AMA SUA - ACCION CONTRA LA CORRUPCION

En la lista corrupta de la Contraloría

2012-02-03T21:22:00.000-08:00

Estas dos importantes notas de información indican que la “justicia aunque tarde siempre ha de llegar”. En el primer caso, pese que al gobierno de turno ya no le interesa una lucha frontal contra la corrupción, este delito es denunciado y publicitado por cierta gente que desprecia el convivir con la impunidad y la asquerosidad política. Las promesas electorales de Ollanta dieron una luz, pero ello solo quedó en promesa, por que la coexistencia con la clase parasitaria, la derecha más cavernaria del Perú, es fundamental para la sobrevivencia de este gobierno que ya desinflo.

Las acciones de la justicia en el segundo caso son relevantes e indican que 'más temprano que tarde' los crímenes de lesa humanidad serán juzgados con rigor e independencia. Por ejemplo, Alan uno de los más grandes violadores de los derechos humanos en el Perú, no ha pagado por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y ordenado y esta noticia, por seguro, le ha de tener tastabillando. El blindaje político, uno de los más asquerosos episodios en nuestra vida republicana le infiere garantía a la fecha, pero como el Perú avanza; se espera que la justicia independiente garantizara una exhaustiva investigación sobre los crímenes de lesa humanidad y como tal Alan ha de ser juzgado. ASACLC

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/en-la-lista-corrupta-de-la-contraloria_104616.html

Pedro Spadaro, escudero de García y estropeador de la comisión que investiga a expresidente, se salvó además de serias denuncias gracias a prescripción. Piden que Ética vea su caso.

El legislador Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de Alan García, confirmó que el congresista Fujimorista Pedro Spadaro, miembro de este grupo de trabajo, es uno de los 10,563 funcionarios consignados en la lista de involucrados en casos por corrupción que le fue remitida por la Contraloría.

“Hemos revisado la lista y su nombre aparece. Está comprendido con responsabilidad administrativa en un hecho bastante grave que tiene que explicar y lo vamos a escuchar; por lo pronto tenemos esta información”, dijo a la prensa.

En agosto pasado, el contralor general de la República, Fuad Khoury, reveló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su despacho detectó la existencia de 10,563 funcionarios corruptos en los tres niveles de gobierno (central, regional y local).

Una vez instalada la llamada megacomisión, Tejada pidió a la Contraloría la nómina y así se conoció que el nombre de Spadaro forma parte de la misma.

Como informó LA PRIMERA, en noviembre del año 2004, en el Gobierno Regional del Callao se suscitaron hechos nada claros que llevaron a la Fiscalía y al Poder Judicial a abrir un proceso penal a diversos funcionarios.

Uno de esos hechos se produjo en el proceso de licitación para adquirir mobiliario escolar para los centros educativos del Callao, por el que se procesó penalmente al Fujimorista Spadaro, quien se libró de una condena al acogerse a la prescripción.

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO

Spadaro además afrontó un proceso por el presunto delito contra el patrimonio, estelionato (estafa) en grado de tentativa en agravio del memorial Sloan-Kettering Cáncer Center Corporación Profesional de Nueva York. Junto a él fue procesada su ama de llaves, Juana Fuentes.

El 20 de agosto de 2003, el parlamentario Fujimorista celebró un Acto Jurídico de Reconocimiento de Deuda con Garantía Hipotecaria a favor de la procesada Juana Fuentes por 41,275 dólares, dando en hipoteca un inmueble de la Av. Paseo de la República 610, el mismo que pretendió inscribir en los Registros Públicos sabiendo que ya no le pertenecía puesto que fue adjudicado como indemnización en remate judicial a la empresa agraviada.

Como se trató de una tentativa, pues el delito no se consumó porque Registros Públicos rechazó la inscripción por aspectos formales, el legislador se acogió a la prescripción del delito.

En diálogo con LA PRIMERA, Spadaro dijo que este es un tema personal en el que se vieron involucrados derechos heredados de su madre y que se trata de un proceso de 20 años. Dijo que de este tema ya no hablará más porque está cerrado y que fue absuelto, aunque en realidad se acogió a la prescripción del caso, según admitió.

ESTADIO DE PIURA

Además, la Contraloría denunció a Spadaro ante el Ministerio Público de Piura por el delito de negociación incompatible, debido a que habría favorecido a la empresa Santa Lucía para la construcción del estadio del balneario de Colán, provincia de Paita, informó anoche el programa Tribuna Abierta de Canal 13.

El reportaje también reveló que la Fiscalía de Paita solo denunció a la empresa Santa Lucía y no al congresista Fujimorista. El procurador anticorrupción Julio Arbizu informó que se encuentra recabando información para tomar acciones posteriores.

ÉTICA INVESTIGARÁ

El vocero de Gana Perú, Fredy Otárola, opinó que tales denuncias ameritan la inmediata intervención de la Comisión de Ética del Congreso. En respuesta, el presidente de esta comisión, Humberto Lay, se apuró en afirmar que al tratarse de hechos ocurridos antes de la elección de Spadaro como congresista no procede la investigación de su caso y dijo que la ley solo obliga a los candidatos a elecciones a consignar en sus hojas de vida las sentencias firmes.

En este mismo sentido, se pronunció el legislador aprista, Mauricio Mulder, miembro de la Comisión de Ética. El legislador Tejada, quien también integra este grupo, opinó que el pedido formulado por Otárola es importante y debe ser tomado en cuenta para que no quede dudas si alguna vez Spadaro protegió a corruptos.

Vilma Escalante
Redacción

Qué es el Plan Cóndor por el que han pedido captura de Morales Bermúdez
http://elcomercio.pe/politica/1369505/noticia-que-plan-condor-que-han-pedido-captura-morales-bermudez

Ronald Gamarra sostuvo que existen pruebas que vinculan al gobierno de facto con esta política contra los opositores de las dictaduras en la región en los 70’ y 80’

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07
Redacción Online

El pedido de captura internacional hecho por el juez argentino Norberto Oyarbide contra el ex presidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez ha traído de nuevo a los foros de opinión pública la Operación Cóndor. El magistrado señala que como parte de este plan, trece políticos peruanos de oposición fueron trasladados de manera clandestina a Jujuy en 1978, donde permanecieron detenidos hasta su expulsión.

Esta mañana Morales Bermúdez se ha defendido y ha dicho que nuestro país nunca se plegó al Plan Cóndor. Pero qué significa esta operación y cuáles son los vínculos que tiene con el régimen militar de finales de los 70’ (el general en retiro fue presidente del 75 al 80).

Esta política comenzó tras la caída de Salvador Allende en Chile. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet, altos mandos de la DINA (la policía secreta chilena) se reunieron en noviembre de 1975 con integrantes del servicio de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Aquí se acordó realizar acciones de ‘prevención’ contra elementos ‘subversivos’.
Según detalló el defensor de derechos humanos Ronald Gamarra, estos gobiernos, a los que después se sumó Brasil, crearon una red de información, seguimiento, detención y aniquilación de sus opositores políticos refugiados en estos países.

Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, estos regímenes dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas que tenían como misión eliminar a los políticos exiliados o que habían conseguido asilo. Este fue el caso del general chileno Carlos Prats y su esposa que murieron en medio de la explosión de un coche bomba en Buenos Aires. La DINA es sindicada por este crimen.

Otros casos fueron el secuestro de una pareja de uruguayos en Porto Alegre, Brasil, y la revelación de los denominados ‘archivos del terror’ en Paraguay. Estos documentos develaron diversas operaciones clandestinas montadas por el gobierno del dictador guaraní Alfredo Stroessner.

LA VÍNCULACIÓN CON EL PERÚ

Sobre la vinculación de la Operación Cóndor con el régimen de Morales Bermúdez, Gamarra señaló que existe un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) que establece que el Perú y Ecuador se habrían sumado a esta política de terrorismo de Estado.

“Hay una serie de elementos que demuestran que existieron coordinaciones. Por ejemplo, hay un documento que dice que en 1977 un comando argentino ingresó a territorio peruano y detuvo a un político refugiado que previamente había sido identificado por el Servicio de Inteligencia peruano”, indicó el ex procurador anticorrupción en diálogo con elcomercio.pe.

Además, dijo que la CIA da cuenta de que en 1978 un funcionario de la embajada del Perú en Santiago “atendió un asunto” sobre el Plan Cóndor.

La DINA, agregó Gamarra, emitió en julio de ese mismo año un informe en el que dan cuenta que se realizó una reunión de los integrantes de este operación en Buenos Aires con participación de representantes del gobierno peruano.

LA DEPORTACIÓN DE 13 POLÍTICOS

Una de las pruebas más contundentes de que el Perú se sumó al Plan Cóndor, según la resolución del juez argentino Oyarbide contra Morales Bermúdez, es el traslado clandestino de 13 opositores al gobierno militar a Jujuy la madrugada del 25 de mayo de 1978.

“La investigación permite sostener que ciudadanos peruanos fueron víctimas, mediante privación ilegítima de su libertad del sistema de represión clandestina impartido en el gobierno peruano a cargo de Morales Bermúdez con aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial argentino (…) ello en el marco del denominado Plan Cóndor”, indica el documento judicial.
Precisamente, esta mañana el legislador de Gana Perú Javier Diez Canseco, uno de los afectados, afirmó “que lo que hubo no fue una deportación, sino un secuestro y posterior entrega al ejército de Argentina”.

Esta opinión fue compartida por otro de los deportados, el ex diputado Ricardo Letts, quien sostuvo que el gobierno de Morales Bermúdez tuvo la intención de matarlos al enviarlos a Jujuy.
“En esta deportación el objetivo era aniquilarnos. De otro modo no nos sacan a las 2 de la mañana y nos meten a la fuerza en un avión Hércules, nos esposan las manos y los pies y nos entregan un destacamento militar argentino”, manifestó en “Buenos días Perú”.

Más tarde en ATV+, Letts dijo que existen momentos en los que piensa que Morales Bermúdez debería estar recluido en el penal de Yanamayo, en Puno. “Él debería ser sentenciado y sentir tres meses la cárcel en Lurigancho. El resto de su vida puede estar bajo arresto domiciliario”, expresó.

MORALES BERMÚDEZ PUEDE SER JUZGADO

Gamarra sostuvo que si el ex presidente de facto, que tiene 90 años, goza de buena salud, puede ser extraditado a Argentina para que sea juzgado por el secuestro y traslado ilegal de sus opositores.

“Todo depende de sus condiciones de salud. El transcurso del tiempo no impide que se castiguen los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos. La edad no es un criterio para la impunidad”, acotó.

El casi olvido de Ollanta Húmala

2012-01-02T06:48:00.000-08:00

http://www.larepublica.pe/02-01-2012/propuestas-centrales-de-lucha-contra-la-corrupcion-no-se-han-puesto-en-marcha

Avelino Guillén. El ex fiscal supremo se hizo conocido por sus incisivos interrogatorios al ex presidente Alberto Fujimori en el juicio por violaciones de derechos humanos, y por su lucha incesante contra la corrupción.

María Elena Castillo.

Avelino Guillén, que respaldó al actual jefe del Estado en la última etapa de su campaña electoral, aún cree que el presidente cumpla con sus promesas de campaña y lidere una real lucha contra la corrupción. Advierte que si no lo hace en su primer año de gobierno difícilmente lo hará después.

Usted presidió una comisión de transferencia de este gobierno, y le entregó una serie de recomendaciones en temas de justicia y lucha contra la corrupción. ¿Cuánto se ha avanzado?

Poco, sólo con el cambio de denominación del ministerio a Justicia y Derechos Humanos y la unificación de las procuradurías ad hoc Fujimori-Montesinos con las anticorrupción. Las propuestas centrales no se han puesto en marcha, como la creación de la procuraduría general anticorrupción, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, la inhabilitación a perpetuidad para los funcionarios públicos y que se dé una serie de normas y procedimientos que garanticen la transparencia de la función pública. Ocho de estas propuestas fueron recogidas por el ex premier Lerner y anunciadas al país en la presentación del gabinete al Congreso, en agosto, y solo dos se cumplieron.

Una de sus conclusiones fue que el gobierno de Alan García desmanteló el sistema anticorrupción. ¿Algo ha cambiado?

El gobierno del señor García desmanteló las procuradurías anticorrupción y debilitó de forma sustancial el sistema de defensa jurídica del Estado, generando una inoperancia absoluta para defenderse en los juicios, es por eso que la gran mayoría los pierde. Pensé inicialmente que el señor Humala iba a revertir esta situación porque en su juramento en la casona de San Marcos dijo que la lucha contra la corrupción sería su primera prioridad; lamentablemente, no es así.

¿No hay una real voluntad de luchar contra la corrupción?

La gran transformación en la lucha contra la corrupción se ha convertido en la gran frustración del pueblo peruano porque no se ve una actitud decidida. Se hace muchos anuncios, se habla de cruzadas, pero no hay nada concreto. Esperemos que esta situación se revierta el próximo año.

Han pasado sólo seis meses…

En Perú, luchar contra la corrupción es muy difícil porque todo el sistema está estructurado de tal manera que la corrupción sale victoriosa y quien la combate termina perdiendo. Los políticos lo saben, por eso muchos no tienen interés en combatirla realmente.

Todos lo ofrecieron en la última campaña…

En las campañas todos prometen combatir la corrupción, pero cuando están en el gobierno se olvidan.

¿Lo olvidó el presidente?

El gobierno conoce bien el sistema de corrupción que hay en el país y debe enfrentarlo, estructurar un conjunto de medidas para que la función pública sea transparente.

¿No lo está haciendo?

No. Me parece que por un cálculo político. Y ese es un pésimo mensaje para la sociedad. En las conferencias que doy en universidades y en sindicatos veo que los jóvenes están convencidos de que en Perú la corrupción nunca será derrotada. Actitudes como las del gobierno refuerzan esta percepción.

Hace dos meses usted dijo que con este gobierno la lucha anticorrupción sería en serio. ¿Tanto ha cambiado su opinión?

Yo estaba convencido y participé activamente en la parte final de su campaña, respaldé públicamente su candidatura porque al frente había un enemigo indescriptible (el fujimorismo) y me siento tranquilo al haber contribuido en esa derrota. Yo mantengo aún mi confianza en el presidente, aunque me califiquen de ingenuo. El peligro es que si no toma decisiones en este primer año, es difícil que lo haga después.

¿Su anuncio de iniciar una cruzada contra la corrupción no es suficiente para empezar?

Es que el combate a la corrupción tiene que ser frontal, pero además demostrar cumplir con las promesas electorales y ejecutar un conjunto mínimo de medidas que genere confianza en la población. Es penoso que el gobierno haya renunciado a la reforma del Estado, pues no cumple, no brinda seguridad, justicia, salud, educación, no brinda nada.

Y que son las bases de la gran transformación que ofreció el presidente en su campaña…

Se han dado medidas de ayuda social como Pensión 65 y Beca 18, como seguramente lo pudo hacer Keiko Fuijimori o el señor Kuczynski. Eso no es la gran transformación, que es poner al Estado al servicio de las grandes mayorías y que cumpla con funciones establecidas en la Constitución.

¿Qué le parece el manejo de las protestas en Cajamarca?

Fue pésimo. El presidente debió viajar a Cajamarca y explicarle a la población por qué tuvo un discurso en la campaña electoral en determinado sentido, el que no puede negar, y por qué ahora considera que debe haber otra posición.

¿Debió liderar el diálogo?

Faltó diálogo. No se puede imponer las cosas y en este tema ambas partes cometieron errores, tuvieron actitudes poco dialogantes.

¿Se quiso imponer el estilo militar, en que se acatan las órdenes sin murmuraciones?

Se tiene que aprender a escuchar las ideas de otros. Pretender imponer las ideas mediante métodos autoritarios es una muestra de debilidad. La legitimidad de un gobernante se da cuando cumple con sus promesas, esa es su autoridad moral, su fuerza. Así funciona en democracia.

FUJIMORI TIENE PRIVILEGIOS

Usted planteó un peritaje internacional sobe el estado de salud de Fujimori antes de concederle el indulto humanitario...

Bueno, todo esto se ha aclarado y los informes difundidos determinan que el señor Fujimori, felizmente, no padece de un cáncer terminal.

El reglamento permite el indulto humanitario para casos de enfermedad grave, no terminal, si las condiciones de reclusión afectan su estado…

Las condiciones en que está recluido de ninguna manera agravan su dolencia. Al contrario, está en condición de privilegio que no tiene ningún preso, pues ha recibido 290 visitas en tres meses y eso revela que no está tan mal. Además, hay un médico y una enfermera permanente y es trasladado cada vez que requiere al Hospital de Neoplásicas. Entonces, no se puede decir que la carcelería que sufre agrave su salud. Por eso la estrategia de los que quieren que salga va ahora por afirmar que el indulto es una decisión política y que no son fundamentales los exámenes médicos.

Con estas condiciones ¿cree que el presidente lo indulte?

Espero que no, porque no se dan los presupuestos que pide la norma. La Corte Interamericana y las leyes peruanas señalan que en delitos de lesa humanidad y secuestros no procede un indulto. Hacerlo sería un golpe al estado de derecho. Si se cumple con las exigencias del indulto humanitario nadie se puede oponer, pero si no, sería un insulto al país.

La derecha tradicional y más cavernaria parece haber engullido a Ollanta Húmala. Las accione de lucha contra la corrupción no han sido eficaces ni tienen viso de ser implementadas pronto. Hay muchos intereses de por medio y Ollanta parece ha sido diezmado para proseguir con la política del borrón y cuenta nueva. El Perú necesita de cambios urgentes para poder avanzar en la lucha frontal contra esta lacra pero la decisión política es una necesidad que parece necesitamos esperar algunas décadas mas. Esperemos estos augurios negativos del 2011 se conviertan en algo positivo y que el 2012 las acciones de cambio e inclusión eleven la moral de la sociedad. Lo dudamos pero ‘la esperanza es algo que no se puede perder’. ASACLC

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción: sobre coherencia y ponderación en la lucha anticorrupción

2011-09-30T01:42:00.000-07:00

Fueron 19 votos a favor, ninguno en contra, y la extraña posición de los congresistas de Alianza Parlamentaria que votaron junto a la previsible postura fujimorista: se abstuvieron. Con este resultado fue aprobado el dictamen de la Comisión de Constitución que modifica el artículo 41º de la Constitución Política incorporando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Una medida que se aplicará tanto para los funcionarios públicos como para los privados que participen en los actos ilícitos; y que hasta la fecha está pendiente de votación en el Pleno del Congreso.

Lea el artículo completo en:
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=664

“A mí no me mueve el odio”

2011-09-22T15:18:00.000-07:00

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110922/7/node/387080/todos/15

Entrevista: Javier Diez Canseco.

Rechaza las acusaciones de “subjetivo” con las que otros legisladores cuestionan la posibilidad de que presida la comisión que investigará gobierno de Alan García.

Ana Núñez.

Estamos camino a aprobar la no prescripción de los delitos de corrupción. Esta es una norma muy importante, pero muchos corruptos ya quedaron impunes...

Este es un gesto político de que estamos poniendo empeño en cumplir lo que hemos prometido, pero también es una medida legal trascendente para que los delitos de corrupción graves puedan ser perseguidos de por vida. Esto tiene que ver con el hecho de que la corrupción se ha convertido en un fenómeno extraordinariamente extendido en el Perú...

Las normas no pueden ser retroactivas. Muchos corruptos ya se acogieron a la prescripción...

Sí. Lamentablemente, se manipuló al Ministerio Público y al Poder Judicial. Además, se desmanteló el sistema anticorrupción. Eso, en mi opinión, fue intencional, y es parte del pacto entre las fuerzas políticas que manejaron el gobierno que presidió Alan García.

¿Alan García quiso encubrir la corrupción fujimorista?

Es el “hoy por ti, mañana por mí...”. En esa lógica se aflojó todo el sistema anticorrupción notoriamente. Lo más grave ocurrió en el Congreso, donde las investigaciones culminaron en nada. Los niveles de fiscalización fueron ínfimos. Los grandes éxitos fueron meterle cinco años de cárcel a una persona que presentó facturas por 400 soles de pollo. ¿Y todo lo que se hizo en obras públicas
sobrevaluadas o en privilegios tributarios indebidos? No hablamos de cientos de soles, sino de cientos de millones...

¿Hablamos de una corrupción comparable en su magnitud a la del fujimorismo?

Las investigaciones dirán qué es lo comparable y qué no es comparable. Alan García ha manejado muchísimo dinero y se han hecho obras, por supuesto, pero el tema es cuánto nos costaron. Ojo que la Contraloría dijo que casi el 15% del presupuesto nacional se va en corrupción, eso no es poca cosa...

Es un escándalo

¡Es un asalto! Y es un tema que debe enfrentarse. Es un acierto que el Congreso haya aprobado una comisión investigadora para la corrupción del gobierno pasado, pero a su vez que se haya planteado que ésta no solo tenga que aclarar casos, sino que deba hacer propuestas para cambiar políticas, sanciones... Hay delitos cometidos por gente de cuello y corbata que tienen penas ínfimas. Un “pájaro frutero” recibe pena superior a quien se levanta en peso un banco. Eso está mal y se tiene que corregir.

Avanzamos en buena dirección con la norma de la no prescripción, entonces...

Así es, pero en la norma propuesta falta –en mi opinión– incluir la posibilidad de la inhabilitación de por vida a quien haya sido sentenciado por delitos de corrupción graves. Yo voy a insistir en presentar el tema de la inhabilitación, y voy a insistir en lo siguiente: que la imprescriptibilidad debe afectar además los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.

¿Aspira a ser presidente de la comisión que investigará el gobierno de Alan García?

No, yo no aspiro a ser presidente ni he pedido serlo. He dicho públicamente que estoy cansado de ser ‘el fiscal del Congreso’. Soy una persona que también construye. Lo he demostrado con mi trabajo con las personas con discapacidad, con la legislación en favor de los trabajadores, con normas en favor de la promoción del agro. Pero he desviado una gran parte de mi tiempo en la función de ser fiscal. Mi casa ha sido dinamitada, mi auto quemado, a mis hijos los han amenazado y trataron de secuestrarlos. Yo tengo un hijo que hasta ahora duerme con la luz prendida... Entonces, ya estuvo bueno, ¿no?

¿Y si se lo pide su bancada?

Yo asumo lo que haya que asumir, pero quiero que el señor Bruce, el señor Mulder, el señor Iberico o quien quiera declarar tengan claro que yo no estoy en campaña...

O Yehude Simon, que dice que Ud. no debe ser presidente porque tiene una pasión contra el Apra.

Yo no tengo ninguna pasión contra el Apra, tengo una pasión por el Perú, por la justicia, por la verdad. A mí los odios no me mueven... me mueven los afectos, las lealtades . Me siento fastidiado con el hecho de que se diga que yo soy un subjetivo... Si alguien ha sido apasionado en su vida, ha sido Yehude. O ¿ya no se acuerda de sus tiempos y de sus pasiones?

¿Lo dice porque se le vinculó con el MRTA?

No, pero él ha sido parte de Patria Libre y fue detenido, y hubo una tremenda batalla en la que participé con pasión para que tenga el indulto.

¿Siente que lo vetan?

Sin duda, y no sé qué ponen en cuestión. Aparentemente mi estabilidad emocional, porque dicen que tengo odios. Mire, yo tengo 63 años, inicié mi actividad política a los 17, y me desempeño casi 28 años en la función pública. No he tenido un solo juicio y me he enfrentado con todos los presidentes, con las instituciones que violentaban derechos humanos: Sendero Luminoso y elementos de las Fuerzas Armadas. He presidido las comisiones más espinosas, sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Que me digan en cuál mentí. Yo actúo con respeto a determinados principios, y me parece injusto el trato de apasionado que suelen darme.

“En China, por corrupto fusilan al funcionario”

La imprescriptibilidad tiene detractores. Ellos afirman que se vulneran principios fundamentales de las personas...

Oiga, cuando un país enfrenta una situación tan grave de corrupción como la que enfrenta el Perú, se tiene que aplicar una política de shock. Hoy la sociedad necesita un mensaje claro sobre el tema.

Se necesitan medidas duras contra la corrupción...

Sí, y lo duro que se aplica acá es menos de lo que se aplica en otros lados. Hay países, como China, donde por corrupción fusilan al funcionario. ¡Lo fusilan!

¿Usted propondría eso?

No, yo soy contrario a la pena de muerte. Pero creo que se debe poner las penas más duras posibles, y que el que corrompe y el corrupto sepan que cuando entran en el negocio pueden terminar sentenciados y nunca más ser contratados o contratar con el Estado.

El Aprismo es la lacra: La corrupción al más alto nivel.

2011-08-28T00:00:00.000-07:00

“El centro del problema de la corrupción es el narcotráfico”

2011-08-03T04:41:00.000-07:00

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=fSCHocM8h00=

Walter Carrillo Sánchez wcarrillo@editoraperu.com.pe

Para el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez el flagelo del narcotráfico es el centro del problema de la corrupción en nuestro país. Resaltó que durante la época del ex asesor Vladimiro Montesinos, el Perú estuvo en peligro de convertirse en un narcoestado. En diálogo exclusivo con el Diario Oficial El Peruano, el también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció una serie de iniciativas legislativas para establecer políticas destinadas a enfrentar y castigar ejemplarmente los delitos relacionados con la corrupción de funcionarios.

¿Cuáles son las iniciativas que la Comisión ha hecho llegar al presidente Ollanta Humala en el tema anticorrupción?

–Una de las primeras propuestas que le hemos alcanzado al presidente Humala por intermedio del jefe del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, ha sido legislar en torno a la imprescriptibilidad de los juicios por corrupción, es decir, que no haya borrón y cuenta nueva como tantas veces ocurre. Y vemos con enorme satisfacción que la propuesta la incluyó en su mensaje del 28 de julio.

¿En qué otras materias coordinará con el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción?
–Creo que la persecución del delito de narcotráfico debe ser extremadamente rigurosa. Hemos detectado que el centro del problema de la corrupción es el narcotráfico y ahí se debe atacar de una manera sistémica desde sus inicios, en el sembrío de la coca hasta el embarque de la droga en aviones o barcos.

¿Estamos camino a un narcoestado?
–Vladimiro Montesinos estuvo a punto de convertir al Perú en un narcoestado. Fue una experiencia dolorosa de la que deberíamos sacar lecciones para no repetirlas. El retorno a la institucionalidad democrática nos salvó de ese peligro. También se ha hecho un plan de prevención de lavado de activos y la sustitución de cultivos de coca por alternativos, como café orgánico. Pero hay puertos como Paita y Callao donde se debe poner énfasis en las tareas de prevención.

¿Se han activado mecanismos para evitar este problema?
–Sí. La propuesta del presidente Ollanta Humala para la cumbre antidrogas de países de la región es una muestra de su preocupación por el tema. No podemos repetir la historia de Birmania o las zonas liberadas de Colombia. El narcotráfico es muy peligroso para toda sociedad.

¿Qué otras acciones tiene planeadas la Comisión?
–Trataremos de elaborar con el sector Justicia un banco de iniciativas legislativas destinadas a lanzar novedades, como acortar los procesos judiciales y elevar la producción del sistema de justicia.

¿Cuáles son los mecanismos que está diseñando la CAN en esta lucha anticorrupción?
–Estamos trabajando para establecer una red que tenga como centro articulador a la Comisión, que reúne a todas las instituciones del Estado, a la alcaldesa de Lima y al presidente de la asamblea regional, y desde ahí continuar con un proceso de lucha contra la corrupción que involucre a los gobiernos regionales, provinciales y locales.

¿Cuál sería el objetivo?
–La malla tiene el objetivo de recoger todas las denuncias e ingresarlas en un software especializado en materia de corrupción, procesarlas y luego derivarlas al MP, que se encargará de convertir las denuncias en casos de carácter judicial. Y de una manera expeditiva, y utilizando el Nuevo Código Procesal Penal, se haría la acusación, el juez la recibiría y en un plazo perentorio resolvería por mecanismos conciliatorios, por aceptación temprana o por fallo de carácter judicial inmediato.

¿Es necesaria una campaña para sensibilizar a la gente?
–Es indispensable una campaña pública y coincidimos con voceros del nuevo gobierno en señalar que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, pero también debe ser prioridad de los gobiernos regionales, locales y de los centros educativos, implementando el curso de educación cívica para reconstruir los valores. Este tipo de campañas ha sido exitoso en otros países.

Nuevo sistema permite evaluar magistrados en tiempo récord

En otro momento de la entrevista ofrecida a este medio, el presidente de la CAN, Gonzalo García Núñez, se refirió a la evaluación de magistrados.

¿Al frente del Consejo Nacional de la Magistratura se han reducido los procesos para ratificar a los magistrados?
–Hemos desarrollado un sistema que permite evaluar directamente al magistrado. Ahora resolvemos en tres horas después de culminada la entrevista si el juez o fiscal es ratificado. Este proceso antes duraba de dos a tres meses. Y si el magistrado presenta un recurso extraordinario, este se resuelve en menos de una semana.

¿En qué estado se encuentra el proceso de ratificación?
–Empezamos por el norte, centro y seguiremos por el sur del país. En realidad, este proceso nunca acaba porque cada siete años se tiene que evaluar a jueces y fiscales y ratificarlos de acuerdo con criterios profesionales y de idoneidad.

¿Cuáles son esos criterios de idoneidad?
–Se tiene en cuenta si ha sido sometido a medidas disciplinarias, si ha sido demandado por usuarios del sistema de justicia o si por razones institucionales fue sometido a proceso de investigación por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. Además, debe exhibir una trayectoria ética impecable.

¿Qué otros factores se aplican en el proceso de evaluación?
–También evaluamos sus ingresos y gastos, el flujo de ahorros e ingresos. Y coordinamos con la Contraloría General de la República métodos para examinar las redes familiares, es decir, sus cuentas bancarias. Esa situación permitiría hacer un seguimiento de la coima.

¿Qué influye para la no ratificación de los magistrados?
–El CNM no se casa con nadie. El juez que ha aplicado penas blandas a violadores de menores, que determinó la comparecencia en lugar de la cárcel para delitos como el narcotráfico o rebajó penas no es ratificado. A cada juez o fiscal le estudiamos su récord de acusaciones y sentencias.

Si se recupera dinero robado en los 90, habría dinero suficiente para programas sociales

2011-08-02T07:24:00.000-07:00

Mar, 02/08/2011 - 08:05

http://www.larepublica.pe/02-08-2011/si-se-recupera-dinero-robado-en-los-90-habria-dinero-suficiente-para-programas-sociales

Us$ 14,000 millones. astronómica suma queda por cobrar al fujimontesinismo. Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.

Edmundo Cruz y Jonathan Castro

El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.
A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008. Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.

En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.

De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.

Recuperaciones magrasEn ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.

El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.
La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.

El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.

El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.

Por qué tanta demora

La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.

En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.
En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.

La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.

El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.

Lo que se necesita

Si el nuevo gobierno desea realmente potenciar el sistema, debe comenzar por dotarlo de los peritos suficientes en calidad y número para las acciones de seguimiento, ubicación y repatriación de dineros.

A la fecha teníamos unas 108 investigaciones preliminares, pero 30 de ellas han tenido que ser archivadas por la falta de peritos. Esta deficiencia no solo afecta la rapidez del proceso sino que genera impunidad.

La falencia es aún más notoria en las regiones. A menudo los escasos técnicos de la región entran fácilmente en conflicto de intereses con los personales o empresas a seguir.

Datos

Deudas impagas. Reparaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascendentes a 472 millones de soles, podrían honrarse si se pusiera mano firme a los corruptos de la década del 90.

Acumulación irresponsable. Las obligaciones acumuladas por el incumplimiento de los acuerdos con la CIDH llegan a sumar hoy 4 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia de 144 millones de soles.

Todo lo que se podría construir

El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que los programas sociales comenzarán a implementarse en el último trimestre de este año. Su implementación “no debe superar los mil millones de soles en el 2012”, sostuvo.

Los técnicos de Gana Perú proyectaron 12 mil millones de soles para Pensión 65 del 2012 y 2015. Y la ampliación gradual de Juntos hasta llegar a 1.267 millones de soles en el 2016.

En un parangón con el monto de la corrupción de los 90, Alberto Quiroz sostiene que con los 14 mil millones de dólares que se llevó el fujimontesinismo se pudo pagar mil soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años.

Habrá cárcel efectiva para los corruptos

2011-07-29T00:17:00.000-07:00

ASACLC en 2009 planteo: “3.- Se tramite e implemente una ley para definir "que el mal uso de los recursos del erario nacional son actos de corrupción política que no solo afectan la estabilidad política, social, democrática del Perú, si no también la integridad, el desarrollo y la seguridad nacional, y como tal, estos hechos deben ser juzgados como actos de traición a la patria y juzgados con rigor y celeridad",

4.- Los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles ...”

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110729/10/node/371630/todos/15

Mensaje. Plantea imprescriptibilidad e inhabilitación de por vida para infractores. Propuestas similares se han escuchado desde el gobierno y de la sociedad civil desde el 2001. Sin embargo, Congreso no consiguió aprobar normas.

César Romero C.

  La corrupción es un problema de seguridad que afecta el desarrollo del país, expresó el mandatario electo Ollanta Humala al referirse a uno de los temas más desafiantes para su Gobierno. 

Humala propuso la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción y la inhabilitación, a perpetuidad, para ejercer nuevo cargo público, a los corruptos y sus cómplices.  También planteó la supresión de las penas condicionales y de los beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos de corrupción, de modo que los condenados cumplan efectivamente en la cárcel las condenas. 

Los planteamientos de Humala para reforzar la lucha contra la corrupción generaron expectativa en los medios judiciales. Sin embargo, abogados y magistrados recalcaron que hay que esperar la propuesta específica del presidente del Consejo de Ministros, quien debe elevar al Congreso los proyectos de ley al respecto. 

