Bayly y la corrupción

César Hildebrandt, Columnista

Jaime Bayly ha llegado a tener seis puntos de intención de voto en Lima.
Su "nicho", su público, su respaldo light –y quizá mudable- está entre los jóvenes de 18 a 30 años de los niveles sociales A y B.
No parece ser esta encuesta de la Universidad Católica motivo suficiente para que el baylismo limeño haga la fiesta que está haciendo.
Pasar del 6 por ciento capitalino y acomodado a ganar una elección nacional se presenta como una larga marcha. Pero lo que es indiscutible es que Bayly ha obtenido, en un mes de provocaciones ingeniosas, lo que a otros les cuesta años y lo que otros pierden en unos pocos meses.
La fragua de Bayly, políticamente hablando, es su bien ganado narcisismo. Es un escritor torrencial y muchas veces talentoso, un comediante triunfal, un comunicador nato, un neurótico indiscreto y perverso que es capaz de anunciar pesares ficticios y hablar como un notario helado de su propia, inminente y fantasiosa muerte.
Bayly ha llegado a amarse tanto que si pudiera desdoblarse del todo se casaría consigo mismo.
Es también socialmente inimputable y ha logrado, gracias a su simpatía, que se le perdone todo. Las barbaridades que ha escrito, su admisión pública de que "no tiene puta idea de para qué quiere ser presidente", su prochilenismo fervoroso que lo empuja a plantear la virtual desaparición de las Fuerzas Armadas peruanas, sus oscuras escaramuzas con aquel amante argentino llamado Martín, su degradante persecución en contra de Diego Bertie –supuesta y ocasional pareja precoz del ahora candidato-, toda esa montaña de desatinos habría sepultado las ambiciones de cualquier mortal común y corriente.
Pero Bayly parece tocado por un dios pagano que lo aurolea de teflón y agüita santa, un ángel de la guarda que no lo desampara ni de noche ni de día (sobre todo de noche).
Pero si las locas ambiciones –locas pero legítimas- de este ego omnívoro explican parte de su candidatura, lo cierto, lo dolorosamente cierto, es que Bayly no estaría en la lid electoral si la clase política peruana hubiese hecho una mínima parte de sus tareas.
Es la ruina de la política peruana y el desastre de la educación aquello que explica, en el fondo, el fenómeno Bayly.
Si los partidos son siglas, vientres putos de alquiler, aglomeraciones sin ideas claras, o maquinarias enormes donde las elecciones internas se manipulan y envilecen –tal es el caso del Apra-, ¿qué pueden pensar los desafectos más jóvenes? Pues que un revulsivo esperpéntico nos puede caer bien. Bayly es un astuto fruto del desánimo de muchísimos jóvenes, de su asco por la política, de su rechazo a la farsa. Que quienes rechazan la farsa apuesten por Bayly parece una ironía autoinfligida. Y que su nicho electoral esté en las clases altas da una idea de que, en materia de valores, el desastre educacional del Perú va de la cima a la sima.
Si gente como García, Kouri, Castañeda -y muchos otros más- demuestran a diario que en el Perú la ética está demás y que valores como la honradez, el cumplimiento de la palabra empeñada, la prolijidad en el manejo del dinero público, han dejado de existir, ¿con qué vigas sostenemos la ilusión de país y de nación y de propósitos comunes?
Esto es una escombrera. De este Haití ético que es el Perú de hoy, puede salir cualquier ocurrencia, la más tesonera extravagancia, el capricho más ridículo.
Pero la escombrera también tiene una causa. Y esa causa es lo que podríamos llamar la actual hegemonía de la corrupción.
La corrupción es vieja en el Perú. Pero quien mejor la organizó, quien la convirtió en institución intersectorial y en manual de magisterio fue Alberto Fujimori.
Y en muchos aspectos, el fujimorismo, como clima y nube tóxica, sigue siendo protagónico.
El primer síntoma de esa supervivencia es que en el Perú actual ha crecido aún más la legión de ciudadanos que piensan que el robo es inevitable y que la coima tiene mucho de natural.
Esto no es anomia. La anomia es la prescindencia distante de leyes y de normas sociales.
