Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/apra-busca-arrasar-patrimonio-del-per_79438.html
A pocos meses de concluir el segundo gobierno de Alan García los escándalos de corrupción se multiplican. Apristas, desesperados, hacen sus faenones en los organismos públicos.
Si el primer gobierno de Alan García Pérez es calificado como el más desastroso de la historia republicana por batir los récords de hiperinflación, su segundo mandato (2006-2011) será conocido por la posteridad como la “era de los faenones”, por los numerosos hechos de corrupción en todas las esferas.
La congresista y candidata a la vicepresidencia de la alianza Gana Perú, Marisol Espinoza, sostuvo que el gobierno actual se ha caracterizado por su vinculación constante con la corrupción y por la escandalosa entrega de los recursos naturales a los capitales extranjeros.
“La indignación del pueblo no ha servido para frenar la corrupción, porque ha continuado con más fuerza. El presidente García ha gobernado para favorecer a sus patrones y de paso llenar sus bolsillos de dinero”, sostiene la parlamentaria.
Añadió que detrás de Alan García existe un poder económico empresarial que maneja la política económica del país en consonancia con sus intereses. “Lo peor de todo es que este poder económico sirve a intereses extranjeros como el Chileno. Es el poder detrás del trono de Alan”, sostuvo Marisol Espinoza.
Para el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, el gobierno aprista representa “cinco años perdidos en la lucha contra la corrupción”. No se ha contado con una política contra la corrupción. Por el contrario, se han multiplicado los casos de corrupción con la participación de funcionarios apristas, agregó.
Sostuvo que Alan García no ha actuado con objetividad para afrontar las escandalosas irregularidades cometidas por personajes de su partido. “El mandatario no ha impulsado las investigaciones y más bien todos los procesos se han visto paralizados”, aseveró.
Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde dijo que el desempeño del actual gobierno ha dejado un balance muy negativo hasta el día de hoy. “Es un gobierno lamentablemente muy corrupto. Un partido de gobierno que ha intervenido en los hechos de corrupción que la ciudadanía conoce”, aseveró.
“Hay muchos casos más de corrupción que todavía se desconocen, pero que se descubrirán después que Alan García deje el poder y ya no pueda ocultar otras irregularidades. Espero que el próximo mandatario no opte por el borrón y cuenta nueva”, dijo García Belaunde.
1º Faenón: Caso MiVivienda
Uno de los casos más conocido de corrupción del gobierno aprista se produjo el año 2007, cuando el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis Castañeda Neyra se vieron implicados en un escándalo de tráfico de influencias y licitaciones amañadas.
Guillermo Vivanco y José Luis Castañeda utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada menos que director y presidente del directorio, respectivamente.
En el 2007 Kapala S.A. obtuvo su primer contrato con el Estado por S/.204,797 y el 2009 el monto ascendió a S/. 4’217,973 soles. En octubre del 2007, cuando Castañeda era jefe de asesores del entonces premier Jorge del Castillo, la constructora también firmó un contrato por S/.34’842,269 con el Ministerio de Transportes.
2º Faenón: Caso SIS
El médico aprista Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de salud (SIS), fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones, bajo el pretexto de la compra de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló Pisco, Ica y Chincha.
Sin embargo, el 14 de junio del 2008, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.
En ese entonces, el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz, también fue condenado como cómplice de Julio Espinoza por las compras irregulares y sobrevaluación de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto.
3º Faenón: Petroaudios
El escándalo de los “Petroaudios” estalló el 5 de octubre de 2008, cuando el programa Cuarto Poder difundió una grabación de audio en el que se escucha al ex directivo de Perú-Petro Alberto Químper y al ex ministro Rómulo León discutiendo sobre unos “faenones” que planeaban realizar.
En la grabación ambos personajes discuten sobre unos pagos mensuales de $10,000 a favor de Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en Perú, por ayudar al intercambio de contratos petrolíferos de exploración en bloques submarinos de petróleo y campos de gas.
Unos 20 meses después de la divulgación de los primeros audios aparecieron nuevas grabaciones que involucraban al entonces premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato Canaán.
4º Faenón: BTR
El caso Business Track (BTR) surgió a raíz del escándalo de los “Petroaudios”, cuando se denunció a la empresa del mismo nombre que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas entre los involucrados.
Al respecto, el fiscal superior Tony García Cano ya presentó su dictamen y ha ratificado la acusación de tres delitos contra los presuntos ‘chuponeadores’, consistentes en interceptación telefónica, violación del secreto de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir.
5º Faenón: Petrolera Monterrico
En el 2008, el otrora premier aprista Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio.
El caso fue descubierto gracias a un audio donde Alberto Químper “Bieto”, ex directivo de la empresa estatal PerúPetro, le comentaba a Daniel Saba, presidente de la misma entidad, sobre una conversación que sostuvo con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez.
Finalmente, la ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año en el Congreso y diez días después, Julio Vera y Jorge del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. El entonces jefe del Gabinete Ministerial intercambió su departamento de Surco, de 213 metros cuadrados, por el de Vera en San Isidro, de 300 metros cuadrados.
6º Faenón: Caso Cofopri
En abril del 2010, Omar Quesada renunció al cargo de director de Cofopri, ante la denuncia de venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima, a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur.
A pesar de que el terreno está valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra muy inferior: S/.4.908 (US$1.728 al cambio de hoy). Minutos antes de que se acepte su renuncia, Omar Quesada, quien también es secretario general del APRA, dispuso la separación de seis de sus funcionarios involucrados en este bochornoso caso.
7º Faenón: El ex vice ministro de Justicia
El ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido por la Fiscalía cuando pretendía sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.
Castro podría recibir una pena de cárcel de hasta seis años por delito de cohecho activo genérico si se comprueba que intentó sobornar a funcionarios para obtener la ampliación de cuotas de pesca, informó el fiscal anticorrupción, José Pérez Gómez.
8º Faenón: Estadio Nacional.
Hace un año y medio, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional a un costo de 20 millones de soles pero hasta hoy se gastaron cerca de 115 millones de soles.
“Este es un robo más grande que el estadio y están comprometidos el propio presidente Alan García y el ministro José Antonio Chang, pues la obra fue excluida del requisito de licitación, al declararla como ‘institución emblemática’, como si fuera uno los grandes colegios nacionales”, afirmó el congresista nacionalista Pedro Santos.
Broche de oro: decretos de urgencia.
El mayor festín que planea realizar el gobierno de Alan García se gesta con la expedición de los decretos de urgencia 001 y 002 que ponen en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a favor de empresas Chilenas.
En medio de avances de la batalla legal, social y política para derogar por inconstitucionales estos decretos, lo único que queda claro es que el mandatario utilizó este mecanismo legal para gobernar la mayoría de veces sin contar con la aprobación del Congreso.
Tuesday, February 22, 2011
Monday, February 14, 2011
Wednesday, February 9, 2011
Gamarra: "Keiko y Kouri compiten por representar mejor al fujimontesinismo"
Fuente: http://www.larepublica.pe/08-02-2011/gamarra-keiko-y-kouri-compiten-por-representar-mejor-al-fujimontesinismo
La lucha anticorrupción es su mejor carta de presentación. Ex procurador del primer gobierno de Toledo, Ronald Gamarra asegura que Keiko representa una línea política cuyo pasado está vinculado con Montesinos. Decidió no responderle más a su ‘troll’ Carlos Raffo.
Por Martín Hidalgo
En Twitter escribiste que llevarás sabor y justicia al Congreso…
(Risas) Eso fue un comentario muy coloquial con Eloy Jáuregui. Aunque no niego que en algún momento me voy a ver obligado a estar más cercano a la gente, y nada mejor que con la música y la justicia.