Asimismo, recordaron que no es la primera vez que se plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El tema ha sido referido desde el 2001 como iniciativa del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil. 

En abril del 2001, el grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), creado por Resolución Suprema N° 160-2001-JUS, planteó “la promoción de los principios de imprescriptibilidad”, para evitar la impunidad. 

Posteriormente, en la apertura del año judicial 2008, el entonces presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, informó que “la Sala Plena ha sometido a discusión una iniciativa de ley que establezca que los delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública tengan el carácter de imprescriptibles”. 

Pero esas propuestas, de reforma legislativa e incluso constitucional destinadas a fortalecer la lucha contar la corrupción, no prosperaron.  

ANÁLISIS  El Congreso debe aprobar la reforma  Pedro Gamarra  Procurador anticorrupción  

Las propuesta planteadas por el presidente Ollanta Humala requieren modificaciones en las leyes penales que deben ser aprobadas por el Congreso de la República. 

En el tema de la inhabilitación a perpetuidad para condenados por corrupción podría colisionar con la defensa de los Derechos Humanos, pues la sanción iría más allá de la pena.  

El tiempo de inhabilitación corre actualmente junto con la pena, por lo que cuando esta se extingue, el ciudadano queda habilitado en todos sus derechos y puede postular a un nuevo cargo público. 

Además sería importante que esta sanción a perpetuidad alcance también a los militares que han delinquido. Actualmente, a los militares que se les condena los pasan al retiro y se van con todos sus beneficios pensionables.   Positivo mensaje anticorrupción  Pablo Sánchez Velarde Fiscal supremo   Fue un discurso interesante. Se ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción que nos parece muy positivo. El presidente hizo una exposición de líneas generales de su política de gobierno, por lo hay que esperar la propuesta concreta que deberá presentar el Ministerio de Justicia.  

En la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción hay consenso, por lo que es de esperarse que el Congreso la apruebe. Otras propuestas, como el trabajo forzado para condenados por graves delitos, pueden requerir de una reforma constitucional, pues la Constitución ampara la libertad de trabajo. 

También puede haber debate para establecer una pena efectiva para los delitos de corrupción, pues la tendencia legislativa actual era despenalizar las penas cortas y, además, no se puede hacer distingos.

Discurso Presidencial de Ollanta

2011-07-28T23:12:00.000-07:00

El caso Comunicore: Nuevos destapes

2011-06-22T03:09:00.000-07:00

Fuente: http://idl-reporteros.pe/2011/06/21/el-caso-comunicore-nuevos-destapes/

IDL-Reporteros consiguió el informe final de la comisión investigadora de la Municipalidad de Lima sobre el caso Comunicore, que preside la regidora Marisa Glave, y da a conocer de inmediato las principales novedades que contiene. Una de las más importantes es que el ex alcalde Luis Castañeda tuvo pleno conocimiento de lo que sucedía en el caso Comunicore, el mayor escándalo que salpicó su gestión. Otros hallazgos incluyen operaciones bancarias encubiertas, deudas sobrevaluadas para generar saldos con qué pagarle a esa empresa y documentos presuntamente falsificados. A continuación, la reseña del caso y del informe.

Por Daniel Yovera.-

El caso Comunicore reventó el 16 de diciembre del 2009, cuando se reveló que los principales gerentes de la gestión de Luis Castañeda –hombres de toda su confianza desde hacía dos décadas–, beneficiaron entre los últimos días del 2005 y los primeros del 2006 a una desconocida empresa llamada Comunicore, con el pago de una deuda de S/. 35.9 millones, que no estaba presupuestada y que se canceló de un porrazo pese a que debió hacerse en diez años.

La denuncia motivó la intervención de la Contraloría de la República y la investigación de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre del 2010 determinaron que la millonaria operación fue ilegal y perjudicial para los intereses del fisco municipal. El Ministerio Público denunció a 15 investigados, incluyendo a Castañeda, pero el Poder Judicial sólo abrió proceso a 14, excluyendo al hoy ex alcalde.

Cuando Susana Villarán asumió la alcaldía metropolitana, constituyó la ‘Comisión Especial para el caso Relima-Comunicore’, presidida por la regidora Marisa Glave. Su trabajo concluyó esta semana, e IDL-Reporteros tuvo acceso al informe final que será presentado el jueves ante el Consejo Metropolitano.

Sus hallazgos arrojan varias nuevas evidencias, entre ellas el conocimiento y el manejo que tuvo Castañeda de la operación.

Los 21 millones sobrevaluados
La comisión Glave ha encontrado que para pagarle a Comunicore los S/. 35.9 millones, la municipalidad recurrió a un crédito de S/. 87 millones, que debía ser destinado exclusivamente para pagar deudas que mantenía con el sistema financiero. Así, en setiembre del 2005, el BCP le prestó S/. 47 millones, e Interbank, S/. 40 millones.

Ese crédito debía supuestamente servir para que la comuna pague S/. 23 millones al Wiese Sudameris, otros S/. 17 millones al mismo banco por una deuda de EMAPE, S/. 16 millones a Interbank, y S/. 31 millones al BCP.

Sin embargo, la comisión ha encontrado que la deuda total de S/. 87 millones estaba inflada varios millones. Por ejemplo, la deuda real de EMAPE no era de S/. 17 millones, sino de S/. 13 millones.

Pero EMAPE no necesitaba ese dinero y nunca lo pidió para pagar su deuda con el Wiese. De hecho, semanas después de recibir el dinero, el gerente de Finanzas edil y hombre de confianza de Castañeda, Juan Blest, le pidió que se lo retorne a las arcas municipales. Así es como retornaron S/. 13 millones, los mismos que, sumados a S/. 8 millones que no se precisaron desde el comienzo, generaron los S/. 21 millones que la gestión de Castañeda estaba buscando para pagar el grueso de la deuda a Comunicore.

Según el informe Glave, “los S/. 21 millones sobrevaluados mediante un proceso de encubrimiento, se hicieron pasar como recursos propios y así fueron presentados ante el Congreso de la República”, que el año pasado indagaba por el asunto.

Cabe señalar que, para manejar ese tipo de asuntos Castañeda nombró a Juan Blest como director general de Finanzas el 24 de agosto del 2005 pero con retroactividad al 1 de enero de ese año.

La extraña renovación del contrato
Entonces, el Municipio ya había renovado el contrato por diez años más con Relima, el 4 de agosto, pese a que varios informes legales internos y externos de esa época, dieron cuenta de una larga lista de incumplimientos del contrato de parte de la empresa brasileña. Por eso, la comisión Glave considera ‘irregular’ esa renovación, “dado que la administración municipal (en coordinación con Relima y Comunicore) privilegió los intereses privados en desmedro del interés público”.

Ese mismo 4 de agosto, a partir las 4:30 de la tarde, sucedieron tres acciones en tiempo récord: se aprobó la renovación del contrato en la Comisión de Asuntos Legales, pese a no ser punto de agenda; se aprobó lo mismo en Sesión de Concejo, entre 5:05 de la tarde y 7:20 de la noche; y minutos más tarde, se suscribió el nuevo contrato 2005-2015. Gracias a ello, Relima recibe hoy un pago anual de casi S/. 55 millones por el servicio de limpieza del Cercado de Lima.

Pero en ese 4 de agosto pletórico de eventos ocurrió hasta uno que pareciera paranormal. Y es que la Comisión Glave encontró dos actas de dos reuniones de la Comisión de Asuntos Legales, que habrían ocurrido en el mismo día, la misa hora y el mismo lugar.

La primera acta, No 39, corresponde a una sesión extraordinaria que se inicia a las 3 de la tarde, y no indica como punto de agenda la renovación del contrato; la segunda, No 40, es de una sesión ordinaria que indica que “se continuó tratando el tema de la renovación del contrato”.

Extraño, pues en la primera sesión este asunto nunca se trató. Se trata, para la comisión, de dos sesiones superpuestas y con contenidos distintos, en las que, coincidentemente, el teniente alcalde Marco Parra –quien presidía la citada comisión– “pasó a retirarse”.

“En consecuencia –dice el informe final– existen indicios razonables de la comisión del delito de falsificación de documentos, el que, aún de no comprobarse, añadiría un hecho más a favor de la hipótesis sostenida sobre la intención de renovar el contrato de todas maneras, haciendo lo que fuera necesario hacer, incluso si se rompía –como parece haber sucedido- la legalidad”.

Mudo pero despierto
Mientras duraron las negociaciones entre el municipio y Relima, y posteriormente, entre el municipio y Comunicore, todo el manejo financiero estuvo a cargo de Blest, por disposición de Castañeda Lossio.

Pero en los últimos días del 2005, cuando la historia entraba a su fase final y había que tomar decisiones definitivas para concretar la salida del dinero para Relima (y luego, para Comunicore) Castañeda pidió licencia al consejo Municipal, a cuenta de sus vacaciones, y dejó su sillón entre el 9 y el 20 de diciembre.

Entre tanto, el mismo 20 de diciembre, Comunicore le compraba la deuda a Relima y le enviaba al municipio las facturas exigiéndole el pago íntegro y de inmediato. Luego, el 27 de ese mismo mes, el Concejo volvió a conceder al líder ‘solidario’ otra licencia, del 28 de diciembre al 8 de enero del 2006.

Antes de partir, el 27 de diciembre, Castañeda le encargó al gerente financiero Blest, la Gerencia Municipal, la misma que ejerció entre ese día y el 2 de enero del año siguiente, con lo cual tenemos que Blest estuvo a cargo del municipio durante varios días feriados. El hecho es que el martes 3 de enero, primer día hábil del 2006, Comunicore ya recibía los primeros 19 millones en su cuenta. Cinco semanas después, había recibido ya todo el dinero.

IDL-Reporteros intentó ubicar a Luis Castañeda, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Con quien sí conversó fue con el ex teniente alcalde, Marco Parra, quien señaló que le delegó funciones a Juan Blest de “manera general”. “La delegación siempre fue de carácter general, no para el caso específico de Comunicore”, señaló. También dijo que no estuvo presente en la “doble sesión” de la Comisión de Asuntos Legales, debido a que nunca asistía.

ASACLC espera que el electo Presidente Ollanta Humala emprenda una lucha frontal contra esta lacra que se enriquece a costas del empobrecimiento del pueblo peruano. Si los millones de dólares que roban estos delincuentes se invirtieran en la educación del pueblo peruano, el Perú tendría nuevos rumbos y nuestra percepción de modernidad y democracia tendría diferente sentido. Estamos seguros que dentro de un concepto democrático moderno personajes como Alan García y el clan Fujimori que están profundamente comprometidos con el pillaje del erario nacional, no existirían como expresión política pero si como reos. Por ello, como peruanos comprometidos con el desarrollo social de nuestro Perú, seguiremos con nuestra lucha contra la corrupción hasta que nuestra sociedad desterré de una buena vez esta lacra que mella nuestra integridad como seres humanos.

Las Arrugas de "Meche"

2011-06-20T06:09:00.000-07:00

El Aprismo manejado por Alan es sinónimo de corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad y robo del erario nacional. Esperemos el pueblo peruano recuerde este tipo de abusos y el robo que sufre de su futuro.

La derrota del fascismo

2011-06-20T06:05:00.000-07:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/19-06-2011/la-derrota-del-fascismo

Dom, 19/06/2011 - 05:00

Por Mario Vargas Llosa

La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.

“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.

El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.

Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.

La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.

El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.

Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.

¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.

Avelino Guillén: Hubo un gran retroceso en la lucha anticorrupción

2011-06-16T07:29:00.000-07:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/16-06-2011/avelino-guillen-hubo-un-gran-retroceso-en-la-lucha-anticorrupcion

Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.

Ana Núñez.

¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.

¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.

Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.

Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...

Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.

Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.

¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.

¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.

¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.

¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.

¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.

¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.

Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.

“Yo soy un soldado de la democracia”

¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.

¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.

¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.

Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.

2011-06-05T21:08:00.000-07:00

El triunfo contra la corrupción es parcial, ahora necesitamos consolidar esta necesidad urgente y necesitamos mantenernos en alerta máxima para que el designio del Pueblo peruanos no sea violentado.

Contra la corrupción, impunidad, abuso a los derechos humanos y el asalto al erario nacional.

2011-06-03T09:08:00.000-07:00

Debate Presidencial: Comenzó el camino largo a recorrer

2011-05-30T04:20:00.000-07:00

Debate Técnico entre Gana Perú y Fuerza 2011

2011-05-23T07:13:00.000-07:00

Este debate muestra la inmensa diferencia que existe entre Gana Perú y Fuerza 2011. Mientras los técnicos de Gana Perú explicaron con solides los proyectos que ellos tienen para con el país, los técnicos de Fuerza 2011 se dedicaron a hacer preguntas y leer “sin ton ni son” el libreto que les prepararon. Las conclusiones sobre este “debate” son claras. ASACL, cree que el proyecto de Fuerza 2011 es solo el de mantener la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Esperamos el pueblo peruano tenga la oportunidad de recuperar su dignidad y haga un favor al futuro de sus hijos y al de las próximas generaciones.

Video vetado por el canal de la korrupción, Canal N

2011-05-20T08:28:00.000-07:00

"He trabajado junto con mi padre, soy testigo directo de lo que paso"

2011-05-14T07:41:00.000-07:00

La hoja de ruta de Ollanta

2011-05-13T19:16:00.001-07:00

Series de percepción electoral

2011-04-24T22:41:00.000-07:00

Compatriotas, es hora de rescatar nuestra moral y decir basta a la delincuencia política de mequetrefes que creen que el Perú es su burdel. En estas últimas elecciones dimos una lección de moral. El APRA, otro partido de la corrupción y la impunidad, fue expectorado casi como totalidad de la vida política del Perú, Este ejemplo debe imperar en tu conciencia, por que tu futuro y el de tus hijos esta en juego. El Perú es más grande que la delincuencia, continua diciéndole NO a la corrupción, los crímenes de lesa humanidad, la impunidad y al asalto del erario nacional.

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La miseria llamada “hija”. Ahora, según la negación de la moral cívica del Perú, Fujimori es el paladín de la democracia.

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Los misterios del crimen que repetiría si el peruano olvida un pasado despreciable. En ASACLC creemos que el peruano es mas que el crimen y la delincuencia como la corrupción, la impunidad, el crimen del manipuleo de la conciencia peruana, etc.

Compromiso político social de Húmala

2011-04-13T15:01:00.000-07:00

La peste de la corrupción crece con las dictaduras

2011-04-13T04:17:00.000-07:00

Los 351 millones de soles para la corrupción

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=84059

Se utilizaron millones de soles de los fondos públicos para comprar congresistas, jueces, fiscales, portadas en los diarios, pago a los dueños de los canales de televisión y de radios. También para los gastos de Montesinos y los estudios de Keiko y sus hermanos entre otras cosas.

El electo fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales sostuvo que el arresto domiciliario concedido al exministro Juan Carlos Hurtado Miller es raro y benevolente, porque el exfuncionario fujimorista ha rehuido desde el comienzo la acción de la justicia. “Realmente no conozco los pormenores, pero llama la atención que la sala haya optado por una medida de esta naturaleza que a todas luces resulta muy benevolente, dado que ha habido una actitud renuente a presentarse al proceso”, declaró.

De cómo Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial, transfirió fondos millonarios al Servicio de Inteligencia Nacional en forma secreta para financiar actividades ilegales. Además la historia del contralor contumaz de Fujimori.

Luego de la “entrega voluntaria” del prófugo Juan Carlos Hurtado Miller y su posterior devolución a su domicilio luego de 10 años de “clandestinidad” para no responder por la recepción de 334 mil dólares de Vladimiro Montesinos, queda aún saber por el destino de otros célebres reos contumaces, que no se sabe si aparecerán en medio de la actual primavera Fujimorista o si seguirán disfrutando en secreto del dinero mal habido. Uno de ellos es el excontralor Víctor Enrique Caso Lay, sin cuya participación no hubieran podido traspasarse fondos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos por un monto de 351 millones de soles en siete años.

A fines de febrero de este año, la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, declaró que de ganar las elecciones fortalecería la Contraloría General de la República “para desterrar actos de corrupción en el Estado”. Extrañas palabras para la hija de un presidente que todavía tiene a su excontralor en la condición de reo contumaz, por no haber respondido a la acusación constitucional por violación de sus deberes constitucionales que le formuló su propia institución y por haber estado coludido en diversos delitos orientados a encubrir las dolosas transferencias de dinero que se hacían para que el asesor Vladimiro Montesinos pudiera disponer regularmente de importantes cantidades de dinero a través del llamado “régimen de ejecución especial”.

La propia Contraloría determinó en el año 2001 que entre el 27 de junio de 1993 y el 28 de junio de 2000, correspondiente a la gestión de Caso Lay, “la Contraloría… no ha llevado a cabo acción de control de ningún tipo en el Servicio de Inteligencia Nacional”. En este lapso se emitieron una resolución cada mes para “operaciones de inteligencia”, no fiscalizadas ni controladas, y que incluyen, entre otros, los siguientes gastos:

* Actividades del grupo Colina y otros similares;

* Actividades de infiltración en partidos políticos y sindicatos;

* Financiamiento de campañas electorales (como el pago a Hurtado Miller y los que se hacían a Carlos Raffo);

* Pago de la prensa chicha;

* Pago a dueños de canales de televisión, radio y periódicos;

* Compra de congresistas; * Compra de jueces, fiscales, miembros del JNE, del Tribunal de Garantías Constitucionales y otros magistrados;

* Gastos personales de Vladimiro (casa de playa, viajes, ropa, amantes, etc.)

* Estudios de los hijos del presidente en el exterior, etc. El cuadro adjunto muestra la forma como se desembolsaban estos dineros.

Contraloría

¿Cuál era la responsabilidad del contralor? Una sola, actuar en nombre del Estado para verificar la aplicación de recursos para operaciones supuestamente reservadas, que si carecen de todo control se prestan para las peores arbitrariedades.

¿Cómo podría la señora Fujimori de Villanella encarnar una garantía de una Contraloría fortalecida que destierre la corrupción, si su padre instituyó una Contraloría encubridora que tapó diversos delitos, algunos de los cuales fueron en su propio beneficio?

En el año 1996, el congresista Javier Alva Orlandini requiere a la Contraloría de Caso Lay para que “remita información relativa a la ejecución presupuestal del Servicio de Inteligencia Nacional durante los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, recibiendo como respuesta “que la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de presupuesto público...”, como si ignorara que su función es controlar todos los aspectos de la ejecución presupuestal.

En el proceso que le abre la Contraloría al excontralor, el 2001, se anota: “…demuestra negligencia, pasividad y complacencia, ocasionando la omisión e inacción de que ha facilitado el descontrol existente en el Servicio de Inteligencia Nacional, hechos que configuran indicios razonables de la comisión del delito de abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes funcionales previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal.

A sabiendas

El mismo informe indica que son agravantes a la inacción señaladas el hecho que existieran numerosas denuncias públicas a través de diversos medios de comunicación referidas a las irregularidades que se venían cometiendo en el SIN, sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montesinos. Justamente en relación a esto, el excontralor Caso Lay hace declaraciones los días 18 y 19 de diciembre de 1999 sosteniendo que: “La Contraloría no está facultada para investigar al ex asesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que percibe provienen del Estado”.

Frente a esta audacia, el congresista Javier Diez Canseco declaró en la misma fecha que “es vergonzoso que el contralor Caso Lay manifieste que no conoce si Vladimiro Montesinos es funcionario público, ya que los propios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Fujimori, han admitido que Montesinos es funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional” (“Liberación” 18 de diciembre de 1999).

Efectivamente el asesor de Fujimori tenía desde 1992, el cargo de Asesor II, en condición ad honórem y el cargo de confianza de Asesor II, nivel F-5, en la alta dirección del SIN, conforme a Resolución del SIN del 91, y Resolución Suprema firmada por Fujimori, en 1996, respectivamente. Ambos documentos no podían ser desconocidos por quien ocupa el cargo de contralor.

denuncias

Otro informe de Contraloría de octubre de 2001, advierte que en los registros de la institución se encuentran los archivos de un estudio de organización realizado por ESAN en el año 1998, para la actualización del Plan Estratégico Institucional, que recoge opiniones de los directivos y funcionarios que señalan que el despacho del contralor “concentra las decisiones”, “determina finalmente lo que se hace y lo que no se hace”, “tiene información privilegiada y orienta las acciones y opiniones dentro del contexto político”, “tiene una alta presión política para tomar decisiones sobre auditorías que queman”.

Es decir que había una dictadura interna en la entidad de control sujeta a alta presión política. ¿De quién? Obviamente del presidente y el asesor principal. Con esto la Contraloría se convirtió en una entidad muerta, pasiva e indolente como se advirtió después del cambio de gobierno. Algo más, ese estilo tramposo de manejo institucional no desapareció con el advenimiento de la democracia de los 2000. A fines de octubre del 2001, el presidente Toledo logró nombrar a Genaro Matute como nuevo contralor y recuperó la indolencia que facilita la arbitrariedad de los gobiernos.

Raúl Wiener

Unidad de Investigación

Entrevista a Hildebrandt sobre libertad de expresión

2011-04-09T17:38:00.001-07:00

Keiko una aberración de la democracia

2011-04-07T14:44:00.000-07:00

Series de cierre de campaña

2011-04-06T06:59:00.000-07:00

El sida/cancer persiste

2011-04-03T15:08:00.000-07:00

Los culpables de esta miseria son los que continuaron con la secuencia y estrategia Fujimorista.. La corrupción en vez de ser combatida fue profundizada, especialmente con este último gobierno. La educación cívica del pueblo fue deliberadamente encarpetada debido a los grandes intereses que controlan el poder. Esos hechos son los que socavan la democracia.

Vote con responsabilidad: Tu futuro esta en juego

2011-04-01T19:56:00.000-07:00

El video es interesante pero, ¿Que responsabilidad social se encumbra si la educación cívica en el Perú esta por los suelos?

El Perú, ha decir de muchos, esta creciendo pero las pautas de desarrollo conjunto e innovador no existen. Es así, que estas elecciones generales se dan como mímica del pasado y las polémicas totalmente castradas no garantiza un entender sofisticado de selección ni voto. Los candidatos, especialmente aquellos que representan el status quo, no han dirimido sobre cambios substanciales que rompan estas brechas de desigualdad y emporio del olvido. Tampoco se han esforzado en presentarnos criterios nuevos como la inversión estratégica en la educación como pauta fundamental de desarrollo global del Perú.

La educación es un intrínsico que siembra valores, pero ello, también despierta la mente de la innovación y la competitividad elevada. El Perú, dentro de un contexto global, necesita urgentemente de estos valores y como tal necesita ser estricto en esta selección de su futuro.

Por ello, el reto que tiene nuestra sociedad, particularmente de aquella porción con mas entender político, es la de impulsar la verdad como canon de legitimidad y de crecimiento. La corrupción, el clientelismo, el concepto “que robe pero que haga obras”, el continuismo de la impunidad y otras perlas deben ser extirpados por que ellas a nada bueno nos conducen.

Triple C contra la corrupción

2011-03-21T04:00:00.000-07:00

ASACLC cre que "no hay mas ciego que el que no quiere ver". La lucha contra la corrupción no debe tener nombres por que este delito ha puesto al Perú en jaque. Defender lo indefendible es tonto, y por que no decir, incongruente y obtuso. El señor Castañeda ha demostrado que la transparencia no es de su estilo, especialmente cuando los eventos investigados le son negativos para sus intereses. Al igual, los sucesivos gobiernos no han tenido estrategias para dislocar y extirpar este mal social. Por ejemplo, los “lobys” y otros actos de compadraje son parte de esta gama corruptiva y son un continuo suceder an la vida política del Perú.

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/triple-c-contra-la-corrupcion_82282.html

Ex zar anticorrupción durante el régimen de Alejandro Toledo, el embajador Martín Belaunde Moreyra, defiende la gestión que realizó al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción y propone una nueva entidad con más facultades para luchar contra este flagelo que corroe la sociedad peruana. En su condición de número 1 de la lista de Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), deja de lado sus maneras diplomáticas para defender a su nueva tienda política.

-Estamos a menos de un mes de las elecciones y la campaña se ha caracterizado más bien por tratar temas triviales, ¿no le parece?
-No necesariamente. Solidaridad Nacional ha presentado propuestas y no son para nada triviales. Por ejemplo, la carretera de los Andes, la creación de dos millones de empleos, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la lucha contra la corrupción, son propuestas concretas.

-¿Qué proponen para luchar contra la corrupción?-
Nosotros queremos crear la Central Contra la Corrupción, también llamada “Triple C”, que va a ser una punta de lanza contra la corrupción. Para eso se va a necesitar una ley específica.

-¿En qué consiste?-
Un poco que recoge mi experiencia en la Comisión Nacional Anticorrupción y también algunas carencias y deficiencias que, desgraciadamente, obstaculizaron mi labor en esa oportunidad. La Central Contra la Corrupción es básicamente una unidad de inteligencia, integrada por abogados y gente de otras profesiones.

-¿Algo parecido a la Comisión Anticorrupción?-
Esto es mucho más concreto, es para recibir denuncias, de todos lados. Este es el verdadero sentido de la Central Contra la Corrupción: recibir denuncias.

-¿Pero ya no existen entidades encargadas de recibir denuncias, digamos el Poder Judicial, la Fiscalía…?-
Pero tienen un trámite muchísimo más lento. Claro, hay los fiscales anticorrupción, los jueces de la misma especialidad que reciben las denuncias que le formula el Ministerio Público, y la Contraloría. Todos pueden recibir denuncias, pero con todo respeto por la Contraloría, para mí es una entidad un poco paquidérmica, burocratizada.

-¿Qué hará la Triple C después de recibir las denuncias?-
Las evalúa. Son denuncias que se tramitarán con discreción, pero que no pueden ser anónimas. Luego se hace una investigación preliminar. Como consecuencia de esa primera evaluación, se prosigue con aquellas que tengan indicios y se descartan las que no. Con las que tienen (indicios) se lleva a cabo una investigación preliminar que determina que se tiene que citar a las personas involucradas para que presten su declaración. Citarlas de grado o fuerza, tienen que venir, con la misma autoridad de una comisión del Parlamento. En el pasado, si querían, no venían.

-¿Cómo se les va a dar estas facultades?-
Por ley, se va a crear una ley –ese es uno de los proyectos míos- y se le va a dar esa capacidad de citar de grado o fuerza, para dar su declaración testimonial bajo declaración jurada; si no dicen la verdad: delito de perjurio. Se evalúan más pruebas y, después, se dictamina el caso. Si hay indicios de un delito de corrupción se deriva al Ministerio Público, pero con un sentido de urgencia. Entonces, esta comisión puede derivar el caso al MP, puede coordinar para hacer a través de la policía –o del MP- arrestos para delitos en flagrancia. Y luego, puede exhortar también a los jueces, de todo nivel, para que se pronuncien sobre los casos de corrupción. Adecuadamente tratada, ésta sería una comisión ágil para recibir denuncias, la Contraloría es muy lenta.

-Con todo respeto, me parece que es lo mismo que se planteó con el Consejo Anticorrupción-
No, no, no, está Ud. totalmente equivocada, le digo por qué. El Consejo Nacional Anticorrupción señala políticas, no tiene ninguna capacidad de acción. Esto (la “Triple C”) no señala políticas, esto hace acciones concre-tas.

-¿Esta comisión se encargaría de estudiar, por ejemplo, hechos del gobierno que pasó?-
Eso ya se verá.

-Por ejemplo, ¿el caso “Petroaudios” podría ser objeto de estudio? -
No, y le diré por qué. Nadie se puede abocar a causas que ya están en el Poder Judicial. O sea, esto es para llevar causas al Poder Judicial, no para abocarse a causas que ya están en el PJ. Espere un instante… (Toma el texto de la Constitución) Artículo 149, Inciso 2: Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en sus funciones. Lo que está en el PJ, está en el PJ. Esa investigación no tendría ningún valor. Esto es para llevar casos al PJ.

“Yo emplacé a Eliane Karp”

-¿Reconoce un fracaso de la Comisión Anticorrupción que presidió?-
¿Ud. Sabe lo que hice en la Comisión Anticorrupción? Hice las siguientes cosas: no tenía poderes, pero yo emplacé a Eliane Karp.

-¿En qué año?-
(Muestra recortes de diarios en los que se lee noviembre del 2002)

-¿Y qué resultado tuvo esta acción? -
Bueno, renunció a un cargo que tenía, yo no tenía poder para denunciarla.

-Sólo podía reconvenirla y allí quedaba su función. -
Sí, pues, solamente eso.

- Ud., como abogado, sabía que era una institución inoperante, ¿por qué aceptó el cargo?-
No, no era tan inoperante. Por lo menos renunció (la ex primera dama). ¿Quién lo hizo?, este pecho lo hizo

-¿Ese es uno de los logros? -
Bueno, yo hice otras cosas. Yo me peleé y renuncié.

-El ex procurador Omar Chehade asegura que no hizo nada relevante-
Miente, miente. Mire, aquí lo tiene (más recortes sobre su enfrentamiento con la ex primera dama, por aquellos años). Le puedo enseñar la resolución si le interesa. Oiga usted, ¿quién se ha enfrentado a LA PRIMERA dama?

-¿Y qué le dijo Toledo en ese momento? ¿Intervino de alguna manera, le dijo algo?-
No, Toledo no… el Primer Ministro se molestó conmigo. Solari, estaba un poco así, ensoberbecido, pero después ya no. El es amigo mío… Ese funcionario cómo se atreve, ¿no?, yo estaba haciendo mi trabajo. Y el anterior Primer Ministro decía: no te metas en eso. Entonces, yo les decía: ¿para qué me has nombrado? Estaban equivocados y tuve una serie de roces y al final me sacaron, aunque me dieron, lo que se llama un premio consuelo, el cargo de embajador en Argentina.

-Esta es una de las razones por las que se distanció de Toledo?-
No, en ese momento no me distancié. Yo no estoy peleado con Toledo, ah.

-¿Ah, no? Pero no lo ha recibido ahora que se lanzó a la presidencia-
Bueno, cuando lo llamé, nunca me contestaba la llamada. Cuando yo era embajador lo llamaba para saludarlo, como es usual, como recibí las lecciones de mi padre que fue muchos años embajador en Naciones Unidas, cuando venía al Perú iba a saludar al presidente de la República.

-En un eventual gobierno de Solidaridad Nacional Ud. se va a encargar del tema anticorrupción? -
En el Congreso sí, yo voy a presentar este proyecto de ley con estas características.

-¿La propuesta considera también la figura de un zar anticorrupción, como en su tiempo?-
A mí no me gusta el nombre de zar, nunca me gustó.

-De verdad, resulta huachafo en un país latinoamericano-
Yo en realidad lo que quisiera tener es esa unidad a cargo de un jefe, pero con poderes efectivos. Yo tenía ciertas facultades, pero estaban limitadas.

-El señor Castañeda ha sido denunciado hace poco, por aparentes actos de corrupción, ¿esto no mellaría la labor de esta Triple C?-
En absoluto, por el contrario ha sido excluido por una resolución judicial. Además, quien inició la investigación en el caso Comunicore fue el propio Castañeda. No nos olvidemos, además, que en el caso Comunicore se trata del pago de una deuda real, legal, determinada por un laudo arbitral.

-¿Quiere decir que no tiene razón de ser ese juicio?-
Yo creo que ese juicio va a quedar en nada, porque no hay nada ilegítimo.

-Pero está demostrado que se creó una empresa fantasma para cobrar el dinero.-
Puede ser, pero no es ilegal. En el Perú existe lo que se llama la cesión de créditos o transferencia de créditos. La deuda era legal y se tenía que pagar, entonces, una empresa aparentemente constituida por funcionarios de ReLima vendió esa deuda a la otra empresa que se presentó y dijo: páguenme.

-¿Y no le ve visos de irregularidad a esta operación?-
No, yo lo que veo es que la deuda es real, Ud. puede vender la deuda a un tercero. Esta es la venta de una deuda. ¿Dónde está la ilegalidad que usted intuye o sospecha?

-En la constitución de una empresa fantasma para cobrar un dinero, en el uso de testaferros para hacer efectivo el pago... -
Bueno, pero la empresa fantasma o no fantasma, existió. Quien podría protestar es la gente de ReLima, ésta es la transferencia de un privado a otro privado, ¿la Municipalidad de Lima podía negarse a pagar la deuda?

-Pero, ¿se puede hacer eso con dineros públicos?, se trata de dinero de la Municipalidad. -
Pero la deuda existe.

Canon minero

-¿En qué aspectos centrales va a centrar su trabajo?-
Creo que debe estudiarse muy seriamente una regalía minera nacional, vinculada al alza del precio de los metales. Porque el hecho concreto es que el canon minero está siendo mal utilizado y no está teniendo el buen resultado que debía tener.

-¿Hay mal uso del canon? -
Está siendo subutilizado, no lo están utilizando, el canon está en cuentas corrientes y no se llevan a cabo obras fundamentales. Se utilizan conceptos muy parroquiales. Como ejemplo le cito el caso del distrito de Ilabaya, que es donde está Toquepala: tienen 200 millones de dólares de canon y han hecho una carretera Toquepala–Tacna, muy bien, perfecto, ¿y después? Quizás no tengan capacidad de gestión, quizás no hay tanta población allí. Tiene que utilizarse (el canon) en obras de contenido regional, por ejemplo para las prisiones.

-¿Qué opina de un impuesto a las sobreganancias de las mineras? -
La sobreganancia es una entelequia. Hacer impuestos específicos por actividad es algo inconstitucional, o sea que eso no tiene porvenir. Habría que elevar la tasa Flat para todas las actividades económicas.