Lo que pasa en el Perú actual es mucho más profunda y escabrosa. Aquí se aprecia, se estima, se alienta la corrupción.
Un corrupto exitoso en el Perú –y sobre todo en Lima, el epicentro de este cáncer- es alguien a quien muchos admiran. Mezcla de machismo, ignorancia, arribismo y propensión a tomar todos los atajos que se presenten, esta cultura de la corrupción, esta autorización tácita para que los encumbrados violen la ley o se hagan de fortunas vertiginosas, ha logrado arrinconar a la virtud y encumbrar a la fechoría llamándola "pragmatismo" y aun normalidad o destino.
Es cierto que en Chile o en Ecuador –o en Colombia y Brasil, para no hablar de los Estados Unidos- la corrupción asoma su pezuña de vez en cuando.
Pero, por lo general, cuando un escándalo de este tipo estalla en esos países hay un cierto revuelo, una sanción social, una intervención muchas veces enérgica de jueces y fiscales.
En pocos países la corrupción se premia o se celebra. Mi país, tocado por una infección de la que ya hablaba hace un siglo González Prada, ha desmantelado, gracias a García, el sistema que permitió encarcelar a algunos malandrines.
Es cierto que hubo un paréntesis de luz en todo este proceso. Y ese tramo soleado tuvo un nombre: Valentín Paniagua.
Pero recordemos qué pasó después. Después llegaron Toledo y PPK a "restaurar el orden". Entonces supimos que había una delgada línea roja que unía al hotel "Melody" con la fuga de Schutz, a Maiman con el lobismo aventajado de los amigotes de Toledo.
El fujimorismo había vuelto. Pero este era más letal.
Porque a Fujimori lo enfrentamos quienes estamos convencidos de que la democracia es irremplazable. Y entonces fue la batalla entre el despotismo sin ilustración de Fujimori y los valores de la democracia.
Con Toledo, para nuestra desgracia, se desacreditó la democracia. El mecanismo de regeneración del Perú se atascó en los negocios de las licitaciones y las concesiones. La transición se volvió intransitiva y murió con Paniagua.
No necesito abundar en detalles respecto de lo que ha significado el retorno de García.
Ese retorno ha sido la confirmación plena de que en el Perú la tendencia mayoritaria es considerar el bandidaje político como un asunto menor.
No digo que el señor Humala hubiese hecho un buen gobierno –en realidad, con la maleza que arrastró al parlamento habría hecho un gobierno espantoso y anarquizante-. Lo que digo es que tuvimos la oportunidad de elegir a Lourdes Flores, una mujer de centro y hasta ese momento sin tacha alguna, y la desperdiciamos. Optamos por "el mal menor".
El costo de esa opción ha sido enorme. Nunca sabremos cabalmente de qué tamaño es el actual saqueo del presupuesto nacional y de qué modo la podredumbre ha cundido, de arriba a abajo, desde la cabeza malograda a la circulación periférica, en los ministerios, los municipios, los gobiernos regionales, las instituciones.
Un problema mayor es que la corrupción que padecemos es incompatible con el capitalismo y el mercado. La corrupción no sólo roba sino que desalienta a la honestidad y destruye la meritocracia.
Si para ganar una licitación es mejor ser amigo que ser mejor y si algunas decisiones sobre gasto e inversión pasan por ciertas covachas del compadrismo porteño, ¿de qué liberalismo hablamos?
El capitalismo creador que cambió al mundo no se hizo con lodo sino con trabajo y con valores.
Un maremoto mundial lo ha cambiado casi todo. Lo que hacía Henry Ford ahora lo hacen gansters de la banca.
Pero volviendo a lo nuestro: si el Apra es ese padre que devora a sus hijos, si la oposición es ese silencio, si la prensa del entretenimiento ha derrotado a la prensa seria, si los partidos deambulan en busca de un líder perdido, entonces nadie debería sorprenderse ante lo que está sucediendo: Bayly propone terminar de vender el país y, al mismo tiempo, plantea una revolución. Esa revolución, sin embargo, se detiene en el matrimonio gay, o en el concordato con Roma. Quietismo en lo económico –para que acabemos de cerrar lo poco de industria que nos queda- y audacias de segunda para el cojudeo. Buena fórmula. Malos tiempos.