¿Cuál es tu origen político?
Nunca he militado en ningún partido político, pese a lo que alguna gente me dice ‘caviar’ y ese tipo de cosas. Evidentemente siempre he estado cerca de la izquierda, reclamando ideas básicas como justicia, inclusión y equidad.
Teniendo en cuenta que denunciaste algunos errores en la gestión pasada de Toledo ¿Por qué postular con Perú Posible?
Creo que el balance de la primera gestión de Toledo es positivo, más allá de los errores que indique en su momento. Recuerda que hubo un afianzamiento de los derechos humanos y combatió la corrupción de Fujimori. Toledo es una seria alternativa para seguir avanzando en estos temas.
O sea recibiste invitación de otras tiendas política...
Recibí dos invitaciones, pero ya no vale la pena mencionarlos.
La lista congresal de Perú Posible también lleva personajes cuestionados…
Yo no he armado al lista, solo soy un invitado. Definitivamente, hay cosas que se podrían cambiar.
En los planes de gobierno no se ha incluido el tema de derechos humanos…
El plan de gobierno de Perú Posible es como el índice de un gran libro, donde hay muchas afirmaciones y falta llenar contenidos. Hay una parte donde estipula promover y defender los derechos fundamentales de las personas. Con esas afirmaciones estamos hablando de establecer una política pública nacional en derechos humanos.
¿Incluido el matrimonio homosexual?
Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.
¿Y el aborto?
De acuerdo por los derechos acordados en los tratados internacionales de las Naciones Unidas, las mujeres deberían tener acceso a un aborto legal y seguro, tratándose de temas vinculados a la salud, a las violaciones y al incesto.
¿Pena de muerte?
Es una afrenta a los principios básicos vinculados a los respetos de derechos humanitarios.
Sobre la lucha anticorrupción solo se ha hablado el tema de despenalización de drogas…
Toledo ha dicho que va a llevar a cabo una guerra frontal contra la corrupción. Eso implica una política pública real con aplicaciones como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o la inhabilitación perpetua, para que así ninguna persona condenada por corrupción vuelva a la administración publica.
¿Cuál será tu papel en esa lucha?
Tengo muy clara la película en esa materia. Debe darse un debate en el congreso para establecer las normas necesarias y fortalecer así la lucha anticorrupción. Hay que definir si vamos a crear instituciones que combatan formalmente la corrupción o vamos a establece un ente rector que lidere esa lucha. Otro tema es recuperar el Congreso, a través de la renovación por tercios, que se elimine la inmunidad parlamentaria, y que las reelecciones de los parlamentarios sea solo una vez y en un periodo de 10 años.
Kouri ha dicho que quiere llegar al Parlamento a ‘fumigarlo’…
Eso sería una proyección, lo habrá soñado. Lo seguro es que de esa fumigación no se va a escapar.
¿La candidatura de Kouri tiene tintes ‘fujimontesinistas’?
Por supuesto, y también la de Keiko. Ambos compiten por representar mejor al fujimontesinismo.
¿Te imaginas a Keiko de presidenta y a Kouri en el Congreso?
Espero que el ciudadano sea lo suficientemente inteligente para evitar que una persona, que nunca ha deslindado con el ‘fujimontesnismo’, pueda ocupar un cargo público.
¿Qué errores crees que podrías cometer en política?
Espero no cometer muchos. Estoy publicando en los próximos días, en mi página Web, la agenda de los temas que voy a llevar al Congreso. No están terminados, pero los voy a compartir con los ciudadanos que quieran apoyar mi candidatura. Quiero que la gente vaya discutiendo los temas que propongo para así reducir al mínimo los errores que pueda cometer durante mi eventual gestión parlamentaria.
¿Tu propuesta solo abarca la lucha anticorrupción?
Mi propuesta tiene tres ejes: recuperar el Congreso para la democracia, promover la lucha anticorrupción, y agilizar los derechos fundamentales para todas las personas, particularmente los excluidos y los más necesitados. Adicionalmente tengo una propuesta de transparentar los gastos de mi campaña, que comprende elaborar un informe anual de mi gestión, y audiencia pública, una vez al año, para que la ciudadanía pueda evaluar mi función en el Parlamento.
¿Cuánto pierde la lucha anticorrupción con la renuncia de Avelino Guillén?
Pierde el Ministerio Público, la justicia y el Perú. Espero que encuentre un espacio en la actividad pública o privada, que le permita seguir trabajando a favor de la lucha anticorrupción y la administración de justicia. Así el Perú podrá ser un lugar más digno donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Carlos Raffo dice que ves el tema de derechos humanos como un simple negocio…
Ya decidí no contestarle a mi ‘troll’. En mi apuesta por los derechos fundamentales no he excluido a nadie, no me preocupan los nombres, los apellidos, o las entidades. Solo me preocupan los derechos fundamentales de las personas, lo cual incluye a la familia policial y militar.
Jorge Del Castillo (Apra), que también va con el número 36, dijo que “los últimos serán los primeros”… ¿Crees lo mismo?
En mi caso estoy convencido, pero tengo la esperanza que no suceda lo mismo con el fujimorismo y el Apra.
La lucha anticorrupción es su mejor carta de presentación. Ex procurador del primer gobierno de Toledo, Ronald Gamarra asegura que Keiko representa una línea política cuyo pasado está vinculado con Montesinos. Decidió no responderle más a su ‘troll’ Carlos Raffo.
Por Martín Hidalgo
En Twitter escribiste que llevarás sabor y justicia al Congreso…
(Risas) Eso fue un comentario muy coloquial con Eloy Jáuregui. Aunque no niego que en algún momento me voy a ver obligado a estar más cercano a la gente, y nada mejor que con la música y la justicia.
¿Cuál es tu origen político?
Nunca he militado en ningún partido político, pese a lo que alguna gente me dice ‘caviar’ y ese tipo de cosas. Evidentemente siempre he estado cerca de la izquierda, reclamando ideas básicas como justicia, inclusión y equidad.
Teniendo en cuenta que denunciaste algunos errores en la gestión pasada de Toledo ¿Por qué postular con Perú Posible?
Creo que el balance de la primera gestión de Toledo es positivo, más allá de los errores que indique en su momento. Recuerda que hubo un afianzamiento de los derechos humanos y combatió la corrupción de Fujimori. Toledo es una seria alternativa para seguir avanzando en estos temas.
O sea recibiste invitación de otras tiendas política...
Recibí dos invitaciones, pero ya no vale la pena mencionarlos.
La lista congresal de Perú Posible también lleva personajes cuestionados…
Yo no he armado al lista, solo soy un invitado. Definitivamente, hay cosas que se podrían cambiar.
En los planes de gobierno no se ha incluido el tema de derechos humanos…
El plan de gobierno de Perú Posible es como el índice de un gran libro, donde hay muchas afirmaciones y falta llenar contenidos. Hay una parte donde estipula promover y defender los derechos fundamentales de las personas. Con esas afirmaciones estamos hablando de establecer una política pública nacional en derechos humanos.
¿Incluido el matrimonio homosexual?
Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.
¿Y el aborto?
De acuerdo por los derechos acordados en los tratados internacionales de las Naciones Unidas, las mujeres deberían tener acceso a un aborto legal y seguro, tratándose de temas vinculados a la salud, a las violaciones y al incesto.
¿Pena de muerte?
Es una afrenta a los principios básicos vinculados a los respetos de derechos humanitarios.
Sobre la lucha anticorrupción solo se ha hablado el tema de despenalización de drogas…
Toledo ha dicho que va a llevar a cabo una guerra frontal contra la corrupción. Eso implica una política pública real con aplicaciones como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o la inhabilitación perpetua, para que así ninguna persona condenada por corrupción vuelva a la administración publica.