-¿Qué otras propuestas de fondo piensa defender?-
Yo creo que la política económica en sus líneas maestras debe continuar, ponerse énfasis en la Educación, mayor inversión selectiva en la justicia y en la seguridad ciudadana y también debe haber una mayor inversión en la defensa nacional. Hay un cierto desequilibrio del Perú frente a otros países,

-Explíqueme, por favor-
Hay una cierta desprotección frente a Chile, nunca lo vamos a igualar, pero si hay que tener cierto equilibrio. Con Chile debe haber una política de paz y amistad, pero con una capacidad militar disuasiva.

“El informe de la Villarán es basurita”-

El informe de la alcaldesa (Susana Villarán) habla de sobrevaloraciones, de mal uso de los recursos. -
Eso no es informe, eso es un papel, una basurita que habrá que limpiar.

-También dijo que en muchas obras, Castañeda iba sólo a la inauguración. -
Así que no hacía nada, se rascaba cierta parte del cuerpo. Por favor, que no sea ridícula. Si alguien ha trabajado, es Castañeda. Ojalá que la Villarán pueda realizar obras de la magnitud, de la importancia y del beneficio para el pueblo de Lima que en su momento realizó Luis Castañeda Lossio. Así que, según la Villarán, el alcalde se rascaba la barriga, ja, ja.

-¿Le da risa el informe de Villarán?-
No, lo encuentro estúpido.

-¿No le parece que está siendo muy agrio?-
No, estoy siendo justo y objetivo. Además ha infringido obligaciones éticas: el Código de Ética de la Función Pública, ha infringido la neutralidad porque ha intervenido en una campaña electoral para perjudicar a un candidato, coludiéndose con Toledo, dígalo en esa forma.

-Los dos, Villarán y Toledo, lo han negado. -
El hecho objetivo es que se han coludido. Su informe podía haberlo hecho después, ¿por qué lo ha hecho ahora?, ¿para qué?, para perjudicar al candidato Castañeda.

-Van a aparecer más denuncias contra Castañeda, ¿siempre lo va a defender de esta manera?-
Oiga, si no creyera en Castañeda no estaría donde estoy.

La cultura obscura del Mudo

2011-03-15T04:41:00.000-07:00

La cultura obscura del Mudo: si esta cultura es parte de su programa de gobierno, el Perú quede confesado. La cultura de la delincuencia debe de para al seco. El Peruano tiene la obligación de hace respetar sus derechos y el de sus hijos. Basta de corrupción y manejo oscuro de los recursos económicos de la población.

Peruano es hora de despertar y analizar en que tipo de país queremos vivir. Si queremos vivir en un país moderno con buen estándar de vida, tu voto debe ser por el cambio y por la modernidad. Eso de que “haga obras y que robe” es solo un mito de la delincuencia.

Debate Presidencial - Propuestas

2011-03-14T06:14:00.000-07:00

Debate Presidencial Sobre Educación

2011-03-08T05:34:00.000-08:00

Candidatos de Yanacocha denunciados ante la ONPE

2011-03-01T05:37:00.000-08:00

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=80824

Jugosas ganancias minerasLas mineras obtuvieron unos $27,000 millones de utilidades entre el 2007 y el 2010, pero solamente dejaron unos $8,000 millones en Impuesto a la Renta. “Alan García nunca aplicó el prometido impuesto a las sobreganancias que hubiera recaudado $6,500 millones más para el presupuesto”, explicó Diez Canseco.“Además, gran parte de las mineras no pagan regalías, amparándose en contratos de estabilidad tributaria y han dejado sólo $800 millones entre el 2005 y el 2010. Por el contrario, en Chile las mineras han pagado, en ese mismo lapso, más de $3,600 millones de regalías”, sostuvo.Diez Canseco explicó que la minera Cerro Verde reinvirtió $800 millones de utilidades con el derecho a dejar de pagar cerca de $240 millones al fisco. “También la compañía Antamina reinvirtió $900 millones con un crédito tributariosde $270 millones”.Diez Canseco reveló que las empresas mineras también se venden fuera del país sin pagar el debido impuesto al Perú. Puso como ejemplo la venta de Toromocho a Chinalco que debió haber pagado $218 millones, la de Bayóvar que debió dejar unos $112 millones y la de Majaz unos $60 millones.“El Perú no vio ni un centavo en esas transacciones. Se necesita cambiar este manejo, recuperando la soberanía sobre el control de nuestros recursos naturales y revisando una legislación abusiva”, aseveró Diez Canseco.

Los 22 candidatos al Congreso que reciben financiamiento de la ONG “Reflexión Democrática”, del dueño de la minera Yanacocha, Roque Benavides, fueron denunciados haber firmado un “compromiso de honor” que viola el mandato constitucional que preserva la independencia de los congresistas.

Pedro Quispe, directivo del Colegio de abogados de Lima, denunció ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a esos candidatos por violar el artículo 93 de la Constitución, que establece que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo.

“Los candidatos han violado el artículo 93° de la Constitución que establece que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, porque si existe un ‘compromiso de honor’, éste es un mecanismo de inhibición para cualquier propuesta” que lo contradiga, dijo Quispe.

Infracción

El director de Defensa Gremial del Colegio de abogados de Lima añadió que los aspirantes al Parlamento, que reciben miles de dólares de la ONG minera, también habrían cometido una infracción contra la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe a los candidatos recibir donaciones directas y sin conocimiento de su partido político, aunque varios dicen haber reportado la contribución recibida.

“En ese caso, la Ley de Partidos Políticos también presume que los aportes no declarados por los partidos políticos son de fuente prohibida y por tanto ilícitos. Nosotros tampoco sabemos de dónde vienen los fondos de esa ONG, que es de propiedad de la minera Yanacocha”, indicó Quispe.

El representante del CAL precisó que la Ley de Partidos Políticos establece que la recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de la tesorería partidaria, que debe abrir en el sistema financiero las cuentas que resulten necesarias y ser la única autorizada en tener el acceso a las cuentas.

Quispe añadió que los fondos de “Reflexión Democrática” tampoco habrían sido registrados debidamente en los libros contables de los partidos, en cumplimiento del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, por lo que pidió a la ONPE una investigación al respecto.

En la denuncia también está comprendido el candidato de Perú Posible por Cajamarca, Mesías Antonio Guevara Amasifuén, pese a que renunció al financiamiento que ascendía a US$ 20 mil para su campaña.

denuncia

Al respecto, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, calificó el financiamiento de la empresa minera Yanacocha a los 22 congresistas como un inaceptable acto de corrupción que revela el compromiso de un sector de los partidos con intereses económicos de una compañía, a costa de los intereses nacionales.

“Nosotros no vamos a comprometernos con esa compañía y su ONG a costa de los intereses nacionales. Que Yanacocha mejor forme su partido político en lugar de estar financiando candidatos”, sostuvo Ollanta.

En tanto, el candidato congresal Javier Diez Canseco, de Gana Perú, consideró la financiación de las campañas electorales por parte de las mineras como un hecho de extrema gravedad, porque se usa como pantalla a la ONG “Reflexión Democrática” para colocar escuderos en el poder que protejan sus intereses.

Diez Canseco cuestionó la “nueva lista” que ha diseñado la ONG “Reflexión Democrática”, porque la conforman un gran número de congresistas que en los últimos cinco años de su gestión se han dedicado a defender los intereses de la gran minería y que buscan la reelección.

“Esos congresistas no han hecho nada por redefinir el régimen privilegiado que tienen las empresas mineras que no pagan sobreganancias, también obtienen la devolución total del Impuesto General a las Ventas (IGV) y encima tienen el beneficio de reinvertir utilidades en sus propios negocios. Y hoy, como consecuencia, las mineras los premian auspiciándoles su campaña política”, aseveró.

Calificó como una farsa los objetivos que pregona “Reflexión Democrática”, de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, construcción de una sociedad justa, estable y próspera, y mejora de la calidad del Congreso.

ASALAC condena esta práctica burda y obscena. La delincuencia organizada, con intereses subalternos, comienza con este matiz. Preguntémonos, ¿si estos monigotes del dinero llegan al parlamento, que moral o independencia tendrán para ajustar las reglas de extracción de recursos naturales con estándares de protección ambiental? ¿Acaso sus votos y conciencias ya no están vendidos a don dinero?. Esperemos que la ciudadanía de una buena vez salde cuentas con estos que abusan de su voluntad. El Perú no debe ser chacra de nadie, y si queremos salir de esta bajeza espiritual, los peruanos necesitamos con honestidad meditar sobre nuestro futuro. Las sociedades con nuevas economías, aquellos que evolucionan dentro de la modernidad, no aceptarían esta bajeza ni tendrían el “presidente” que tenemos en la actualidad.

Candidatos no tienen sus cuentas claras

2011-03-01T05:06:00.000-08:00

Fuente: http://peru21.pe/impresa/noticia/candidatos-no-tienen-sus-cuentas-claras/2011-03-01/298162

MALAS COSTUMBRES. Los partidos que aspiran a llevar a su candidato a la Presidencia han demostrado su falta de transparencia en sus estados financieros.

Autor: Zarella Sierra P.

A 40 días de los comicios generales para elegir al nuevo presidente de la República, resulta lamentable que los estados financieros de los cinco candidatos que encabezan las encuestas y que aspiran a suceder al presidente Alan García, presenten vacíos sobre la procedencia del dinero con el que financian sus campañas.

AGUA TURBIA. Según los informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los reportes de las cinco principales agrupaciones políticas concuerdan en: aportaciones 'fantasma’, publicidad no declarada o minimizada en su costo real, ausencia de información respecto al presupuesto de los viajes de los candidatos al interior del país, etc.

Empecemos entonces con quien encabeza las encuestas: Alejandro Toledo. De acuerdo con la ONPE, Perú Posible no ha logrado justificar ingresos por S/.1’603,739, que corresponderían a aportes de sus candidatos al Congreso, actividades proselitistas, aportes de privados, etc. Asimismo, se señala que en gastos de publicidad existe una diferencia de S/.1’827,597 entre el costo que reportó la agrupación política con lo que declararon las empresas de comunicación. Tampoco existe información sobre el financiamiento del 'cholobus’.

Sobre Keiko Fujimori, ONPE dice que no se ha corroborado la procedencia de S/.687,181 que ha recibido en aportes Fuerza 2011 en los últimos meses. Además, no hay cuentas claras sobre S/.246.771 que, dicen, ganaron con el coctel que realizaron en enero pasado, y a eso se añade la diferencia de S/.128,874 respecto a los gastos en publicidad proselitista. La primogénita de Alberto Fujimori tampoco ha declarado el presupuesto del que dispone para sus viajes al interior del país.

Respecto a Luis Castañeda, aunque este no encabeza las encuestas, lidera esta lista con el mayor monto no declarado: S/.2’564,569. Según ONPE, este dinero proviene de aportantes que no han reconocido su colaboración a Solidaridad Nacional, depósitos bancarios cuya procedencia se desconoce y publicidad que el partido no reportó. Y al igual que Fujimori, el exalcalde tampoco ha dicho cuánto invierte en sus viajes proselitistas por el país.

Sobre los estados financieros de Ollanta Humala, se han registrado S/.141.151 no reportados y que, en parte, se invirtieron en pago de publicidad. Además, se precisa que se han emitido 'bonos nacionalistas’ por un monto de S/.573,480 y, aunque suene extraño, la ONPE precisa que Gana Perú no ha incluido el gasto por servicios por honorarios pagados a Humala por un monto de S/.6,500 mensuales. Finalmente, en el caso de Alianza para el Progreso (parte de Alianza por el Gran Cambio) llama la atención el 'préstamo’ de S/.892,100 que la Universidad César Vallejo otorgó a la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sabrán los padres de los universitarios que son aportantes a esta campaña electoral?

ASACLC cree que los dirigentes y/o candidatos de estas agrupaciones necesitan ser transparentes con sus cuentas y los manejos de estos. El no hacerlo implica deslealtad con sus votantes, y de la misma manera, estas acciones sombrías generan suspicacias de malos manejos. Estas acciones, dentro de un sistema democrático correcto y maduro, son evidencias de corruptela generalizada e indican que el dinero recaudado y utilizado está comprometido con intereses ajenos a la voluntad del pueblo. Quien nada debe, nada teme.

Apra busca arrasar patrimonio del Perú

2011-02-22T05:58:00.000-08:00

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/apra-busca-arrasar-patrimonio-del-per_79438.html

A pocos meses de concluir el segundo gobierno de Alan García los escándalos de corrupción se multiplican. Apristas, desesperados, hacen sus faenones en los organismos públicos.

Si el primer gobierno de Alan García Pérez es calificado como el más desastroso de la historia republicana por batir los récords de hiperinflación, su segundo mandato (2006-2011) será conocido por la posteridad como la “era de los faenones”, por los numerosos hechos de corrupción en todas las esferas.

La congresista y candidata a la vicepresidencia de la alianza Gana Perú, Marisol Espinoza, sostuvo que el gobierno actual se ha caracterizado por su vinculación constante con la corrupción y por la escandalosa entrega de los recursos naturales a los capitales extranjeros.

“La indignación del pueblo no ha servido para frenar la corrupción, porque ha continuado con más fuerza. El presidente García ha gobernado para favorecer a sus patrones y de paso llenar sus bolsillos de dinero”, sostiene la parlamentaria.

Añadió que detrás de Alan García existe un poder económico empresarial que maneja la política económica del país en consonancia con sus intereses. “Lo peor de todo es que este poder económico sirve a intereses extranjeros como el Chileno. Es el poder detrás del trono de Alan”, sostuvo Marisol Espinoza.

Para el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, el gobierno aprista representa “cinco años perdidos en la lucha contra la corrupción”. No se ha contado con una política contra la corrupción. Por el contrario, se han multiplicado los casos de corrupción con la participación de funcionarios apristas, agregó.

Sostuvo que Alan García no ha actuado con objetividad para afrontar las escandalosas irregularidades cometidas por personajes de su partido. “El mandatario no ha impulsado las investigaciones y más bien todos los procesos se han visto paralizados”, aseveró.

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde dijo que el desempeño del actual gobierno ha dejado un balance muy negativo hasta el día de hoy. “Es un gobierno lamentablemente muy corrupto. Un partido de gobierno que ha intervenido en los hechos de corrupción que la ciudadanía conoce”, aseveró.

“Hay muchos casos más de corrupción que todavía se desconocen, pero que se descubrirán después que Alan García deje el poder y ya no pueda ocultar otras irregularidades. Espero que el próximo mandatario no opte por el borrón y cuenta nueva”, dijo García Belaunde.

1º Faenón: Caso MiVivienda
Uno de los casos más conocido de corrupción del gobierno aprista se produjo el año 2007, cuando el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis Castañeda Neyra se vieron implicados en un escándalo de tráfico de influencias y licitaciones amañadas.

Guillermo Vivanco y José Luis Castañeda utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada menos que director y presidente del directorio, respectivamente.

En el 2007 Kapala S.A. obtuvo su primer contrato con el Estado por S/.204,797 y el 2009 el monto ascendió a S/. 4’217,973 soles. En octubre del 2007, cuando Castañeda era jefe de asesores del entonces premier Jorge del Castillo, la constructora también firmó un contrato por S/.34’842,269 con el Ministerio de Transportes.

2º Faenón: Caso SIS
El médico aprista Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de salud (SIS), fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones, bajo el pretexto de la compra de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló Pisco, Ica y Chincha.

Sin embargo, el 14 de junio del 2008, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.

En ese entonces, el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz, también fue condenado como cómplice de Julio Espinoza por las compras irregulares y sobrevaluación de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto.

3º Faenón: Petroaudios
El escándalo de los “Petroaudios” estalló el 5 de octubre de 2008, cuando el programa Cuarto Poder difundió una grabación de audio en el que se escucha al ex directivo de Perú-Petro Alberto Químper y al ex ministro Rómulo León discutiendo sobre unos “faenones” que planeaban realizar.

En la grabación ambos personajes discuten sobre unos pagos mensuales de $10,000 a favor de Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en Perú, por ayudar al intercambio de contratos petrolíferos de exploración en bloques submarinos de petróleo y campos de gas.

Unos 20 meses después de la divulgación de los primeros audios aparecieron nuevas grabaciones que involucraban al entonces premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato Canaán.

4º Faenón: BTR
El caso Business Track (BTR) surgió a raíz del escándalo de los “Petroaudios”, cuando se denunció a la empresa del mismo nombre que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas entre los involucrados.

Al respecto, el fiscal superior Tony García Cano ya presentó su dictamen y ha ratificado la acusación de tres delitos contra los presuntos ‘chuponeadores’, consistentes en interceptación telefónica, violación del secreto de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir.

5º Faenón: Petrolera Monterrico
En el 2008, el otrora premier aprista Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio.

El caso fue descubierto gracias a un audio donde Alberto Químper “Bieto”, ex directivo de la empresa estatal PerúPetro, le comentaba a Daniel Saba, presidente de la misma entidad, sobre una conversación que sostuvo con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez.

Finalmente, la ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año en el Congreso y diez días después, Julio Vera y Jorge del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. El entonces jefe del Gabinete Ministerial intercambió su departamento de Surco, de 213 metros cuadrados, por el de Vera en San Isidro, de 300 metros cuadrados.

6º Faenón: Caso Cofopri
En abril del 2010, Omar Quesada renunció al cargo de director de Cofopri, ante la denuncia de venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario del sur de Lima, a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur.

A pesar de que el terreno está valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra muy inferior: S/.4.908 (US$1.728 al cambio de hoy). Minutos antes de que se acepte su renuncia, Omar Quesada, quien también es secretario general del APRA, dispuso la separación de seis de sus funcionarios involucrados en este bochornoso caso.

7º Faenón: El ex vice ministro de Justicia
El ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido por la Fiscalía cuando pretendía sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.

Castro podría recibir una pena de cárcel de hasta seis años por delito de cohecho activo genérico si se comprueba que intentó sobornar a funcionarios para obtener la ampliación de cuotas de pesca, informó el fiscal anticorrupción, José Pérez Gómez.

8º Faenón: Estadio Nacional.
Hace un año y medio, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional a un costo de 20 millones de soles pero hasta hoy se gastaron cerca de 115 millones de soles.

“Este es un robo más grande que el estadio y están comprometidos el propio presidente Alan García y el ministro José Antonio Chang, pues la obra fue excluida del requisito de licitación, al declararla como ‘institución emblemática’, como si fuera uno los grandes colegios nacionales”, afirmó el congresista nacionalista Pedro Santos.

Broche de oro: decretos de urgencia.
El mayor festín que planea realizar el gobierno de Alan García se gesta con la expedición de los decretos de urgencia 001 y 002 que ponen en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a favor de empresas Chilenas.

En medio de avances de la batalla legal, social y política para derogar por inconstitucionales estos decretos, lo único que queda claro es que el mandatario utilizó este mecanismo legal para gobernar la mayoría de veces sin contar con la aprobación del Congreso.

El Aprismo podrido y cleptómano

2011-02-14T05:01:00.001-08:00

Gamarra: "Keiko y Kouri compiten por representar mejor al fujimontesinismo"

2011-02-09T04:53:00.000-08:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/08-02-2011/gamarra-keiko-y-kouri-compiten-por-representar-mejor-al-fujimontesinismo

La lucha anticorrupción es su mejor carta de presentación. Ex procurador del primer gobierno de Toledo, Ronald Gamarra asegura que Keiko representa una línea política cuyo pasado está vinculado con Montesinos. Decidió no responderle más a su ‘troll’ Carlos Raffo.

Por Martín Hidalgo

En Twitter escribiste que llevarás sabor y justicia al Congreso…
(Risas) Eso fue un comentario muy coloquial con Eloy Jáuregui. Aunque no niego que en algún momento me voy a ver obligado a estar más cercano a la gente, y nada mejor que con la música y la justicia.

¿Cuál es tu origen político?
Nunca he militado en ningún partido político, pese a lo que alguna gente me dice ‘caviar’ y ese tipo de cosas. Evidentemente siempre he estado cerca de la izquierda, reclamando ideas básicas como justicia, inclusión y equidad.

Teniendo en cuenta que denunciaste algunos errores en la gestión pasada de Toledo ¿Por qué postular con Perú Posible?
Creo que el balance de la primera gestión de Toledo es positivo, más allá de los errores que indique en su momento. Recuerda que hubo un afianzamiento de los derechos humanos y combatió la corrupción de Fujimori. Toledo es una seria alternativa para seguir avanzando en estos temas.

O sea recibiste invitación de otras tiendas política...
Recibí dos invitaciones, pero ya no vale la pena mencionarlos.

La lista congresal de Perú Posible también lleva personajes cuestionados…
Yo no he armado al lista, solo soy un invitado. Definitivamente, hay cosas que se podrían cambiar.

En los planes de gobierno no se ha incluido el tema de derechos humanos…
El plan de gobierno de Perú Posible es como el índice de un gran libro, donde hay muchas afirmaciones y falta llenar contenidos. Hay una parte donde estipula promover y defender los derechos fundamentales de las personas. Con esas afirmaciones estamos hablando de establecer una política pública nacional en derechos humanos.

¿Incluido el matrimonio homosexual?
Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.

¿Y el aborto?
De acuerdo por los derechos acordados en los tratados internacionales de las Naciones Unidas, las mujeres deberían tener acceso a un aborto legal y seguro, tratándose de temas vinculados a la salud, a las violaciones y al incesto.

¿Pena de muerte?
Es una afrenta a los principios básicos vinculados a los respetos de derechos humanitarios.
Sobre la lucha anticorrupción solo se ha hablado el tema de despenalización de drogas…
Toledo ha dicho que va a llevar a cabo una guerra frontal contra la corrupción. Eso implica una política pública real con aplicaciones como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o la inhabilitación perpetua, para que así ninguna persona condenada por corrupción vuelva a la administración publica.

¿Cuál será tu papel en esa lucha?
Tengo muy clara la película en esa materia. Debe darse un debate en el congreso para establecer las normas necesarias y fortalecer así la lucha anticorrupción. Hay que definir si vamos a crear instituciones que combatan formalmente la corrupción o vamos a establece un ente rector que lidere esa lucha. Otro tema es recuperar el Congreso, a través de la renovación por tercios, que se elimine la inmunidad parlamentaria, y que las reelecciones de los parlamentarios sea solo una vez y en un periodo de 10 años.

Kouri ha dicho que quiere llegar al Parlamento a ‘fumigarlo’…
Eso sería una proyección, lo habrá soñado. Lo seguro es que de esa fumigación no se va a escapar.

¿La candidatura de Kouri tiene tintes ‘fujimontesinistas’?
Por supuesto, y también la de Keiko. Ambos compiten por representar mejor al fujimontesinismo.

¿Te imaginas a Keiko de presidenta y a Kouri en el Congreso?
Espero que el ciudadano sea lo suficientemente inteligente para evitar que una persona, que nunca ha deslindado con el ‘fujimontesnismo’, pueda ocupar un cargo público.

¿Qué errores crees que podrías cometer en política?
Espero no cometer muchos. Estoy publicando en los próximos días, en mi página Web, la agenda de los temas que voy a llevar al Congreso. No están terminados, pero los voy a compartir con los ciudadanos que quieran apoyar mi candidatura. Quiero que la gente vaya discutiendo los temas que propongo para así reducir al mínimo los errores que pueda cometer durante mi eventual gestión parlamentaria.

¿Tu propuesta solo abarca la lucha anticorrupción?
Mi propuesta tiene tres ejes: recuperar el Congreso para la democracia, promover la lucha anticorrupción, y agilizar los derechos fundamentales para todas las personas, particularmente los excluidos y los más necesitados. Adicionalmente tengo una propuesta de transparentar los gastos de mi campaña, que comprende elaborar un informe anual de mi gestión, y audiencia pública, una vez al año, para que la ciudadanía pueda evaluar mi función en el Parlamento.

¿Cuánto pierde la lucha anticorrupción con la renuncia de Avelino Guillén?
Pierde el Ministerio Público, la justicia y el Perú. Espero que encuentre un espacio en la actividad pública o privada, que le permita seguir trabajando a favor de la lucha anticorrupción y la administración de justicia. Así el Perú podrá ser un lugar más digno donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Carlos Raffo dice que ves el tema de derechos humanos como un simple negocio…
Ya decidí no contestarle a mi ‘troll’. En mi apuesta por los derechos fundamentales no he excluido a nadie, no me preocupan los nombres, los apellidos, o las entidades. Solo me preocupan los derechos fundamentales de las personas, lo cual incluye a la familia policial y militar.

Jorge Del Castillo (Apra), que también va con el número 36, dijo que “los últimos serán los primeros”… ¿Crees lo mismo?
En mi caso estoy convencido, pero tengo la esperanza que no suceda lo mismo con el fujimorismo y el Apra.

ASACLC cree que el ex procurador Gamarra ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Esperamos que esta su lucha continúe ya que el Perú de hoy, con un gobierno corrupto por antonomasia, no debe ser el Perú de mañana. El Perú de mañana necesita entramparse en el camino de la modernidad y de esa manera desarrollar su economía en función de un elevado nivel de vida de la población.

Laureles de la corrupción

2011-02-09T02:39:00.000-08:00

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director/laureles-de-la-corrupcion_79254.html

Por: César Lévano

Alan García ha batido un récord olímpico de lentitud: hace año y medio dijo que la remodelación del Estadio Nacional duraría a lo más un año. Como todos los días circulo por el Paseo de la República, me percato de que la obra va aún para largo. Lo que ha acelerado es el costo: se presupuestó en 20 millones de soles y hasta ahora ha consumido 115 millones.

Ese hecho es ejemplo de lo que el actual régimen encubre con los decretos de urgencia. En este caso, el procedimiento, suscrito por el presidente, Alan García, y José Antonio Chang, ministro de Educación, permitió que se le librara del proceso de licitación y se contratara, en aras de la rapidez, directamente con Graña y Montero, y otras constructoras.

El congresista nacionalista Pedro Santos considera que la cobertura de decreto de urgencia para la remodelación sirvió, precisamente, para que las obras fueran encargadas a amigos del gobierno.

El excesivo gasto en la remodelación del Estadio merece una investigación del Congreso.

Esto trae a la memoria el caso de la Carretera Interoceánica, presupuestada inicialmente en 810 millones de dólares y que al final de diciembre de 2010 ya costaba 1,881 millones de dólares.

El congresista de Unión por el Perú Isaac Serna, quien presidió una comisión que investigó presuntos actos de corrupción bajo el mandato de Alejandro Toledo, informó el 29 de diciembre último que los gastos administrativos de la vía en construcción llegaban a 45%. Asombroso. Muchos compañeros apristas deben de haber encontrado allí su carretera al enriquecimiento.

Significativo es que Serna condenara que la comisión investigadora respectiva –con los votos del APRA, el PPC, Perú Posible y algunos nacionalistas– no encontrara irregularidades en la obra.

En su exposición, el congresista consideró que la Interoceánica ha sido un fraude desde el comienzo, pues la empresa privada pidió en el actual régimen ventajas para construir con dinero y garantías del Estado. El aporte económico de la empresa fue mínimo. Por ello, Serna considera que la construcción debió ser asumida por el propio Estado.

En cuanto al caso del Estadio Nacional, el ministro Chang debiera ser investigado por el Congreso.

Se sabe, por otra parte, que hay una donación de cuatro millones de dólares para mejoras en la Biblioteca Nacional, invadida en parte por oficinas del Ministerio de Educación, ya que el edificio de éste fue vendido por Chang. La donación no se materializa porque alguien preguntó al español llegado para finalizar la gestión, “¿Y cómo recibo mi diezmo de diez por ciento?”. El ministro debería declarar que hay de cierto en la donación y el diezmo.

Chang deberá aclarar, sobre todo, por qué se encubrió con un decreto de urgencia un estadio cuya construcción es olímpicamente lenta.

“Tengo la esperanza de seguir trabajando contra la corrupción”

2011-02-06T06:08:00.000-08:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110206/14/node/325386/todos/15

Entrevista/Avelino Guillén. Ex jefe de Control Interno del Ministerio Público. Se hizo famoso por su agudeza y rigurosidaden el juicio a Alberto Fujimori, pero su trayectoria es mucho mayor. Trabajó en fiscalías antidrogas, vio casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Renunció esta semana al Ministerio Público porque, al parecer, 31 años de experiencia no fueron suficientes para sus superiores.

María Elena Castillo.

Su renuncia al Ministerio Público sorprendió a muchos y seguramente alegró a otros. ¿Por qué tomó esa decisión?

El Consejo Nacional de la Magistratura convocó a concurso de tres plazas para fiscales supremos, de las cuales se han cubierto dos; y al enterarme de que el cargo que estoy ocupando de manera provisional iba a ser ocupado no tenía otra alternativa que bajar a mi plaza titular de fiscal superior de Lima o renunciar al Ministerio Público. Opté por lo segundo porque considero que luego del aporte que he realizado en la Fiscalía debía desempeñarme como supremo, por eso presenté mi renuncia irrevocable.

¿Por qué supuso que esa plaza no era para usted?

Tengo nivel de información que es lo que me ha motivado a presentar mi carta de renuncia. Si me hubieran dicho “Guillén, por tu desempeño profesional, por tu trayectoria, por lo que has hecho en el Ministerio Público, creemos que podrías continuar”, yo me hubiera quedado. Pero no se ha dado esta situación, y no me molesta. Entiendo que son decisiones del más alto nivel y según la especialidad.

¿A qué tan alto nivel?

Son decisiones de mis superiores y yo las respeto y acato. Ellos tienen su lectura y opinión, supongo que básicamente según la especialidad. Hay tres plazas: la Fiscalía Suprema Civil, la Suprema Contenciosa Administrativa y la de Control Interno, en la que yo estaba.

Una de ellas ve las denuncias contra funcionarios públicos...

La Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa es de suma importancia porque conoce de investigaciones contra altos funcionarios que están contemplados en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Justo para su perfil…

Yo he sido fiscal en todos los casos por corrupción a partir del 2000. Pero mis superiores tienen otra opinión y yo la acato.

Usted es conocido como el fiscal del caso Fujimori…

Yo quisiera que me conozcan solo por ser útil en el combate a la delincuencia, a la corrupción. Cumplir ese rol me llena de satisfacción, así uno no tenga riquezas. Sentir que la gente lo mira a uno con confianza es invalorable.

Aunque para otros es un personaje incómodo…

Soy un personaje que tiene un discurso y una actuación resueltamente dirigidos a enfrentar la corrupción. Yo no hago concesiones ni tengo contemplaciones en esos casos. Estoy seguro de que mucha gente se ha alegrado de mi decisión, pero tengo la firme esperanza de seguir trabajando, a través de diversos organismos, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en el combate al narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.

¿Por qué no postuló al último concurso del CNM para elegir fiscales titulares supremos?

La suerte de un concurso se conoce desde que se elaboran los reglamentos, y aquí sale uno nuevo para cada concurso. No me presenté porque el perfil que buscaban tenía un muy marcado supuesto académico y no se valoraba mucho la trayectoria profesional, pues en anteriores reglamentos este tenía un valor de hasta 30 puntos, y en el último concurso fue disminuido a 12. De arranque quien le habla no encajaba en ese perfil.

La parte académica también es importante...

Lo es, pero para un fiscal que cumple a cabalidad con su trabajo, que revisa los expedientes, que elabora documentos, dictámenes, resoluciones, que está viendo la marcha de su despacho, es imposible tener una producción de libros tan alta. Entonces, o trabajo o me dedico a una labor académica. Ese un debate que tiene que encontrar un punto de encuentro.

Y evitar futuras desagradables sorpresas…

Está bien la exigencia académica, pero debe compatibilizarse con la trayectoria intachable de un candidato. Por otro lado, en nuestro país hay cerca de dos millones de expedientes atrasados y no salimos de esto porque muchas veces los magistrados están pensando más en su artículo para el periódico o una revista jurídica, en las horas de clase que dictará en la noche, y a veces hasta elaboran sus clases en el despacho. Eso es algo que se tiene que corregir porque retrasa la marcha de la justicia. Por eso se tienen que evaluar la capacidad, la trayectoria y sobre todo el resultado. Años de experiencia

Usted ha estado 31 años en el Ministerio Público. ¿Por qué eligió ser fiscal?

En el último año de Derecho, en el año 80, ingresé como juez de paz no letrado en el entonces pueblo joven Villa El Salvador, y al año siguiente trabajé unos meses como secretario de juzgado. La experiencia me fascinó, y estando en Andahuaylas, tierra de mis ancestros, me enteré de una convocatoria para abogados auxiliares del Ministerio Público en Lima. Nunca me olvidaré de eso porque no había pasaje y vine en camión. Llegué completamente sucio y para dar el examen tuve que cambiarme en el baño del Colegio de Abogados de Lima. Ingresé al Ministerio Público en noviembre del año 81 y no paré hasta hoy, salvo entre el 92 y el 94, cuando fui separado irregularmente, como muchos.

En todos esos años habrá pasado por diferentes puestos...

En el 81 estuve en Lima; dos años después pasé a Pucallpa, para ver temas de narcotráfico, donde capturamos a varias organizaciones. Regresé a Lima, estuve en algunas fiscalías provinciales, y en la época del doctor Álvaro Rey de Castro trabajé en casos de derechos humanos en Huamanga, Ayacucho. Estuvimos investigando la matanza de las fosas de Pucayacu y de los evangélicos asesinados en Callqui, que culminaron con las denuncias contra el conocido comandante “Camión”, Álvaro Artaza Adrianzén. Fui adjunto provincial hasta el 86, cuando fui promovido como adjunto superior y los siguientes dos años participé en numerosas audiencias en el Sexto Tribunal Correccional de Lima, relacionadas con delincuencia común. Luego me nombraron fiscal provincial penal, y allí me comencé a percatar de cómo actuaban algunos aparatos de inteligencia.

¿Cómo así?