Contraloría “dizque” pone en marcha segundo operativo anticorrupción en 19 ciudades del país

http://www.larepublica.pe/politica/01/02/2010/contraloria-revela-casos-de-corrupcion

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=J8HrqHbMwnc=

Estas ultimas semanas, la fiebre electoral y el ‘lavado de cara’ del gobierno de turno esta entrando en primera guía. En adición a la oficialización de la Comisión de Alto Nivel de Corrupción, el contralor que en paz descasaba, ha sido resucitado. El objetivo del Gobierno Central y el de las instituciones afines a este es simple, y esta es, el de continuar con la manipulación electoral de la población peruana pretendiendo que el saqueo del erario nacional no es una realidad.

Como parte de esta propaganda mediática, siguiendo la lógica de Mulder quien pide “celeridad en la investigación para el tema de los audios de Business Track", la Contraloría General de la República informa que “ha puesto en marcha un segundo operativo “Cóndor” para descubrir nuevos casos de corrupción en 19 ciudades del país”. Los resultados, como si nadie conociera lo que ocurre en el Perú y que los hechos derivan desde el mismo Gobierno Central, serán publicados en el mes de Abril. De acuerdo al Contralor Khoury Salazar, este operativo, será “más grande que el anterior ¿? porque se estiman casos de corrupción en términos de mayor volumen, obras y operaciones comerciales".

Según Khoury Salazar en esta oportunidad se ha "identificado obras y transacciones no por 70 millones de soles, sino por 466 millones de soles”. Los resultados, se dice, derivan de la secuencia de actividades que han sido implementados como resultado del primer operativo. También se explica, que en los “últimos años la Contraloría ha recibido tres mil denuncias ciudadanos sobre casos de corrupción” y estas han sido tomadas en consideración para “descubrir” ¿? nuevos casos.

Lo curiosos es, que sin embargo la nota indica acciones de “lucha contra la corrupción” y esta es presentad en forma positivista, Khoury Salazar hace un hincapié y se queja que la Contraloría no tiene la independencia ni la autonomía necesaria para ejecutar sus acciones con mayor temperamento.

Si se viviera en otro país en donde la pulcritud de los gobernantes son reconocidos, la queja ameritaría comentario de preocupación, pero como los hechos se dan en nuestro Perú, en donde la corrupción es rampante y esta actividad delincuencial es usado como medio protocolar por el gobierno de turno, la queja no amerita discernió alguno. El Contralor es conocedor de estos hechos desde el momento en el que ha sido nombrado para tal cargo y no ha públicamente denunciado estas acciones en cuanto ha notado interferencia en sus actividades como contralor. Es así que el Contralor indica, que “de los 756 oficinas de control institucional”, la contraloría solamente dirige 184 y el resto son dependientes laboralmente de las instituciones que supuestamente deben ser fiscalizado por la Contraloría.

Esperamos que la población peruana no caiga en este juego y que en las próximas elecciones su participación sea crítica y ello refleje con la elección de representantes capaces y no inmersos en actos deshonestos.

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Según la Agencia Peruana de Noticias (28/01/2010), el Poder Ejecutivo ha oficializado la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CANA). De acuerdo a la nota periodística, el objetivo de la Comisión es la “de coadyuvar en la articulación, coordinación y planificación de las acciones a cargo de entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir la corrupción en el país”. Además, este “grupo de trabajo será el encargado de realizar la supervisión y el seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción”.