¿Cuál será tu papel en esa lucha?
Tengo muy clara la película en esa materia. Debe darse un debate en el congreso para establecer las normas necesarias y fortalecer así la lucha anticorrupción. Hay que definir si vamos a crear instituciones que combatan formalmente la corrupción o vamos a establece un ente rector que lidere esa lucha. Otro tema es recuperar el Congreso, a través de la renovación por tercios, que se elimine la inmunidad parlamentaria, y que las reelecciones de los parlamentarios sea solo una vez y en un periodo de 10 años.
Kouri ha dicho que quiere llegar al Parlamento a ‘fumigarlo’…
Eso sería una proyección, lo habrá soñado. Lo seguro es que de esa fumigación no se va a escapar.
¿La candidatura de Kouri tiene tintes ‘fujimontesinistas’?
Por supuesto, y también la de Keiko. Ambos compiten por representar mejor al fujimontesinismo.
¿Te imaginas a Keiko de presidenta y a Kouri en el Congreso?
Espero que el ciudadano sea lo suficientemente inteligente para evitar que una persona, que nunca ha deslindado con el ‘fujimontesnismo’, pueda ocupar un cargo público.
¿Qué errores crees que podrías cometer en política?
Espero no cometer muchos. Estoy publicando en los próximos días, en mi página Web, la agenda de los temas que voy a llevar al Congreso. No están terminados, pero los voy a compartir con los ciudadanos que quieran apoyar mi candidatura. Quiero que la gente vaya discutiendo los temas que propongo para así reducir al mínimo los errores que pueda cometer durante mi eventual gestión parlamentaria.
¿Tu propuesta solo abarca la lucha anticorrupción?
Mi propuesta tiene tres ejes: recuperar el Congreso para la democracia, promover la lucha anticorrupción, y agilizar los derechos fundamentales para todas las personas, particularmente los excluidos y los más necesitados. Adicionalmente tengo una propuesta de transparentar los gastos de mi campaña, que comprende elaborar un informe anual de mi gestión, y audiencia pública, una vez al año, para que la ciudadanía pueda evaluar mi función en el Parlamento.
¿Cuánto pierde la lucha anticorrupción con la renuncia de Avelino Guillén?
Pierde el Ministerio Público, la justicia y el Perú. Espero que encuentre un espacio en la actividad pública o privada, que le permita seguir trabajando a favor de la lucha anticorrupción y la administración de justicia. Así el Perú podrá ser un lugar más digno donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Carlos Raffo dice que ves el tema de derechos humanos como un simple negocio…
Ya decidí no contestarle a mi ‘troll’. En mi apuesta por los derechos fundamentales no he excluido a nadie, no me preocupan los nombres, los apellidos, o las entidades. Solo me preocupan los derechos fundamentales de las personas, lo cual incluye a la familia policial y militar.
Jorge Del Castillo (Apra), que también va con el número 36, dijo que “los últimos serán los primeros”… ¿Crees lo mismo?
En mi caso estoy convencido, pero tengo la esperanza que no suceda lo mismo con el fujimorismo y el Apra.
ASACLC cree que el ex procurador Gamarra ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Esperamos que esta su lucha continúe ya que el Perú de hoy, con un gobierno corrupto por antonomasia, no debe ser el Perú de mañana. El Perú de mañana necesita entramparse en el camino de la modernidad y de esa manera desarrollar su economía en función de un elevado nivel de vida de la población.
Laureles de la corrupción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director/laureles-de-la-corrupcion_79254.html
Por: César Lévano
Alan García ha batido un récord olímpico de lentitud: hace año y medio dijo que la remodelación del Estadio Nacional duraría a lo más un año. Como todos los días circulo por el Paseo de la República, me percato de que la obra va aún para largo. Lo que ha acelerado es el costo: se presupuestó en 20 millones de soles y hasta ahora ha consumido 115 millones.
Ese hecho es ejemplo de lo que el actual régimen encubre con los decretos de urgencia. En este caso, el procedimiento, suscrito por el presidente, Alan García, y José Antonio Chang, ministro de Educación, permitió que se le librara del proceso de licitación y se contratara, en aras de la rapidez, directamente con Graña y Montero, y otras constructoras.
El congresista nacionalista Pedro Santos considera que la cobertura de decreto de urgencia para la remodelación sirvió, precisamente, para que las obras fueran encargadas a amigos del gobierno.
El excesivo gasto en la remodelación del Estadio merece una investigación del Congreso.
Esto trae a la memoria el caso de la Carretera Interoceánica, presupuestada inicialmente en 810 millones de dólares y que al final de diciembre de 2010 ya costaba 1,881 millones de dólares.
El congresista de Unión por el Perú Isaac Serna, quien presidió una comisión que investigó presuntos actos de corrupción bajo el mandato de Alejandro Toledo, informó el 29 de diciembre último que los gastos administrativos de la vía en construcción llegaban a 45%. Asombroso. Muchos compañeros apristas deben de haber encontrado allí su carretera al enriquecimiento.
Significativo es que Serna condenara que la comisión investigadora respectiva –con los votos del APRA, el PPC, Perú Posible y algunos nacionalistas– no encontrara irregularidades en la obra.
En su exposición, el congresista consideró que la Interoceánica ha sido un fraude desde el comienzo, pues la empresa privada pidió en el actual régimen ventajas para construir con dinero y garantías del Estado. El aporte económico de la empresa fue mínimo. Por ello, Serna considera que la construcción debió ser asumida por el propio Estado.
En cuanto al caso del Estadio Nacional, el ministro Chang debiera ser investigado por el Congreso.
Se sabe, por otra parte, que hay una donación de cuatro millones de dólares para mejoras en la Biblioteca Nacional, invadida en parte por oficinas del Ministerio de Educación, ya que el edificio de éste fue vendido por Chang. La donación no se materializa porque alguien preguntó al español llegado para finalizar la gestión, “¿Y cómo recibo mi diezmo de diez por ciento?”. El ministro debería declarar que hay de cierto en la donación y el diezmo.
Chang deberá aclarar, sobre todo, por qué se encubrió con un decreto de urgencia un estadio cuya construcción es olímpicamente lenta.
Por: César Lévano
Alan García ha batido un récord olímpico de lentitud: hace año y medio dijo que la remodelación del Estadio Nacional duraría a lo más un año. Como todos los días circulo por el Paseo de la República, me percato de que la obra va aún para largo. Lo que ha acelerado es el costo: se presupuestó en 20 millones de soles y hasta ahora ha consumido 115 millones.
Ese hecho es ejemplo de lo que el actual régimen encubre con los decretos de urgencia. En este caso, el procedimiento, suscrito por el presidente, Alan García, y José Antonio Chang, ministro de Educación, permitió que se le librara del proceso de licitación y se contratara, en aras de la rapidez, directamente con Graña y Montero, y otras constructoras.
El congresista nacionalista Pedro Santos considera que la cobertura de decreto de urgencia para la remodelación sirvió, precisamente, para que las obras fueran encargadas a amigos del gobierno.
El excesivo gasto en la remodelación del Estadio merece una investigación del Congreso.
Esto trae a la memoria el caso de la Carretera Interoceánica, presupuestada inicialmente en 810 millones de dólares y que al final de diciembre de 2010 ya costaba 1,881 millones de dólares.
El congresista de Unión por el Perú Isaac Serna, quien presidió una comisión que investigó presuntos actos de corrupción bajo el mandato de Alejandro Toledo, informó el 29 de diciembre último que los gastos administrativos de la vía en construcción llegaban a 45%. Asombroso. Muchos compañeros apristas deben de haber encontrado allí su carretera al enriquecimiento.
