Thursday, May 20, 2010

Lucha contra la corrupción Apra-Fujimorista

En favor de la lucha contra la corrupción, ASACLC transcribe dos análisis sobre los hechos corruptivos del Gobierno Aprofujimorista. Los artículos han sido publicados en los blogs http://www.otramirada.pe/ y http://romain-nacionalista.blogspot.com/ respectivamente (ASACLC).

Fuente: http://www.otramirada.pe/

Propuestas anticorrupción: ¿quién más se apunta?

La semana pasada, el Partido Nacionalista presentó diez proyectos de ley contra la corrupción. Hasta el momento, solo el líder del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana, ha saludado esta iniciativa. Por otro lado, sorprende que, siendo la lucha contra la corrupción la bandera de campaña de la candidata del PPC Lourdes Flores para la Alcaldía de Lima, el vicepresidente de su partido, Juan Carlos Eguren, exprese que estas propuestas evidencian un aprovechamiento político de la coyuntura por parte del Nacionalismo. ¿Por qué solo en boca de algunos el discurso anticorrupción sería legítimo y en otros sería oportunismo? ¿Acaso solo un grupo político puede adjudicarse la bandera anticorrupción?

Desde Otra Mirada consideramos que todas las propuestas anticorrupción, vengan de donde vengan, son bienvenidas y debieran ser debatidas. En ese sentido, veamos con mayor atención de qué tratan algunos de estos proyectos de ley presentados por el Nacionalismo.

Proyecto de Ley 3711/2009, el cual busca modificar el artículo 41º de la Constitución para que los delitos cometidos por los funcionarios públicos sean imprescriptibles.

Proyecto de Ley 3853/2009, que busca devolver a la Contraloría General de la República su competencia para opinar respecto al diseño de la transacción y el proceso de promoción de la inversión privada, competencia que le fue restringida a través del Decreto de Urgencia (DU 047-2008). Asimismo, mediante el Proyecto de Ley 3803/2009 se busca, entre otros aspectos, fortalecer el carácter vinculante de los informes de la Contraloría y su respectivo uso como prueba judicial cuando lo amerite.

Proyecto de ley 3695/2009, que busca modificar el artículo 95º de la Constitución Política, con lo cual, los Congresistas podrían ser vacados del cargo “…si se comprueba que omitieron y/o adulteraron información de las declaraciones juradas de bienes y rentas y por omitir y/o adulterar información en la Declaración Jurada de Vida”.

Proyecto de Ley 4008/2009, que modifica los artículos 99º, 110º y 112º de la Constitución, con lo cual se instaura el “juicio de residencia” para el Presidente de la República durante los cinco años posteriores a su mandato, el impedimento de doble nacionalidad y la incompatibilidad del mandato presidencial con otro cargo o función, inclusive la de presidente de un partido político.

Proyecto de Ley 4009/2009, el cual propone modificar el artículo 12º del Reglamento del Congreso, con lo cual, los congresistas que ya no pertenezcan al partido político por el cual postularon no podrán participar como miembros de la Mesa Directiva del Congreso.

Como se observa, estos proyectos de ley plantean aspectos legales de fondo como modificar algunos artículos de la Constitución Política, lo que afectaría la forma cómo se viene manejando los intereses del país. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no es solo un tema legal sino también ético. Por ejemplo, un signo importante sería que todos los Congresistas, empezando por los propios Nacionalistas, publicaran en sus respectivas páginas web sus gastos operativos para que así los peruanos sepan cómo vienen utilizando estos recursos del Estado.

Esperemos que ambas aspectos, lo legal y lo ético, sean tomados en cuenta por nuestros padres de la patria y se inicie desde el Congreso, la institución representativa del país, una frontal lucha contra la corrupción que tanto nos hace falta.

Fuente: http://romain-nacionalista.blogspot.com/

La pestilencia de la corrupción del régimen aprista: el sainete de los "petro audios"

La Corporación CEMEX ("Cementos de México") ocupa el tercer lugar en el mundo entre las empresas productoras y distribuidoras de cemento.