“La Comisión estará conformada, de manera ad honórem, por los presidentes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, y Consejo de Ministros; además por la fiscal de la Nación, la defensora del Pueblo, el alcalde de Lima y el ministro de Justicia, según un decreto supremo. Además, por el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética). Asimismo, por el secretario técnico del Foro del Acuerdo Nacional y por el coordinador general, quien se desempeñará como secretario ejecutivo”.

La comisión estará coordinada por el ex contralor Genaro Matute y tendrá carácter permanente y se encontrará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ama Sua: Acción Contra la Corrupción (ASACLC) observa que este paso es importante en la lucha contra la corrupción, pero como el formato de nuestra propuesta indica, preferimos que los miembros de esta Comisión no tengan vínculo alguno con el Poder Ejecutivo ni menos con el Gobierno de Turno. Este hecho resta validez e independencia de acción para conseguir objetivos específicos y concretos de mediano a largo plazo.

Estaremos atento a las acciones que la Comisión realice, y desde ya esperamos que nuestra propuesta, con las adiciones y sugerencias que incorporaremos al documento oficial, sean bien recibidas en su debido momento por la Comisión y canalizadas acorde.

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qaxMPotaXPA=

Actuación del juez Barreto genera desconfianza en la lucha contra la corrupción

La corrupción en el Perú es institucionalizado y ello es muy conocido por la gran mayoría de la población. Lo que ahora necesitamos son propuestas de acción para extirpar este mal social. El condenar es loable (al cual nos sumamos) y esto, aunque en forma aislada, se ha venido efectuando durante hace mucho tiempo. La realidad ahora es diferente y requiere de acciones lógicas que de mediano a largo plazo sirvan para madurar la institucionalidad democrática y enmarcar al Perú por las sendas de la modernidad. Si en el ahora no propalamos medios prácticos de educación cívica-democrática, en el mañana la población seguirá eligiendo gobernantes y representantes coludidos con la corrupción (ASACLC).

http://alertaperu.org/publicar/pronunc/425-actuacion-de-juez-barreto-genera-desconfianza-grupo-de-trabajo-contra-la-corrupcion.html


Pronunciamiento del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (integrado por: Forum Solidaridad Perú, Grupo Propuesta Ciudadana, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro Derechos Humanos, Centro Interamericano de Gobernabilidad, Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, Desco, Fovida, Jubileo Perú)

Ha culminado la primera etapa del proceso judicial contra Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán y otros implicados en el escándalo de corrupción en la concesión de cinco lotes petroleros nacionales; y ante la cuestionable actitud del Juez Jorge Barreto, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción1 expresa a la ciudadanía, al Poder Judicial y a todas las instancias del Estado lo siguiente:

1. La lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú requiere de jueces y autoridades transparentes, que actúen dentro de los cánones de la ley y la justicia, rechazando cualquier presión política y sin concesión alguna a los encausados en dichos delitos. Sin embargo, el cumplimiento de esas exigencias básicas no ha caracterizado la actuación judicial durante el proceso contra Rómulo León y otros.

2. El caso de corrupción en la concesión de 5 lotes petroleros –y otros negociados descubiertos- que tuvo como principal actor al ex ministro aprista, es quizás uno de los más emblemáticos de los últimos 5 años en nuestro país. Recordemos que, incluso, luego de la difusión de los denominados “petroaudios” y el inicio de las investigaciones, tuvo que dimitir el premier Jorge del Castillo y su gabinete.

3. Sin embargo, durante los 15 meses que ha durado la primera etapa de este proceso, las decisiones tomadas por el Juez Jorge Barreto han despertado desconfianza sobre la verdadera voluntad del Poder Judicial para combatir la corrupción. Algunas de esas acciones, que nos llevan a temer un desenlace de impunidad son:

- La dilación el proceso de manera cuestionable, postergando injustificadamente las diligencias judiciales correspondientes.
- El juez desestimó la denuncia por asociación ilícita para delinquir presentada por la fiscalía, reduciendo la posibilidad de sanción de cárcel prevista, de hasta 15 años, a un máximo de sólo 10 años, generando un precedente preocupante para otros casos de corrupción.
- El juez no incluyó como pruebas los informes de la Contraloría General de la República que determinan la comisión de irregularidades en la concesión de los lotes petroleros. Sin embargo, a inicios del presente mes, la Tercera Sala Penal ordenó al juez Barreto incorporar al expediente dichos informes. Al respecto, nos preocupa la información de diversos medios de comunicación indicando que el juez Barreto habría solicitado a peritos particulares, la emisión de un informe sin sustento técnico y que podría beneficiar a los procesados, mas aún cuando ha impedido que el Ministerio Público interrogue a dichos peritos sobre la idoneidad de los peritos y el sustento técnico del informe.
- Las diligencias de visualización del CPU del principal procesado, Rómulo León Alegría, fueron realizadas sin la presencia del Ministerio Público ni de la Procuraduría. El juez Barreto impidió la participación de las partes denunciantes, sólo él y el abogado de Rómulo León pudieron revisar 400 correos electrónicos, de los 73 mil archivos presentados por la Fiscalía.
- El pasado 22 de diciembre, el juez Barreto indicó que no se incorporaría a las pruebas del caso los aproximadamente 100 audios vinculados a los delitos de corrupción investigados. Según indicó, éstos no habrían sido presentados como prueba, pero tanto el Ministerio Público como la Procuraduría han desvirtuado esta versión ya que el juez, al ser responsable de conducir el proceso, tenía la facultad de solicitar de oficio los audios, si es que no estaban inicialmente.

A estas acciones, habría que sumar la decisión que tomó, por 2 votos a 1, la Tercera Sala Penal Especial – en julio de 2009 – que permitió la excarcelación temporal de Rómulo León Alegría.

4. Por estas razones, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción se suma a los cuestionamientos al accionar del juez Barreto y la preocupación de quienes explican estas acciones en la intención de los magistrados de lograr la impunidad y la absolución de los procesados, así como evitar que se profundicen las investigaciones para determinar responsabilidades en otros niveles del poder público en nuestro país.

5. El Grupo de Trabajo Contra la Corrupción espera que la siguiente etapa del proceso “juicio oral” se desarrolle con ajuste a ley y permita sancionar la comisión de los graves actos de corrupción que todos los peruanos y peruanas hemos podido conocer. Creemos que la situación generada por la actuación del juez Barreto puede ser revertida si la siguiente instancia actúa de acuerdo a ley y sin concesiones a la corrupción. Asimismo, instamos a que la Oficina de Control de la Magistratura evalúe una posible investigación a la actuación del juez Jorge Barreto para determinar si se habría configurado una inconducta funcional frente a todos los antecedentes descritos.

6. Desde la sociedad civil esperamos que el Poder Judicial demuestre con decisiones claras su efectivo interés para combatir la corrupción, y revierta la desconfianza generada en la ciudadanía frente a sus mecanismos de administración de justicia. Reiteramos que nos mantendremos vigilantes y atentos a las acciones que las autoridades judiciales realicen, ya que los peruanos y peruanas no permitiremos que siga avanzando la creciente impunidad.

Lima, 22 de Enero de 2010

Termina investigación sin escuchar audios

El siguiente artículo tiene relevancia en la lucha contra la corrupción. Así como apoyamos al Poder Judicial en ciertos pasos positivos que ha dado en la lucha contra la corrupción, también condenamos acciones que denigran una proba administración de justicia. El Poder Judicial, en pos de sacudirse de la imagen negativa que tiene dentro de nuestra sociedad, necesita urgentemente neutralizar estos casos que entorpecen el desarrollo y fortalecimiento de una buena y transparente administración de justicia. Al igual, así como también necesita mantener su independencia como garantía de libertad, el Poder Judicial dentro de nuestro estado de derecho necesita de una buena vez fortalecer y aplicar el imperio de la ley y fomentar la legalidad. (ASACLC)

http://www.larepublica.pe/politica/20/01/2010/termina-investigacion-sin-escuchar-audios-0

César Romero, 20 Enero 2010

¡Un faenón, Hermano! Juez Jorge Barreto tuvo los petroaudios durante 15 meses. El plazo de indagación vence hoy, pero Barreto lo extendió hasta el viernes, para escuchar a German Kasay y Gaspar Zamora, peritos de hidrocarburos.