Significativo es que Serna condenara que la comisión investigadora respectiva –con los votos del APRA, el PPC, Perú Posible y algunos nacionalistas– no encontrara irregularidades en la obra.
En su exposición, el congresista consideró que la Interoceánica ha sido un fraude desde el comienzo, pues la empresa privada pidió en el actual régimen ventajas para construir con dinero y garantías del Estado. El aporte económico de la empresa fue mínimo. Por ello, Serna considera que la construcción debió ser asumida por el propio Estado.
En cuanto al caso del Estadio Nacional, el ministro Chang debiera ser investigado por el Congreso.
Se sabe, por otra parte, que hay una donación de cuatro millones de dólares para mejoras en la Biblioteca Nacional, invadida en parte por oficinas del Ministerio de Educación, ya que el edificio de éste fue vendido por Chang. La donación no se materializa porque alguien preguntó al español llegado para finalizar la gestión, “¿Y cómo recibo mi diezmo de diez por ciento?”. El ministro debería declarar que hay de cierto en la donación y el diezmo.
Chang deberá aclarar, sobre todo, por qué se encubrió con un decreto de urgencia un estadio cuya construcción es olímpicamente lenta.
Sunday, February 6, 2011
“Tengo la esperanza de seguir trabajando contra la corrupción”
Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110206/14/node/325386/todos/15
Entrevista/Avelino Guillén. Ex jefe de Control Interno del Ministerio Público. Se hizo famoso por su agudeza y rigurosidaden el juicio a Alberto Fujimori, pero su trayectoria es mucho mayor. Trabajó en fiscalías antidrogas, vio casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Renunció esta semana al Ministerio Público porque, al parecer, 31 años de experiencia no fueron suficientes para sus superiores.
María Elena Castillo.
Su renuncia al Ministerio Público sorprendió a muchos y seguramente alegró a otros. ¿Por qué tomó esa decisión?
El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a concurso de tres plazas para fiscales supremos, de las cuales se han cubierto dos; y al enterarme de que el cargo que estoy ocupando de manera provisional iba a ser ocupado no tenía otra alternativa que bajar a mi plaza titular de fiscal superior de Lima o renunciar al Ministerio Público. Opté por lo segundo porque considero que luego del aporte que he realizado en la Fiscalía debía desempeñarme como supremo, por eso presenté mi renuncia irrevocable.
¿Por qué supuso que esa plaza no era para usted?
Tengo nivel de información que es lo que me ha motivado a presentar mi carta de renuncia. Si me hubieran dicho “Guillén, por tu desempeño profesional, por tu trayectoria, por lo que has hecho en el Ministerio Público, creemos que podrías continuar”, yo me hubiera quedado. Pero no se ha dado esta situación, y no me molesta. Entiendo que son decisiones del más alto nivel y según la especialidad.
¿A qué tan alto nivel?
Son decisiones de mis superiores y yo las respeto y acato. Ellos tienen su lectura y opinión, supongo que básicamente según la especialidad. Hay tres plazas: la Fiscalía Suprema Civil, la Suprema Contenciosa Administrativa y la de Control Interno, en la que yo estaba.
Una de ellas ve las denuncias contra funcionarios públicos...
La Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa es de suma importancia porque conoce de investigaciones contra altos funcionarios que están contemplados en los artículos 99 y 100 de la Constitución.
Justo para su perfil…
Yo he sido fiscal en todos los casos por corrupción a partir del 2000. Pero mis superiores tienen otra opinión y yo la acato.
Usted es conocido como el fiscal del caso Fujimori…
Yo quisiera que me conozcan solo por ser útil en el combate a la delincuencia, a la corrupción. Cumplir ese rol me llena de satisfacción, así uno no tenga riquezas. Sentir que la gente lo mira a uno con confianza es invalorable.
Aunque para otros es un personaje incómodo…
Soy un personaje que tiene un discurso y una actuación resueltamente dirigidos a enfrentar la corrupción. Yo no hago concesiones ni tengo contemplaciones en esos casos. Estoy seguro de que mucha gente se ha alegrado de mi decisión, pero tengo la firme esperanza de seguir trabajando, a través de diversos organismos, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en el combate al narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.
¿Por qué no postuló al último concurso del CNM para elegir fiscales titulares supremos?
La suerte de un concurso se conoce desde que se elaboran los reglamentos, y aquí sale uno nuevo para cada concurso. No me presenté porque el perfil que buscaban tenía un muy marcado supuesto académico y no se valoraba mucho la trayectoria profesional, pues en anteriores reglamentos este tenía un valor de hasta 30 puntos, y en el último concurso fue disminuido a 12. De arranque quien le habla no encajaba en ese perfil.
La parte académica también es importante...
Lo es, pero para un fiscal que cumple a cabalidad con su trabajo, que revisa los expedientes, que elabora documentos, dictámenes, resoluciones, que está viendo la marcha de su despacho, es imposible tener una producción de libros tan alta. Entonces, o trabajo o me dedico a una labor académica. Ese un debate que tiene que encontrar un punto de encuentro.
Y evitar futuras desagradables sorpresas…
Está bien la exigencia académica, pero debe compatibilizarse con la trayectoria intachable de un candidato. Por otro lado, en nuestro país hay cerca de dos millones de expedientes atrasados y no salimos de esto porque muchas veces los magistrados están pensando más en su artículo para el periódico o una revista jurídica, en las horas de clase que dictará en la noche, y a veces hasta elaboran sus clases en el despacho. Eso es algo que se tiene que corregir porque retrasa la marcha de la justicia. Por eso se tienen que evaluar la capacidad, la trayectoria y sobre todo el resultado. Años de experiencia
Usted ha estado 31 años en el Ministerio Público. ¿Por qué eligió ser fiscal?
En el último año de Derecho, en el año 80, ingresé como juez de paz no letrado en el entonces pueblo joven Villa El Salvador, y al año siguiente trabajé unos meses como secretario de juzgado. La experiencia me fascinó, y estando en Andahuaylas, tierra de mis ancestros, me enteré de una convocatoria para abogados auxiliares del Ministerio Público en Lima. Nunca me olvidaré de eso porque no había pasaje y vine en camión. Llegué completamente sucio y para dar el examen tuve que cambiarme en el baño del Colegio de Abogados de Lima. Ingresé al Ministerio Público en noviembre del año 81 y no paré hasta hoy, salvo entre el 92 y el 94, cuando fui separado irregularmente, como muchos.
En todos esos años habrá pasado por diferentes puestos...
En el 81 estuve en Lima; dos años después pasé a Pucallpa, para ver temas de narcotráfico, donde capturamos a varias organizaciones. Regresé a Lima, estuve en algunas fiscalías provinciales, y en la época del doctor Álvaro Rey de Castro trabajé en casos de derechos humanos en Huamanga, Ayacucho. Estuvimos investigando la matanza de las fosas de Pucayacu y de los evangélicos asesinados en Callqui, que culminaron con las denuncias contra el conocido comandante “Camión”, Álvaro Artaza Adrianzén. Fui adjunto provincial hasta el 86, cuando fui promovido como adjunto superior y los siguientes dos años participé en numerosas audiencias en el Sexto Tribunal Correccional de Lima, relacionadas con delincuencia común. Luego me nombraron fiscal provincial penal, y allí me comencé a percatar de cómo actuaban algunos aparatos de inteligencia.
¿Cómo así?
Fue un caso que ocurrió en una pollada, en el Cercado de Lima. Dos policías vieron a dos personas armadas en una actitud sospechosa. Pensaron que podían ser elementos subversivos y los intervinieron en la vía pública. Los sospechosos terminaron ejecutando a los policías. Los hicieron arrodillar y les metieron un balazo en la cabeza con absoluta frialdad. Resulta que investigando, y a través de una serie de elementos se logró determinar que esas personas armadas eran de inteligencia. Estamos hablando de la época de los 90. Entonces pude ver que algo estaba ocurriendo y que actuaban con absoluto desprecio de la vida.
