios, si es que no estaban inicialmente.

A estas acciones, habría que sumar la decisión que tomó, por 2 votos a 1, la Tercera Sala Penal Especial – en julio de 2009 – que permitió la excarcelación temporal de Rómulo León Alegría.

4. Por estas razones, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción se suma a los cuestionamientos al accionar del juez Barreto y la preocupación de quienes explican estas acciones en la intención de los magistrados de lograr la impunidad y la absolución de los procesados, así como evitar que se profundicen las investigaciones para determinar responsabilidades en otros niveles del poder público en nuestro país.

5. El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción espera que la siguiente etapa del proceso “juicio oral” se desarrolle con ajuste a ley y permita sancionar la comisión de los graves actos de corrupción que todos los peruanos y peruanas hemos podido conocer. Creemos que la situación generada por la actuación del juez Barreto puede ser revertida si la siguiente instancia actúa de acuerdo a ley y sin concesiones a la corrupción. Asimismo, instamos a que la Oficina de Control de la Magistratura evalúe una posible investigación a la actuación del juez Jorge Barreto para determinar si se habría configurado una inconducta funcional frente a todos los antecedentes descritos.

6. Desde la sociedad civil esperamos que el Poder Judicial demuestre con decisiones claras su efectivo interés para combatir la corrupción, y revierta la desconfianza generada en la ciudadanía frente a sus mecanismos de administración de justicia. Reiteramos que nos mantendremos vigilantes y atentos a las acciones que las autoridades judiciales realicen, ya que los peruanos y peruanas no permitiremos que siga avanzando la creciente impunidad.

Lima, 22 de Enero de 2010

Wednesday, January 20, 2010

Termina investigación sin escuchar audios

El siguiente artículo tiene relevancia en la lucha contra la corrupción. Así como apoyamos al Poder Judicial en ciertos pasos positivos que ha dado en la lucha contra la corrupción, también condenamos acciones que denigran una proba administración de justicia. El Poder Judicial, en pos de sacudirse de la imagen negativa que tiene dentro de nuestra sociedad, necesita urgentemente neutralizar estos casos que entorpecen el desarrollo y fortalecimiento de una buena y transparente administración de justicia. Al igual, así como también necesita mantener su independencia como garantía de libertad, el Poder Judicial dentro de nuestro estado de derecho necesita de una buena vez fortalecer y aplicar el imperio de la ley y fomentar la legalidad. (ASACLC)

http://www.larepublica.pe/politica/20/01/2010/termina-investigacion-sin-escuchar-audios-0

César Romero, 20 Enero 2010

¡Un faenón, Hermano! Juez Jorge Barreto tuvo los petroaudios durante 15 meses. El plazo de indagación vence hoy, pero Barreto lo extendió hasta el viernes, para escuchar a German Kasay y Gaspar Zamora, peritos de hidrocarburos.

Tras 15 meses de diligencias reservadas, el juez Jorge Barreto concluirá hoy o el viernes la investigación a Rómulo León Alegría, representantes de la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) y funcionarios de Petroperú y Perupetro. Sin embargo, desde el 21 de octubre del 2008 –cuando se inició la investigación– hasta hoy, Barreto no cumplió con escuchar los más de 100 petroaudios que revelaron los supuestos negociados en la licitación de 5 lotes petroleros en el zócalo continental a favor de DPI.

Ni los cuatro audios que reveló el ex ministro Fernando Rospigliosi en “Cuarto Poder”, los nueve que recopiló La República ni los 86 que entregó en enero del 2009 el periodista Pablo O’Brien. El 22 de diciembre, Barreto afirmó que todo ese material, contenido en la denuncia inicial de la fiscalía, nunca fue aportado como prueba y, como tal, no podía decir si era válido o no.

Petromails
De los más de 73 mil archivos contenidos en el CPU de León Alegría, el juez sólo admitió 400 ‘petromails’ que únicamente él y el abogado defensor de León, Eduardo Roy Gate, conocen, pues se negaron a admitir la participación de la fiscalía en su revisión y evaluación.

Por ello, solo el juez y Roy Gate saben si los 400 mails son los mismos que aportó en su denuncia inicial el fiscal Óscar Zevallos u otro que revelen nuevos o los mismos hechos ya conocidos.
Barreto tampoco se preocupó por recabar la información que sobre este caso encontró la jueza María Martínez a los directivos de Business Track (BTR). Extraoficialmente, se supo que el fiscal Walter Milla solicitó a la jueza Martínez derivar a Barreto información de BTR sobre el caso “Petroaudios”, pero se desconoce si el pedido fue aceptado.

El juez nunca comunicó a los abogados defensores o a la fiscalía haber recibido alguna información de la jueza Martínez. En los CPUs de BTR están los ‘petroaudios’ originales y, es posible, otros más.

Peritos
Pese a que el plazo de indagación vence hoy, Barreto extendió el plazo hasta el viernes, para escuchar a los peritos de hidrocarburos German Kasay y Gaspar Zamora, que el viernes último presentaron un informe sobre la licitación, la que han encontrado conforme a ley.

El procurador Jorge Caldas se opone a dicha diligencia al estar fuera de plazo, pero Barreto decidirá aunque luego no haga nada.

Cuestión de plazos
Pide Libertad. La mañana de ayer, Rómulo León Alegría solicitó su inmediata libertad porque, en su opinión, hasta hoy no se ha probado que haya hecho tráfico ilícito de influencias. Además, está próximo a cumplirse el máximo de 18 meses de detención sin juicio ni sentencia, por lo que le tocaría salir libre.

Abogado. Alberto Químper también ha pedido que termine su arresto domiciliario. Barreto rechazaría ambos pedidos.

Se viene el juicio público
Ahora, el proceso del “faenón” entrará a una etapa de análisis. El expediente pasa por 40 días a manos de la fiscal Juana Meza para que realice un informe. Luego otros 40 días para que el juez haga su propio informe. Dichos informes consisten en un resumen-índice de las diligencias realizadas y de las pruebas de cargo y descargo recopiladas.

A fines de abril, el expediente “subirá” al despacho de la fiscal superior Flor Vega. Ella puede pedir una ampliación extraordinaria, que se archive todo o, lo que es más seguro que suceda, que acuse: pida juicio oral y cárcel para León Alegría y los demás.

El juicio comenzaría en julio o agosto. Las penas que solicitaría la fiscalía, según fuentes de esa institución, estarían por los 6 y 8 años de cárcel. Las condenas, si se dan, no serían mayores a 6 años de prisión.