Tras 15 meses de diligencias reservadas, el juez Jorge Barreto concluirá hoy o el viernes la investigación a Rómulo León Alegría, representantes de la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) y funcionarios de Petroperú y Perupetro. Sin embargo, desde el 21 de octubre del 2008 –cuando se inició la investigación– hasta hoy, Barreto no cumplió con escuchar los más de 100 petroaudios que revelaron los supuestos negociados en la licitación de 5 lotes petroleros en el zócalo continental a favor de DPI.

Ni los cuatro audios que reveló el ex ministro Fernando Rospigliosi en “Cuarto Poder”, los nueve que recopiló La República ni los 86 que entregó en enero del 2009 el periodista Pablo O’Brien. El 22 de diciembre, Barreto afirmó que todo ese material, contenido en la denuncia inicial de la fiscalía, nunca fue aportado como prueba y, como tal, no podía decir si era válido o no.

Petromails
De los más de 73 mil archivos contenidos en el CPU de León Alegría, el juez sólo admitió 400 ‘petromails’ que únicamente él y el abogado defensor de León, Eduardo Roy Gate, conocen, pues se negaron a admitir la participación de la fiscalía en su revisión y evaluación.

Por ello, solo el juez y Roy Gate saben si los 400 mails son los mismos que aportó en su denuncia inicial el fiscal Óscar Zevallos u otro que revelen nuevos o los mismos hechos ya conocidos.
Barreto tampoco se preocupó por recabar la información que sobre este caso encontró la jueza María Martínez a los directivos de Business Track (BTR). Extraoficialmente, se supo que el fiscal Walter Milla solicitó a la jueza Martínez derivar a Barreto información de BTR sobre el caso “Petroaudios”, pero se desconoce si el pedido fue aceptado.

El juez nunca comunicó a los abogados defensores o a la fiscalía haber recibido alguna información de la jueza Martínez. En los CPUs de BTR están los ‘petroaudios’ originales y, es posible, otros más.

Peritos
Pese a que el plazo de indagación vence hoy, Barreto extendió el plazo hasta el viernes, para escuchar a los peritos de hidrocarburos German Kasay y Gaspar Zamora, que el viernes último presentaron un informe sobre la licitación, la que han encontrado conforme a ley.

El procurador Jorge Caldas se opone a dicha diligencia al estar fuera de plazo, pero Barreto decidirá aunque luego no haga nada.

Cuestión de plazos
Pide Libertad. La mañana de ayer, Rómulo León Alegría solicitó su inmediata libertad porque, en su opinión, hasta hoy no se ha probado que haya hecho tráfico ilícito de influencias. Además, está próximo a cumplirse el máximo de 18 meses de detención sin juicio ni sentencia, por lo que le tocaría salir libre.

Abogado. Alberto Químper también ha pedido que termine su arresto domiciliario. Barreto rechazaría ambos pedidos.

Se viene el juicio público
Ahora, el proceso del “faenón” entrará a una etapa de análisis. El expediente pasa por 40 días a manos de la fiscal Juana Meza para que realice un informe. Luego otros 40 días para que el juez haga su propio informe. Dichos informes consisten en un resumen-índice de las diligencias realizadas y de las pruebas de cargo y descargo recopiladas.

A fines de abril, el expediente “subirá” al despacho de la fiscal superior Flor Vega. Ella puede pedir una ampliación extraordinaria, que se archive todo o, lo que es más seguro que suceda, que acuse: pida juicio oral y cárcel para León Alegría y los demás.

El juicio comenzaría en julio o agosto. Las penas que solicitaría la fiscalía, según fuentes de esa institución, estarían por los 6 y 8 años de cárcel. Las condenas, si se dan, no serían mayores a 6 años de prisión.