Fue un caso que ocurrió en una pollada, en el Cercado de Lima. Dos policías vieron a dos personas armadas en una actitud sospechosa. Pensaron que podían ser elementos subversivos y los intervinieron en la vía pública. Los sospechosos terminaron ejecutando a los policías. Los hicieron arrodillar y les metieron un balazo en la cabeza con absoluta frialdad. Resulta que investigando, y a través de una serie de elementos se logró determinar que esas personas armadas eran de inteligencia. Estamos hablando de la época de los 90. Entonces pude ver que algo estaba ocurriendo y que actuaban con absoluto desprecio de la vida.

Lo que pudo ver mejor durante el juicio a Fujimori…

En el 2000, a partir del video de Kouri y Montesinos asistí a todas las audiencias, estuve en los juicios contra la mafia y los elementos vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción durante el régimen de Fujimori. Intervine en todos los procesos que conoció la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y perdí en un solo caso. Fue mi modesto aporte a la institución.

Trabajo como provisional

Tal vez se confió en que su trayectoria sería suficiente...

Es que, y quizás fue un error, a diferencia de algunos colegas que a la semana de ascendidos comenzaban a trabajar el currículum para su próxima postulación, que sería en diez años. Eso está bien en tanto no descuides tu trabajo. Simplemente yo no lo hice. Siempre he trabajado como si fuera un provisional, que no tenía estabilidad. Siempre me ha gustado trabajar mucho, investigo, estudio, leo textos en relación con la audiencia, consulto a fiscales que conocen más que yo, consulto a profesores universitarios y de allí me formo una idea, y con ese material voy al juicio. Todo eso es una inversión muy fuerte en tiempo.

¿Cuál es su balance?

He ganado el 99% de juicios en los 10 últimos años en mi instancia, y enfrentándome a abogados y estudios de mayor prestigio. No se puede negar mi entrega y aporte.

Usted ha pedido a los magistrados actuar con independencia y no ceder a las presiones políticas. ¿Le ha pasado?

No. Me he permitido hacer esta invocación porque yo creo que la fortaleza de un fiscal está en su independencia, en su autonomía, en su honestidad y en la transparencia en el trabajo. Estas son las cuatro columnas que harán que se recupere la confianza de la población. Yo sueño con que algún día estemos en azul, y el nivel de aprobación sea mayor que el de desaprobación, porque hay muchos jueces y fiscales honestos y que aman de verdad a su institución. Hay algunos malos elementos, pero más son los buenos.

“El Congreso no me llama la atención”

Ahora que ya no es funcionario público, ¿tentará alguna representación para el Congreso?

No, en principio, creo que no se puede porque debía renunciar en octubre.

¿Y en el futuro?

Habría que ver. El Congreso no me llama la atención porque veo poco debate productivo. No hay discusión de propuestas, hay muchos adjetivos e insultos, se trata de humillar al adversario, no de cuestionar con argumentos.

Y terminan otorgando facultades legislativas al Ejecutivo que permiten normas como las leyes de la selva o la ley de amnistía…

Lo que está pendiente es una gran reforma del Estado porque no es eficiente. No hay una adecuada distribución de los recursos humanos que tiene. Urge una reforma de todo el aparato estatal para que los servicios, el rol y su misión se optimicen, y así el ciudadano de a pie no vea al Estado como algo lejano, en el que no está incluido. Por eso cuando uno le pregunta qué le parece que se hayan apoderado de dinero de tal ministerio o dependencia, se encoge de hombros y se va caminando. Por eso gran porcentaje de la gente es indiferente a los actos de corrupción.

Una encuesta reveló que la gente opina que es mejor una autoridad que robe, pero que haga obras…

Es lo dramático, pues el que roba y “se vende” como si hiciera obras se publicita para encubrirse. No es que trabaja pero roba, sino más bien no trabaja sino roba. Esa es la realidad.

“Mi padre nos enseñó el valor de la honestidad”

Usted no parece haber sido de los funcionarios públicos que parten a la carrera cuando suenan las cinco de la tarde…

No. He estado 31 años en el Ministerio Público, al que he dado los mejores años de mi vida, muchas veces sacrificando vacaciones, dejando de lado a mi familia, a mis hijos, a mi madre. En ocasiones, mi hijo mayor me ha llamado la atención diciendo: papá, no te veo mucho, no podemos viajar, nunca sales de vacaciones. Es un drama que uno pasa por dedicación y amor al trabajo.

Pero ahora tendrá más tiempo para ellos…

Sí. Ellos son los que más me han extrañado. Ha sido uno de los costos de este trabajo. Ahora podré pasar más tiempo con ellos. El mayor está estudiando ahora Economía, la menor tiene 7 años y aún está en el colegio. Es mi reina.

Y para su esposa...

Ella ha entendido siempre mi trabajo. Ella también está vinculada al sistema judicial, allí la conocí y sabe cómo es este trabajo, por eso siempre me ha apoyado, en todos los momentos.

¿La abogacía le vino de familia?

No. Mis hermanos se dedican a otra cosa. Mi madre es ama de casa y mi padre fue de la Guardia Civil. Fue un hombre muy correcto, él fue quien nos enseñó el valor de la honestidad.

¿Dónde estudió?

Hice la secundaria en el colegio Ricardo Palma y los estudios universitarios, maestría y doctorado en la Universidad San Martín.

Tal vez extrañe la fama…

No. El apoyo de la gente le muestra a uno que ha cumplido con su deber, pero no me gusta la fama. Soy un hombre sencillo, me gusta montar bicicleta, aunque no he tenido mucho tiempo para hacerlo últimamente. Disfruto mucho hacer el mercado, tengo mis caseros.

¿Entonces tendrá buena mano en la cocina?

Noooo. Yo acabó cuando traigo los alimentos. No soy bueno cocinando.

¿Usted es limeño mazamorrero?

Yo nací en Lima, viví muchos años en Surquillo, pero mi familia viene de Andahuaylas.

¿Qué hará ahora con tanto tiempo libre?

Caminaré; leeré, Vargas Llosa es uno de mis favoritos, mucho antes de ganar el Nobel; escucharé música; pero sobre todo estaré con mi familia.

Aprismo o Alanismo la misma cosa. Sus objetivos generales: el saqueo del erario nacional y la profundización de la corrupción.

2011-02-03T19:03:00.001-08:00

La reforma procesal penal para delitos de corrupción

2011-02-02T21:08:00.000-08:00

Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=454

Autor(a): Carlos Rivera PazPerú20-01-2011

Desde el año 2007 se viene desarrollando el proceso de implementación de la reforma procesal penal en el Perú, y a estas alturas, en más de la mitad de nuestro país, ya existe un nuevo modelo de investigación y juzgamiento de hechos delictivos, el mismo que se sustenta en las disposiciones del Código Procesal Penal, promulgado a mediados del año 2004. Se trata, sin duda, de la reforma más importante del sistema de justicia de las últimas décadas.
Uno de los mayores aciertos de este proceso ha sido el que la implementación de la reforma procesal se ha venido ejecutando sobre un plan progresivo, que tuvo su punto de inicio en la implementación en la Corte de Justicia de Huaura. El objetivo era tener la posibilidad de enfrentar y resolver problemas concretos en una corte pequeña y sin una carga procesal de dimensiones inmanejables.

En concreto el nuevo modelo propone un proceso judicial bajo reglas de investigación bastante diferentes a las que hasta la fecha hemos conocido, con un tiempo de duración mucho más corto y centrado en el respeto de las reglas y principios del debido proceso, sobre todo el derecho a la defensa de la persona investigada.

De hecho esa perspectiva de modernidad y, sobretodo, de celeridad que muestra el nuevo modelo procesal penal, ha generado que el presidente Alan García haya insistido en adelantar su implementación para los delitos de corrupción de funcionarios. Después del escándalo del caso de los petroaudios el empeño del Jefe de Estado ha sido mayor.

Ciertamente el mensaje político que el Presidente de la República transmite a la opinión pública con una propuesta de esta naturaleza es aparentemente positivo, porque indicaría un interés en dotar al sistema de justicia de los instrumentos procesales, e institucionales, para emitir decisiones más rápidas, que satisfagan a la ciudadanía. Pero ello no necesariamente es lo que puede terminar ocurriendo al apurar la implementación de la reforma procesal penal para los delitos de corrupción, perpetrados por quien tiene la condición de funcionario público.

¿En delitos de corrupción, es suficiente implementar?

¿Por qué razón es necesario plantear esta inquietud? Por varias. La primera: es la referida al curso mismo del proceso de implementación. El éxito del proceso de implementación de una reforma de esta envergadura, pasará por respetar la progresividad del proceso que ha sido establecida de manera previa y, seguramente, sobre la base de criterios técnicos y no políticos como corresponde en estos asuntos. Implementar la reforma procesal para determinados delitos que, por lo general, están concentrados en la ciudad de Lima, en donde aún no se implementa la reforma procesal, puede terminar alterando ese modelo que debe ser –repetimos– una clave del éxito. No es poca cosa.

La segunda tiene relación con la primera. Se trata de la impostergable necesidad de que los operadores del sistema de justicia penal (policías, fiscales y jueces) en la mayoría de distritos en los que se ha implementado la reforma han merecido un proceso de capacitación, porque no se trata de la implementación de solo una nueva norma legal, sino que se trata de implementar, y desarrollar, un nuevo modelo de investigación y juzgamiento, en cual el fiscal y juez pasan a cumplir roles bastante diferentes a los que tenían en el modelo anterior. Si bien la ley que autorizó adelantar la implementación para los delitos de corrupción se promulgó el 17 de setiembre de 2010, y la implementación se ha materializado solo hace una semana atrás, es probable que ese tiempo no haya sido suficiente para capacitar a los operadores del sistema judicial.

La tercera tiene que ver con la naturaleza y características de los delitos de corrupción. Los delitos que según la ley N° 29574 ya serán investigados y juzgados bajo las nuevas reglas procesales serán los siguientes: concusión, cobro indebido, colusión, patrocinio ilegal, peculado, peculado de uso, malversación de fondos, cohecho pasivo, cohecho activo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Por lo general los delitos de corrupción de funcionarios son complejos, porque suelen intervenir un conjunto de partícipes y estos suelen desplegar diferentes estrategias para ocultar los delitos amparados, inclusive, en los procedimientos enrevesados de la administración pública. Ello determina que el inicio de las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público, suele constituir una etapa crítica para el descubrimiento de los elementos probatorios y su incorporación como evidencia. En la gran mayoría de los casos, esta primera etapa comprende la utilización de un lapso de tiempo considerable, porque así lo exige la naturaleza de los casos.
De hecho las causas seguidas contra la corrupción fujimorista y los casos como los petroaudios u otros dan cuenta de lo que decimos. ¿Cuál es la relevancia de ello? Que en el nuevo modelo procesal los plazos de la investigación preparatoria son cortos, y eso puede terminar generando que procesos complejos, que exijan un mayor plazo de investigación para consolidar la actividad probatoria del Ministerio Público, tengan que ser archivados con la consecuente sensación de impunidad que ello puede generar.

Por alguna razón diferentes voces desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial expresaron algún nivel de preocupación al respecto.

Ahora bien, alguien podría sostener que ese esquema procesal será el mismo ahora y después, cuando le corresponda a Lima iniciar el proceso de implementación de la reforma. Es cierto, el modelo seguirá siendo el mismo, pero es probable que al final del proceso de implementación, cuando le toca a Lima, las instituciones del sistema de justicia –especialmente el Ministerio Público– haya logrado superar esa problemática o por lo menos tengan mejores instrumentos para hacerlo.

La cuarta tiene que ver con la voluntad política y las decisiones institucionales que impulsan o mueven este proceso de implementación. Nos preguntamos de qué sirve apurar una reforma y pretender aparecer liderando la lucha contra la corrupción si la Fiscalía de la Nación decide sacar del sistema anticorrupción a una de sus fiscales más eficientes. Mencionamos esto porque se ha hecho público que la fiscal anticorrupción Marlene Berrú, en el mismo día que se implementa la reforma procesal, es separada de la fiscalía anticorrupción que dirigía y es enviada a una fiscalía común.

La fiscal Berrú, en general de trayectoria limpia, no solo investigó y denunció a los generales “gasolineros”, sino que también lo hizo ante casos como los negociados de altos oficiales de la marina, perpetrados durante los años noventa, entre los que se encontraba el actual vicepresidente de la república Luis Giampietri. Entonces cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un sistema anticorrupción funcione (bien) y sea eficaz si a los fiscales más experimentados y que no se someten a las presiones del poder el día que se implementa tal reforma son excluidos? ¿De qué valdrá entonces la reforma procesal penal?

El APRA y el continuismo de la corrupción

2010-12-24T23:51:00.001-08:00

“Castañeda le cubriría espaldas a Alan García”

2010-12-19T06:32:00.000-08:00

Fuente: http://peru21.pe/impresa/noticia/castaneda-le-cubriria-espaldas-alan-garcia/2010-12-19/292573

El líder de Perú Posible explica por qué cree que el exalcalde de Lima es una de las cartas electorales del primer mandatario. Las otras son Mercedes Aráoz, claro, y Keiko Fujimori.

Autor: Óscar Miranda

Por momentos, a Alejandro Toledo lo gana la emoción cuando se defiende de las críticas. Agita las manos, alza la voz, se pone de pie y camina, exaltado. Ha dicho que en esta campaña responderá cada ataque con una propuesta. Sin embargo, mudo no es. Y aquí lo demuestra.

La universidad de César Acuña lo acaba de nombrar Doctor Honoris Causa y usted lo ha llenado de elogios. Qué tal coqueteo.

Ningún coqueteo. Yo hablé sobre educación y la educación, para mí, es un tema de mediano y largo plazo. Y lo hice en Loreto también, y en Ica. Además, entiendo que César Acuña está en otro ‘sancochado’.

¿Qué le parece ese ‘sancochado’?

Me parece que si se ‘cocina’ bien puede subir unos puntos...

¿Solo unos puntos?

No veo... Yo respeto a todos los que participan democráticamente. Espero que se pueda ver una reconciliación entre puntos de vista muy discrepantes vistos desde afuera.

Ellos dicen que representan al Perú: hay gente de izquierda, de derecha, católicos, evangélicos...

De alguna manera sí, pero uno no hace esa representatividad por conveniencia electoral. Yo soy respetuoso de la candidatura de Pedro Pablo.

¿Qué lo diferencia de Kuczynski?

Yo le puedo decir lo siguiente: Toledo es un peruano del Perú profundo, que ha caminado una ruta muy exitosa gracias a Dios. Es un provinciano de la sierra, cuatro mil metros sobre el nivel del mar, migrante a la costa, lustrador de zapatos, (vendedor) de periódicos, de raspadillas, y sale por esos errores estadísticos que siempre se dan en el mundo.

PPK también se hizo desde abajo.

Está bien, cada uno de nosotros tenemos caminos chiquitos, grandes, diferentes. Yo soy un hombre mucho más preocupado por el tema social.

Si usted gana, ¿lo convocaría como ministro nuevamente?

Pero claro, Pedro Pablo es uno de los muchísimos colaboradores que han contribuido exitosamente a mi gestión. Los desaciertos son de Alejandro Toledo, los méritos son de mis ministros y de mis colaboradores.

¿Por qué Solidaridad Nacional lo acusa de estar detrás de la denuncia fiscal del caso Comunicore?

Eso me parece insensato. No, nunca tendrán de nosotros ninguna acción de ataque en la campaña electoral. Y segundo, oiga, ¿Perú Posible tiene capacidad para manejar medios de comunicación? ¡Esos medios de comunicación que me sacaron el ancho! ¿Yo manejo Perú.21? No se pasen.

Si maneja Perú.21, avíseme.

¡A mí también! ¡Avísenme, por favor, cuando estén conmigo! Esa es una manera de subestimar la democracia, porque la libertad de expresión es un componente intrínseco de la democracia. Cuando dicen que alguien está detrás es porque la democracia se está debilitando.

¿Luis Castañeda cree que usted es el rival a vencer para pasar a la segunda vuelta?

Tengo la impresión de que Luis Castañeda se equivoca cuando trata de afilar todas sus baterías (contra mí) y piensa que Toledo es su principal competidor. No sé por qué.

¿Castañeda ve fantasmas?

Probablemente, pero me parece muy injusto y no muy noble decir que Toledo está detrás de esto. Primero, nos da demasiado mérito, y segundo, no me gusta ese mérito.

¿Cree que ha dado las respuestas necesarias en el caso Comunicore?

No, yo lo único que digo es que es importante que eso se esclarezca. Y que el Poder Judicial haga su trabajo sin dejarse influenciar, lo mismo que el Ministerio Público. Lo que sí me preocupa es que el presidente de la Comisión de Fiscalización sea socio político del señor Castañeda y en la Comisión de Fiscalización se ve el tema de Comunicore y otros temas de la municipalidad. Me preocupa.

¿Es verdad que está pasando el sombrero en el extranjero para financiar su campaña?

¡No, señor! ¡No, señor! (Se pone de pie). ¡Lo digo con fuerza! ¡No estoy pasando ningún sombrero a ninguna empresa chilena, como se ha dicho! Me parece absolutamente irresponsable soltar eso y dejarlo allí.

Lo que ha dicho Jorge del Castillo ha levantado suspicacias. ¿Por qué no dice cómo financia la campaña?

Primero, nosotros tenemos miembros de Perú Posible, que tienen una cuota mensual. Segundo, los posibles candidatos al Congreso van a tener que dar una contribución. Hay otras fuentes de ingresos que tienen que ver con pequeñas actividades que realizamos.

¿Cree que el APRA competirá con malas artes en esta campaña?

Creo que sí. Espero que sepan que eso no les va a rendir réditos políticos. He conocido, a lo largo de este tiempo, cómo juegan, tiran la piedra y esconden la mano, sueltan cosas. Vamos a ver qué pasa.

Usted ha dicho que Alan García tiene una escopeta de tres cañones. ¿No eran dos, nomás?

No. Mercedes Aráoz, Lucho Castañeda y Keiko Fujimori.

¿Y cuál de los tres es el favorito?

Depende de las circunstancias.

¿Por qué a García le beneficiaría un gobierno de Castañeda?
Ahí entro a un terreno más especulativo. He escuchado a algunas personas, dentro y fuera del partido, decir que, supuestamente, le cubriría las espaldas de los actos de corrupción que están saliendo a la luz.

¿Y uno de Keiko Fujimori?

Tienen un pacto que está vigente. No hay ninguna Mesa Directiva del Congreso que haya ganado el Apra sin la votación de los fujimoristas.

¿Cuál será el mayor error de su gobierno que no volverá a cometer?

Comencé un tanto tarde mis programas sociales. Juntos me hubiera gustado empezarlo antes...

¿Es consciente de que su imagen se desgastó por los escándalos...

¡Qué escándalos?

El caso Almeyda, nepotismo...

¿Qué nepotismo?

El de Jesús Alvarado, que metió a 13 familiares al Ministerio de Trabajo.

Lo juzgaron y lo saqué de ministro.

Doris Sánchez metió a su nuera...

Lo sacaron, gracias a la prensa y la saqué del ministerio.

Esos casos desgastaron su imagen.

Probablemente, nepotismo, Doris Sánchez, Jesús Alvarado. Estoy de acuerdo, pero lo invito a la reflexión. ¿Cómo se compara que una ministra ponga a su sobrina con la venta de lotes petroleros que se refleja en los ‘petroaudios’? ¿Cómo es que me voy a hacer despedir para asumir una función pública de mayor rango y me indemnizan por despido? Oiga, mantengamos las proporciones.

¿Su esposa tendrá el mismo alto perfil que le generó tantos dolores de cabeza en el pasado?

No, no. Hemos aprendido también. Yo no soy un político profesional. Yo me las gano afuera.

¿Qué ha aprendido en este tema?

He aprendido que la exposición pública es muy complicada. Ella ha dicho que sí, que hemos cometido errores de comunicación, de repente no nos hemos comunicado bien con los medios.

A veces la ganaba el temperamento.

Pero ¿y por qué le tiene miedo usted al temperamento?
No, el que debería tenerle miedo es usted porque lo metía en tremendos problemas.

No, no, no. Yo tomo a Eliane por lo que es. Hemos aprendido en este tema de la relación con los medios, con la prensa. Uno paga el peaje del inicio, ¿no?

Entonces, ¿ella tendrá otro perfil?

Eliane es mi esposa, es mi compañera, pero sí, la relación con la prensa será distinta. Será la misma Eliane, con una voz distinta.

Anticorrupción a lo Alan

2010-12-06T19:38:00.000-08:00

¿Por qué no despega la candidatura de Mercedes Aráoz?.

Mauricio Mulder y Jorge del Castillo coinciden en que el plan electoral aprista apunta a que su candidata se imponga en la segunda vuelta a Keiko Fujimori en una nueva versión del clásico decencia versus corrupción, pero si Mercedes Aráoz no actúa con rapidez en este terreno, su postulación nunca levantará vuelo.

La imagen del gobierno está enlodada por no enfrentar a la corrupción. La encuesta PUCP revelada ayer concluye que este problema es, para el 59%, el más grave del país. Le siguen, de lejos, delincuencia (30%), pobreza (28%) y desempleo (19%).

Esto se explica no solo por la proliferación de casos de corrupción durante el lustro actual, incluyendo, entre otros, los escándalos petroaudios, Cofopri o Essalud, sino por la sensación extendida de que al gobierno no le interesó el establecimiento de un verdadero plan anticorrupción y de que actuó a favor de la impunidad en casos de apristas. Por ejemplo, la bochornosa defensa a la ex congresista Tula Benites.

En este sentido, la gente tiene la sensación de que el presidente Alan García es muy hábil para lanzar frases rimbombantes ante el destape de cada caso de corrupción, pero con un bla, bla, bla intrascendente y sin implicancia práctica.

La desconfianza ciudadana en el compromiso anticorrupción del gobierno es grande, tanto por su comportamiento en este lustro como por lo ocurrido en la primera administración aprista que dejó inexplicables signos exteriores de riqueza.

El cambio de esa percepción hubiera requerido medidas radicales contra la corrupción durante el segundo gobierno del presidente García, lo cual, lamentablemente, nunca ocurrió.

Aunque a los acusadores de hace un tiempo esto ya no les interese, como a los políticos que canjearon su forma de pensar por un ministerio y una embajada, a la gente sí le preocupa mucho la débil posición frente a la corrupción, lo cual se traduce en una baja aprobación presidencial y, también, en una mella del potencial de la candidatura aprista.

La gente puede tener una buena opinión de la honestidad de Aráoz, pero si ella no toma decisiones claras en este terreno, será percibida como jalando una carreta corrupta. Y si cada vez que lanza una iniciativa anticorrupción –como no llevar en la lista parlamentaria a gente con problemas con la justicia o la remoción del directorio de Essalud– le van a enmendar la plana recordándole su situación de invitada, su candidatura va a naufragar por la sensación de que ella no toma las decisiones de fondo y de que su posición anticorrupción no pasa de buenos deseos que no serán respaldados por sus anfitriones.

ASACL creé que Aráoz, por más sincera que sea, nunca combatirá la corrupción. Alan, su padrino, ha sido acusado de un sinnúmero de actos de corrupción en adición a lo que el gobierno del APRA representa. Los signos exteriores de riqueza de los principales dirigentes del Aprismo nunca han sido explicados ni investigados por la contraloría u otra organización como la Fiscalia. El Aprismo de hoy y el de mañana solo representa el continuismo de lo vetusto y lo asqueroso de la política de la cachiporra. Es por ello que Alan a viva fuerza quiera la elección de sus preferidos (Castañeda, Keiko o Aráoz). Sin la elección de uno de ellos, sus planes de ser presidente por tercera vez seguro estancaran en el banquillo de acusados.

Noticia histórica para el Perú

2010-12-03T03:27:00.000-08:00

Contexto de la renuncia de Fujimori

2010-11-19T18:17:00.000-08:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/19-11-2010/contexto-de-la-renuncia-de-fujimori

El régimen fujimontesinista fue un duro golpe para la estabilidad democrática del país. No solo por los delitos contra los derechos humanos y los actos de corrupción cometidos; sino también porque generó en la población un alto nivel de desconfianza ante la escena política venidera.

César Alipázaga

Diversos cuestionamientos a su gobierno se escuchaban desde diversos frentes, es así que la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos pensó que la solución pasaba por comprar la voluntad e ideologías de los políticos que primaron sus interés económico antes que la confianza de sus electores. Del mismo modo, se compró la línea editorial de diversos medios de comunicación para que se alineen con el régimen dictatorial.

Sin embargo, las organizaciones sociales, los políticos de oposición y los medios independientes apostaron por el retorno a la democracia dando sendas batallas denunciando los delitos de peculado doloso, corrupción de funcionarios y cohecho activo genérico en agravio del Estado; pan de cada día en la década de los noventas.

En abril del 2000, Fujimori, a merced a la Ley de Interpretación Autentica de la Constitución, postula para un tercer mandato y gana en segunda vuelta a Alejandro Toledo, quien exhorta a la ciudadanía a impedir la juramentación tras las elecciones fraudulentas. Es así que en julio de ese año, mientras Fujimori leía su discurso presidencial en la sede del Legislativo, las protestas callejeras se desencadenaron en la muerte de seis personas y múltiples daños contra entidades públicas. (Posteriormente se conocería la culpabilidad de los agentes de inteligencia infiltrados en dichos sucesos).

En setiembre, el Frente Independiente Moralizador (FIM), liderado por Fernando Olivera y Luis Iberico, hizo pública una cinta el 14 de setiembre de 2000 en la que se aprecia al asesor presidencial Vladimiro Montesinos ‘comprando’ por 15 mil dólares al congresista electo Alberto Kouri para que se pasara a las filas del oficialismo y lograr una mayoría fujimorista sólida en el Congreso.

Tras ello, diversas ONGs, frentes civiles, universitarios y líderes de oposición convocaron a diversas marchas rechazando la corrupción. Las plazas a nivel nacional se convirtieron en escenario de las protestas ciudadanas que buscaban defender un Estado de derecho.

En ese contexto, mediante un mensaje a la Nación, el presidente Alberto Fujimori, convoca a elecciones en el más corto plazo y anuncia que no participaría en esos comicios, así como la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

En noviembre, dictan orden judicial para detener a Montesinos por delitos de lavado de dinero, concusión, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilícito. Fujimori encabeza una búsqueda cinematográfica en la casa de Playa Arica.

La caída del régimen fujimontesinista estaba cerca. Es así que mientras en el Congreso -ya bajo la batuta de Valentín Paniagua- la oposición presentaba pedidos de vacancia y restituye a los magistrados del Tribunal Constitucional, sus ministros y otros altos funcionarios del gobierno renunciaban buscando deslindar con los destapes que vendría después.

Alberto Fujimori no tuvo otra salida que aceptar su derrota, y sin mayor anuncio el 13 de noviembre, Fujimori abandonó Palacio de Gobierno para abordar el avión presidencial supuestamente rumbo a Brunei para participar en la Cumbre de la APEC.

Cinco días después, el 19 de noviembre, el entonces premier Federico Salas hizo pública la decisión del dictador quien desde Japón vía fax renunció al cargo de Presidente de la República.

Luego de la renuncia de Fujimori, seguida por las renuncias de los dos vicepresidentes - Francisco Tudela y Ricardo Márquez - Valentín Paniagua asumió la Presidencia de la República como presidente provisional.

Lo que destino y la justicia les deparaba a Fujimori y Montesinos ya es historia conocida. Ambos cumplen condenas, el primero en la sede de la Diroes y el segundo en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, lugar que ambos mandaron construir.

ASACLC, cree que el régimen Fujimonista fue el continuismo de las políticas corruptas del Primer Gobierno de Alan García. Vista en un contexto histórico, el segundo periodo de Fujimori precipito la vida moral política del Perú hacia al antro total. Los responsables son varios y ello incluye a todos aquellos “opositores” que se callaron para mantener sus privilegios y su existencia. La mafia se enquisto profundamente en todos los motores del manejo administrativo del estado y en el actual Gobierno de Alan ha vuelto a las andanzas. Si ello volviera a profundizarse con la elección de un personaje comprometido o acusado de corrupción el año 2011, indicaría que el Perú no ha avanzado y posiblemente no ha de salir de este subdesarrollo moral y mental en corto ni en largo plazo. En estos tiempos, en donde la economía del conocimiento esta en control absoluto del desarrollo integral de las sociedades, el seguir pensando “que robe pero que haga obras”, es inmoral y mezquino y ello no es conducente para que el Perú despegue hacia el desarrollo económico, cultural y social de largo alcance.

Hermanos Caradura

2010-11-18T03:47:00.000-08:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/18-11-2010/hermanos-caradura

Por Augusto Álvarez Rodrichmailto:Rodrichalvarezrodrich@larepublica.com.pe

La presión inaceptable de Mufarech contra Villarán.

Yo no sé si usted siente lo mismo, pero yo ya estoy harto de que el poder político se alíe con el judicial para chantajear a las personas que, dentro de sus posibilidades, luchan contra la corrupción y tienen el valor de no cejar en su libertad de expresarlo en vez de callarse.

Es el caso de Susana Villarán, quien ayer escuchó la sentencia del 26 juzgado penal de Lima que declaró nulo parcialmente el proceso que, con la prepotencia que lo caracteriza, le entabló el ex ministro fujimorista Jorge Mufarech por el simple hecho de que la nueva alcaldesa de Lima lo criticó.

Dicha sentencia decidió anular todo lo actuado en este proceso y retornar el expediente al 36 juzgado, en el cual comenzó el caso, ante un pedido en ese sentido de la defensa, pero no se pronunció sobre el tema de fondo, debido a que, por un lado, estos hechos ya han sido judicializados y archivados hace cuatro años; y, por el otro, porque el juicio no tiene sentido.

En dicha dirección se han pronunciado entidades como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de recordar –a propósito del caso de Villarán– que las opiniones sobre funcionarios o quienes han ejercido cargos públicos no pueden ser calificadas como actos de difamación criminal por el solo hecho de que la persona cuestionada se sienta ofendida.

De un modo más claro y directo, que no se puede condenar a quien escriba un artículo contra la corrupción, tal como le está ocurriendo a Villarán y, a través de diferentes mecanismos, a los periodistas José Alejandro Godoy –quien ya fue condenado hace una semana–, Pedro Salinas y Fernando Rospigliosi.

Este atropello es posible debido a la complicidad lamentable de algunos políticos, jueces y –¡qué vergüenza!– periodistas, quienes con sus acciones y silencios crean las condiciones para perpetrar estos delitos contra derechos elementales como el de expresión, y que llevan implícito un aconchabamiento mafioso a favor de la corrupción, la de antes y la de ahora, que para el caso es lo mismo pues esta no tiene ideología ni partido y su bandera es negra con dos tibias y una calavera.

¿Ha escuchado alguna vez al incontinente ‘opinador’ y presidente Alan García hablar de este tema? ¿El locuaz presidente del poder judicial, Javier Villa Stein, quien opina de cuanto tema le pongan por delante, ha dicho algo sobre este chanchullo?

Por ello, finalmente, es importante que el ex presidente Alejandro Toledo haya reconocido ayer como un error de su primer gobierno, la involucración de Jorge Mufarech en el mismo, toda vez que se trata de alguien cuyo desempeño público ha sido –y lo sigue siendo a través de estos atropellos judiciales que emprende– nefasto para la decencia y la democracia.

¿Se puede pedir algo bueno de este gobierno? Nosotros creemos que no. La impunidad es el ansia de este gobierno. La opción del continuismo es la corrupción desde los más altos niveles de gobierno. Para ellos el poder no es negociable. ¡Salvo la corrupción y el asalto al erario nacional, todo es ilusión!

“No quiero ser recordado como juez de una sola sentencia”

2010-11-07T02:05:00.000-08:00

Sabedores somos que al sistema imperante no le conviene Jueces probos de las características del Juez Supremo San Martín Castro. Sin embargo, en función de innovar la administración de justicia, creemos que es necesario que sus pares electores, en este caso, mediten en función de un futuro mejor para el Poder Judicial. La corrupción es el cáncer del desarrollo y la impunidad es un medio que solamente favorece la ignorancia y el subdesarrollo de la sociedad en conjunto (ASACLC).

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101107/4/node/300502/todos/15

Entrevista/César San Martín Castro. Juez Supremo. El juez que condenó a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori ya volteó la página. Ahora pretende la presidencia del Poder Judicial para mejorar la administración de justicia.

Juan Carlos Soto. Arequipa

¿Cómo asimila en el tiempo haber sido el juez que condenó a un ex presidente de la República, un hecho sin antecedentes en nuestra historia?

Lo asimilé con normalidad y una obligación que cumplí con transparencia y voluntad. Y siempre, como les decía a mis colegas, pensando en la historia y no en el momento inmediato. Con todas las limitaciones quisimos demostrar que el Poder Judicial era capaz de acometer una tarea de esa dimensión. Con extremo cuidado, cumpliendo el estándar del debido proceso, imparcialidad y espíritu de servicio. Sobre la sentencia hay la libertad de estar o no de acuerdo, pero tengo la impresión de que fue aceptada como una decisión de jueces independientes.

En una entrevista de El País de España confesó que había llorado con algunos testimonios.

Se juzgó una etapa muy dura que nos afectó a todos. Soy ser humano, hubo testimonios que me dolieron mucho. Escuchar de los miembros del grupo Colina, la forma cómo se mataron criaturas, la frialdad de su expresión, aquel intento de explicar su misión con falta de humanidad era conmovedor. Pero esos momentos había que superarlos, porque una sentencia es una expresión de pura racionalidad.

Estas sentencias son advertencias para dictaduras abusivas y violadoras de los derechos humanos y que no hay la impunidad de antes.

Esa es una de las características de la jurisdicción. Tenemos que afirmar la legalidad y controlar conductas que escapan a ella. El derecho internacional nos obliga a los jueces a dar una respuesta contundente a determinadas conductas, sea quien sea.

Hay una conciencia global sobre los derechos humanos…

Eso es importante. No estamos aislados, el país pertenece a un mundo jurídico internacional que impone obligaciones: respeto a los derechos humanos y a los grandes valores de la humanidad.