Esta empresa se sintió violentada cuando la empresa de capitales peruanos "CEMENTOS LIMA" decide abrir, en el año 2,007, una planta en Arizona (EE.UU) pues ese era un mercado cautivo de la gran corporación mexicana.

Entonces la trasnacional mexicana envía una carta amenazante e insolente a CEMENTOS LIMA, diciendo que si finalmente osaban incursionar en Arizona, ellos entrarían con fuerza en el mercado peruano, donde, como se sabe, CEMENTOS LIMA posee el 40 % del mercado.

Los mexicanos para cumplir su amenaza necesitaban una REBAJA DE ARANCELES. Para cumplir este propósito iniciaron una campaña al más alto nivel del gobierno peruano.

Cabe perfectamente suponer que viniendo de un país, México, donde autoridades e instituciones son corruptas hasta la médula, los de CEMEX deben haber estado de plácemes sabiendo que tenían al frente, en el Perú, un prospecto inmejorable: un gobierno y unos gobernantes con unos prontuarios delictivos impresionantes empezando por el Presidente de la República y varios de sus ministros, amén que gran parte de la putrefacción y pus heredados de la época de Kenya Fujimori recorrían el cuerpo social.
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Haciendo aprestos para enfrentarse a los mexicanos de CEMEX, CEMENTOS LIMA puso el caso bajo la asesoría del estudio de abogados Aurelio García Sayán.

Estos, conocedores de la naturaleza mafiosa y gansteril tanto de los mexicanos cuanto de los gobernantes peruanos, sabían que la cosa iba a venir de un oscuro acuerdo entre la empresa mexicana y los secuaces del doctor García para cambiar las reglas del juego.

Entonces deciden contratar a la empresa BTR para que espíe, intercepte conversaciones telefónicas, robe correos electrónicos y grabe conversaciones.
Típico caso de espionaje industrial.
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La gente de BTR encontró rápidamente a dos de "los hombres del presidente":

-Hernán Garrido Lecca.

Hombre de confianza de Alan García al punto que es el encargado de las finanzas de sus millonarias campañas electorales y que ocupaba el crucial cargo de Ministro de Vivienda y Construcción.

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-Rómulo León Alegría.
Ex-Ministro de Pesquería, compadre del Premier Jorge del Castillo, padre de una congresista y residente en México.
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Ambos trabajaban a todo trapo a favor de CEMEX. Trataban de convencer al Premier y a los ministros que "por el bien del país el precio del cemento debía de bajar para impulsar aún más la construcción y que eso se debía hacer bajando los aranceles".

El más obsesionado por "sacar la rebaja" era naturalmente Hernán Garrrido Lecca, que como se dijo era Ministro de Vivienda y Construcción.

El trágico TERREMOTO DE PISCO fue la brillante oportunidad para que se aprobase para el cemento el "ARANCEL CERO" soñado por los mexicanos y que sabe Dios qué agradecimientos le habrá significado recibir a Hernán Garrido Lecca.
Por cierto los precios del cemento no bajaron, subieron. Así es.

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Lo que sorprendió a los abogados del estudio Aurelio García Sayán fue que en la trascripción de los audios, "los hombres del presidente" o sea Rómulo León Alegría y Hernán Garrido Lecca NO se limitaban a hablar de cemento.

Nada de eso.

Hablaban de casi todo: construcción de hospitales y cárceles, construcción de carreteras, compras de buques de transporte, explotación de petróleo, armamentos, etc., siempre en torno a negociados, licitaciones amañadas, declaratorias de emergencias falsas para algún sector y todo el mapa de caminos retorcidos que las ratas utilizan.

Como quiera que el estudio Aurelio García Sayán tiene intereses comunes y vasos comunicantes con el estudio Ugaz a través de cuentas comunes, entre ellas la de la empresa petrolera PETROTECH le pasó la información que poseía respecto a lo que ocurría tras bambalinas en el rubro Petróleo.

