ASACLC en 2009 planteo: “3.- Se tramite e implemente una ley para definir "que el mal uso de los recursos del erario nacional son actos de corrupción política que no solo afectan la estabilidad política, social, democrática del Perú, si no también la integridad, el desarrollo y la seguridad nacional, y como tal, estos hechos deben ser juzgados como actos de traición a la patria y juzgados con rigor y celeridad",
4.- Los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles ...”
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110729/10/node/371630/todos/15
Mensaje. Plantea imprescriptibilidad e inhabilitación de por vida para infractores. Propuestas similares se han escuchado desde el gobierno y de la sociedad civil desde el 2001. Sin embargo, Congreso no consiguió aprobar normas.
César Romero C.
La corrupción es un problema de seguridad que afecta el desarrollo del país, expresó el mandatario electo Ollanta Humala al referirse a uno de los temas más desafiantes para su Gobierno.
Humala propuso la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción y la inhabilitación, a perpetuidad, para ejercer nuevo cargo público, a los corruptos y sus cómplices. También planteó la supresión de las penas condicionales y de los beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos de corrupción, de modo que los condenados cumplan efectivamente en la cárcel las condenas.
Los planteamientos de Humala para reforzar la lucha contra la corrupción generaron expectativa en los medios judiciales. Sin embargo, abogados y magistrados recalcaron que hay que esperar la propuesta específica del presidente del Consejo de Ministros, quien debe elevar al Congreso los proyectos de ley al respecto.
Asimismo, recordaron que no es la primera vez que se plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El tema ha sido referido desde el 2001 como iniciativa del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil.
En abril del 2001, el grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), creado por Resolución Suprema N° 160-2001-JUS, planteó “la promoción de los principios de imprescriptibilidad”, para evitar la impunidad.
Posteriormente, en la apertura del año judicial 2008, el entonces presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, informó que “la Sala Plena ha sometido a discusión una iniciativa de ley que establezca que los delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública tengan el carácter de imprescriptibles”.
Pero esas propuestas, de reforma legislativa e incluso constitucional destinadas a fortalecer la lucha contar la corrupción, no prosperaron.
ANÁLISIS El Congreso debe aprobar la reforma Pedro Gamarra Procurador anticorrupción
Las propuesta planteadas por el presidente Ollanta Humala requieren modificaciones en las leyes penales que deben ser aprobadas por el Congreso de la República.
En el tema de la inhabilitación a perpetuidad para condenados por corrupción podría colisionar con la defensa de los Derechos Humanos, pues la sanción iría más allá de la pena.
El tiempo de inhabilitación corre actualmente junto con la pena, por lo que cuando esta se extingue, el ciudadano queda habilitado en todos sus derechos y puede postular a un nuevo cargo público.
Además sería importante que esta sanción a perpetuidad alcance también a los militares que han delinquido. Actualmente, a los militares que se les condena los pasan al retiro y se van con todos sus beneficios pensionables. Positivo mensaje anticorrupción Pablo Sánchez Velarde Fiscal supremo Fue un discurso interesante. Se ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción que nos parece muy positivo. El presidente hizo una exposición de líneas generales de su política de gobierno, por lo hay que esperar la propuesta concreta que deberá presentar el Ministerio de Justicia.
En la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción hay consenso, por lo que es de esperarse que el Congreso la apruebe. Otras propuestas, como el trabajo forzado para condenados por graves delitos, pueden requerir de una reforma constitucional, pues la Constitución ampara la libertad de trabajo.
También puede haber debate para establecer una pena efectiva para los delitos de corrupción, pues la tendencia legislativa actual era despenalizar las penas cortas y, además, no se puede hacer distingos.