¿Cambió su vida después de haberse convertido en el juez que condenó a Fujimori?

Fue una experiencia profunda y emblemática, pero le digo con sinceridad, la página está volteada y hay otras tareas pendientes.

No quiero que me recuerden como un juez de una sola sentencia, sino por una carrera, sensibilidad a una vocación judicial y línea de servicio.

Después del caso Fujimori se pensó que el Poder Judicial iba a mejorar, pero los últimos actos de corrupción nos desmienten…

Se quiere construir una institucionalidad judicial de altos estándares de funcionamiento democrático. Esa es una tarea complicada porque formamos parte del Estado y sufrimos sus mismas taras. La justicia necesita una agenda pública que comprometa a todos, porque esto no es un problema solo de jueces. Aquí hay varias tareas pendientes: la corrupción, acceso a la justicia y gestión.

Según el último reporte de Transparencia Internacional hemos retrocedido en la lucha anticorrupción…

Es cierto, y nos debe llamar la atención. ¿Cuáles son los remedios? La receta de una perspectiva general ya está lanzada. Hay dos ámbitos importantes. Voluntad institucional y transparencia en la gestión, que es someterse a la opinión crítica de la comunidad.

Nosotros tenemos algunas ideas. La corrupción no solo se combate con represión, hay que prevenirla. Más allá de las operaciones de intervención in fraganti de conductas corruptas, hagamos inteligencia, una palabra desacreditada por lo que pasó en el país.

Con inteligencia detectaremos los núcleos de organización corrupta, cómo se expresan o reproducen. La corrupción se enfrenta también con la transparencia de la función, y eso obliga a tecnificar el despacho judicial para que la actuación del magistrado sea limpia y de conocimiento público. ¿Cómo rompemos con la estructura de lobbies? Una metodología de transparencia puede combatirlos, trabajar intensamente con sistemas de información (uso de la web). Lo que hay en otros países, agendas públicas: decirle (al juez) que publique su lista de actividades explicadas.

Varios sectores tomaron de piñata al Poder Judicial. Un ministro dijo que se comporta como centro comercial. El presidente del Tribunal Constitucional cuestiona la actuación de Villa Stein.

¿Cuál es su sensación de esas apreciaciones?

De inmediato de un profundo desagrado. No son formas de expresarse, no contribuyen a la mutua colaboración de los poderes públicos. Hay una suerte de crispación y conflictividad interna que genera resentimiento y muros. Nuestra vinculación con los otros poderes del Estado siempre será tensa, pero eso no significa que sea violenta y entorpecedora.

¿La corrupción que existe en el Poder Judicial es grande o está magnificada?

Siempre existe una cuota grande de magnificación. Pero no puedo lanzar una línea de defensa en bloque y negarme. Reconozco que hay grandes problemas como los tiene el país. Hay encuestas que uno puede cuestionarlas, pero hay una realidad ahí.

La percepción ciudadana de los otros poderes del Estado también es negativa.

Preocupa ese rechazo institucional, da pautas para el autoritarismo y salidas violentas. Sería tonto decir: ¡esta población antidemocrática! Hay un desencanto, el servicio que ellos merecen no está a la altura de sus expectativas.

En el caso del Poder Judicial, ¿no cree que la misma gestión del actual presidente Javier Villa Stein haya abonado al desprestigio?

No recuerdo un juez tan polémico con amagos de candidato presidencial, y la gota que rebasó el vaso: justificar la agresión presidencial a un ciudadano.

Son estilos personales, él tiene una línea de afirmación de sus planteamientos bastante precisa. Yo le tengo simpatía, es el colega al que conozco hace muchos años. Reconozco en él su gran preocupación por la justicia, inteligencia y sagacidad para enfrentar problemas, en fin…

¿Pero usted adoptaría esas conductas?

Yo soy San Martín, no Villa Stein. “No le debemos nada a ningún poder político”

Usted será candidato a la presidencia del Poder Judicial, ¿tiene ganas de agarrar este fierro caliente?

Ya estoy sobre el caballo, no puedo arrepentirme. Si gano, gano; y si no, no, y punto. Estoy pensando cómo hacer.

Un columnista (Álvarez Rodrich) dice que el magistrado Enrique Mendoza ganará la elección por su cercanía al poder político.

Se va a equivocar. Hay un sentimiento de autonomía que nosotros debemos fortalecer en forma interna, solo un Poder Judicial independiente colaborará con los poderes públicos en el bien público.

¿No hay influencia política?Desde luego hay cosas que uno no niega, esa es la cultura política del país.

Pero a nosotros no nos ha nombrado el gobierno. No le debemos nada a ningún poder político.

¿No cree que fue emboscado por la Universidad Nacional de San Agustín, que le entregó un doctorado bamba hace años?

Eso fue materia de una queja que me mandaron, pero esa situación ya fue aceptada por la Asamblea Nacional de Rectores, mi título está inscrito allí. Yo fui vocal de la corte sin ese título, en consecuencia, ello no agregó nada a mi historia académica previa, menos a mi historia judicial.
Ojo, yo hice mi tesis, la presenté y la defendí. No me siento disminuido y me someto a lo que digan las leyes.

‘Gestión de Villa Stein es interesante’

¿Considera que la gestión de Javier Villa Stein fue buena?

Diría razonablemente interesante. La política judicial tiene componentes distintos de la política partidaria: continuidad, corrección, reorientación y desarrollo. Esa línea hacemos todos.

¿Qué cosas hay que continuar?

Hay cosas buenas que hay que continuar, por ejemplo, en la descarga procesal hay un plan interesante a profundizar. La implementación del código procesal penal y ley laboral, etc. En la Sala Penal Permanente se informatizó nuestro trabajo. Tuvimos éxito en cuanto a celeridad y control de manejo de causas. Queremos sentar las bases para el expediente digital, un sistema judicial integral.

¿Qué permitiría la digitalización de los expedientes?

Eso permitirá que cualquier persona no tenga que venir a Lima, sino desde una cabina de Internet desde cualquier parte del país sepa cuándo se resolverá su caso, quién lo tiene, etc. Eso también disminuirá la corrupción al interior del Poder Judicial. Los jueces tomamos con cierto desagrado cuando nos preguntan: ¿y qué críticas tiene que hacerle al anterior presidente?

Corrupción frena el desarrollo de un país

2010-11-05T19:15:00.000-07:00

El historiador peruano Alfonso Quiróz presento su último libro “Círculos Corruptos” en el cual interpreta la historia peruana a través de episodios importantes de corrupción a lo largo de los siglos. Lamentablemente, la corrupción ha estado inmersa en la historia peruana. Así lo revela el último libro presentado en Estados Unidos por el historiador Alfonso Quiroz, que describe la corrupción en nuestro país desde los tiempos de la colonia hasta el gobierno de Alberto Fujimori.

Las investigaciones recopiladas en el Libro “Círculos Corruptos” afirman que disminuir la corrupción contribuye al desarrollo de un país. “En esos países donde se ha logrado controlar la corrupción y dejarlo a niveles bajos, esos países son los que más se han desarrollado, entonces hay una vinculación entre países desarrollados y baja corrupción”, dijo Quiróz.

Pese a la situación de la corrupción en el país, Quiróz destaca que a partir del año se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, a diferencia de otros países: “El Perú por ejemplo a nivel mundial y a nivel latinoamericano ha avanzado y ahora se encuentra a un nivel intermedio, mientras que otros países latinoamericanos por ejemplo estamos hablando de Venezuela y la misma Argentina y algunos que otro país centro americano la percepción de la corrupción ha crecido…”.

Reconocer la corrupción permite dar un giro al desarrollo social y económico de un país. Quiroz insiste que es importante conocer la trayectoria de corrupción del Perú para tener en conocimiento las transgresiones del pasado y las consecuencias para el país. El libro será publicado en el Perú por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Fuente: http://enlacenacional.com/2010/10/27/historiador-alfonso-quiroz-advierte-que-corrupcion-frena-el-desarrollo-de-un-pais/

La corrupción avanza

2010-11-04T04:31:00.000-07:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/04/11/2010/la-corrupcion-avanza

Jue, 04/11/2010 - 05:00

Por Augusto Álvarez Rodrichalvarezrodrich@larepublica.com.pe

Por el lanzamiento de una cruzada anticorrupción.

Es un error creer, como hasta ahora, que la economía peruana podrá seguir creciendo, como hasta ahora, sin que la corrupción sea detenida (como hasta ahora).

Ayer se informó la buena noticia de que el Perú subió diez lugares llegando al puesto 36 en el ranking ‘Doing Business 2011’ que el Banco Mundial prepara anualmente para medir la competitividad y la facilitación de los negocios. El gobierno espera avanzar el próximo año hasta el puesto 25, lo cual, junto con el fuerte crecimiento que se está registrando –superior a 8% este año–, constituye una estupenda señal.

Lamentablemente, sin embargo, esto coincide con la aparición de otros rankings que traen malas noticias, como el Índice de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional –difundido la semana pasada– en el cual se observa que el Perú empeoró tres puestos al subir del 75 al 78.

En una escala de 1 (muy corrupto) a 10 (honesto), el Perú está en 3.5. Como referencia, en América Latina, Chile es el país mejor ubicado con 7.2 y en el puesto mundial 21, y Venezuela es el peor con un indicador de 2.0 y colocado en el puesto 164, lo cual pone a Hugo Chávez –para usar sus propias palabras– como ‘caimán de pozo’. Argentina anda igual de mal, con 2.9 que va de la mano con el incremento del patrimonio de la familia Kirchner de 710% desde el año 2003, período en el cual pasó de US$6.85 millones a más de US$55 millones en 2009.

Esto quiere decir que la economía peruana sigue creciendo y mejorando su perspectiva aunque, junto con ello, también la corrupción. Están equivocados quienes creen –como muchos– que esta ecuación puede mantenerse por mucho tiempo.

Robert Klitgaard, una autoridad mundial en anticorrupción que participa en el foro sobre el tema organizado por la Contraloría, concluye que un país con el actual nivel de ingreso per cápita del Perú puede seguir aumentando con corrupción, pero no por mucho más porque esta lacra será un freno creciente.

No es coincidencia que los países más competitivos sean los más honestos, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia. Los más pobres, en cambio, son los más corruptos, como Somalia, Birmania, Afganistán o Irak.

A los empresarios les conviene autoridades honestas por razones morales pero, también, por cálculo económico. Es más barato, promueve la competitividad –gana el más capaz y no el más corrupto– y no los expone a futuras extorsiones del coimero. Por ello, el sector empresarial debería lanzar en el CADE que viene, al que asistirán candidatos presidenciales, el desafío de una cruzada anticorrupción. Desde el mundo político no se percibe un impulso en esa dirección, como se ha constatado en el lustro gubernamental del presidente García en el que la corrupción, al igual que la economía, avanza.

La respuesta a las crisis globales debe priorizar una actitud de tolerancia cero frente a la corrupción

2010-10-29T06:14:00.000-07:00

Fuente: http://www.transparency.org/

Berlín, 26 de octubre de 2010: Si bien los gobiernos destinan grandes cantidades de fondos a combatir los problemas mundiales más acuciantes, como la inestabilidad de los mercados financieros, el cambio climático y la pobreza, la corrupción continúa siendo un obstáculo para lograr los avances necesarios en estas áreas, según muestra el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2010 de Transparency International, una medición de la corrupción doméstica, en el sector público, difundida en el día de hoy.

El IPC 2010 muestra que casi el 75% de los 178 países incluidos en el Índice obtuvieron una puntuación inferior a cinco en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 10 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que indica que existe un grave problema de corrupción.

“Estos resultados indican que se necesitan medidas más enérgicas para fortalecer la
gobernanza en todo el mundo. Dado que estos altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos. Las buenas prácticas de gobierno son un aspecto esencial de la solución a los desafíos que enfrentan actualmente los gobiernos en cuestiones de política global”, expresó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International (TI).

Para abordar estos desafíos de manera integral, los gobiernos deben incorporar medidas contra la corrupción en todos los ámbitos, desde las respuestas a la crisis financiera y al cambio climático, hasta los compromisos de erradicación de la pobreza por parte de la comunidad internacional. Por ello, Transparency International impulsa una implementación más estricta de la Convención de la ONU contra la Corrupción, la única iniciativa global que ofrece un marco para poner fin a este problema.

“Permitir que persista la corrupción es inaceptable; son demasiadas las personas pobres y vulnerables que continúan sufriendo sus consecuencias en todo el mundo. Debemos asegurar una implementación más rigurosa de las normas y reglas existentes y evitar que existan refugios donde los corruptos puedan esconderse u ocultar sus fondos”, señaló Labelle.

Índice de Percepción de la Corrupción 2010: Los resultados

En el IPC 2010, Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur comparten el primer lugar, con una puntuación de 9,3. Los últimos puestos continúan ocupados mayormente por países con gobiernos inestables y, en muchos casos, con un legado de conflicto.

Afganistán y Myanmar comparten el penúltimo lugar, con una puntuación de 1,4, y Somalia, con 1,1, está en el último puesto.

Se pueden identificar cambios reales en las percepciones cuando las mismas encuentas sirven como fuente para evaluar a los países y los datos son corroborados por más de la mitad de esas fuentes. En función de estos criterios, se pueden advertir mejoras en la puntuación de 2010 respecto de los resultados de 2009 en Bhután, Chile, Ecuador, Ex R. Y. de Macedonia, Gambia, Haití, Jamaica, Kuwait y Qatar. Igualmente, se puede identificar un deterioro de 2009 a 2010 en la puntuación de la República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Madagascar, Níger y Estados Unidos.

Repercusiones financieras

Entre los países que han mostrado un descenso en su posición respecto del año pasado destacan aquellos más afectados por una crisis financiera que estuvo precipitada por déficits de transparencia e integridad. Hay una ausencia de países pertenecientes a la OCDE entre los que han presentado mejoras. Esto pone de manifiesto que todas las naciones deben fortalecer sus mecanismos de gobernabilidad.

TI evaluó a 36 países industrializados que son parte de la Convención de la OCDE contra el Soborno, la cual prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros, y comprobó que nada menos que 20 de ellos presentan niveles mínimos o nulos de implementación de las reglas y transmiten así un mensaje equivocado sobre su compromiso con la lucha contra las prácticas corruptas. Mientras la corrupción continúa asolando a los países recientemente creados, frustrando sus esfuerzos por construir y fortalecer sus instituciones, proteger los derechos humanos y mejorar los medios de subsistencia, los flujos internacionales generados por la corrupción aún son considerables.

“Los resultados del IPC de este año muestran una vez más que la corrupción es un problema mundial que debe ser abordado en las reformas globales sobre política. Es importante que el Grupo de los 20, como parte de la reforma financiera, haya adoptado compromisos férreos con la transparencia y la integridad en forma previa a la cumbre que tendrá lugar en noviembre en Seúl”, afirmó Labelle. “Sin embargo, el propio proceso de reforma debe acelerarse”.

TI insta al G20 a exigir una mayor fiscalización gubernamental y transparencia pública en todas las medidas adoptadas para reducir las oportunidades y los riesgos sistémicos de corrupción y fraude en el sector público y en el privado.

El mensaje es claro: en todo el mundo, la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para restablecer la confianza y revertir el flagelo de la corrupción. Sin ellas, las políticas globales que buscan solucionar las diversas crisis mundiales estarán en riesgo.

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Transparency International es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.

Nota para los editores: El IPC es un índice compuesto basado en 13 encuestas distintas a
expertos y empresas. Las encuestas que se utilizaron como fuentes para el IPC 2010 se
realizaron entre enero de 2009 y septiembre de 2010.

Contacto con los medios de comunicación:
Deborah Wise Unger
Tel: +49 30 34 38 20 662, ó
+49 30 34 38 20 666
Correo electrónico: press@transparency.org

Nota: El Perú ha sido clasificado con un rango de 3.5 (rank 78), indicando que la corrupción es preponderante en la vida social política del Estado.

Enredado en sus propias mentiras, Alan García ha terminado haciendo un papelón.

2010-10-16T01:43:00.000-07:00

Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=72239

El parlamentario Carlos Bruce opinó que en este caso lo peor de todo han sido las mentiras del presidente García, incluso por encima de la agresión. “Lo que me parece peor es que se le mienta al país, que se monte todo un aparato para decir que los hechos ocurrieron de una manera cuando en realidad ocurrieron de otra. Creo que las personas en el entorno del presidente cometieron un gravísimo error, pues ese accionar puede traer desconfianza en las autoridades que no tienen ningún resquemor en mentirle al país. Creo que se debe decir exactamente qué cosa pasó y dejar de encubrir lo ocurrido. La falta de manejo de este tipo de circunstancias y el carácter impulsivo de García es una constante”, sentenció el congresista.

Las mentiras y las agresiones físicas y verbales caracterizan la gestión del presidente Alan García, lo que pone en riesgo la democracia y la gobernabilidad en el país, según analistas y políticos consultados por LA PRIMERA.

Para Luis Alberto Salgado, ex candidato a la secretaría general del APRA, el último incidente que involucra al presidente García en una agresión física contra Richard Gálvez, un joven voluntario de Essalud, es un hecho lamentable que sin lugar a dudas contribuye a que la situación empeore.

“El hecho que a García lo hayan llamado ‘corrupto’ sin que exista una sentencia que así lo demuestre es un delito de calumnia e injuria contra el primer mandatario de la Nación, pero eso no justifica que se arreglen las cosas a golpes. El señor Gálvez debió ser detenido y llevado a un juez, y el mandatario debió aclarar desde el primer momento la situación. Pero calló y luego aparecieron versiones contradictorias que empañaron la imagen presidencial. Por si fuera poco, sale también un funcionario y se autoinculpa, eso empaña más el desempeño de García. Existió un pésimo manejo de la situación y una mala reacción del presidente y su entorno”, dijo Salgado en conversación con este diario.

Censuras

Asimismo, apuntó que generan suspicacia los vetos y censuras a programas de televisión tras la denuncia del cachetadón. “Existe una falta de transparencia de los altos funcionarios, incluso del presidente, los ciudadanos esperamos ser respetados y que las instituciones y los medios de comunicación también sean respetados. Todo esto afecta la salud democrática del país, sobre todo este caso que involucra al presidente García, de quien se espera equilibrio, autocontrol y mesura, pero en lugar de eso nos remonta inevitablemente a la patada que le propinó al señor Jesús Lora el año 2004”, sentenció Salgado.

Agresión a todos

Por su parte, el decano del Colegio de abogados de Lima (CAL), José Antonio Ñique de la Puente, aseguró que la bofetada que García le propinó a Richard Gálvez representa una agresión a todo el pueblo peruano. Demandó que el mandatario sea prudente y tolerante, pues “no se puede gobernar con cachetadas ni puñetes”. “Quien tiene un cargo de gobierno en cualquier representación del Estado no puede reaccionar golpeando a nadie, para eso están las instancias judiciales y para eso está el estado de derecho”, dijo Ñique de la Puente.

El decano del CAL indicó que, desde su punto de vista, el calificativo de “corrupto” que el joven Richard Gálvez pronunció contra Alan García representa una forma de protesta que suele expresar la población en cualquier parte del mundo. “De ninguna manera puede golpearse a alguien y si ese joven le dijo ‘corrupto’ al mandatario, son formas de protesta de la gente, no muy éticas, pero así se manifiesta la gente y García no es el único presidente al que lo han insultado, también le pasó a Sánchez Cerro, a Odría”, refirió Ñique de la Puente.

En opinión del congresista Yonhy Lescano, presidente del partido Acción Popular, con la ‘fama’ que tiene Alan García no es extraño que maneje la situación de esta manera, variando sus versiones y con falta de transparencia para conocer la verdad.

“García en el gobierno se ha comportado como un mitómano profesional, incluso incumpliendo muchas cosas, por eso no me extraña las mentiras y contradicciones que tiene con respecto a la bofetada que le dio al joven. Esas respuestas están en el parámetro de conducta del gobierno. Dice algo y luego se contradice”, sostuvo Lescano.

Su compañero de bancada, Víctor García Belaunde, añadió que si el presidente García hubiera contado su versión completa de los hechos desde el comienzo la polémica no hubiera durado más de 24 horas.

“Es un incidente minúsculo que fue agrandado absurdamente en base a mentiras. Eso demuestra muy poca pericia y falta de manejo de situaciones de esta naturaleza por parte del presidente García y del gobierno, además del uso de versiones fuera de la realidad. Esta situación perjudica profundamente la imagen de García como persona, más allá de su investidura, además del gobierno”, refirió García Belaunde.

Algunos excesos verbales

- El 10 de julio del año 2007 el presidente Alan García calificó de “comechados” a los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) que realizaron una huelga nacional. García dijo que “hay muchos comechados que no quieren ir a clases, que no quieren capacitarse y cuando le ponen un libro adelante es como si le tiraran una maldición”.

- En junio del año 2008, el jefe de Estado dijo que “los periodistas son aves de mal agüero, que sólo presentan lo malo”, refiriéndose al descontento ciudadano.

- El 7 de junio del año 2009, Alan García dijo que “los miembros de las comunidades indígenas no son ciudadanos de primera categoría”. Con esas afirmaciones intentó desprestigiar la huelga que miles de nativos realizaron en defensa de sus tierras ancestrales.

- El último jueves 14 de octubre el presidente arremetió nuevamente contra los medios de comunicación y los responsabilizó de las críticas y los ataques de ciudadanos contra los políticos.Marcelo Puelles Redacción

Fuente: http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/14/10/2010/manotazos-de-abogado

Manotazos de abogado

Por Augusto Álvarez Rodrichalvarezrodrich@larepublica.com.pe

Más allá de una increíble cachetada presidencial.

Ya se sabe que la justicia peruana anda hasta el perno y por las patas de los caballos, pero hay indicios que apuntan a que la cosa estaría peor de lo que se podría pensar. Uno de los indicios se llama Javier Villa Stein.

Luego de confirmarse que, felizmente, no será candidato presidencial, el presidente de la Corte Suprema reapareció ayer, luego de unos días de silencio, y proclamó una pachotada que lo proyecta como alguien descontrolado y desaforado.

Porque convengamos en que, salvo que estemos en el Far West o en una selva africana dominada por gorilas, no es normal que el líder del Poder Judicial recomiende arreglar una controversia o responder a un agravio con puñetazos. ¿O no?

Aunque usted no lo crea, en este país de Ripley que es el Perú, donde el progreso económico coincide con el primitivismo institucional, el magistrado –es un decir– Villa Stein ha dicho sobre la cachetada propinada por Alan García que “ha sido prudente el presidente porque otro dignatario a lo mejor en vez de una cachetada le hubiera tirado un puñetazo; solo en un país de maricas se permite que se insulte a la gente sin hacer nada”.

O sea que, según Villa Stein, los líos entre personas se deben arreglar como ‘machazos’ a patadas y puñetazos y no con una ‘mariconada’ como plantear una demanda en la institución que él increíblemente preside. Eso es, más o menos, lo que también ha opinado el presidente García con una declaración que es más propia de un matón que de un estadista: “A este tipo de altercados siempre he respondido”. Guardia dorada dixit.

A mí me parece lamentable que personas como el voluntario de Essalud Richard Gálvez León crean que pueden insultar a otras personas, como el presidente García, en su cara, llamándole corrupto. Esto ocurre en un contexto en el que se ha ido perdiendo en el Perú el control para no caer en la tentación del agravio fácil, algo en lo que muchos incurren con frecuencia creciente, desde ciudadanos, periodistas y hasta políticos como el propio García, cuya violencia verbal suele descontrolarse.

Pero peor que eso es que el jefe del Estado, quien debiera ser el principal garante de la legalidad, crea que puede meterle –rodeado y protegido por su seguridad– una cachetada a un loquito que lo agravia en la calle. Y peor que lo anterior es que luego mienta ante la evidencia de que así fue.
Y todavía peor que todo lo previo es la sensación de que Alan García promueva, con ‘cara de yo no fui’, que algunos medios de comunicación se callen la boca con este irritante incidente de un agravio al presidente, una cachetada como respuesta, y un aval judicial como cereza.

Habrá ocho mil procesos anticorrupción

2010-10-02T04:28:00.000-07:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101002/8/node/292259/todos/15

Casos. El próximo año, según la procuradoría pública. La mayoría de los 7,042 procesos se desarrolla en provincias. En Lima hay mil casos.

La Procuraduría Pública Anticorrupción asume la defensa del Estado en 7,042 procesos vinculados a casos de corrupción y el próximo año podría elevarse a 8 mil, con la entrada el vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, para funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción.

Así lo indicó el procurador Jorge Luis Caldas, quien explicó además que en la actualidad, en Lima, registran procesos un total de 248 causas emblemáticas, mientras que en provincias 321.

Dijo además que con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal, solo en Lima tendrán 528 casos en etapa preliminar y 335 en etapa de instrucción. Mientras que en provincias será de 890 y 1 mil 571 en el orden antes mencionado.

El procurador señaló que la competencia de la procuraduría a su cargo está referida a los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, peculado y concusión.

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101002/7/node/292253/todos/15

Sentencian a Montesinos, Hermoza y Martin Rivas a 25 años de cárcel

Grupo Colina. Junto a Fujimori, fueron autores mediatos de 25 asesinatos. Veredicto resalta que las víctimas eran civiles sin vinculación con organismos terroristas y que el Ejército dio un valioso aporte a la pacificación del país.

César Romero y Ana Véliz.

Tras un juicio extenso, complicado y lleno de obstáculos, la Primera Sala Penal Especial sentenció ayer a 19 jefes y agentes del grupo Colina a penas de 4 a 25 años de cárcel, por los crímenes de Barrios Altos, El Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri.

La sentencia estableció que el grupo Colina recibió apoyo económico y logístico de los altos mandos del Ejército y de la presidencia de la República. Sin embargo, el tribunal resaltó que no estamos ante delitos cometidos por el Estado, sino por un grupo al margen de la ley que utilizó una institución militar para sus actividades contando con un manto de impunidad.

También se resaltó que Colina fue diseñado por Vladimiro Montesinos y jefes militares que eran sus amigos, con la aprobación del ex presidente Alberto Fujimori. Igualmente, se establece que aun cuando su objetivo fue enfrentar a terroristas, solo mató a personas civiles: 15 en Barrios Altos, incluido un niño, 9 en El Santa y Pedro Yauri.

La sentencia resalta que ninguna víctimas era terrorista o tenía vínculos con el terrorismo. En el mismo sentido se reconoció el valioso aporte del Ejército a la pacificación del país. La sentencia dispone que sigan las indagaciones para encontrar el cuerpo de Yauri.

Las penas, igual que Fujimori

Los principales jefes de Colina: Montesinos, y los generales Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo cumplirán 25 años de cárcel como autores mediatos de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita.

La misma pena recibieron los jefes operativos del destacamento: Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, como coautores de homicidio de 25 personas.

Es decir, recibieron la misma pena impuesta el 20 de julio del año pasado al “jefe de jefes” del grupo Colina: el ex presidente Alberto Fujimori, recluido en la prisión especial de la Diroes.

Otros tres jefes militares, los coroneles Federico Navarro Pérez, Fernando Rodríguez Zabalbescoa y Alberto Pinto Cárdenas, recibieron 15 años de cárcel. En el caso de Pinto lo condenaron por mayoría, pues la juez Hilda Piedra consideró que debió ser absuelto.

Los jefes de los subgrupos de Colina y los agentes más sanguinarios, Nelson Carbajal García, Ángel Pino Díaz, Jesús Sosa Saavedra “Kerosene” y Wilmer Yarlequé Ordinola, cumplirán 20 años de cárcel.

Todos ellos apelaron la sentencia ante la Corte Suprema, excepto Montesinos que se reservó ese derecho para hacerlo después.

Absueltos

El tribunal absolvió a 11 jefes militares y agentes: Carlos Indacochea Ballón, Víctor Silva Mendoza, Luis Cubas Portal, Máximo Cáceda Pedemonte, Estela Cárdenas, Shirley Rojas. Además, a Juan Vargas Ochochoque, Luis Arce, Manuel Hinojosa, Julio Salazar y Juan Pampa Quilla.

Es de resaltar que el tribunal reconoció a favor del coronel EP (r) Silva Mendoza y el agente operativo Vargas Ochochoque el principio de obediencia debida, por lo que recibieron órdenes para apoyar al grupo Colina, pero sin conocer sus reales actividades.

Los crímenes

Yauri. El 24 de junio de 1992 el periodista Pedro Yauri fue sacado de su casa por seis encapuchados y nunca más fue visto.

BArrios Altos. El 3 de noviembre de 1991 se acribilló a 15 personas del jirón Huanta Nº 840 en Barrios Altos, entre ellos el niño de ocho años Javier Ríos Rojas.Santa. El 2 de mayo de 1992 nueve campesinos fueron secuestrados y asesinados en El Santa, Chimbote.

Una sentencia ejemplar que se hizo esperar

La lectura de sentencia debió comenzar a las 9.30 am. pero las juezas Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra no lograron concluir el debate a tiempo y pospusieron la audiencia para las 2.00 pm. El fallo se leyó entre las 3.00 de la tarde y las 5.30 de la tarde en la sede judicial de la Base Naval.

La jueza Inés Tello explicó que la sentencia, que se publicará íntegramente en la página web del Poder Judicial, consta de 840 páginas, que incluyen 11 capítulos en los que se describen los hechos y se señalan los delitos y hechos probados.

Por la mañana, un oportunista Vladimiro Montesinos aprovechó la presencia de la prensa para mostrar un libro y agradecer a, según él, los 3,671 amigos que tiene en la red social Facebook.

Los jefes y suboficiales de inteligencia procesados entonaron el Himno del Ejército. Incluso, Jesús Sosa Saavedra “Kerosene” hizo vivas al Ejército con el puño en alto, lo que hacía suponer que iban preparados a hacer escándalo, pero los mantuvieron calmados.

La Sala de audiencias de la sede judicial de la Base Naval del Callao estuvo llena de tope a tope con los familiares de los acusados y de las víctimas del grupo Colina.

Lourdes les dice a los limeños “Metanse la alcaldía al poto”

2010-09-16T07:28:00.000-07:00

Hoy se cumplen 10 años del video Kouri-Montesinos: la memoria es muy frágil

2010-09-14T06:07:00.000-07:00

Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/638907/hoy-se-cumplen-10-anos-video-kouri-montesinos-memoria-muy-fragil

La difusión del “vladivideo” marcó el fin del régimen de Alberto Fujimori. Increíblemente, pese a la corrupción de su gobierno, su hija Keiko lidera los sondeos para la presidencia

Por: Martín León Espinosa

Hace diez años un video quebró la estructura de una dictadura que se creía indestructible. Mostró lo que hacía un régimen para mantenerse en el poder. Reveló lo que era un secreto a voces: la corrupción generalizada del régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

Vea aquí la línea temporal de la caída de Alberto Fujimori.
El 14 de setiembre del 2000, en una sala del hotel Bolívar, se vio por primera vez a Montesinos pagándole 15 mil dólares al entonces congresista Alberto Kouri para que se pasara de la oposición al oficialismo. Desde ese momento, el fujimontesinismo y el panorama político del país cambiaron por completo.

Sin proponérselo, el asesor arrastró a su socio hacia un callejón sin salida. Como recuerda el ex defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega, Fujimori quedó “absolutamente impotente ante el efecto devastador del video”. Por eso, dos días después, la noche del 16 de setiembre, el entonces mandatario anunció la convocatoria a nuevas elecciones y la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (aunque no deslindó con Montesinos). Dos meses después, desde Japón, renunció vía fax.

VIVITO Y COLEANDOHoy se cumple una década del primer ‘vladivideo’. Luego de que se hizo público, muchos creyeron que el fujimorismo había llegado a su fin, pero no fue así. Solo quedó en coma y, en los siguientes años, aunque nunca llegó a ser el mismo, comenzó a dar síntomas de vida. No solo debido a sus seguidores, sino al mismo Fujimori, quien desde que llegó a Japón empezó a planear su retorno al Perú.

El congresista Carlos Raffo, estrecho colaborador del ex mandatario desde la campaña del 2000, recuerda que Fujimori lo llamó pocos días después de dimitir, el 23 de noviembre, para pedirle que lo ayudara en su proyecto de volver al Perú y hacer resurgir el fujimorismo.

“Tan clara la tenía que, cuando lo visité por primera vez en Japón [en diciembre del 2000], me dijo que realizara ‘focus group’ con fujimoristas […] Obviamente no estaba pensando cómo, pero tenía la idea de defenderse [de los juicios] y de postular otra vez a la presidencia [en el 2006] o llevar una lista al Congreso [lo que finalmente sucedió] para que hiciera su defensa política”.

Raffo dice que el camino fue más difícil de lo que esperaban, sobre todo después del 2005, cuando fue detenido en Chile. Ese momento fue clave para el fujimorismo. Nuevamente arrinconado, Fujimori le entregó el liderazgo a su hija Keiko, quien había sido su primera dama en los últimos años de la dictadura.

Por eso, ella empezó a tener más presencia mediática y encabezó la lista congresal fujimorista de los comicios generales del 2006 (en los que logró el mayor número de votos en el país, 602.869, según información de la ONPE).

Desde entonces, Keiko ha alegado que su padre sufre una persecución política. También ha intentado resaltar los logros de su gobierno y hacer una diferenciación entre Fujimori y Montesinos.

Para Raffo, el deslinde ha sido parte fundamental de la estrategia. “Esa es la realidad porque son cosas totalmente distintas. El gran reto era hacer ese deslinde. Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos”, argumenta.

Jorge Santistevan cree que esa diferenciación le ha traído frutos al fujimorismo.
“Hay que reconocer que tienen una fuerza electoral importante a través de las encuestas y que Keiko basa su discurso en un claro deslinde con la corrupción de Montesinos, que le da resultados”, afirma.