El estudio Ugaz tenía a su vez bastante llegada al principal diario de el país: El Comercio quien decide investigar lo que llamó: "LA CONEXION MEXICANA".
La cantidad de excremento que encontraba los investigadores de El Comercio y que llegaban hasta el despacho presidencial terminó por asustarlos.

A fin de cuentas allegados a ellos son beneficiarios de esta situación donde el presidente es un promotor de negocios privados. Sino que lo diga el amigazo de Alan García, "Pepe" Graña Miro Quesada.

Hubo toda una tormenta al interior de El Comercio que llevó al cambio de Directorio y paralización de toda la investigación de "LA CONEXION MEXICANA" en aras de "la gobernabilidad democrática"....de hecho en El Comercio sabían que si se destapase la tercera parte de las corruptelas en que están metidos la plana mayor del Gobierno peruano y los grandes empresarios "amigos" habría un estallido social que terminaría con el gobierno de Alan García como terminó el gobierno de su par la rata Kenya Fujimori.

En aras pues de "la gobernabilidad" es que El Comercio decidió no destapar la olla.
Cuando esto ocurre es que el periodista Fernando Rospigliosi (acompañado de su abogado Ugaz) se presenta en un canal de TV y entrega los famosos audios donde se escucha las lumpenescas conversaciones entre Rómulo León y el abogado de Alan García Pérez, Alberto Quimper (a) "Don Bieto" sobre "faenones", "aceitadas" y "hemos formado un equipo de la puta madre."

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Paralelamente, presa de pánico, Alan García ordena a su hombre de confianza en la Policía, Miguel Hidalgo que por medio de la policía antidrogas (!!) capture a los espías de BTR y !!SOBRE TODO LOS AUDIOS!!. Allí pasó por encima toda la legalidad y todos los procedimientos penales: algún día tendrá que dar cuenta de esto.

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En manos de la policía antidrogas (!!) los audios estuvieron 48 horas, lo suficiente para "limpiar" a los peces gordos, cachalotes y ballenas. Y el caso se puso en mano de "jueces amigos" como no podía ser de otra manera

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Los audios han sido desaparecidos y alterados.

Eso explica por ejemplo la inaudita, insólita y cerrada defensa de un ¡presidente de la república! a un policía (Hidalgo) que fue fotografiado y expuesto a la prensa saliendo de un hostal con una mujer (que no era su esposa) quien manejaba un vehículo asignado por la Policía Nacional del Perú para el servicio de los ciudadanos.

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La Junta de Generales de la PNP recomendó que el amigo de García sea sancionado pasándolo a retiro. En las alturas del poder han hecho lo necesario para que el caso del defendido por García sea visto por un Tribunal del Ejército (!!!!).

Lo cierto es que Alan García respira más tranquilo.

Los audios, USB, discos duros de la gente de BTR ya fueron limpiados.
El putrefacto gobierno sólo ha sido herido por esquirlas. Las esquirlas tocan a sus amanuenses tipo Del Castillo, Garrido Lecca, Nava.

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Wednesday, May 5, 2010

La corrupción reviente en la cara del Gobierno

Estos últimos días se ha mostrado la cara más asquerosa de las principales autoridades y figuras políticas del actual gobierno. Los hechos de corrupción son totalmente nauseabundos y no tienen nada que envidiar a las prácticas de encallecidos delincuentes comunes.

Los hechos delincuenciales son tan severos que hasta Alan García, quien es acusado de haberse enriquecido ilegalmente y de convivir con la corrupción, se ha pronunciado condenando a “las ratas” que “socavan” su administración.

Sin embargo a ello, parte de la población, esa parte mayoritaria que carece de una educación cívica democrática, aun sigue apoyando a las corrientes corruptas que incrementalmente se reciclan y activamente participan para captar nuevamente el poder (ASACLC).

