Monday, June 20, 2011
Las Arrugas de "Meche"
El Aprismo manejado por Alan es sinónimo de corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad y robo del erario nacional. Esperemos el pueblo peruano recuerde este tipo de abusos y el robo que sufre de su futuro.
La derrota del fascismo
Fuente: http://www.larepublica.pe/19-06-2011/la-derrota-del-fascismo
Dom, 19/06/2011 - 05:00
Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Dom, 19/06/2011 - 05:00
Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Thursday, June 16, 2011
Avelino Guillén: Hubo un gran retroceso en la lucha anticorrupción
Fuente: http://www.larepublica.pe/16-06-2011/avelino-guillen-hubo-un-gran-retroceso-en-la-lucha-anticorrupcion
Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.
Ana Núñez.
¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.
¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.
Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.
Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...
Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.
Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.
¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.
¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.
¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.
¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.
¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.
¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.
Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.
“Yo soy un soldado de la democracia”
¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.
¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.
¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.
Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.
Ana Núñez.
¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.
¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.
Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.
Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...
Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.
Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.
¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.
¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.
¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.
¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.
¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.
¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.
Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.
“Yo soy un soldado de la democracia”
¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.
¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.
¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.
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