Según la última encuesta nacional que Ipsos Apoyo elaboró por encargo de El Comercio, Keiko Fujimori, la candidata del fujimorismo para las elecciones generales del próximo año, está empatada en el primer lugar (con 20%) de la intención de voto para la presidencia con el alcalde limeño Luis Castañeda Lossio.

El periodista y escritor Luis Jochamowitz cree que la alta aceptación tiene una explicación familiar: la relación paterna. “Se dice que ningún político puede endosar sus votos, y lo que ha sucedido con Keiko Fujimori es que los ha heredado a través del vínculo de parentesco”, explica.

“En amplios sectores de la población queda la idea de un Fujimori fuerte. Eso se representa en la votación que tiene su hija Keiko. O sea, no ha desaparecido la fuerza del fujimorismo”, precisa Santistevan.

CUESTIÓN DE MEMORIALa memoria es frágil, dice el médico psiquiatra y psicoanalista Alberto Péndola, cuando esboza una explicación sobre la aceptación que tiene Keiko Fujimori en las encuestas.

Para Péndola, que la hija del ex mandatario encabece los sondeos demuestra que la gente tiende a acordarse de lo bueno y olvidar lo malo del gobierno de su padre.

“Pero se debe recordar lo bueno, lo malo y lo feo”, dice, a modo de recomendación para que la ciudadanía tenga una idea completa de lo que puede representar esa opción política, de la que hace una crítica.

“Nuestra sociedad es incapaz de articular propuestas más saludables en las que el requisito no sea ‘qué importa que robe con tal de que haga obras’, y sí el de respetar la ley”, comenta.

Jochamowitz explica de otra manera el apoyo a Fujimori en los sondeos: “Las otras alternativas políticas son mediocres e incapaces. Así hay la posibilidad de crecer [en apoyo] para cualquiera que tenga algo que presentar, sin que diga mucho”.

“La repetición de elección tras elección va creando hábitos, conformismo. No creo que la gente sepa más o vote por su autoridades con más conocimiento”, agrega.

Esas podrían ser explicaciones de por qué personajes relacionados con el fujimontesinismo intentan (Fernán Altuve, Federico Salas Guevara) o intentaron (Álex Kouri –antes de ser tachado estuvo segundo en los sondeos para la Alcaldía de Lima–, Luis Cáceres Velásquez o Absalón Vásquez) alcanzar alcaldías y presidencias regionales en los próximos comicios de octubre.

Así como los de ellos, ¿cuántos otros casos habrá en las elecciones generales del próximo año?
PARA RECORDARLas sentencias del megajuicioViolaciones de DD.HH.Entre los juicios que se siguieron a Alberto Fujimori, los más importantes fueron los casos Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Por esos procesos, en el 2009 fue condenado a 25 años de prisión. En enero de este año se ratificó la pena.

CorrupciónFujimori fue sentenciado a seis años de cárcel por actos de corrupción tras ser hallado culpable por los casos de congresistas tránsfugas, interceptación telefónica y compra de Cable Canal de Noticias (CCN). También debe pagar S/.24’060.216 y S/.3’000.000 de reparación a cada uno de los agraviados por las interceptaciones.

AllanamientoPor el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, Fujimori fue condenado a seis años de cárcel.

La CTS del ‘Doc’En apenas una semana fue condenado a 7 años de cárcel tras admitir que había realizado el pago irregular de US$15 millones a Montesinos por una CTS que no le correspondía. El ‘Doc’ huyó con esa plata y Fujimori, para ocultar el pago, devolvió esa suma pero en billetes de origen desconocido.

La memoria de los peruanos es muy frágil. Pese a que la corrupción ha calado hasta el más profundo de nuestra fábrica social, tenemos como presidente a un personaje que ha sido acusado de lo más innoble. Ahora tan pronto de acabar su segundo periodo se beneficia del bajo nivel moral político de la población y presta apoyo ciego a dos personajes que le garantizaran la impunidad. Auque es de lamentar, Keiko y Castañeda son garantía de ese continuismo, de ese antro que se llama corrupción y de esa insensatez que se llama masoquismo político y falta de educación cívica de la población (ASACLC).

La corrupción realmente existente

2010-08-28T03:30:00.000-07:00

http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/27/08/2010/la-corrupcion-realmente-existente

Por Augusto Álvarez Rodrich (alvarezrodrich@larepublica.com.pe)

Sin liderazgo para encararla, la corrupción sigue en alza.

El presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Daniel Figallo, ha hecho una denuncia que es gravísima pues implica con la corrupción a 166 jueces. Pero esto no es tan grave como la indiferencia que una advertencia de esa naturaleza produce en el país.

Figallo, cuya actuación se enmarca en el paraguas establecido por el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien no ha ocultado su desazón por la manera sospechosa como se desempeñan los jueces, ha realizado una señalización inusual de un grupo de magistrados implicados en actos irregulares.

Algunos de ellos son tan graves como el narcotráfico, el cual sería el problema de 44 de los 166 jueces incluidos en esta lista.

Estos vocales habrían favorecido de manera irregular a mafias dedicadas al tráfico ilícito de drogas y al lavado de dinero.

Hace poco, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, le solicitó a Figallo que le diera los nombres precisos de los magistrados corruptos. Cuando se los dio, sin embargo, su respuesta fue que “decir que un juez es corrupto porque falló en determinado sentido es una presión inaceptable, un chantaje”.

La convicción política que existe en el país para combatir a la corrupción es muy escasa, y a la gente esto le está molestando cada vez más, tal como lo evidencia la encuesta reciente que Proética le encargó a Ipsos-Apoyo, al punto que se confirma que la corrupción se ha vuelto la preocupación principal de los peruanos.

Según Proética, el resultado más destacado es que ocho de cada diez peruanos le reclaman al gobierno no tener liderazgo (76%) ni eficiencia (83%) en la lucha contra la corrupción durante estos años. Asimismo, la mitad de los encuestados opina que el gobierno no tiene interés por esta lucha, mientras que solo el 16% le reconoce algún nivel de compromiso real.

Lo bueno de esto es que la población está tomando cada vez mayor consciencia de que la corrupción es un grave problema nacional que, entre otras consecuencias, afecta la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Pero la mala noticia es que, a todas luces, este problema les interesa un pepino a los principales sectores políticos del país.

Mientras esto ocurre, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se ve inmersa en pleitos como el que protagonizan el presidente del Poder Judicial Villa Stein y el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía; y la campaña electoral para la elección de Lima empieza a deslizarse creyendo –ilusa o interesadamente– que, sin Alex Kouri en la carrera, la decencia ya derrotó a la corrupción.

En el Perú las cosas están de cabezas. El Poder Judicial, en más de una oportunidad ha sido nombrado como una de las instituciones más corruptas del Aparato Estatal. De acuerdo a ello, la cabeza del Poder Judicial es ambivalente y refleja lo que el actual gobierno quiere de esta institución. Al actual gobierno no le conviene una independiente y eficiente administración de justicia. Tampoco le conviene una modernización de este aparato de poder. La modernización y la independencia jurídica le traerían muchos problemas a Alan y sus acólitos. Primeramente tendrían que responder sobre los muchos cargos de corrupción que se le acusan. Luego sobre los crímenes de lesa humanidad (ASACLC).

¿Cómo estudiaron los Fujimori?

2010-08-11T04:55:00.000-07:00

Fuente: http://www.otramirada.pe/

La semana que pasó nos dejó una excelente noticia: se abrió una investigación seria a Keiko, Hiro y Sachie Fujimori por enriquecimiento ilícito debido al financiamiento de sus estudios universitarios. Como confirmó La República, es la primera vez que se investiga a la candidata del fujimorismo a la Presidencia de la República y a sus hermanos. Anteriormente, la familia Fujimori fue mencionada como beneficiaria de enriquecimiento ilícito y peculado en la investigación que se le siguió a Alberto Fujimori por los mismos delitos; sin embargo, no se les había abierto una investigación a estos personajes como cómplices de este hecho.

Desde el año pasado, Otra Mirada, se pregunta ¿quién financió los estudios de los hermanos Fujimori? Resulta imposible que Alberto Fujimori hubiera podido costear un total de 3 millones 211 mil 883 soles en la educación de sus hijos pues este monto es demasiado para un ex presidente que nunca recogió su sueldo presidencial, ni el de cesante de la universidad Agraria de La Molina. Además, si bien el ex presidente afirmó que había pagado los estudios de sus hijos con la venta de un terreno en el pasaje Pinerolo (669 mil 500 dólares), luego se comprobó que esto no era cierto pues Vladimiro Montesinos declaró que el dinero para los estudios de los hijos de Fujimori salían del “fondo de contingencia”.

No obstante, apenas la noticia llegó a los medios de comunicación, representantes del fujimorismo mostraron su indignación frente a lo que consideran una investigación sin sentido. Olvidan los fujimoristas que diversos peritajes contables han determinado los montos gastados por Alberto Fujimori en la educación de sus hijos, lo cual incluye los viajes (US$ 453,600) y alquileres (US$109,200) y que semejante cifra no podría haberse alcanzado ni con la venta supuesta de la casa en Pinerolo ni con su sueldo presidencial o de la Universidad Agraria. Pero, además, olvidan los fujimoristas que Keiko Fujimori ha sido Primera Dama de la Nación y ha manejado recursos del estado, lo cual, de acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada por el Perú en el año 1996, la convierten automáticamente en funcionaria pública.

No se trata pues de una investigación injustificada como ciertos personajes pretenden afirmar, ya que Keiko Fujimori y sus hermanos no tendrían por qué haber preguntado a su padre de dónde conseguía los fondos para pagar su universidad. La fiscalía debería investigar el grado de complicidad en el que los Fujimori podrían estar incursos. Además, el caso de Keiko Fujimori es especial ya que además del delito de complicidad, esta candidata presidencial pretende encubrir su responsabilidad por haber sido funcionaria pública y manejar irregularmente fondos del Estado.

Finalmente, resulta absurdo que algunos analistas sugieran que en vista de encontrarnos en medio de un contexto electoral, deba dejarse de lado esta investigación porque tendría motivaciones políticas. Si los candidatos no son capaces de mostrar una hoja de vida intachable o responder por sospechas, es un deber del Ministerio Público abrirles la investigación pertinente y un derecho de la población saber a quiénes no debería otorgar su voto en las futuras elecciones.

Estos hechos solo muestran el nivel de corrupción que existía durante el gobierno dictatorial de Fujimori. Es conocido que estos personajes, debido a su bajo nivel moral y compromiso político con los que dicen gobernar, tienden a despilfarrar dinero que no les corresponde. Los beneficiados son los directos familiares y los acólitos que le cuidan las espaldas y los bolsillos.

El gobierno actual también convive con esta bajeza y es la razón para que estos individuos sigan abusando del “poder” que tienen. La historia nos dice que el Perú, en esta su vida republicana, pudo haberse desarrollado enormemente pero debido a los “gobernantes” que hemos tenido, nuestros con-nacionales aun siguen viviendo en la pobreza material, moral y espiritual.

Es una vergüenza que en estas épocas, en donde las economías se desarrollan en base al conocimiento moderno y de reciprocidad universal, estemos aun pululando en medio de esta masa de ineptos que lo que único que saben es celebrar la mediocridad e implantar el robo descarado de las arcas de los gobiernos que dicen reinar. En sociedades modernas, Keiko, Alan y los otros personajes como Castañeda ya hubieran desaparecido de la escena política o en caso contrario, si las investigaciones de los cargos que se les acusan fueran administradas con independencia, probidad y entereza, estarían tras las rejas (ASACLC).

Tibio frente a la corrupción

2010-07-29T07:17:00.000-07:00

Alan García una vez más ha demostrado que la moral y la ética política no son parte de su repertorio. Sin embargo era difícil esperar un cambio substancial sobre la corrupción, el cual es parte de su gobierno y repertorio populista, Alan no mostró ni pizca de arrepentimiento ni respeto por la población peruana. Su acción solo indica que el, ‘como típico emperador tuerto en un país de ciegos’, tiene por restado la opinión de los peruanos sobre los actos delincuenciales de este su gobierno. ASACLC cree que esta acción no es aislada sino es un hecho prmeditado por que un “corrupto difícilmente puede combatir a otro corrupto”.

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/tibio-frente-a-la-corrupcion_67170.html

Evade responsabilidad y confunde a la ciudadanía al cuestionar a lobbistas y corruptos. Hizo tibia autocrítica, pero debió anunciar medidas ante la pérdida de los “petroaudios” que comprometen a su gobierno, señalan.

El presidente Alan García ha evadido, una vez más, su responsabilidad y la de su gobierno en la lucha contra la corrupción, al tiempo de intentar confundir a la ciudadanía cuestionando a lobbistas que forman parte de su propio partido, coincidieron en señalar congresistas y analistas, al analizar lo expuesto sobre este tema por el jefe de Estado, en su Mensaje a la Nación.

El ex congresista Javier Diez Canseco manifestó que con su pedido al Poder judicial de “actuar con mayor celeridad y severidad en sancionar los casos de corrupción”, el jefe de Estado sólo busca eludir la responsabilidad directa de su segunda administración, plagada de actos ilícitos, en este tema.

“Allí están, por ejemplo, los casos del Banco de Materiales, las compras de terrenos en Cofopri, los lobbistas para facilitar la ejecución de las grandes obras y proyectos de infraestructura, a favor de consorcios transnacionales extranjeros, entre otros”, subrayó.

En ese sentido, Diez Canseco dijo a LA PRIMERA que García debe haberse referido a sí mismo cuando habló de los que reciben dinero del extranjero para vender nuestra patria, ya que, anotó, él está vendiendo el gas al exterior y entregando los recursos de la Amazonía peruana.

Sólo para la platea

A su turno, el analista Carlos Reyna consideró que la supuesta posición firme del mandatario frente a la corrupción y su supuesta autocrítica, no es más que un gesto para los medios y la platea, porque la realidad es diferente. “El gesto airado del presidente, anunciando mano dura contra la corrupción es algo que ni él mismo se lo cree”, enfatizó.

A modo de ejemplo recordó que en el tema de la explotación de nuestros recursos naturales, el poder está concentrado en muy pocas manos y sin transparencia. “Y cuando hay irregularidades, lo que se impone es la impunidad”, anotó.

Por su parte, el parlamentario Daniel Abugattás cuestionó la actitud manipuladora del jefe de Estado, al trasladarle al Poder judicial la responsabilidad de enfrentar este delito. “Hay que tener en cuenta que la justicia nacional sentenció y encarceló a José Francisco Crousillat. Asimismo, encontró responsabilidad penal en el ex presidente del Seguro Integral de salud, Julio Espinoza, por la transferencia irregular de fondos para la compra sobrevaluada de alimentos y otros bienes para los damnificados del terremoto en el sur; y ambos fueron indultados por Alan García”, apuntó.

Sobre el particular, refirió que con el tibio mea culpa hecho por García en relación a los casos de corrupción más emblemáticos de su segundo gobierno está reconociendo, en el fondo, la permisividad de su gestión frente a esta lacra y su extensión exponencial.

Pero el congresista aprista Luis Gonzales Posada rechazó que el presidente García haya eludido su responsabilidad respecto al combate a la corrupción, y argumentó que ha sido más bien autocrítico al reconocer las irregularidades cometidas bajo su segunda administración, como el caso Cofopri, por ejemplo.

En su último Mensaje a la Nación ante el Parlamento, el presidente García exhortó al Poder judicial a actuar con mayor celeridad y máxima severidad para sancionar los casos de corrupción, ya que la demora en las sentencias daña la democracia. En respuesta, el titular del Poder judicial, Javier Villa Stein, dijo concordar con el pedido presidencial de acelerar las sanciones legales a los casos de corrupción.

García adujo que a pesar de los esfuerzos y advertencias no es posible erradicar totalmente la corrupción en una administración pública que cuenta con más de un millón empleados.

Al indicar que ésta es una de las tareas más difíciles para cualquier gobierno, admitió que la corrupción es un tema que terminó ensuciando el sistema, por su carácter de escándalo, en los últimos seis gobiernos.

En ese sentido, el mandatario reconoció que resulta obligatorio para un hombre de Estado aceptar las insuficiencias y problemas de sus años de gobierno, como la corrupción y los casos BTR y Cofopri.

Al respecto, dijo que en el Perú existen lobbistas que, a través de teléfonos o con la promesa de comisiones, buscan acelerar trámites, forzando las leyes o ganando información privilegiada para venderla. Alegó que el caso petroaudios, que conmovió al país y al gobierno, hizo olvidar los avances económicos y sociales que registra el país.

García manifestó que, si bien la interceptación telefónica es un grave crimen, también significa “una grave falta de los que escuchan”. Sostuvo que ninguna institución, que en el marco de su autonomía, como el Congreso o las Fuerzas Armadas, pueden estar exceptuadas del control de la Contraloría.

Tras recordar que no hay corrupción sin corruptores, advirtió que este flagelo también implica aceptar el estipendio de gobiernos extranjeros para querer vender nuestra patria.

REACCIONES

Lo tenía en casa
Javier Diez Canseco (ex parlamentario)

“El presidente García ha hablado de lobbistas, mientras tenía al costado suyo nada menos que a Jorge del Castillo, uno de los lobbistas grabados en los USB de la interceptación telefónica (realizada por) Business Track”.

Nada concreto
Carlos Reyna (analista político)

“Hay tres elementos que provocan la corrupción: la concentración del poder en muy pocas manos, la ausencia de transparencia en los contratos y compras del Estado y la impunidad. Y en ninguno de esos aspectos, García ha anunciado acción alguna”.

Recibió a lobbista
Daniel Abugattás (congresista)

“El presidente arremete contra los lobbistas. ¿Pero quién recibió al señor Fortunato Canaán, en Palacio de Gobierno? Y seguimos así, tenemos una lista interminable… El gobierno de Alan García es un gobierno de corruptos para los corruptos. Y allí no cabe la menor duda”.

Ayudemos todos
Luis Gonzales Posada (congresista)

“Más allá de las palabras, la justicia y los demás poderes del Estado deben acompañar al gobierno y asumir sus funciones en la lucha contra la corrupción. Esta es una tarea de todos y no sólo del presidente Alan García. Es parte de una política de Estado”.

Petroaudios
Alejandro Toledo (ex presidente)

“Una de las grandes ausencias del mensaje presidencial fue la falta de medidas para enfrentar la corrupción que campea en el gobierno. García también debió señalar qué medidas va adoptar ante la pérdida de los petroaudios que comprometen a la gente del gobierno”.

Mi corrupto favorito

2010-07-25T07:55:00.000-07:00

La falta de educación cívica y el respeto propio de humanos, hace que estas personas comprometidos con actos delincuenciales estén encabezando las encuestas preferenciales para presidente. En verdad, si esto se concreta, el Perú y el peruano caerán hacia lo mas bajo del desarrollo social. En sociedades desarrolladas, en donde estos individuos estarían tras las rejas o no existirían como ente político, la gente tiene mas pudor y respeto hacia si mismo (ASACLC).

Fuente: http://www.otramirada.pe/

La última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada por el diario El Comercio el domingo que pasó, revela que los dos candidatos presidenciales con mayor intención de voto son Keiko Fujimori (22%) y Luis Castañeda Lossio (20%). Pese a que esta encuesta solo alcanza a representar al 59% de la población, ya que se limita al 75% de la población urbana nacional, resulta relevante para notar características de los candidatos favoritos a la fecha.

No es casualidad que los dos punteros en las encuestas tengan dos características comunes. Primero, ambos son sospechosos de una serie de actos de corrupción y no son todavía exculpados de los mismos. Recordemos que la semana pasada nos dimos con la lamentable noticia de que los fiscales Jaime Schwartz y Jorge Cortez habían decidido limpiar a Keiko Fujimori y a sus tres hermanos, haciendo que el proceso que se les seguía por haber pagado sus estudios en Estados Unidos con fondos del Estado regrese a fojas cero. Y en cuanto al Alcalde Castañeda, basta recordar el caso “Comunicore”, empresa que logró que una deuda que a Relima le costó años de negociación e incluso un arbitraje, le fuera pagada en dos semanas y, una vez con cheque listo, cerró. Curioso, además, que el Alcalde Castañeda tuviera vínculos de parentesco con directivos de esta fantasmagórica empresa.

Pero además de estos dos ejemplos puntuales, podríamos enumerar una lista de tantos otros que confirman esta característica común a los dos candidatos presidenciales “más fuertes”: sospechosos de corrupción. No obstante, tienen otra característica común: silencio frente a las denuncias. Recordemos que la candidata por el fujimorismo no ha respondido claramente a la población sobre la financiación de sus estudios y, cuando lo ha hecho, solo se ha contradicho. Por otro lado, basta notar que el apodo de Luis Castañeda es “el mudo” para entender que a ninguno de estos personajes le interesa rendir cuentas a la población. Entonces ¿qué los hace atractivos?

Podemos notar que más allá de las preferencias electorales, la mayoría de encuestados parece tener muy en claro los problemas estructurales que necesitan modificarse en nuestro país y, pese a esto, no apuestan por aquellos candidatos que pueden resolverlos, sino por aquellos que, por el contrario, distan de ser reconocidos por su eficiencia y transparencia. Los electores prefieren así a quienes fomentan el clientelismo pues relacionan su victoria con favores individuales.

Esta característica forma parte de la resaca que queda de la dictadura de Fujimori y Montesinos quienes, además de violar el estado de derecho y quebrar la democracia, nos dejaron una crisis de representación que a la fecha sigue cobrando factura. Es por esto que los electores siguen prefiriendo favores individuales por sobre aquellos que podrían lograr grandes soluciones colectivas. La política nacional se ha desvirtuado pues es vista como un intercambio de favores por votos que, lamentablemente, constituye un círculo vicioso. Por esto, hay necesidad de tocar temas de fondo como la sostenibilidad energética, la elaboración de una nueva Constitución, la reformulación de modelo de desarrollo, entre otros temas que en Otra Mirada proponemos mensualmente. Mientras no se pongan como prioridad las soluciones estructurales no solo no tendremos mejores autoridades, sino tampoco mejores candidatos. Depende de nosotros.

LLEGÓ EL TIEMPO DE LA LIMPIEZA

2010-07-14T06:50:00.000-07:00

Fuente: Ideelemail Nº 650, 12 de julio del 2010

El sospechoso archivamiento del caso Keiko Fujimori.

El Ministerio Público dice que no hay pruebas.

Carlos Rivera Paz - Antonio Salazar García

En el Perú la lucha contra la corrupción es una cosa del pasado. Lo que antes se denunció ahora se archiva. Los que antes eran investigados ahora le imponen condiciones a la justicia. Ese es el Perú que nos deja el gobierno del Presidente García. No podemos interpretar de otra la manera la desconcertante noticia, hecha pública el último fin de semana, en relación al archivamiento de la investigación preliminar sobre Keiko Fujimori por su participación en la utilización de fondos públicos para solventar sus estudios universitarios en la Universidad de Boston (EEUU).

La decisión del Fiscal Penal Superior Anticorrupción José Luis Cortes, ha sido emitida en un momento bastante particular. Justo cuando la investigada se afianza en la posición de candidata del fujimorismo y es la más beneficiada de la campaña política que ha comenzado a "levantar" el cuco del terrorismo, y que cuestiona los procesos por violaciones a los derechos humanos; y que con el Ministro Rey Rey a la cabeza hacen defensa pública de quienes fueron los jefes del destacamento "Colina". Pero, además, también es el corolario de una serie de decisiones encaminadas a "echarle tierra" a evidentes actos de corrupción del régimen que lideró su padre. En ese sentido, podemos mencionar la exclusión del proceso penal al general Walter Chacón Málaga, a través de una operación que comprendió la intervención del Tribunal Constitucional, el blindaje proporcionado por el aprismo en el Congreso, a los congresistas Carlos Raffo y Cecilia Chacón; ambos, reos contumaces de la justicia; pero, "no pasa nada".

En medio de ese escenario, la decisión del Ministerio Público más se parece a una "operación limpieza" a favor de quien lidera el fujimorismo -aliado principal del régimen aprista- y con ello limpiar del camino el último obstáculo legal que Keiko Fujimori tenía frente al sistema de justicia.

Nuestro pleno convencimiento de lo que aquí afirmamos, radica sola y únicamente en las múltiples evidencias que existen en el expediente de la investigación del Ministerio Público. Por eso, en el ánimo de refrescar nuestra memoria, queremos presentar las más destacadas para que todos saquemos alguna conclusión.

¿Cuáles son las pruebas que permiten establecer el delito cometido por la congresista fujimorista Keiko Fujimori?

Desde el IDL consideramos que existen suficientes indicios razonables que permiten establecer que los estudios de los hermanos Fujimori Higuchi, entre los que se encuentra la candidata Keiko Fujimori, fueron financiados de manera ilícita con dinero del Estado. Esta imputación tiene a la base los siguientes elementos de prueba:

1. El año 1993, la candidata Keiko Fujimori viajó a la ciudad de Nueva York, donde dio inicio a sus estudios en la Universidad Estatal de Nueva York, para finalizar su bachillerato con un título en Administración de Negocios de Boston University el año 1997.

2. En agosto de 1994, su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori, la designó como Primera Dama de la Nación. Cabe señalar que realizó actividades públicas como Primera Dama de la Nación desde abril del año 1994 hasta el mes de noviembre del año 2000, fecha en la que su padre renunció por fax al cargo de Presidente de la República.

3. El ex presidente de la República, Alberto Fujimori, ha señalado que durante los diez años y meses que fue Presidente de la República, recibió una remuneración mensual de S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 nuevos soles), lo cual hace un ingreso anual de S/. 24,000.00 (veinticuatro mil y 00/100 nuevos soles), que multiplicado por los diez años que duro su gobierno hacen un total de S/. 240,000.00 (doscientos cuarenta mil y 00/100 nuevos soles) u US$ 80,000.00 (ochenta mil dólares) aproximadamente.

4. Los cuatro hijos del ex presidente: Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi Fujimori Higuchi, desde el año 1993, año en que Keiko Fujimori fue a estudiar a Nueva York, empezaron sus estudios en universidades de Nueva York, Columbia y Boston, en los Estados Unidos de Norteamérica.

5. Según la versión dada por Keiko Fujimori Higuchi a la Comisión del Congreso que presidía el congresista David Waisman el año 2001, durante el tiempo que estudiaron en los Estados Unidos de Norteamérica, gastaron en educación las siguientes cantidades:
i) Por los estudios de ella un total de 120,000 dólares.
ii) Por los estudios de su hermano Hiro un total de 120,000 dólares.
iii) Por los estudios de su hermano Kenyi un total de 110,000 dólares.i
v) Por los estudios de su hermana Sachi un total de 110,000 dólares.

Es decir, según la versión de la propia Keiko Fujimori, su papá gasto un total de US$ 460,000 (cuatrocientos sesenta mil dólares) en la educación de ella y sus cuatro hermanos.

6. Según un informe elaborado por Peritos de la Contraloría General de la República, la educación de los cuatro hijos del ex mandatario, genero un gasto que ascendió a US$ 1'225,000.00 (un millón doscientos veinticinco mil dólares).

7. Al respecto, Keiko Fujimori ha señalado que sus estudios universitarios y los de sus tres hermanos los pagó su padre Alberto Fujimori con los US$ 660,000.00 seiscientos sesenta mil dólares), que obtuvo por la venta de un terreno de su propiedad ubicado en la calle Pinerolo, en el distrito de Surco. Cabe señalar que esa venta se realizó a fines del año 1998, cuando varios de los hermanos Fujimori Higuchi, en especial la candidata presidencial Keiko Fujimori habían culminado sus estudios universitarios en los Estados Unidos.

8. Además, dicha versión es contraria a la que dio ante la Comisión Waisman, el 10 de enero de 2001, en la que Keiko Fujimori afirmó que su progenitor le daba dinero en efectivo en Palacio de Gobierno cada vez que retornaba de los Estados Unidos. Ante la Comisión Waisman, la hija del condenado Fujimori declaró lo siguiente: "Como vuelvo a repetir, el dinero me lo entregaba mi padre. Yo lo depositaba en una cuenta estudiantil bancaria en Boston. Saqué tarjeta de crédito estudiantil también y yo misma pagaba la cuenta, digamos, de la tarjeta de crédito, y la universidad la pagaba yo personalmente"

9. De acuerdo con su movimiento migratorio, a partir de 1993 Keiko Fujimori Higuchi viajó de Lima a Estados Unidos, por lo menos dos veces al año, lo que coincide con las fechas en las que, según su propio testimonio, retornaba al Perú para que su padre le entregara el dinero en efectivo para la pensión universitaria de ella y de sus hermanos Sachi, Hiro y Kenyi Fujimori Higuchi.

10. Otra de las versiones que ha dado la congresista Keiko Fujimori es que sus padres tenían ahorrados US$ 400,000.00 (cuatrocientos mil dólares), y que con ese dinero financiaron los costos académicos de las universidades estadounidenses.

11. Al respecto, la señora Susana Higuchi, madre de la congresista fujimorista, ha señalado en diversas declaraciones dadas a nivel judicial, que ni ella ni su padre Koshiro Higuchi financiaron los estudios universitarios de los hermanos Fujimori Higuchi en los Estados Unidos.

12. Cabe señalar además, según el Informe de la Contraloría General de la República, del total de dinero que recibió el ex presidente Alberto Fujimori por la venta de un terreno de su propiedad ubicado en la calle Pinerolo (Surco), le remitió a su hija Keiko Fujimori -mediante dos cheques de gerencia- un total de US$ 167,347.00 (ciento sesenta y siete mil trescientos cuarenta y siete dólares). El informe señala que el 08 de abril de 1999, las hermanas Keiko y Sachi Fujimori abren en el Citibank la cuenta Nº 5408704105 y, según el peritaje de la Contraloría, al día siguiente, 09 de abril de 1999, Keiko Fujimori depositó US$ 80,000.00 ochenta mil dólares), más los dos cheques de gerencia que le endosó su papá por US$ 167,000.00 (ciento sesenta y siete mil dólares), haciendo un total de US$ 247,375.00 (doscientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y cinco mil dólares), dinero depositado en una cuenta a plazo fijo vigente hasta marzo del año 2001, también en el Citibank.

13. Keiko Fujimori fue investigada por una segunda Comisión del Congreso de la República, que estuvo presidida por el congresista Mauricio Mulder Bedoya. En la sesión del 17 de setiembre de 2001, Keiko Fujimori repitió que su padre le daba en efectivo, dos veces al año, todo el dinero necesario para pagar sus estudios y los de sus tres hermanos. "Yo calculo que habré gastado, más o menos, 35 mil dólares al año", explicó la actual congresista, durante la sesión reservada: "Mi padre me daba el dinero en efectivo acá".

14. Con respecto a la disponibilidad de dinero en efectivo y en dólares del ex presidente Alberto Fujimori, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres ha declarado judicialmente que entregaba a Alberto Fujimori mensualmente y en efectivo, desde el año 1992 hasta el año 2000, con fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), acopiados con dinero desviado de los ministerios de Defensa y del Interior, un total de US$ 550,000.00 (Quinientos cincuenta mil dólares americanos), dinero que era guardado en Palacio de Gobierno.

15. Al respecto, el 19 de julio del 2001, en la segunda de tres declaraciones que hizo ante la Fiscal Suprema Gladys Echaíz Ramos, Vladimiro Montesinos aseguró que el ex presidente Alberto Fujimori, preocupado por las publicaciones de la prensa independiente, que cuestionaban que sus cuatro hijos estudiaban en el extranjero presuntamente con fondos públicos, le reveló que había conversado con el ex ministro de Educación Domingo Palermo Cabrejos para montar una transacción con la finalidad de vender el inmueble de Pinerolo.

16. El ex asesor manifestó que por orden de Fujimori le entregó US$ 700,000.00 (setecientos mil dólares) en efectivo, de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dinero que luego fue proporcionado a las personas que participarían como supuestos compradores.

17. El 25 de abril de 2002, ante la Comisión Investigadora que presidía el congresista Fausto Alvarado Dodero, Vladimiro Montesinos reiteró su versión. Ante la pregunta "¿El pago del estudio de los hijos, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá?" y Montesinos respondió: "No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él (Fujimori). Después él (Fujimori) simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficticia. Yo le entregué ese dinero a él (Fujimori) y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces, con eso él (Fujimori) después ha dicho: 'Bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba (el financiamiento de los estudios)'".

18. Posteriormente, dos peritajes judiciales confirmaron que la venta del inmueble en la calle Pinerolo, fue una compra venta ficticia, confirmándose la versión que entregó el ex asesor presidencial Montesinos a las autoridades.

Como podemos apreciar, existen pruebas suficientes que evidencian la ilicitud del origen del dinero con el que se pagaron los estudios universitarios de la candidata fujimorista Keiko Fujimori y sus tres hermanos, dinero que probadamente ha salido de forma de los fondos del Estado, información que conocía la investigada Keiko Fujimori, quien como hija mayor y directamente involucrada con las entregas de dinero en efectivo, como ella misma ha señalado, estaba directamente implicada con los hechos.

Definitivamente, estamos ante un caso en el que la influencia política, el empoderamiento del fujimorismo en los últimos tiempos, explican esta 'operación limpieza' a la candidata Keiko Fujimori.

Consideramos que el Ministerio Público y la propia Fiscal de la Nación tienen que dar una explicación al país, porque no puede ser que el Ministerio Público tenga como labor hacerse [de] la vista gorda ante tantas evidencias de un ilícito penal y digan que no hay sustento probatorio para denunciar un hecho delictivo como éste.