Editorial: Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/472674/editorial-corrupcion-debemos-recuperar-moral-nacion

La ciudadanía ya no soporta más. En las últimas semanas, aparte de todo el destape del “chuponeo”, el país ha conocido una serie de graves denuncias de corrupción que involucran a encumbrados personajes del partido de Gobierno y pueden afectar seriamente las expectativas de desarrollo, la moral nacional y también la gobernabilidad democrática.

No se trata, pues, de ser alarmistas ni de promover el ruido político, sino de una justificada preocupación por gruesos delitos cometidos con y contra recursos del Estado, por parte de inescrupulosas mafias enquistadas en el aparato estatal en las que figuran algunos funcionarios apristas.

Sin embargo, por sus repercusiones, esto de ninguna manera puede dejarse pasar ni ser tratado tangencialmente como una turbulencia partidaria más.

Podría decirse que los casos de tráfico de influencias y tráfico de terrenos que han embarrado a la cúpula directriz del Partido Aprista, integrada por los secretarios generales, Jorge del Castillo y Omar Quesada, configuran la segunda crisis política y moral del gobierno aprista después del grave escándalo de los “petroaudios”, hasta ahora irresuelto e impune, cuya mafia parece haber retomado aire con una nueva dosificación de audios.

TRÁFICOS NO SANTOS
El ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo ha solicitado, casi a regañadientes, una licencia temporal de su cargo partidario, para posibilitar que se investigue su eventual participación en un esquema de tráfico de influencias a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, en torno a regalías petroleras.

Y, si bien el hecho de que no se haya llegado a implementar una ley con nombre propio sería un atenuante, el tenor de algunos audios y el intercambio de propiedades inmobiliarias de disímil valor resultan elementos sospechosos y hasta agravantes. De otro lado, sigue pendiente la investigación sobre su eventual participación (de Del Castillo) en los casos que incluyen a Rómulo León y Alberto Quimper como principales protagonistas en las licitaciones de lotes petroleros.

En cuanto a Quesada, pretende blindarse políticamente con un supuesto respaldo partidario, cuando lo correcto y ético sería aceptar su responsabilidad política pero también operativa en la designación de cuestionados funcionarios de Cofopri, que armaron un festín de corrupción con la entrega de terrenos del Estado.

Luego del caso de Chilca, en que se vendió a un dirigente aprista terrenos por 5 mil soles cuando el valor de mercado sobrepasa los 12 millones de dólares, ayer mismo se supo de la renuncia del jefe de Cofopri-Cusco, días después de publicarse denuncias por haber favorecido presuntamente a siete militantes de su partido con la titulación de terrenos por 95 mil hectáreas.

Alegar ignorancia o desconocimiento resulta absurdo y pueril. ¿Acaso no sabe que corresponde al jefe nacional de Cofopri organizar y controlar la entidad, así como aprobar sus planes y presupuestos? ¿Solo aceptó el cargo como una cuota partidaria para nombrar a sus incondicionales? ¿Es eso lo que entiende por servicio público, como un clientelismo de la peor especie, a decir de los funestos resultados?

Un borrón y cuenta nueva resulta aquí cínico e intolerable.

¿Y LOS “CHUPONEADORES”?

Dicho esto, debemos analizar la prevalencia de tres factores a lo largo de estos escándalos, cuya naturaleza y objetivos no deben confundirse.

Por un lado tenemos que destacar el papel de la prensa independiente que, contra viento y marea, y a veces por encima de las amenazas y presiones de ciertos grupos, no ha cejado en su ánimo de fiscalizar la cosa pública y denunciar cualquier acto de corrupción. Las denuncias sobre tráfico de terrenos de Cofopri así lo ameritan.

Sin embargo, del otro lado, vemos con extrema preocupación y extrañeza que la mafia de “chuponeadores”, protagonista de los “petroaudios”, sigue vigorosa, como lo demuestra la publicación de nuevos audios en las últimas semanas. ¿Quiénes conservan y siguen entregando audios a discreción? ¿Con qué intencionalidad? ¿Hasta cuándo puede un Estado de derecho estar bajo la amenaza y el chantaje de un grupo de delincuentes que medran del espionaje y la violación del derecho a la privacidad?