Lo que pudo ver mejor durante el juicio a Fujimori…
En el 2000, a partir del video de Kouri y Montesinos asistí a todas las audiencias, estuve en los juicios contra la mafia y los elementos vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción durante el régimen de Fujimori. Intervine en todos los procesos que conoció la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y perdí en un solo caso. Fue mi modesto aporte a la institución.
Trabajo como provisional
Tal vez se confió en que su trayectoria sería suficiente...
Es que, y quizás fue un error, a diferencia de algunos colegas que a la semana de ascendidos comenzaban a trabajar el currículum para su próxima postulación, que sería en diez años. Eso está bien en tanto no descuides tu trabajo. Simplemente yo no lo hice. Siempre he trabajado como si fuera un provisional, que no tenía estabilidad. Siempre me ha gustado trabajar mucho, investigo, estudio, leo textos en relación con la audiencia, consulto a fiscales que conocen más que yo, consulto a profesores universitarios y de allí me formo una idea, y con ese material voy al juicio. Todo eso es una inversión muy fuerte en tiempo.
¿Cuál es su balance?
He ganado el 99% de juicios en los 10 últimos años en mi instancia, y enfrentándome a abogados y estudios de mayor prestigio. No se puede negar mi entrega y aporte.
Usted ha pedido a los magistrados actuar con independencia y no ceder a las presiones políticas. ¿Le ha pasado?
No. Me he permitido hacer esta invocación porque yo creo que la fortaleza de un fiscal está en su independencia, en su autonomía, en su honestidad y en la transparencia en el trabajo. Estas son las cuatro columnas que harán que se recupere la confianza de la población. Yo sueño con que algún día estemos en azul, y el nivel de aprobación sea mayor que el de desaprobación, porque hay muchos jueces y fiscales honestos y que aman de verdad a su institución. Hay algunos malos elementos, pero más son los buenos.
“El Congreso no me llama la atención”
Ahora que ya no es funcionario público, ¿tentará alguna representación para el Congreso?
No, en principio, creo que no se puede porque debía renunciar en octubre.
¿Y en el futuro?
Habría que ver. El Congreso no me llama la atención porque veo poco debate productivo. No hay discusión de propuestas, hay muchos adjetivos e insultos, se trata de humillar al adversario, no de cuestionar con argumentos.
Y terminan otorgando facultades legislativas al Ejecutivo que permiten normas como las leyes de la selva o la ley de amnistía…
Lo que está pendiente es una gran reforma del Estado porque no es eficiente. No hay una adecuada distribución de los recursos humanos que tiene. Urge una reforma de todo el aparato estatal para que los servicios, el rol y su misión se optimicen, y así el ciudadano de a pie no vea al Estado como algo lejano, en el que no está incluido. Por eso cuando uno le pregunta qué le parece que se hayan apoderado de dinero de tal ministerio o dependencia, se encoge de hombros y se va caminando. Por eso gran porcentaje de la gente es indiferente a los actos de corrupción.
Una encuesta reveló que la gente opina que es mejor una autoridad que robe, pero que haga obras…
Es lo dramático, pues el que roba y “se vende” como si hiciera obras se publicita para encubrirse. No es que trabaja pero roba, sino más bien no trabaja sino roba. Esa es la realidad.
“Mi padre nos enseñó el valor de la honestidad”
Usted no parece haber sido de los funcionarios públicos que parten a la carrera cuando suenan las cinco de la tarde…
No. He estado 31 años en el Ministerio Público, al que he dado los mejores años de mi vida, muchas veces sacrificando vacaciones, dejando de lado a mi familia, a mis hijos, a mi madre. En ocasiones, mi hijo mayor me ha llamado la atención diciendo: papá, no te veo mucho, no podemos viajar, nunca sales de vacaciones. Es un drama que uno pasa por dedicación y amor al trabajo.
Pero ahora tendrá más tiempo para ellos…
Sí. Ellos son los que más me han extrañado. Ha sido uno de los costos de este trabajo. Ahora podré pasar más tiempo con ellos. El mayor está estudiando ahora Economía, la menor tiene 7 años y aún está en el colegio. Es mi reina.
Y para su esposa...
Ella ha entendido siempre mi trabajo. Ella también está vinculada al sistema judicial, allí la conocí y sabe cómo es este trabajo, por eso siempre me ha apoyado, en todos los momentos.
¿La abogacía le vino de familia?
No. Mis hermanos se dedican a otra cosa. Mi madre es ama de casa y mi padre fue de la Guardia Civil. Fue un hombre muy correcto, él fue quien nos enseñó el valor de la honestidad.
¿Dónde estudió?
Hice la secundaria en el colegio Ricardo Palma y los estudios universitarios, maestría y doctorado en la Universidad San Martín.
Tal vez extrañe la fama…
No. El apoyo de la gente le muestra a uno que ha cumplido con su deber, pero no me gusta la fama. Soy un hombre sencillo, me gusta montar bicicleta, aunque no he tenido mucho tiempo para hacerlo últimamente. Disfruto mucho hacer el mercado, tengo mis caseros.
¿Entonces tendrá buena mano en la cocina?
Noooo. Yo acabó cuando traigo los alimentos. No soy bueno cocinando.
¿Usted es limeño mazamorrero?
Yo nací en Lima, viví muchos años en Surquillo, pero mi familia viene de Andahuaylas.
¿Qué hará ahora con tanto tiempo libre?
Caminaré; leeré, Vargas Llosa es uno de mis favoritos, mucho antes de ganar el Nobel; escucharé música; pero sobre todo estaré con mi familia.
Entrevista/Avelino Guillén. Ex jefe de Control Interno del Ministerio Público. Se hizo famoso por su agudeza y rigurosidaden el juicio a Alberto Fujimori, pero su trayectoria es mucho mayor. Trabajó en fiscalías antidrogas, vio casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Renunció esta semana al Ministerio Público porque, al parecer, 31 años de experiencia no fueron suficientes para sus superiores.
María Elena Castillo.
Su renuncia al Ministerio Público sorprendió a muchos y seguramente alegró a otros. ¿Por qué tomó esa decisión?
El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a concurso de tres plazas para fiscales supremos, de las cuales se han cubierto dos; y al enterarme de que el cargo que estoy ocupando de manera provisional iba a ser ocupado no tenía otra alternativa que bajar a mi plaza titular de fiscal superior de Lima o renunciar al Ministerio Público. Opté por lo segundo porque considero que luego del aporte que he realizado en la Fiscalía debía desempeñarme como supremo, por eso presenté mi renuncia irrevocable.
¿Por qué supuso que esa plaza no era para usted?
Tengo nivel de información que es lo que me ha motivado a presentar mi carta de renuncia. Si me hubieran dicho “Guillén, por tu desempeño profesional, por tu trayectoria, por lo que has hecho en el Ministerio Público, creemos que podrías continuar”, yo me hubiera quedado. Pero no se ha dado esta situación, y no me molesta. Entiendo que son decisiones del más alto nivel y según la especialidad.
¿A qué tan alto nivel?
Son decisiones de mis superiores y yo las respeto y acato. Ellos tienen su lectura y opinión, supongo que básicamente según la especialidad. Hay tres plazas: la Fiscalía Suprema Civil, la Suprema Contenciosa Administrativa y la de Control Interno, en la que yo estaba.
Una de ellas ve las denuncias contra funcionarios públicos...
La Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa es de suma importancia porque conoce de investigaciones contra altos funcionarios que están contemplados en los artículos 99 y 100 de la Constitución.