La delincuencia organizada y asolapada

2010-07-13T04:43:00.000-07:00

Fuente: http://peru21.pe/impresa/noticia/retiraron16-millones-efectivo/2010-07-13/279819

Retiraron S/.16 millones en efectivo

Treinta humildes personas fueron reclutadas para retirar, de dos bancos, la mitad del dinero pagado por la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Autor: Daniel Yovera

Los operadores de la empresa Comunicore, beneficiada con los S/.35.9 millones que le pagó la Municipalidad de Lima apenas se iniciaba el año 2006, no solo utilizaron a tres personas de barrios marginales para colocarlas en el directorio de esa compañía, cambiarle el nombre en una notaría de La Oroya y, después, desaparecerla.

Perú.21 ha descubierto, ahora, que ni bien Comunicore tuvo en sus cuentas el dinero que le pagó la diligente gestión de Luis Castañeda, no solo efectuó pagos y transferencias por la vía regular, sino que volvió a reclutar a personas de similar procedencia –un pueblo joven de los cerros de Comas– para que retiraran de dos bancos S/.16 millones en efectivo. Es decir, no todo el dinero se quedó en el circuito financiero. Más bien, fue retirado en efectivo con destino desconocido.

Fueron por lo menos 30 los comasinos reclutados quienes, a cambio de una propina, retiraron los millones con cheques a su nombre y se los entregaron a un oscuro personaje llamado Joule Vila Vila. Este diario ubicó en Comas a algunos de ellos. Sus testimonios ayudarán a seguir la ruta misteriosa que recorrió gran parte del dinero pagado a Comunicore. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero?

EL RECLUTADOR. El 11 de abril de este año, Perú.21 documentó que, con los S/. 35.9 millones pagados por la comuna limeña, Comunicore le canceló a Relima S/. 14.6 millones. Como se recuerda, Relima le había vendido a esa suma toda la deuda a Comunicore.

Además, transfirió S/. 846,450 a cuentas, en Miami, de dos gerentes de Relima y a cuentas de una empresa del operador de Comunicore, Miguel Garro Barrera. Todo sumaba S/. 15’499,450. El resto, S/. 20.4 millones, era la ganancia de Comunicore, pero no se sabía qué había hecho con ese dinero.

Pero ahora se sabe cómo se movieron S/. 16 millones de esos 20.4 millones. Durante las primeras semanas de 2006, los 30 enrolados por Joule Vila fueron llevados a los bancos Continental y de Crédito para que cobraran decenas de cheques de las cuentas de Comunicore.

Vila es el mismo que reclutó a los primeros tres vecinos de Comas –Margarita Esteban, Teodardo Rojas y Joel García– cuando en Comunicore necesitaron borrar huellas y cambiar al “exitoso” directorio que cobró los millones y, después, la denominación social de la empresa. ¿Para quién trabajó Vila? Es algo que aún no se ha dilucidado.

ALGUNOS RECLUTADOS. Efrey Becerra Garay, abogado de la mayor parte de los enlistados por Vila, ha reconstruido los hechos y las cifras, y ha establecido que los montos retirados suman casi S/. 16 millones. Varios reclutados son familia de Margarita Esteban, la recordada señora iletrada que 'presidió’ la empresa.

Así, por ejemplo, están sus dos hijas, Giovanna y Elvira Escalante Esteban, quienes cobraron cheques a su nombre por un total de S/. 626,200.

La hermana de Margarita Esteban, Hermelinda Rojas Aróstegui, cobró cuatro cheques que sumaron S/. 1’265,700. El hermano de ambas, Pedro Rojas, cobró, por lo menos, S/. 470,000. Es decir, de los S/. 16 millones mencionados, solo estas cuatro personas retiraron la friolera de S/. 2’361,900 de las cuentas de Comunicore.

El doctor Becerra también señala que otros familiares de Esteban hicieron lo mismo. Ellos son su yerno Jack Sarria Farfán y su hermano Jhonatan, y los padres de ambos, Marcelino Sarria Cosme y Flor de María Farfán Fanarraga. Se suman otro yerno de Esteban, José Gregorio Gonzales, y Ángel David Sarria Cóndor. Completan la lista de los 30 otros vecinos del pueblo joven La Libertad, de ese distrito. Entre todos ellos retiraron S/. 16 millones.

EL MODUS OPERANDI. De acuerdo con el testimonio ofrecido a este diario por el abogado Becerra y sus defendidas, Hermelinda Rojas y Giovanna y Elvira Escalante, a fines de 2005, Vila los contactó y les pidió que gestionaran ante la Sunat su número de RUC pues “les daría trabajo”. Todos necesitaban empleo, y así lo hicieron.

En las primeras semanas del 2006 –cuando el municipio ya le había empezado a pagar a Comunicore–, Vila fue llamándolos uno a uno para llevarlos a las sedes del Crédito y del Continental, en San Isidro. Ahí, un tercer sujeto, aún no identificado, los esperaba con sus tickets de atención, les daba el cheque para que lo endosaran e iban a la ventanilla. Cuando tenían la plata, Vila y el otro tipo tomaban el dinero y, fuera del banco, lo introducían en bolsas de plástico.

La recompensa a la humilde gente era de S/.100 y el taxi de regreso a Comas. En eso consistió el 'empleo’ prometido. Nunca vieron sus facturas ni supieron si las mismas fueron usadas para justificar algún gasto.

Uno se pregunta: si todo fue regular –como se ha repetido siempre–, ¿por qué se sacó ese monto de los bancos para manejarlo en efectivo? ¿Acaso para ocultar al o a los remitentes del mismo? Este diario se lo quiso preguntar a Miguel Garro, pero en su oficina nos respondieron: “El señor dice que no tiene nada que hablar con ustedes”.

G20: Fuerte compromiso traza rumbo para acciones contra la corrupción

2010-07-06T05:39:00.000-07:00

Transparency International (TI), la organización anticorrupción, agradeció hoy que, en el Comunicado de la Cumbre de Toronto, el Grupo de los 20 (G20) reconociera la necesidad de acciones rápidas contra la corrupción.

“Durante los dos últimos años, nuestro movimiento hizo llamados a la adopción de reformas que pongan la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de la discusión. Los líderes del G20 mandaron una señal clara de que un sistema financiero sólido depende de medidas fuertes para prevenir la corrupción”, dijo Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

La declaración de los líderes de la Cumbre, que hace énfasis en la transparencia en el sistema financiero internacional y la lucha contra el lavado de dinero, establece que “la corrupción amenaza la integridad de los mercados, socava la competencia justa, distorsiona la asignación de recursos, destruye la confianza pública y debilita el Estado de derecho”.

Se celebra también el compromiso del G20 en ratificar e implementar plenamente la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas (UNCAC) por todos los miembros del G20. La Convención es el marco legal más completo que establece estándares y requisitos para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción. TI y sus más de 90 capítulos en el mundo seguirán monitoreando la implementación de la UNCAC, conforme al papel de la sociedad civil propuesto en la Convención.

TI destaca las medidas dirigidas a enfrentar los problemas asociados a las instituciones financieras de importancia sistémica encargando al Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) que desarrolle recomendaciones concretas de política para asegurar una “supervisión más intensiva” y “mecanismos para fomentar la disciplina de mercado”. Sin embargo, los informes públicos son necesarios en el manejo de temas asociados con las instituciones financieras de importancia sistémica. Los ciudadanos tienen el derecho de saber lo que se está haciendo para evaluar los riesgos de las medias adoptadas.

Desde ahora hasta la Cumbre de Seúl en Noviembre de 2010, los líderes del G20 se comprometieron a llevar a cabo una serie de evaluaciones mutuas y revisiones entre pares para evaluar los avances de los países en las reformas para un crecimiento sostenible e identificar acciones concretas necesarias. “Es esencial que las evaluaciones que llevan a cualquier plan de acción sean públicas. No será hasta ese momento que las organizaciones de la sociedad civil podrán analizar la conveniencia de tales planes de acción”, concluyó Labelle.

Berlin, 28 June 2010

Fuente: http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_06_28_2010_g20_anticorrup_spanish

Se firmó pacto contra la corrupción

2010-07-03T02:49:00.000-07:00

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100703/5/node/276206/todos/15

Compromiso. Máximas autoridades del país y líderes políticos. Los participantes se comprometieron a implementar políticas de transparencia en el Estado y de lucha contra los corruptos.

Ana Véliz.

En el Palacio de Justicia y en ceremonia encabezada por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, los representantes de los poderes del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil suscribieron ayer el “Pacto de nación contra la corrupción” que busca promover medidas específicas para hacer frente a ese flagelo.

El primero en firmar el acuerdo fue Villa Stein, quien dijo luego, ante la consulta de la prensa, que sigue pensando si postula o no a la presidencia de país en las próximas elecciones, aunque para muchos ya se comporta como candidato.

Los firmantes del Pacto se comprometieron a aunar esfuerzos para consolidar un Estado constitucional y democrático de derecho, hacer cumplir las estrategias del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia en la administración pública.

Con la firma del documento también se comprometen a promover un adecuado sistema de recursos humanos en el sector público, fortalecer el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado.

La ejecución de los planes institucionales anticorrupción comprenden además de dos fases: la primera, de lanzamiento y aplicación, de julio de 2011 a julio de 2016; y la segunda, de consolidación, de julio de 2016 a julio de 2021.

También firmaron el acta el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, la directora de Proética, Cecilia Blondet, y otras personalidades.

Forman parte de este pacto anticorrupción los partidos Cambio 90 y Frente 2011, cuyos líderes afrontaron procesos en el PJ.

Las primeras acciones del PJ

Javier Villa Stein indicó que para poner el ejemplo en esta lucha contra la corrupción el Poder Judicial creó la Sala Penal Nacional Anticorrupción, que estará “blindada contra la presión de los poderosos actores” . Del mismo modo se ha reforzado la Sala Penal Nacional contra el Crimen Organizado. Además presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar la implementación del nuevo Código Procesal Penal para ambas salas.

Se ha dispuesto la reestructuración del Registro de Peritos Judiciales, la incorporación de las sentencias de la Corte Suprema en la página web del PJ. Villa anunció que renunció, hasta la culminación de su mandato, a su facultad de recomponer las Salas de la Corte Suprema de Justicia.

César San Martín: "La corrupción es crimen de Estado"

2010-06-19T21:49:00.000-07:00

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Cesar/San/Martin/corrupcion/crimen/Estado/elpepusocdmg/20100620elpdmgrep_5/Tes

Presidente del tribunal que juzgó y condenó a Alberto Fujimori

JUAN CRUZ 20/06/2010

Este hombre juzgó y envió a la cárcel a Alberto Fujimori, dictador de Perú, reo de delitos de corrupción y de crímenes de Estado. Se llama César San Martín, tiene 52 años, habla con serenidad de este episodio judicial que le valió el respeto en su país y, por ejemplo, de haber sido elegido por EL PAÍS como uno de los grandes personajes de Iberoamérica en 2009. Él dice que, entre otras cosas, fue esa consideración que el periódico tuvo con él ("y a lo mejor se ha equivocado") lo que rompió su costumbre de no decir "ni media palabra" de nada que tenga que ver con su oficio de juzgar. En esta conversación, que tiene ese aire de excepcional, narra cómo arrostró las dificultades de un juicio así contra alguien que hasta ahora mismo mantuvo una relación mafiosa con el poder y con la realidad.

"Las sesiones, televisadas, tuvieron insólitas cuotas de audiencia, como si hubiera sido un culebrón" "Cuando los Colina relataron lo que hicieron, hasta a nosotros se nos saltaron las lágrimas"

"Los análisis nos llevaron a la conclusión de que los crímenes eran decisión del número uno del Estado"

"El juez Garzón tiene todo mi respeto y consideración por los casos en que ha intervenido"

El juez, que ha estado dos meses enseñando Derecho Procesal en la Universidad de Alicante, es presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú; sus obras incluyen tratados sobre la naturaleza de su cátedra y dos libros, uno sobre "delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir" y otro sobre "aspectos penales y procesales de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales". El primero de ellos sustancia su idea, repetida en esta entrevista, de que "la corrupción es un delito de Estado".

Fue mucha la presión que hubo sobre él (y sus compañeros de la Corte Suprema) durante los 15 meses de juicio contra Fujimori.

Pregunta. ¿Cómo le dejó esa experiencia?

Respuesta. Es una experiencia muy intensa y sujeta a mucha presión. Desde la Corte Suprema, nuestra idea era mantener la prudencia y la discreción, ese era el centro vital. Ser discretos, reflejar que habíamos actuado con total objetividad, mostrar que un juez, tras un fallo, no puede estar saliendo mucho al exterior tratando de justificar nada; entendíamos que, en lo fundamental, la justificación se dio con nuestra conducta en el juicio y con el tenor de la sentencia. Y mantuvimos la discreción a pesar de que los diarios opositores y favorables al presidente nos empezaron a dar caña. Pero la acogida fue tan favorable en el exterior y tal el respeto que mereció en los sectores políticos peruanos, que la crítica se paralizó. Ya no nos dicen nada.

P. Veinticinco años. Se dijo que fue una sentencia muy dura. ¿Las críticas que recibió a este respecto le han hecho reflexionar sobre la magnitud de la pena?

R. No. Mis dos compañeros y yo nos mantenemos firmes, y con el paso del tiempo nos hemos reafirmado. Convencidos como estábamos de que un jefe de Estado había ordenado o aprobado estos hechos tan lamentables, gravísimos, nos dijimos lo siguiente, y lo explicamos en la sentencia: Si a él, que es la máxima autoridad, que tiene un control absoluto del Estado, no se le impone la pena más grave del sistema, ¿a quién? Desde un exclusivo rigor jurídico y técnico, incluso social, no se justificaba una pena menor.

P. ¿Esas presiones que recibió incluyeron amenazas?

R. No. Cuando hablo de presiones me refiero a una crítica permanente de una opinión pública atenta. Sentíamos que había una mirada muy atenta de la opinión pública, de la clase política y, sobre todo, de las grandes organizaciones de derechos humanos internacionales. Si pregunta si desde el poder político o alguno fáctico se nos exigió, condicionó o se nos quiso obligar a que fijásemos algún tipo de decisión, ya le digo con claridad que no. Y uno puede decir "qué raro", porque en nuestros países siempre existe, de un modo u otro, alguna forma de llegar a los jueces condicionando, solicitando, requiriendo extraproceso algún tipo de solución o alternativa a lo que corresponda. Pero esto no ocurrió.

P. ¿Cómo se explica que eso no haya ocurrido?

R. Porque fue un juicio público, transparente. Todas las sesiones se transmitieron por televisión, con insólitos ratings de audiencia, como si hubiera sido un culebrón. Pensábamos que bajarían, pero aguantaron ¡15 meses, una locura!... Desfiló toda clase de gente. Lo que se estaba juzgando de verdad era una suerte de política de Estado. Esa era la discusión de fondo, si hubo o no tal política de Estado. Y lo que hizo que el juicio adquiriera una dimensión trascendente no era una situación individual o focalizada, sino que expresaba un modo de gobernar. Por lo menos, por ahí partió la acusación, por ahí trabajó fuerte la defensa para negar los cargos, y todo eso estaba en el pensamiento colectivo. Demostramos que no tolerábamos ninguna injerencia ni interferencia, y nadie, ni los de Fujimori ni los del Gobierno, llamó a las puertas o se valió de terceros para darnos un mensaje o incluir una petición. Nadie. Hay un dato importante sobre nuestra procedencia: ¿a quién debemos el nombramiento de los jueces? En Perú tenemos un sistema de nombramiento que depende del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el encargado de nombrar y disciplinar a los jueces; la conformación de ese órgano no obedece directamente a ninguna directiva del poder político. No los nombra el Congreso, ni el ministro de Justicia o el Gobierno en general. La Corte Suprema nombra a un representante, el fiscal general del Estado nombra a otro, la Facultad de Derecho pública elige a uno, la privada a otro... En fin, los orígenes no son partidarios. Pero uno no es tan tonto como para ignorar que en esas instituciones pueda haber intereses partidarios...

P. ¿Y en su caso particular?

R. Fui nombrado por el Consejo de la Magistratura. También mis colegas Hugo Príncipe y Víctor Prado, compañeros en el tribunal. No debemos nuestro nombramiento a ningún poder político, no teníamos "que pagar", satisfacer o agradecer nada a nadie. Tampoco hay que magnificarlo, porque no nos interesa el origen, sino la conducta. Creo que el problema no está en cómo te nombran, sino en tus propias condiciones y en cómo se las arregla el sistema para que pueda expulsar aquellos mecanismos que son incompatibles con un sistema objetivo de méritos, calidez y calidad de los valores democráticos.

P. ¿Conoció antes a Fujimori?

R. Claro.

P. Y tuvo relación con él.

R. Absolutamente distante, en los niveles que corresponde. No he tenido ninguna relación cercana.

P. ¿Trabajó en su Administración?

R. No. Trabajé durante nueve meses, en 1993. Fue un trabajo técnico en el Gabinete del ministro de Justicia, y punto.

P. ¿Cambió su opinión de Fujimori una vez estudiado el alcance de sus fechorías? ¿O entendió que era un hombre manejado por su cómplice, Vladimiro Montesinos?

R. Ni una cosa ni otra. Nos metimos en el caso e hicimos unos ejercicios para mantener la pulcritud y la asepsia en lo que fuera posible. Siempre dijimos: "Tenemos que empezar con una mirada blanca, absolutamente blanca"... Nosotros, y esta es una labor típica de un juez profesional, no somos un jurado, teníamos cada uno más de 25 años de experiencia, y eso moldeó nuestra actitud individual frente al caso y frente a la persona. Entramos a analizar con mucho rigor porque sabíamos que el juicio tendría aceptación social, con independencia del resultado, si lográbamos en el imaginario social o popular dos metas: una, la transparencia, y dos, teníamos que redactar una sentencia distinta del modo común como se hacen las sentencias en Perú. Y por eso es como las de los tribunales penales internacionales. Queríamos historiar un régimen, cómo se fue diseñando y conformando. Una cosa es juzgar un hecho delictivo como lo puede hacer cualquier ciudadano, y otra cosa son los sentimientos de aprensión, de odio, de rechazo o de desprecio. Eso un juez no lo puede hacer. Sería la muerte de un buen juez. Uno tiene que ser crítico, pero el rigor que se nos pide para motivar una sentencia nos hace, desde el punto de vista profesional, ser muy cuidadosos y guardar esos sentimientos, o, en todo caso, no aceptarlos como parte de la lógica de enjuiciamiento en un proceso.

P. ¿No hay un momento en el que las atrocidades que se juzgan repugnan al propio sentimiento del juez? ¿No sintió en algún momento que esos asesinatos y esa corrupción tenían un componente espectacular de maldad, como que usted descendía a los infiernos de la política?

P. En el juicio hubo un primer momento en el que declararon las víctimas. Lo que decían nos conmovió el corazón; era terrible no solo lo que pasó, sino que, además, a muchas de esas víctimas de la dictadura los metieron presos después de ser maltratados, bajo cargos de terrorismo... Y cuando los Colina -los integrantes del destacamento de inteligencia- relataron lo que hicieron, hasta a nosotros se nos saltaron las lágrimas.

P. ¿Usted también lloró?

R. En algunos casos, sí, en privado. Me conmovió muchísimo el dolor. Y el cinismo con el que describían el asesinato de niños inocentes. "Se cruzó el chimono". El cinismo nos dolió... Hubo un momento del juicio en el que estaba claro que se mató y que esa fue una decisión superior y que allí estaban metidos los cuadros más altos del Ejército. Todavía no se discutía si estaba en cartera o no el presidente Fujimori. Eso sí nos llamó la atención. Ya no era cuestión de unos sociópatas que decidieran matar por matar. Era una cuestión mucho más elaborada. Y la magnitud de los hechos, su extensión en el tiempo, su forma de preparación indicaba que era una política institucional. No era ya la expresión de un loco que al margen de toda la concepción del Estado se dedicara a matar a supuestos adversarios. Leyendo los manuales de inteligencia, los diferentes documentos del Ejército, fuimos viendo que era ya una línea de conducta y una expresión de los hechos debidamente pautada. Ahí empezó el giro.

P. Era un régimen para delinquir.

R. Era una estructura que no se podía explicar en un contexto individual, sino en un contexto institucional. Eso nos marcó. Llegó un momento en el que, sin discutirlo mucho, la convicción era tan plena que nos miramos los tres jueces y dijimos: Bueno, este asunto no es que un loco o unos locos matan, sino que hay algo organizado, es un aparato de poder.

P. ¿El loco era Fujimori o el loco era Montesinos?

R. Cuidado con el término loco, que se puede decir coloquialmente...

P. Lo recogí de su expresión...

R. Pues voy a eso. Una política de Estado, o unas órdenes que parten de un sector central de la dirección del Estado, no es una cosa de locos, porque cuando uno dice "loco" traza inmediatamente la idea del no imputable. No. Cuando el ser humano se pervierte en sus bases fundamentales pasan estas cosas. Aquí hay una insania en términos estrictamente jurídicos, aquí hay toda una estructura de corrupción, un convencimiento, una lógica de planteamiento. Es un crimen de Estado... Observamos que no era solo un tema de los militares, que no había una autonomización de la clase militar frente al poder civil. El gran reto teórico y jurídico, procesal, era advertir si el salto era posible; para nosotros, y lo explicamos muy bien en la sentencia, ese salto se dio y se probó. Tal vez un punto vital para llegar a esa afirmación fue que nos encontramos frente a un Estado autoritario, no frente a un Estado democrático... Y estos análisis nos llevaron a la conclusión de que los crímenes eran una decisión del número uno del Estado.

P. Ha vivido usted aquí la peripecia judicial en torno a su colega el juez Garzón... ¿Cómo lo ha visto, como jurista y como ciudadano?

R. Voy a ser muy discreto y prudente porque hablo en un país que no es el mío. El juez Garzón tiene todo mi respeto y consideración por los casos en los que ha intervenido, por una línea cívica bastante clara. El caso Pinochet o lo que hizo en Argentina le confieren una especial sensibilidad y coraje. Es una obligación moral estar en ese flanco que él representa. Cuando se le imputa un cargo por prevaricación, cuando ves quiénes son las partes acusadoras, te llama profundamente la atención. Hablar a partir de ahí de prevaricación, con todo lo que ha avanzado el Derecho Penal internacional... Le expreso mi solidaridad y mi cariño más ferviente. Creo que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tienen los suficientes instrumentos y la suficiente calidad como para poder dictar un fallo que sea compatible con la ley, la justicia y la sensibilidad social.

P. ¿Qué expresión sería más adecuada para expresar su actitud ante lo que ha sucedido, sorpresa o estupor?

R. La más neutra es sorpresa: ¿qué pasa aquí? Tenemos la percepción del señor Garzón como un juez honorable, competente, preocupado, demócrata, cumplidor de las leyes... Y de repente se le imputa. Todo lo que uno cree que es, no lo es, ¡Dios mío!

Reviven acciones contra la delincuencia institucionalizada

2010-06-09T06:19:00.000-07:00

Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/492106/editorial-no-callar-esa-consigna-lucha-anticorrupcion

Editorial: ¡No callar!, esa es la consigna en la lucha anticorrupción

Corrupción, Lucha anticorrupción

Tras el estrepitoso fracaso de las iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos en la última década, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña nacional orientada a prevenir, denunciar y sancionar las manifestaciones de esta lacra.

El lema ahora es no callar y erradicar la nefasta idea de que el negociado y la coima son condiciones indispensables de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas, como señala el informe de trabajo de la defensoría.

Ese debe ser el compromiso que asuman los ciudadanos, para no hacerse cómplices de maniobras oscuras ni dejarse intimidar por los corruptos que lucran con recursos de todos y causan pérdidas por más de 10 mil millones de dólares, además de debilitar la seguridad jurídica y espantar a los inversionistas.

Recordemos que, desde el gobierno de transición, cuando se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción como plan base del Plan Nacional Anticorrupción, hasta el actual que ha convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, pasando por el nombramiento de un “zar” y una “zarina”, las entidades anticorrupción han sido más que todo anuncios gubernamentales efectistas que no llegan a nada, lo que constituye un escandaloso contrasentido.

¿Podrá la defensoría liderar esta lucha monumental, que exige necesariamente la colaboración de los otros poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde precisamente se dan los esquemas corruptos hasta ahora con alevosa impunidad?

La defensoría parte de un estudio riguroso, titulado “Defensoría del Pueblo: ética pública y prevención de la corrupción”, realizado entre enero del 2005 y julio del 2008. En dicho período se registró un total de 2.719 quejas contra la ética pública en cinco regiones, la mayoría de las cuales involucra hechos ocurridos en el sector Educación (1.026), gobiernos locales (734), el sector Salud (360), la Policía Nacional del Perú (308), el sistema judicial (152), el sistema penitenciario (60), etc.

Convencidos de que hay que empezar por cambiar de mentalidad, la defensoría ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en ética, transparencia y control en cinco regiones, que deben llevarse a todo el país.

Luego, se ha planteado una serie de atendibles propuestas concretas: se recomienda a los organismos electores dar directivas, pactos y códigos de ética para garantizar la legitimidad y la equidad en las contiendas; al sector judicial mejorar la eficiencia de los mecanismos de control, definir el perfil del magistrado y evaluarlo, así como publicar la trayectoria y las resoluciones de jueces y fiscales. A la PNP se le sugiere modernizar y simplificar procedimientos, así como afiatar la línea de carrera.

En general, se propugna fortalecer el marco normativo y la transparencia, así como implementar presupuestos participativos y portales web en todo el aparato estatal, lo cual es obligatorio pero se ha ido dejando de lado sin que las máximas autoridades sancionen a los responsables y transgresores.

Este programa Umbral Anticorrupción de la defensoría apuesta por el compromiso, la fiscalización ciudadana y el acceso irrestricto a la información pública en la administración estatal. Con su visión y liderazgo demostrados, esperamos que la defensora Beatriz Merino pueda convocar a las máximas autoridades de los poderes públicos en esta dura y larga tarea de desterrar la corrupción, la coima y la criollada, prácticas deleznables que pisotean la ley en una cadena de envilecimiento que finalmente termina afectándonos a todos.

Si bien el editorial que reproducimos reconoce que los gobiernos sucesivos poco o nada han hecho para combatir la corrupción, este no indica que los medios de comunicación masiva, incluyendo a El Comercio, también son responsables para que este tipo de crimen se haya institucionalizado. El Comercio deliberadamente no ha denunciado otros hechos como los casos en el que el actual Alcalde de Lima esta envuelto. ASACLC cree que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. Este tipo de crimen no tiene partido por que sus ramificaciones afectan a todos los peruanos, ricos o pobres (ASACLC).

Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/notas-prensa.php

DEFENSORA DEL PUEBLO SOSTIENE QUE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN PASA POR NO CALLAR ANTE ACTOS IRREGULARES
Nota de Prensa N°132/OCII /DP/2010

Se dio a conocer documento de trabajo “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”.
Entre enero del 2005 y julio del 2008 se registró un total de 2,719 quejas contra la ética pública, provenientes de cinco regiones del país.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo hoy que en la lucha contra la corrupción es necesario asumir el compromiso de no callar “porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto. Callar significa pasar de costado frente al soborno, dejarse intimidar por los corruptos, creer que el negociado es casi una condición de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas”.

Más adelante, en un pasaje de su discurso con motivo del lanzamiento de la Campaña Anticorrupción y presentación del documento de trabajo, “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”, la doctora Merino agregó que “el silencio ciudadano equivale a impunidad y la impunidad multiplica los efectos perniciosos de la corrupción al permitir que sus ilícitas operaciones continúen extendiéndose”.

A partir de su lanzamiento, la referida campaña, organizada en el marco del Programa Umbral Anticorrupción, está dirigida a destacar el papel protagónico del ciudadano en la lucha contra la corrupción. “Si doblegan nuestro ánimo o colonizan nuestra mente con falsos valores, todo estará perdido. Mientras eso no ocurra, nuestra apuesta por el compromiso individual y la acción colectiva, debe ser el soporte principal de la lucha contra la corrupción”, sostuvo la Defensora.

El documento de trabajo “Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción” contiene la visión institucional respecto del tema, así como las recomendaciones dirigidas a la administración pública acerca de la neutralidad en los procesos electorales, la reforma de la administración de justicia, el fortalecimiento de la Policía Nacional y el acceso a la información pública en la administración estatal.

Además, el referido documento da cuenta de un estudio piloto de las quejas referidas a actos contra la ética pública, presentadas entre enero del 2005 y julio del 2008. El estudio revela la existencia de un total de 2,719 casos, presentados en las oficinas defensoriales de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque. En su mayoría, los casos involucran hechos ocurridos en el sector Educación.

Según explicó Eduardo Luna, Jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, el documento de trabajo pone en evidencia que, solo en las cinco regiones mencionadas, se registraron 1,026 quejas contra el sector Educación, 734 contra los Gobiernos Locales y 360 contra el sector Salud. Otras 308 fueron formuladas contra la Policía Nacional del Perú (PNP), 152 contra el Sistema Judicial, 79 contra el sector Educación Superior y 60 contra el Sistema Penitenciario.

En el caso del sector Educación, el estudio muestra que las quejas más recurrentes se refieren al “condicionamiento de la matrícula por cobros indebidos”, a las “exigencias para adquirir materiales educativos en beneficio de terceros” y a las “preferencias en concursos de selección de personal docente para beneficiar a terceros”.

En lo concerniente a los Gobiernos locales, los casos más recurrentes se vincularon a las “preferencias y condicionamientos para otorgar licencias, permisos y autorizaciones, así como a “cobros arbitrarios por entrega de información pública.

Respecto de la PNP, los casos reportados con mayor recurrencia se refieren a “la negativa o condicionamiento a la recepción de denuncias”, “la negligencia, omisión o inacción en el trámite de las denuncias” y “el uso arbitrario de la autoridad en provecho propio o de terceros”.

Por otra parte, cabe destacar que, en el marco de la Campaña Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en Ética, Transparencia y Control en la administración pública en cinco regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque, logrando capacitar a 640 personas pertenecientes a instituciones públicas y organismos de la sociedad civil.

Los cursos que se han organizado versan sobre diversos ámbitos temáticos: ética personal y ética pública; instituciones públicas y prevención de la corrupción, y control público y participación ciudadana para la prevención de la corrupción. Los participantes de estos cursos son miembros de las redes de acción colectiva promovidas por la Defensoría del Pueblo desde el 2008.

Durante su intervención, la Defensora del Pueblo agradeció a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por hacer posible el lanzamiento, a través de los medios de comunicación, del Programa Umbral Anticorrupción, así como a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), por la publicación del Documento de Trabajo Nº 12, sobre esta materia.

Al final de la ceremonia, un grupo de niños se acercó a la Defensora del Pueblo y le hizo entrega de un mensaje en el que piden a todos los adultos que “hagamos del Perú un país en el que nosotros podamos vivir un futuro con valores: sin mentiras ni coimas, ni trampas. Con verdad, limpieza, paz, justicia, desarrollo y derechos para todos”.

Lima, 7 de junio del 2010.

La corrupción nos devora

2010-06-06T04:32:00.000-07:00

Fuente: http://intercambiofilosofico.blogspot.com/2010/05/cesar-hildebrandt-la-corrupcion-nos.html

César Hildebrandt
Semanario "Hildebrandt en sus trece", 21 de mayo de 2010

Una sensación de hartazgo recorre muchos sectores.

Es la náusea que produce el hedor de la política entendida como negociado o franquicia. No es la náusea sartreana por la condena de la existencia. Es náusea humildemente estomacal.

Todos desconfiamos de esa Contraloría que ahora gasta millones en publicitarse, y la Contraloría, a cargo de una medianía buscada con lupa para que no moleste con una pizca de carácter, hace todo lo posible para que esa desconfianza se acentúe.

Todos desconfiamos del Poder Judicial y el Poder Judicial, a cuya cabeza están antiguos simpatizantes de la corrupción fujimorista, trabaja denodadamente para que nuestra desconfianza halle más razones todavía.

Todos desconfiamos del Congreso y el Congreso, en manos de alfabetos resignados y analfabetos estridentes, convive con la corrupción, autoriza la impunidad, engaveta las investigaciones y ejerce muchas veces la ley del silencio que, en el Chicago de los 30 y en la Sicilia de los 70, se tenía como sagrada.

¿Y qué decir de los partidos políticos? El PPC se parece al socialcristianismo como la pedofilia a un jardín de infantes. El Apra, que es partido serio e histórico, se debate en una crisis que ya es de identidad y compromete su futuro. El nacionalismo es un estado de ánimo, una ira que llega de provincias pero que nadie sabe si cuajará en un programa integrador y verdaderamente nacional. Lo demás es como Barba: la depravación del vocablo pragmatismo.

¿Y el Jurado Nacional de Elecciones o la ONPE, que deberían servir de filtros? Son, con su patética debilidad, la expresión del cáncer institucional que nos agobia (sólo en las últimas horas el JNE ha recordado que los partidos deben hacer "internas" para elegir candidatos).

¿Y el presidente de la República? Bueno, él es -otra vez- el jefe de una organización poderosa decidida, por ejemplo, a asaltar Collique, a tomar Chilca como si fuera Normandía, o a permitir que Fujimori reanime su banda propia desde la prisión donde despacha.

¿Y la policía? ¿Nos salvará la policía? Bueno, la policía está en manos de un señor que se viste de paisano para irse a hostales a hacer de macho alfa (y que por eso es defendido por el doctor García, machazo alfa él mismo). Y el ministro del Interior tiene el hándicap de una leve minusvalía residenciada en el cerebro.

Tenemos una crisis de viabilidad. No somos un país sino un milhojas, un suspiro limeño amargado por la corrupción.

Ya los vemos: un alcalde que no explica el porqué del robo de Comunicore, denunciado por el diario Perú21, está primero en las encuestas. La hija del corruptor, la que estudió en Boston con dinero robado por su padre, está segunda. Y el señor Kouri, que tendría que estar entre rejas por lo de Convial y ser un apestado social por lo del SIN, podría ganar la alcaldía de Lima.