El tercer factor resulta también problemático: la actuación del Poder Judicial, y en menor medida del Ministerio Público, que luego de año y medio no ha podido esclarecer y sancionar los gravísimos casos de los “petroaudios” y de las redes de interceptación ilegal. Pretextos no han faltado, desde traslados y cambio de jueces, falta de peritos o cambios en la calificación del proceso (de sumario a ordinario), etc., pero en el fondo lo que se infiere es una voluntad de postergar las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Y cuando el Congreso ha querido intervenir en estas causas ha sido para alargarlas pues no se llega a conclusiones certeras.

El Poder Judicial no puede rehuir su responsabilidad en esta lucha, impartiendo justicia, con imparcialidad, oportunidad y respeto al debido proceso. De otro modo, seguirá siendo visto como una entidad ampulosa, deficiente o peor aun, cómplice de la impunidad y de las mafias corruptoras que el país reclama sean extirpadas.

ESTADO, PARTIDO, RATAS Y DISCURSOS
Algo huele muy mal aquí. El presidente Alan García ha sido muy preciso y enfático al calificar de ratas a los promotores de estos esquemas delictivos, pero queda aún mucho por hacer para desterrar esas pústulas cancerosas que, bajo el nombre del aprismo, se insertan en las entidades públicas para sacar provecho propio.

Hay que ser muy claros al subrayar que lo que está en juego es más que la estabilidad partidaria. Usualmente no interferimos en cuestiones partidarias internas, pero en este caso debemos hacerlo tratándose del partido oficialista y ante el riesgo de que la administración pública sea copada por partidarizados cuya eventual capacidad profesional es opacada por sus compromisos partidarios en una nación con débiles mecanismos institucionales de control.
Se trata, finalmente, de la salud ética y la gobernabilidad democrática del Perú, por lo que el doctor Alan García tiene que actuar en su doble papel de jefe del aprismo y como presidente de la nación.

En cuanto a lo primero, como lo hemos dicho recientemente, urge poner orden en una entidad que últimamente, por diversas razones, ha visto resentida su histórica capacidad de organización y disciplina. Pero luego, como primer mandatario, sus facultades y responsabilidades son ya con todos los ciudadanos, a los que debe darles cuenta de la marcha y gestión del Estado.

Alentamos y apoyamos todos los proyectos de desarrollo económico y nuevas inversiones que crean empleo y permiten la redistribución social. Con el mismo espíritu nos congratulamos de que se mantenga el modelo económico esencial y que las previsiones del PBI sean tan generosas. Sin embargo, precisamente por ello, advertimos que para mantener esta tendencia es necesario recobrar el norte ético y moral de la nación, lo que exige tomar medidas severas.

Y no solo para sancionar a los malos funcionarios corruptos, sean o no apristas, sino para liderar una verdadera cruzada nacional de la mano del Congreso, la oposición y la sociedad civil. Ello implica, por ejemplo, proponer medidas para fortalecer la contraloría y las procuradurías anticorrupción, pero también para fiscalizar el quehacer cotidiano de los ministerios y entidades públicas mediante los portales web de transparencia y las licitaciones inversas.

El presidente no puede ser ajeno a lo que ya es un clamor nacional, de una ciudadanía hastiada que reclama, por encima de cualquier discurso, un punto de quiebre contra la asqueante corrupción.

La situación ha llegado a tal punto que exige sanciones pero sobre la base de deslindes, evidencias y pruebas plenas. Sería terrible que el retorno a la democracia no le permita al Perú liberarse de la corrupción heredada del régimen fujimontesinista. Ninguna apuesta por la democracia es consistente si no se diferencia del autoritarismo, la falta de transparencia y la corrupción, que pisotean la ley y privilegian escandalosamente a unos por encima de los otros.