Justo para su perfil…
Yo he sido fiscal en todos los casos por corrupción a partir del 2000. Pero mis superiores tienen otra opinión y yo la acato.
Usted es conocido como el fiscal del caso Fujimori…
Yo quisiera que me conozcan solo por ser útil en el combate a la delincuencia, a la corrupción. Cumplir ese rol me llena de satisfacción, así uno no tenga riquezas. Sentir que la gente lo mira a uno con confianza es invalorable.
Aunque para otros es un personaje incómodo…
Soy un personaje que tiene un discurso y una actuación resueltamente dirigidos a enfrentar la corrupción. Yo no hago concesiones ni tengo contemplaciones en esos casos. Estoy seguro de que mucha gente se ha alegrado de mi decisión, pero tengo la firme esperanza de seguir trabajando, a través de diversos organismos, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en el combate al narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.
¿Por qué no postuló al último concurso del CNM para elegir fiscales titulares supremos?
La suerte de un concurso se conoce desde que se elaboran los reglamentos, y aquí sale uno nuevo para cada concurso. No me presenté porque el perfil que buscaban tenía un muy marcado supuesto académico y no se valoraba mucho la trayectoria profesional, pues en anteriores reglamentos este tenía un valor de hasta 30 puntos, y en el último concurso fue disminuido a 12. De arranque quien le habla no encajaba en ese perfil.
La parte académica también es importante...
Lo es, pero para un fiscal que cumple a cabalidad con su trabajo, que revisa los expedientes, que elabora documentos, dictámenes, resoluciones, que está viendo la marcha de su despacho, es imposible tener una producción de libros tan alta. Entonces, o trabajo o me dedico a una labor académica. Ese un debate que tiene que encontrar un punto de encuentro.
Y evitar futuras desagradables sorpresas…
Está bien la exigencia académica, pero debe compatibilizarse con la trayectoria intachable de un candidato. Por otro lado, en nuestro país hay cerca de dos millones de expedientes atrasados y no salimos de esto porque muchas veces los magistrados están pensando más en su artículo para el periódico o una revista jurídica, en las horas de clase que dictará en la noche, y a veces hasta elaboran sus clases en el despacho. Eso es algo que se tiene que corregir porque retrasa la marcha de la justicia. Por eso se tienen que evaluar la capacidad, la trayectoria y sobre todo el resultado. Años de experiencia
Usted ha estado 31 años en el Ministerio Público. ¿Por qué eligió ser fiscal?
En el último año de Derecho, en el año 80, ingresé como juez de paz no letrado en el entonces pueblo joven Villa El Salvador, y al año siguiente trabajé unos meses como secretario de juzgado. La experiencia me fascinó, y estando en Andahuaylas, tierra de mis ancestros, me enteré de una convocatoria para abogados auxiliares del Ministerio Público en Lima. Nunca me olvidaré de eso porque no había pasaje y vine en camión. Llegué completamente sucio y para dar el examen tuve que cambiarme en el baño del Colegio de Abogados de Lima. Ingresé al Ministerio Público en noviembre del año 81 y no paré hasta hoy, salvo entre el 92 y el 94, cuando fui separado irregularmente, como muchos.
En todos esos años habrá pasado por diferentes puestos...
En el 81 estuve en Lima; dos años después pasé a Pucallpa, para ver temas de narcotráfico, donde capturamos a varias organizaciones. Regresé a Lima, estuve en algunas fiscalías provinciales, y en la época del doctor Álvaro Rey de Castro trabajé en casos de derechos humanos en Huamanga, Ayacucho. Estuvimos investigando la matanza de las fosas de Pucayacu y de los evangélicos asesinados en Callqui, que culminaron con las denuncias contra el conocido comandante “Camión”, Álvaro Artaza Adrianzén. Fui adjunto provincial hasta el 86, cuando fui promovido como adjunto superior y los siguientes dos años participé en numerosas audiencias en el Sexto Tribunal Correccional de Lima, relacionadas con delincuencia común. Luego me nombraron fiscal provincial penal, y allí me comencé a percatar de cómo actuaban algunos aparatos de inteligencia.
¿Cómo así?
Fue un caso que ocurrió en una pollada, en el Cercado de Lima. Dos policías vieron a dos personas armadas en una actitud sospechosa. Pensaron que podían ser elementos subversivos y los intervinieron en la vía pública. Los sospechosos terminaron ejecutando a los policías. Los hicieron arrodillar y les metieron un balazo en la cabeza con absoluta frialdad. Resulta que investigando, y a través de una serie de elementos se logró determinar que esas personas armadas eran de inteligencia. Estamos hablando de la época de los 90. Entonces pude ver que algo estaba ocurriendo y que actuaban con absoluto desprecio de la vida.
Lo que pudo ver mejor durante el juicio a Fujimori…
En el 2000, a partir del video de Kouri y Montesinos asistí a todas las audiencias, estuve en los juicios contra la mafia y los elementos vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción durante el régimen de Fujimori. Intervine en todos los procesos que conoció la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y perdí en un solo caso. Fue mi modesto aporte a la institución.
Trabajo como provisional
Tal vez se confió en que su trayectoria sería suficiente...
Es que, y quizás fue un error, a diferencia de algunos colegas que a la semana de ascendidos comenzaban a trabajar el currículum para su próxima postulación, que sería en diez años. Eso está bien en tanto no descuides tu trabajo. Simplemente yo no lo hice. Siempre he trabajado como si fuera un provisional, que no tenía estabilidad. Siempre me ha gustado trabajar mucho, investigo, estudio, leo textos en relación con la audiencia, consulto a fiscales que conocen más que yo, consulto a profesores universitarios y de allí me formo una idea, y con ese material voy al juicio. Todo eso es una inversión muy fuerte en tiempo.
¿Cuál es su balance?
He ganado el 99% de juicios en los 10 últimos años en mi instancia, y enfrentándome a abogados y estudios de mayor prestigio. No se puede negar mi entrega y aporte.
Usted ha pedido a los magistrados actuar con independencia y no ceder a las presiones políticas. ¿Le ha pasado?
No. Me he permitido hacer esta invocación porque yo creo que la fortaleza de un fiscal está en su independencia, en su autonomía, en su honestidad y en la transparencia en el trabajo. Estas son las cuatro columnas que harán que se recupere la confianza de la población. Yo sueño con que algún día estemos en azul, y el nivel de aprobación sea mayor que el de desaprobación, porque hay muchos jueces y fiscales honestos y que aman de verdad a su institución. Hay algunos malos elementos, pero más son los buenos.
“El Congreso no me llama la atención”
Ahora que ya no es funcionario público, ¿tentará alguna representación para el Congreso?
No, en principio, creo que no se puede porque debía renunciar en octubre.
¿Y en el futuro?
Habría que ver. El Congreso no me llama la atención porque veo poco debate productivo. No hay discusión de propuestas, hay muchos adjetivos e insultos, se trata de humillar al adversario, no de cuestionar con argumentos.
Y terminan otorgando facultades legislativas al Ejecutivo que permiten normas como las leyes de la selva o la ley de amnistía…
Lo que está pendiente es una gran reforma del Estado porque no es eficiente. No hay una adecuada distribución de los recursos humanos que tiene. Urge una reforma de todo el aparato estatal para que los servicios, el rol y su misión se optimicen, y así el ciudadano de a pie no vea al Estado como algo lejano, en el que no está incluido. Por eso cuando uno le pregunta qué le parece que se hayan apoderado de dinero de tal ministerio o dependencia, se encoge de hombros y se va caminando. Por eso gran porcentaje de la gente es indiferente a los actos de corrupción.