Perú se pudre. Y la derecha, con algunos idiotas que se alegran por un Garzón defenestrado y un Cipriani triunfante, está feliz. Porque la derecha ha vivido y vivirá siempre en el limo descompuesto y entre la burundanga de la coima. Desde Echenique hasta García.

Cabeza armada de esa derecha que González Prada ya había auscultado y apretado es, por supuesto, la prensa.

La prensa que patatín, la prensa que patatán, la prensa que Gisela, la prensa que América Noticias (festival de muertos), la prensa que entretiene para que se roben el país, la prensa que pone traseros para que no le miren el suyo, los comercios diversos y tarados.

¿Y los intelectuales? ¿Nos sacarán las castañas del fuego los intelectuales?

Bueno, la mayoría de ellos está dedicada a sobrevivir. Y, además, esa mayoría considera que la rebeldía es un suvenir de los sesenta y que ser tibio y neutro da una pincelada de posmodernidad. No es que sea cínica esa mayoría (porque para el cinismo se requiere de cierta bravura). Lo que esa mayoría ha aceptado es la quincena y el acomodo en el nuevo orden, que consiste en llamar nuevo a lo viejo y socialmente científico a lo puto y académica a la complicidad.

El Perú se pudre en una sola ola de chavetas. Y todos parecen felices limpiando sus chavetas después de usarlas.

No lo olvidemos: el 25% de encuestados en Lima dice que tolera robar si se hace obra. No lo olvidemos: un grupo destacado de "intelectuales" y payasos le ha hecho un homenaje de reivindicación a un plagiario incontable y ha habido gente, como un tal Julio Ortega, que ha escrito en favor del plagio. No lo olvidemos: la Universidad Católica ha tenido que salir a defenderse después de que unos zamarros intentaran devolver a sus aulas a un par de alumnos que habían presentado como suyos textos hurtados del internet.

Vivimos en un país donde un cuarto de sus habitantes se declara implícitamente ladrón y consentidor de ladrones. Y en donde los ladrones regresan a la presidencia para robar más (porque robar es un verbo no sólo transitivo sino que insaciable). Y en donde los plagiarios son homenajeados.

Este es el Perú del 2010. Por más que nos quieran decir que es el país del oro inagotable, del gas para todos, del cobre en alza, del pisco querido y la butifarra internacionalizada.
Todo eso pasará. Como han pasado tantas otras prosperidades falaces de nuestra historia. Pasará y nos quedaremos con lo que perdura: la gente y sus valores.

Y cuando hagamos ese balance -si lo hacemos con honestidad- sentiremos un escalofrío. Porque de tanta minería quedarán relaves y de tanta demagogia quedarán cuentas por pagar. Y de tantas tareas no hechas quedarán resmas de culpa.

¿No se han puesto a pensar que si Sendero sigue siendo, treinta años después, una remota amenaza es porque estamos haciendo todo lo posible para desacreditar a la democracia?
Nadie nos sacará de este marasmo si no reaccionamos.

La corrupción tiene que ser el gran tema electoral.

Y los corruptos tienen que dejar de infectarlo todo.

Y el Perú, este viejo país que es nuestro y duele, tiene que decir basta.

Para denunciar y comer pescado

2010-06-02T06:15:00.000-07:00

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El papel del periodismo en la lucha anticorrupción.

Más de un político se ha quejado, y periodista comentado, que algunas denuncias recientes sobre corrupción buscan demoler candidaturas antes de tener un real objetivo moralizador. Al margen de si se justifican sus quejas específicas, el sentido aparente general de estos reclamos es correcto: la lucha anticorrupción debe ser un fin en sí mismo y no un instrumento político.

Mirko Lauer, por ejemplo, apuntó en su columna del domingo que “es notorio que algunos de los medios del grupo El Comercio han asumido una actitud particularmente dura frente a (Luis) Castañeda. El texto de este discurso es la anticorrupción, pero salta a la vista que en el caso del alcalde hay un celo particular, que no se percibe en el trato a otros precandidatos en liza”. En su opinión, el objetivo sería ayudar a Alejandro Toledo por su antialanismo que, sin duda, no comparte Castañeda.

A su vez, Alex Kouri se quejó anteayer de que la denuncia sobre la venta de terrenos en el Callao a favor de su hermano y de su abogado es un refrito. “Si quieren competir, háganlo en buena lid y no a través de un cargamontón”, señaló.

Este tipo de queja no es novedad. En la elección 2006, por ejemplo, hubo medios que solo denunciaban al candidato Alan García, pero cuando este pasó a la segunda vuelta con Ollanta Humala, voltearon los cañones hacia el nacionalista y dejaron suelto al aprista. Algunos periodistas de este comando hasta reclamaron una condecoración por sus servicios a la nación.

Al margen de si todas estas quejas se justifican, mi sensación es que, antes que ver la motivación detrás de una denuncia, lo más importante es si la acusación tiene sustento, algo que, a veces, viene frágil. Por ejemplo, el comunicado publicado el domingo en varios diarios por William Kallop sobre las acusaciones a Petrotech deja en mal pie a varios de sus denunciantes y constata, en algunos casos, una motivación política obvia.

En este sentido, no les falta razón a quienes demandan al periodismo tener una política editorial e informativa consistente, que es la que debiera exhibir cualquier medio de comunicación que respete su oficio. Esto quiere decir que si un medio declara embarcarse en la lucha anticorrupción, debiera denunciar a todos los políticos que cometan fechorías y no solo a los que tienen un ideario y posición antagónicos.

Es decir, que el periodismo independiente debería tener una actitud ‘caiga quien caiga’ y que sea parte de un esfuerzo permanente con un objetivo moralizador en sí mismo, en lugar de servir –como ocurre con frecuencia– como instrumento al servicio de una causa política para demoler candidaturas discrepantes con nuestras ideas.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100602/8/node/269892/todos/15

La lucha contra la corrupción no debe tener partido. Los actos de corrupción afectan a todos los peruanos sin distinción de clase, por que los hechos, aparte de impedir el pleno desarrollo de nuestra sociedad, nos presenta ante el mundo como a un país sin reserva moral en donde la delincuencia gobierna nuestros destinos (ASACLC).

Aparte de ser una rata con hocico hueco, es un racista.

2010-05-24T06:39:00.000-07:00

Lucha contra la corrupción Apra-Fujimorista

2010-05-20T06:12:00.000-07:00

En favor de la lucha contra la corrupción, ASACLC transcribe dos análisis sobre los hechos corruptivos del Gobierno Aprofujimorista. Los artículos han sido publicados en los blogs http://www.otramirada.pe/ y http://romain-nacionalista.blogspot.com/ respectivamente (ASACLC).

Fuente: http://www.otramirada.pe/

Propuestas anticorrupción: ¿quién más se apunta?

La semana pasada, el Partido Nacionalista presentó diez proyectos de ley contra la corrupción. Hasta el momento, solo el líder del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana, ha saludado esta iniciativa. Por otro lado, sorprende que, siendo la lucha contra la corrupción la bandera de campaña de la candidata del PPC Lourdes Flores para la Alcaldía de Lima, el vicepresidente de su partido, Juan Carlos Eguren, exprese que estas propuestas evidencian un aprovechamiento político de la coyuntura por parte del Nacionalismo. ¿Por qué solo en boca de algunos el discurso anticorrupción sería legítimo y en otros sería oportunismo? ¿Acaso solo un grupo político puede adjudicarse la bandera anticorrupción?

Desde Otra Mirada consideramos que todas las propuestas anticorrupción, vengan de donde vengan, son bienvenidas y debieran ser debatidas. En ese sentido, veamos con mayor atención de qué tratan algunos de estos proyectos de ley presentados por el Nacionalismo.

Proyecto de Ley 3711/2009, el cual busca modificar el artículo 41º de la Constitución para que los delitos cometidos por los funcionarios públicos sean imprescriptibles.

Proyecto de Ley 3853/2009, que busca devolver a la Contraloría General de la República su competencia para opinar respecto al diseño de la transacción y el proceso de promoción de la inversión privada, competencia que le fue restringida a través del Decreto de Urgencia (DU 047-2008). Asimismo, mediante el Proyecto de Ley 3803/2009 se busca, entre otros aspectos, fortalecer el carácter vinculante de los informes de la Contraloría y su respectivo uso como prueba judicial cuando lo amerite.

Proyecto de ley 3695/2009, que busca modificar el artículo 95º de la Constitución Política, con lo cual, los Congresistas podrían ser vacados del cargo “…si se comprueba que omitieron y/o adulteraron información de las declaraciones juradas de bienes y rentas y por omitir y/o adulterar información en la Declaración Jurada de Vida”.

Proyecto de Ley 4008/2009, que modifica los artículos 99º, 110º y 112º de la Constitución, con lo cual se instaura el “juicio de residencia” para el Presidente de la República durante los cinco años posteriores a su mandato, el impedimento de doble nacionalidad y la incompatibilidad del mandato presidencial con otro cargo o función, inclusive la de presidente de un partido político.

Proyecto de Ley 4009/2009, el cual propone modificar el artículo 12º del Reglamento del Congreso, con lo cual, los congresistas que ya no pertenezcan al partido político por el cual postularon no podrán participar como miembros de la Mesa Directiva del Congreso.

Como se observa, estos proyectos de ley plantean aspectos legales de fondo como modificar algunos artículos de la Constitución Política, lo que afectaría la forma cómo se viene manejando los intereses del país. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no es solo un tema legal sino también ético. Por ejemplo, un signo importante sería que todos los Congresistas, empezando por los propios Nacionalistas, publicaran en sus respectivas páginas web sus gastos operativos para que así los peruanos sepan cómo vienen utilizando estos recursos del Estado.

Esperemos que ambas aspectos, lo legal y lo ético, sean tomados en cuenta por nuestros padres de la patria y se inicie desde el Congreso, la institución representativa del país, una frontal lucha contra la corrupción que tanto nos hace falta.

Fuente: http://romain-nacionalista.blogspot.com/

La pestilencia de la corrupción del régimen aprista: el sainete de los "petro audios"

La Corporación CEMEX ("Cementos de México") ocupa el tercer lugar en el mundo entre las empresas productoras y distribuidoras de cemento.

Esta empresa se sintió violentada cuando la empresa de capitales peruanos "CEMENTOS LIMA" decide abrir, en el año 2,007, una planta en Arizona (EE.UU) pues ese era un mercado cautivo de la gran corporación mexicana.

Entonces la trasnacional mexicana envía una carta amenazante e insolente a CEMENTOS LIMA, diciendo que si finalmente osaban incursionar en Arizona, ellos entrarían con fuerza en el mercado peruano, donde, como se sabe, CEMENTOS LIMA posee el 40 % del mercado.

Los mexicanos para cumplir su amenaza necesitaban una REBAJA DE ARANCELES. Para cumplir este propósito iniciaron una campaña al más alto nivel del gobierno peruano.

Cabe perfectamente suponer que viniendo de un país, México, donde autoridades e instituciones son corruptas hasta la médula, los de CEMEX deben haber estado de plácemes sabiendo que tenían al frente, en el Perú, un prospecto inmejorable: un gobierno y unos gobernantes con unos prontuarios delictivos impresionantes empezando por el Presidente de la República y varios de sus ministros, amén que gran parte de la putrefacción y pus heredados de la época de Kenya Fujimori recorrían el cuerpo social.
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Haciendo aprestos para enfrentarse a los mexicanos de CEMEX, CEMENTOS LIMA puso el caso bajo la asesoría del estudio de abogados Aurelio García Sayán.

Estos, conocedores de la naturaleza mafiosa y gansteril tanto de los mexicanos cuanto de los gobernantes peruanos, sabían que la cosa iba a venir de un oscuro acuerdo entre la empresa mexicana y los secuaces del doctor García para cambiar las reglas del juego.

Entonces deciden contratar a la empresa BTR para que espíe, intercepte conversaciones telefónicas, robe correos electrónicos y grabe conversaciones.
Típico caso de espionaje industrial.
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La gente de BTR encontró rápidamente a dos de "los hombres del presidente":

-Hernán Garrido Lecca.

Hombre de confianza de Alan García al punto que es el encargado de las finanzas de sus millonarias campañas electorales y que ocupaba el crucial cargo de Ministro de Vivienda y Construcción.

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-Rómulo León Alegría.
Ex-Ministro de Pesquería, compadre del Premier Jorge del Castillo, padre de una congresista y residente en México.
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Ambos trabajaban a todo trapo a favor de CEMEX. Trataban de convencer al Premier y a los ministros que "por el bien del país el precio del cemento debía de bajar para impulsar aún más la construcción y que eso se debía hacer bajando los aranceles".

El más obsesionado por "sacar la rebaja" era naturalmente Hernán Garrrido Lecca, que como se dijo era Ministro de Vivienda y Construcción.

El trágico TERREMOTO DE PISCO fue la brillante oportunidad para que se aprobase para el cemento el "ARANCEL CERO" soñado por los mexicanos y que sabe Dios qué agradecimientos le habrá significado recibir a Hernán Garrido Lecca.
Por cierto los precios del cemento no bajaron, subieron. Así es.

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Lo que sorprendió a los abogados del estudio Aurelio García Sayán fue que en la trascripción de los audios, "los hombres del presidente" o sea Rómulo León Alegría y Hernán Garrido Lecca NO se limitaban a hablar de cemento.

Nada de eso.

Hablaban de casi todo: construcción de hospitales y cárceles, construcción de carreteras, compras de buques de transporte, explotación de petróleo, armamentos, etc., siempre en torno a negociados, licitaciones amañadas, declaratorias de emergencias falsas para algún sector y todo el mapa de caminos retorcidos que las ratas utilizan.

Como quiera que el estudio Aurelio García Sayán tiene intereses comunes y vasos comunicantes con el estudio Ugaz a través de cuentas comunes, entre ellas la de la empresa petrolera PETROTECH le pasó la información que poseía respecto a lo que ocurría tras bambalinas en el rubro Petróleo.

El estudio Ugaz tenía a su vez bastante llegada al principal diario de el país: El Comercio quien decide investigar lo que llamó: "LA CONEXION MEXICANA".
La cantidad de excremento que encontraba los investigadores de El Comercio y que llegaban hasta el despacho presidencial terminó por asustarlos.

A fin de cuentas allegados a ellos son beneficiarios de esta situación donde el presidente es un promotor de negocios privados. Sino que lo diga el amigazo de Alan García, "Pepe" Graña Miro Quesada.

Hubo toda una tormenta al interior de El Comercio que llevó al cambio de Directorio y paralización de toda la investigación de "LA CONEXION MEXICANA" en aras de "la gobernabilidad democrática"....de hecho en El Comercio sabían que si se destapase la tercera parte de las corruptelas en que están metidos la plana mayor del Gobierno peruano y los grandes empresarios "amigos" habría un estallido social que terminaría con el gobierno de Alan García como terminó el gobierno de su par la rata Kenya Fujimori.

En aras pues de "la gobernabilidad" es que El Comercio decidió no destapar la olla.
Cuando esto ocurre es que el periodista Fernando Rospigliosi (acompañado de su abogado Ugaz) se presenta en un canal de TV y entrega los famosos audios donde se escucha las lumpenescas conversaciones entre Rómulo León y el abogado de Alan García Pérez, Alberto Quimper (a) "Don Bieto" sobre "faenones", "aceitadas" y "hemos formado un equipo de la puta madre."

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Paralelamente, presa de pánico, Alan García ordena a su hombre de confianza en la Policía, Miguel Hidalgo que por medio de la policía antidrogas (!!) capture a los espías de BTR y !!SOBRE TODO LOS AUDIOS!!. Allí pasó por encima toda la legalidad y todos los procedimientos penales: algún día tendrá que dar cuenta de esto.

http://shalomplustm.com/radio/wp-content/uploads/2009/08/Miguel-Hidalgo-Medina.jpg

En manos de la policía antidrogas (!!) los audios estuvieron 48 horas, lo suficiente para "limpiar" a los peces gordos, cachalotes y ballenas. Y el caso se puso en mano de "jueces amigos" como no podía ser de otra manera

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Los audios han sido desaparecidos y alterados.

Eso explica por ejemplo la inaudita, insólita y cerrada defensa de un ¡presidente de la república! a un policía (Hidalgo) que fue fotografiado y expuesto a la prensa saliendo de un hostal con una mujer (que no era su esposa) quien manejaba un vehículo asignado por la Policía Nacional del Perú para el servicio de los ciudadanos.

http://www.mill-tv.com/milltheme/images/noticias/img_50.jpg

La Junta de Generales de la PNP recomendó que el amigo de García sea sancionado pasándolo a retiro. En las alturas del poder han hecho lo necesario para que el caso del defendido por García sea visto por un Tribunal del Ejército (!!!!).

Lo cierto es que Alan García respira más tranquilo.

Los audios, USB, discos duros de la gente de BTR ya fueron limpiados.
El putrefacto gobierno sólo ha sido herido por esquirlas. Las esquirlas tocan a sus amanuenses tipo Del Castillo, Garrido Lecca, Nava.

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La corrupción reviente en la cara del Gobierno

2010-05-05T07:19:00.000-07:00

Estos últimos días se ha mostrado la cara más asquerosa de las principales autoridades y figuras políticas del actual gobierno. Los hechos de corrupción son totalmente nauseabundos y no tienen nada que envidiar a las prácticas de encallecidos delincuentes comunes.

Los hechos delincuenciales son tan severos que hasta Alan García, quien es acusado de haberse enriquecido ilegalmente y de convivir con la corrupción, se ha pronunciado condenando a “las ratas” que “socavan” su administración.

Sin embargo a ello, parte de la población, esa parte mayoritaria que carece de una educación cívica democrática, aun sigue apoyando a las corrientes corruptas que incrementalmente se reciclan y activamente participan para captar nuevamente el poder (ASACLC).

Editorial: Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/472674/editorial-corrupcion-debemos-recuperar-moral-nacion

La ciudadanía ya no soporta más. En las últimas semanas, aparte de todo el destape del “chuponeo”, el país ha conocido una serie de graves denuncias de corrupción que involucran a encumbrados personajes del partido de Gobierno y pueden afectar seriamente las expectativas de desarrollo, la moral nacional y también la gobernabilidad democrática.

No se trata, pues, de ser alarmistas ni de promover el ruido político, sino de una justificada preocupación por gruesos delitos cometidos con y contra recursos del Estado, por parte de inescrupulosas mafias enquistadas en el aparato estatal en las que figuran algunos funcionarios apristas.

Sin embargo, por sus repercusiones, esto de ninguna manera puede dejarse pasar ni ser tratado tangencialmente como una turbulencia partidaria más.

Podría decirse que los casos de tráfico de influencias y tráfico de terrenos que han embarrado a la cúpula directriz del Partido Aprista, integrada por los secretarios generales, Jorge del Castillo y Omar Quesada, configuran la segunda crisis política y moral del gobierno aprista después del grave escándalo de los “petroaudios”, hasta ahora irresuelto e impune, cuya mafia parece haber retomado aire con una nueva dosificación de audios.

TRÁFICOS NO SANTOS
El ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo ha solicitado, casi a regañadientes, una licencia temporal de su cargo partidario, para posibilitar que se investigue su eventual participación en un esquema de tráfico de influencias a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, en torno a regalías petroleras.

Y, si bien el hecho de que no se haya llegado a implementar una ley con nombre propio sería un atenuante, el tenor de algunos audios y el intercambio de propiedades inmobiliarias de disímil valor resultan elementos sospechosos y hasta agravantes. De otro lado, sigue pendiente la investigación sobre su eventual participación (de Del Castillo) en los casos que incluyen a Rómulo León y Alberto Quimper como principales protagonistas en las licitaciones de lotes petroleros.

En cuanto a Quesada, pretende blindarse políticamente con un supuesto respaldo partidario, cuando lo correcto y ético sería aceptar su responsabilidad política pero también operativa en la designación de cuestionados funcionarios de Cofopri, que armaron un festín de corrupción con la entrega de terrenos del Estado.

Luego del caso de Chilca, en que se vendió a un dirigente aprista terrenos por 5 mil soles cuando el valor de mercado sobrepasa los 12 millones de dólares, ayer mismo se supo de la renuncia del jefe de Cofopri-Cusco, días después de publicarse denuncias por haber favorecido presuntamente a siete militantes de su partido con la titulación de terrenos por 95 mil hectáreas.

Alegar ignorancia o desconocimiento resulta absurdo y pueril. ¿Acaso no sabe que corresponde al jefe nacional de Cofopri organizar y controlar la entidad, así como aprobar sus planes y presupuestos? ¿Solo aceptó el cargo como una cuota partidaria para nombrar a sus incondicionales? ¿Es eso lo que entiende por servicio público, como un clientelismo de la peor especie, a decir de los funestos resultados?

Un borrón y cuenta nueva resulta aquí cínico e intolerable.

¿Y LOS “CHUPONEADORES”?

Dicho esto, debemos analizar la prevalencia de tres factores a lo largo de estos escándalos, cuya naturaleza y objetivos no deben confundirse.

Por un lado tenemos que destacar el papel de la prensa independiente que, contra viento y marea, y a veces por encima de las amenazas y presiones de ciertos grupos, no ha cejado en su ánimo de fiscalizar la cosa pública y denunciar cualquier acto de corrupción. Las denuncias sobre tráfico de terrenos de Cofopri así lo ameritan.

Sin embargo, del otro lado, vemos con extrema preocupación y extrañeza que la mafia de “chuponeadores”, protagonista de los “petroaudios”, sigue vigorosa, como lo demuestra la publicación de nuevos audios en las últimas semanas. ¿Quiénes conservan y siguen entregando audios a discreción? ¿Con qué intencionalidad? ¿Hasta cuándo puede un Estado de derecho estar bajo la amenaza y el chantaje de un grupo de delincuentes que medran del espionaje y la violación del derecho a la privacidad?

El tercer factor resulta también problemático: la actuación del Poder Judicial, y en menor medida del Ministerio Público, que luego de año y medio no ha podido esclarecer y sancionar los gravísimos casos de los “petroaudios” y de las redes de interceptación ilegal. Pretextos no han faltado, desde traslados y cambio de jueces, falta de peritos o cambios en la calificación del proceso (de sumario a ordinario), etc., pero en el fondo lo que se infiere es una voluntad de postergar las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Y cuando el Congreso ha querido intervenir en estas causas ha sido para alargarlas pues no se llega a conclusiones certeras.

El Poder Judicial no puede rehuir su responsabilidad en esta lucha, impartiendo justicia, con imparcialidad, oportunidad y respeto al debido proceso. De otro modo, seguirá siendo visto como una entidad ampulosa, deficiente o peor aun, cómplice de la impunidad y de las mafias corruptoras que el país reclama sean extirpadas.

ESTADO, PARTIDO, RATAS Y DISCURSOS
Algo huele muy mal aquí. El presidente Alan García ha sido muy preciso y enfático al calificar de ratas a los promotores de estos esquemas delictivos, pero queda aún mucho por hacer para desterrar esas pústulas cancerosas que, bajo el nombre del aprismo, se insertan en las entidades públicas para sacar provecho propio.

Hay que ser muy claros al subrayar que lo que está en juego es más que la estabilidad partidaria. Usualmente no interferimos en cuestiones partidarias internas, pero en este caso debemos hacerlo tratándose del partido oficialista y ante el riesgo de que la administración pública sea copada por partidarizados cuya eventual capacidad profesional es opacada por sus compromisos partidarios en una nación con débiles mecanismos institucionales de control.
Se trata, finalmente, de la salud ética y la gobernabilidad democrática del Perú, por lo que el doctor Alan García tiene que actuar en su doble papel de jefe del aprismo y como presidente de la nación.

En cuanto a lo primero, como lo hemos dicho recientemente, urge poner orden en una entidad que últimamente, por diversas razones, ha visto resentida su histórica capacidad de organización y disciplina. Pero luego, como primer mandatario, sus facultades y responsabilidades son ya con todos los ciudadanos, a los que debe darles cuenta de la marcha y gestión del Estado.

Alentamos y apoyamos todos los proyectos de desarrollo económico y nuevas inversiones que crean empleo y permiten la redistribución social. Con el mismo espíritu nos congratulamos de que se mantenga el modelo económico esencial y que las previsiones del PBI sean tan generosas. Sin embargo, precisamente por ello, advertimos que para mantener esta tendencia es necesario recobrar el norte ético y moral de la nación, lo que exige tomar medidas severas.

Y no solo para sancionar a los malos funcionarios corruptos, sean o no apristas, sino para liderar una verdadera cruzada nacional de la mano del Congreso, la oposición y la sociedad civil. Ello implica, por ejemplo, proponer medidas para fortalecer la contraloría y las procuradurías anticorrupción, pero también para fiscalizar el quehacer cotidiano de los ministerios y entidades públicas mediante los portales web de transparencia y las licitaciones inversas.

El presidente no puede ser ajeno a lo que ya es un clamor nacional, de una ciudadanía hastiada que reclama, por encima de cualquier discurso, un punto de quiebre contra la asqueante corrupción.

La situación ha llegado a tal punto que exige sanciones pero sobre la base de deslindes, evidencias y pruebas plenas. Sería terrible que el retorno a la democracia no le permita al Perú liberarse de la corrupción heredada del régimen fujimontesinista. Ninguna apuesta por la democracia es consistente si no se diferencia del autoritarismo, la falta de transparencia y la corrupción, que pisotean la ley y privilegian escandalosamente a unos por encima de los otros.

Sigue brotando la asquerosidad de Del Castillo y el Aprismo

2010-04-26T03:44:00.000-07:00

El chancro de la corrupción

2010-04-25T20:33:00.000-07:00

Fuente: http://peru21.pe/impresa/noticia/chancro-corrupcion/2010-04-25/273482
Autor: Pedro Salinas

Qué más da el asunto de los 'petroaudios’. Qué más da que sea un escándalo que no encuentren a Crousillat. Qué más da la desvergüenza en el caso Comunicore. Qué más da, digo, si estamos en el Perú. Y acá, como sabemos, no pasa nada. Absolutamente nada. Y no solo no pasa absolutamente nada, sino que, si acaso no se han dado cuenta todavía, la corrupción tiene barra libre, y se pasea en combi. O, si prefieren, en uno de los buses del 'Lentopolitano’. Lo mismo da. Pero que se pasea, se pasea.

No debería ser así, es verdad. No. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero, ya saben. El Perú no es Suecia. Ni Dinamarca. Acá tenemos de todo. Desde el policía que le dice al infractor “cáigase con algo, aunque sea para la gaseosa”, o el alcalde que le dice al contratista “puedo hacer que ganes la licitación, y lo podríamos arreglar si el cinco por ciento es mío”. Y así. Que la lista de ejemplos es más larga y la cochinada se cuela hasta en las oficinas más insospechadas. Porque las historias de sobornos y corrupción, que es el tema de este artículo, son tan viejas como las leyendas de los hermanos Áyar.

Lo describió muy bien León Trahtemberg, corto y sencillo, en una de sus perspicaces columnas: “La historia del Perú ha sido la historia de sucesivos ciclos de corrupción seguidos por muy breves periodos de reforma anticorrupción, detenidos por el peso de vastos intereses personales contrarios a frenar la corrupción”.

Lo terrible es que el peruano se ha vuelto inmune a ella. La tolera. La consiente. La perdona. Le dice amén. Y no nos damos cuenta, los peruanos, de que la corrupción no es una mera preocupación moral o ética. La corrupción nos cuesta como país. Cuesta en dinero contante y sonante. Se trata de un obstáculo endémico al desarrollo. Además, “mina el estado de derecho, distorsiona el comercio y otorga ventajas económicas a unos pocos privilegiados”, como dice la revista Foreign Policy.

Hace pocos días nomás, en México, una investigación realizada por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) revelaba que los empresarios aztecas gastaban al año 85 mil millones de dólares en coimas. O “mordidas”, si quieren, para decirlo en lenguaje charro. 85 mil millones de dólares, nada menos. Ello supone que las empresas mexicanas dedican entre el 6% y 10% de sus ingresos a sobornar funcionarios públicos. Y el porcentaje más alto de chanchullos se da en los gobiernos estatales y municipales. Y por acá, ¿cómo estamos?, pregunto. No tenemos idea. Ni sabemos hasta qué punto se extienden sus ramificaciones. No lo sabemos porque, claro, a nadie le interesa hacer un mapa de la corrupción. Menos, obviamente, a los beneficiarios de la misma. El citado Trahtemberg, basado en un estudio del peruano Alfonso Quiroz, aventuraba que las pérdidas directas e indirectas para el Estado por corrupción equivalían al 3% del PBI anual. “¿Se imaginan si ese 3% del PBI robado por la corrupción se hubiera invertido sistemáticamente en la educación para llegar al 6% del PBI, como lo hicieron los países desarrollados? El Perú podría tener hoy la mejor educación del mundo. Lamentablemente, tenemos una de las peores, gracias a la corrupción”, anotaba el educador.

Recién ahora, en una encuesta de Ipsos Apoyo, se percibe que la corrupción (así como la delincuencia común) inquieta a la ciudadanía. Se trata de una noticia que es mala y buena. Mala, porque ello nos dice que la corrupción, que suele ser invisible –como Crousillat– ya está asomando su cabezota sin que le importe un rábano el qué dirán. Y buena, porque ello podría ser un síntoma de que nos empieza a hartar.

Si es así, será motivo para que los empresarios –que, como ha escrito Augusto Álvarez, suelen ser el motor y el motivo de la corrupción– se pongan las pilas y presionen para que se ponga coto a los pactos bajo cuerda. Para que exijan mecanismos eficaces de transparencia. Para que reclamen menos regulaciones y menos burocracia, que suelen ser las taras del sistema que propician esta corrupción galopante e impune que padecemos. Porque si algo empobrece a este país, es la corrupción, aquella en la que nadan y saltan como lizas unas criaturas despreciables, que, encima, se dan el lujo de participar en la política, como si fuese lo más natural del mundo, mientras que uno, desde este modesto papel, a lo máximo que puede aspirar es a desearles que les dé un chancro repentino, que les produzca un dolor atroz, ciego, inhumano. Porque nadie les sanciona. Pues eso.

El reino del antro de la corrupción

2010-04-23T17:28:00.000-07:00

La irracionalidad delincuencial se impone y manipula nuestro modo de vida. Las instituciones tutelares que deben velar por el bien de la familia peruana están digitados a la manera mas conveniente de los corruptos. La justicia es inexistente por que el Sistema Judicial esta podrido y necesita una reforma profunda. El gobierno central esta copado por ilustres de la nada que ya no tienen moral para responder sobre sus acciones. El titiritero representante de todo este sistema vocifera ya sin sentido “el Perú avanza”. La oxigenación que la sociedad urgentemente necesita tampoco pareciera estar a la vuelta de la esquina, por que los corruptos y todos aquellos que están inmersos en actos de corrupción se han reagrupado y atentan copar nuevamente los estamentos de poder de gobierno. Para este fin, ahora tienen un elegido que gracias a la falta de educación cívica de la población cabalga primero en las encuestas. Su cercano seguidor es otro acápite de esta pobre historia de nuestro Perú. Nacido políticamente en el antro de la cloaca corrupta de un individuo que más se dedico a robar que gobernar. Claro todo esto ocurre con la bendición del corrupto mayor que quiere el continuismo de la inmoralidad, el reino del crimen y la impunidad. ASACLC

Fuente: http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/23/04/2010/el-mas-perverso-de-todos-los-faenones

El más perverso de todos los faenones
Vie, 23/04/2010 - 23:52

Cómo la corrupción afecta al ciudadano de a pie.

Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Entre tantas pruebas que unos medios y periodistas revelan con valor, y otros medios y periodistas niegan con horror, la atención pública va a darles prioridad a las que confirman la involucración de importantes políticos en una podredumbre muy profunda, en perjuicio de las que reflejan, de un modo singular, el impacto tan negativo de la corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie.

Por ello, en lugar de ocuparme hoy en mi columna sobre la evolución crecientemente complicada de políticos como Jorge del Castillo en el caso de los ‘petroaudios’, prefiero darle prioridad al audio que ayer revelaron los padres de los jóvenes asesinados en la discoteca ‘Utopía’ por la irresponsabilidad de unos criminales que no tomaron las precauciones indispensables.
Lo que presentaron ayer en la sede de la Coordinadora Nacional de DD.HH. fue un audio que revela las sucias maniobras del tristemente célebre Alberto Químper para evitar que se juzgue en la vía penal –donde corresponde– a los responsables del crimen de ‘Utopía’ que les costó la vida a 29 jóvenes.

Ahí se revela lo que todos intuimos pero que ahora se refuerza con pruebas más sólidas: es la corrupción lo que explica por qué, ocho años después de la tragedia, no se ha podido lograr que se haga justicia en este crimen horrendo.

El operador de estas asquerosidades es nada menos que ‘don Bieto’, cuyo estilo corrupto revela la dimensión real del problema que enfrenta el país por la presencia de tanto miserable como este. Él no era un personaje anónimo, sino alguien profundamente involucrado con el poder político y económico, al punto de que defendió judicialmente al actual presidente, era un habitué en el Congreso, y muchas empresas lo solicitaban.

Lo que en verdad ha sido siempre este rufián –como revelan las pruebas que aparecen– es la rata con que lo presentan sus imitadores, alguien con la habilidad para moverse por las alcantarillas del poder para lucrar, con malas artes, a costa de este. El problema es que, con frecuencia, al poder político y económico les gusta operar con miserables corruptos como Químper.

Siempre se piensa que la corrupción es un fenómeno que ocurre entre gente importante: la que está en el poder y la que se vincula a este, pero que no perjudica al ciudadano de a pie.
Pero el audio de Químper revelado ayer es una expresión singularmente valiosa de la manera como la corrupción sí afecta la vida cotidiana de las personas, como, en este caso, la posibilidad de que los padres de los jóvenes asesinados en ‘Utopía’ puedan tener, al menos, la tranquilidad de que se pudo hacer justicia. Es la corrupción lo que lo impide.