Una encuesta reveló que la gente opina que es mejor una autoridad que robe, pero que haga obras…
Es lo dramático, pues el que roba y “se vende” como si hiciera obras se publicita para encubrirse. No es que trabaja pero roba, sino más bien no trabaja sino roba. Esa es la realidad.
“Mi padre nos enseñó el valor de la honestidad”
Usted no parece haber sido de los funcionarios públicos que parten a la carrera cuando suenan las cinco de la tarde…
No. He estado 31 años en el Ministerio Público, al que he dado los mejores años de mi vida, muchas veces sacrificando vacaciones, dejando de lado a mi familia, a mis hijos, a mi madre. En ocasiones, mi hijo mayor me ha llamado la atención diciendo: papá, no te veo mucho, no podemos viajar, nunca sales de vacaciones. Es un drama que uno pasa por dedicación y amor al trabajo.
Pero ahora tendrá más tiempo para ellos…
Sí. Ellos son los que más me han extrañado. Ha sido uno de los costos de este trabajo. Ahora podré pasar más tiempo con ellos. El mayor está estudiando ahora Economía, la menor tiene 7 años y aún está en el colegio. Es mi reina.
Y para su esposa...
Ella ha entendido siempre mi trabajo. Ella también está vinculada al sistema judicial, allí la conocí y sabe cómo es este trabajo, por eso siempre me ha apoyado, en todos los momentos.
¿La abogacía le vino de familia?
No. Mis hermanos se dedican a otra cosa. Mi madre es ama de casa y mi padre fue de la Guardia Civil. Fue un hombre muy correcto, él fue quien nos enseñó el valor de la honestidad.
¿Dónde estudió?
Hice la secundaria en el colegio Ricardo Palma y los estudios universitarios, maestría y doctorado en la Universidad San Martín.
Tal vez extrañe la fama…
No. El apoyo de la gente le muestra a uno que ha cumplido con su deber, pero no me gusta la fama. Soy un hombre sencillo, me gusta montar bicicleta, aunque no he tenido mucho tiempo para hacerlo últimamente. Disfruto mucho hacer el mercado, tengo mis caseros.
¿Entonces tendrá buena mano en la cocina?
Noooo. Yo acabó cuando traigo los alimentos. No soy bueno cocinando.
¿Usted es limeño mazamorrero?
Yo nací en Lima, viví muchos años en Surquillo, pero mi familia viene de Andahuaylas.
¿Qué hará ahora con tanto tiempo libre?
Caminaré; leeré, Vargas Llosa es uno de mis favoritos, mucho antes de ganar el Nobel; escucharé música; pero sobre todo estaré con mi familia.
Thursday, February 3, 2011
Wednesday, February 2, 2011
La reforma procesal penal para delitos de corrupción
Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=454
Autor(a): Carlos Rivera PazPerú20-01-2011
Desde el año 2007 se viene desarrollando el proceso de implementación de la reforma procesal penal en el Perú, y a estas alturas, en más de la mitad de nuestro país, ya existe un nuevo modelo de investigación y juzgamiento de hechos delictivos, el mismo que se sustenta en las disposiciones del Código Procesal Penal, promulgado a mediados del año 2004. Se trata, sin duda, de la reforma más importante del sistema de justicia de las últimas décadas.
Uno de los mayores aciertos de este proceso ha sido el que la implementación de la reforma procesal se ha venido ejecutando sobre un plan progresivo, que tuvo su punto de inicio en la implementación en la Corte de Justicia de Huaura. El objetivo era tener la posibilidad de enfrentar y resolver problemas concretos en una corte pequeña y sin una carga procesal de dimensiones inmanejables.
En concreto el nuevo modelo propone un proceso judicial bajo reglas de investigación bastante diferentes a las que hasta la fecha hemos conocido, con un tiempo de duración mucho más corto y centrado en el respeto de las reglas y principios del debido proceso, sobre todo el derecho a la defensa de la persona investigada.
De hecho esa perspectiva de modernidad y, sobretodo, de celeridad que muestra el nuevo modelo procesal penal, ha generado que el presidente Alan García haya insistido en adelantar su implementación para los delitos de corrupción de funcionarios. Después del escándalo del caso de los petroaudios el empeño del Jefe de Estado ha sido mayor.
Ciertamente el mensaje político que el Presidente de la República transmite a la opinión pública con una propuesta de esta naturaleza es aparentemente positivo, porque indicaría un interés en dotar al sistema de justicia de los instrumentos procesales, e institucionales, para emitir decisiones más rápidas, que satisfagan a la ciudadanía. Pero ello no necesariamente es lo que puede terminar ocurriendo al apurar la implementación de la reforma procesal penal para los delitos de corrupción, perpetrados por quien tiene la condición de funcionario público.
¿En delitos de corrupción, es suficiente implementar?
¿Por qué razón es necesario plantear esta inquietud? Por varias. La primera: es la referida al curso mismo del proceso de implementación. El éxito del proceso de implementación de una reforma de esta envergadura, pasará por respetar la progresividad del proceso que ha sido establecida de manera previa y, seguramente, sobre la base de criterios técnicos y no políticos como corresponde en estos asuntos. Implementar la reforma procesal para determinados delitos que, por lo general, están concentrados en la ciudad de Lima, en donde aún no se implementa la reforma procesal, puede terminar alterando ese modelo que debe ser –repetimos– una clave del éxito. No es poca cosa.
La segunda tiene relación con la primera. Se trata de la impostergable necesidad de que los operadores del sistema de justicia penal (policías, fiscales y jueces) en la mayoría de distritos en los que se ha implementado la reforma han merecido un proceso de capacitación, porque no se trata de la implementación de solo una nueva norma legal, sino que se trata de implementar, y desarrollar, un nuevo modelo de investigación y juzgamiento, en cual el fiscal y juez pasan a cumplir roles bastante diferentes a los que tenían en el modelo anterior. Si bien la ley que autorizó adelantar la implementación para los delitos de corrupción se promulgó el 17 de setiembre de 2010, y la implementación se ha materializado solo hace una semana atrás, es probable que ese tiempo no haya sido suficiente para capacitar a los operadores del sistema judicial.
La tercera tiene que ver con la naturaleza y características de los delitos de corrupción. Los delitos que según la ley N° 29574 ya serán investigados y juzgados bajo las nuevas reglas procesales serán los siguientes: concusión, cobro indebido, colusión, patrocinio ilegal, peculado, peculado de uso, malversación de fondos, cohecho pasivo, cohecho activo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Por lo general los delitos de corrupción de funcionarios son complejos, porque suelen intervenir un conjunto de partícipes y estos suelen desplegar diferentes estrategias para ocultar los delitos amparados, inclusive, en los procedimientos enrevesados de la administración pública. Ello determina que el inicio de las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público, suele constituir una etapa crítica para el descubrimiento de los elementos probatorios y su incorporación como evidencia. En la gran mayoría de los casos, esta primera etapa comprende la utilización de un lapso de tiempo considerable, porque así lo exige la naturaleza de los casos.
De hecho las causas seguidas contra la corrupción fujimorista y los casos como los petroaudios u otros dan cuenta de lo que decimos. ¿Cuál es la relevancia de ello? Que en el nuevo modelo procesal los plazos de la investigación preparatoria son cortos, y eso puede terminar generando que procesos complejos, que exijan un mayor plazo de investigación para consolidar la actividad probatoria del Ministerio Público, tengan que ser archivados con la consecuente sensación de impunidad que ello puede generar.
Por alguna razón diferentes voces desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial expresaron algún nivel de preocupación al respecto.
Ahora bien, alguien podría sostener que ese esquema procesal será el mismo ahora y después, cuando le corresponda a Lima iniciar el proceso de implementación de la reforma. Es cierto, el modelo seguirá siendo el mismo, pero es probable que al final del proceso de implementación, cuando le toca a Lima, las instituciones del sistema de justicia –especialmente el Ministerio Público– haya logrado superar esa problemática o por lo menos tengan mejores instrumentos para hacerlo.
La cuarta tiene que ver con la voluntad política y las decisiones institucionales que impulsan o mueven este proceso de implementación. Nos preguntamos de qué sirve apurar una reforma y pretender aparecer liderando la lucha contra la corrupción si la Fiscalía de la Nación decide sacar del sistema anticorrupción a una de sus fiscales más eficientes. Mencionamos esto porque se ha hecho público que la fiscal anticorrupción Marlene Berrú, en el mismo día que se implementa la reforma procesal, es separada de la fiscalía anticorrupción que dirigía y es enviada a una fiscalía común.
La fiscal Berrú, en general de trayectoria limpia, no solo investigó y denunció a los generales “gasolineros”, sino que también lo hizo ante casos como los negociados de altos oficiales de la marina, perpetrados durante los años noventa, entre los que se encontraba el actual vicepresidente de la república Luis Giampietri. Entonces cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un sistema anticorrupción funcione (bien) y sea eficaz si a los fiscales más experimentados y que no se someten a las presiones del poder el día que se implementa tal reforma son excluidos? ¿De qué valdrá entonces la reforma procesal penal?
Autor(a): Carlos Rivera PazPerú20-01-2011
Desde el año 2007 se viene desarrollando el proceso de implementación de la reforma procesal penal en el Perú, y a estas alturas, en más de la mitad de nuestro país, ya existe un nuevo modelo de investigación y juzgamiento de hechos delictivos, el mismo que se sustenta en las disposiciones del Código Procesal Penal, promulgado a mediados del año 2004. Se trata, sin duda, de la reforma más importante del sistema de justicia de las últimas décadas.
Uno de los mayores aciertos de este proceso ha sido el que la implementación de la reforma procesal se ha venido ejecutando sobre un plan progresivo, que tuvo su punto de inicio en la implementación en la Corte de Justicia de Huaura. El objetivo era tener la posibilidad de enfrentar y resolver problemas concretos en una corte pequeña y sin una carga procesal de dimensiones inmanejables.
En concreto el nuevo modelo propone un proceso judicial bajo reglas de investigación bastante diferentes a las que hasta la fecha hemos conocido, con un tiempo de duración mucho más corto y centrado en el respeto de las reglas y principios del debido proceso, sobre todo el derecho a la defensa de la persona investigada.
De hecho esa perspectiva de modernidad y, sobretodo, de celeridad que muestra el nuevo modelo procesal penal, ha generado que el presidente Alan García haya insistido en adelantar su implementación para los delitos de corrupción de funcionarios. Después del escándalo del caso de los petroaudios el empeño del Jefe de Estado ha sido mayor.
Ciertamente el mensaje político que el Presidente de la República transmite a la opinión pública con una propuesta de esta naturaleza es aparentemente positivo, porque indicaría un interés en dotar al sistema de justicia de los instrumentos procesales, e institucionales, para emitir decisiones más rápidas, que satisfagan a la ciudadanía. Pero ello no necesariamente es lo que puede terminar ocurriendo al apurar la implementación de la reforma procesal penal para los delitos de corrupción, perpetrados por quien tiene la condición de funcionario público.
¿En delitos de corrupción, es suficiente implementar?
¿Por qué razón es necesario plantear esta inquietud? Por varias. La primera: es la referida al curso mismo del proceso de implementación. El éxito del proceso de implementación de una reforma de esta envergadura, pasará por respetar la progresividad del proceso que ha sido establecida de manera previa y, seguramente, sobre la base de criterios técnicos y no políticos como corresponde en estos asuntos. Implementar la reforma procesal para determinados delitos que, por lo general, están concentrados en la ciudad de Lima, en donde aún no se implementa la reforma procesal, puede terminar alterando ese modelo que debe ser –repetimos– una clave del éxito. No es poca cosa.
La segunda tiene relación con la primera. Se trata de la impostergable necesidad de que los operadores del sistema de justicia penal (policías, fiscales y jueces) en la mayoría de distritos en los que se ha implementado la reforma han merecido un proceso de capacitación, porque no se trata de la implementación de solo una nueva norma legal, sino que se trata de implementar, y desarrollar, un nuevo modelo de investigación y juzgamiento, en cual el fiscal y juez pasan a cumplir roles bastante diferentes a los que tenían en el modelo anterior. Si bien la ley que autorizó adelantar la implementación para los delitos de corrupción se promulgó el 17 de setiembre de 2010, y la implementación se ha materializado solo hace una semana atrás, es probable que ese tiempo no haya sido suficiente para capacitar a los operadores del sistema judicial.
La tercera tiene que ver con la naturaleza y características de los delitos de corrupción. Los delitos que según la ley N° 29574 ya serán investigados y juzgados bajo las nuevas reglas procesales serán los siguientes: concusión, cobro indebido, colusión, patrocinio ilegal, peculado, peculado de uso, malversación de fondos, cohecho pasivo, cohecho activo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Por lo general los delitos de corrupción de funcionarios son complejos, porque suelen intervenir un conjunto de partícipes y estos suelen desplegar diferentes estrategias para ocultar los delitos amparados, inclusive, en los procedimientos enrevesados de la administración pública. Ello determina que el inicio de las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público, suele constituir una etapa crítica para el descubrimiento de los elementos probatorios y su incorporación como evidencia. En la gran mayoría de los casos, esta primera etapa comprende la utilización de un lapso de tiempo considerable, porque así lo exige la naturaleza de los casos.
De hecho las causas seguidas contra la corrupción fujimorista y los casos como los petroaudios u otros dan cuenta de lo que decimos. ¿Cuál es la relevancia de ello? Que en el nuevo modelo procesal los plazos de la investigación preparatoria son cortos, y eso puede terminar generando que procesos complejos, que exijan un mayor plazo de investigación para consolidar la actividad probatoria del Ministerio Público, tengan que ser archivados con la consecuente sensación de impunidad que ello puede generar.
Por alguna razón diferentes voces desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial expresaron algún nivel de preocupación al respecto.
Ahora bien, alguien podría sostener que ese esquema procesal será el mismo ahora y después, cuando le corresponda a Lima iniciar el proceso de implementación de la reforma. Es cierto, el modelo seguirá siendo el mismo, pero es probable que al final del proceso de implementación, cuando le toca a Lima, las instituciones del sistema de justicia –especialmente el Ministerio Público– haya logrado superar esa problemática o por lo menos tengan mejores instrumentos para hacerlo.
La cuarta tiene que ver con la voluntad política y las decisiones institucionales que impulsan o mueven este proceso de implementación. Nos preguntamos de qué sirve apurar una reforma y pretender aparecer liderando la lucha contra la corrupción si la Fiscalía de la Nación decide sacar del sistema anticorrupción a una de sus fiscales más eficientes. Mencionamos esto porque se ha hecho público que la fiscal anticorrupción Marlene Berrú, en el mismo día que se implementa la reforma procesal, es separada de la fiscalía anticorrupción que dirigía y es enviada a una fiscalía común.
La fiscal Berrú, en general de trayectoria limpia, no solo investigó y denunció a los generales “gasolineros”, sino que también lo hizo ante casos como los negociados de altos oficiales de la marina, perpetrados durante los años noventa, entre los que se encontraba el actual vicepresidente de la república Luis Giampietri. Entonces cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un sistema anticorrupción funcione (bien) y sea eficaz si a los fiscales más experimentados y que no se someten a las presiones del poder el día que se implementa tal reforma son excluidos? ¿De qué valdrá entonces la reforma procesal penal?
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