Fuente: http://idl-reporteros.pe/2011/06/21/el-caso-comunicore-nuevos-destapes/
IDL-Reporteros consiguió el informe final de la comisión investigadora de la Municipalidad de Lima sobre el caso Comunicore, que preside la regidora Marisa Glave, y da a conocer de inmediato las principales novedades que contiene. Una de las más importantes es que el ex alcalde Luis Castañeda tuvo pleno conocimiento de lo que sucedía en el caso Comunicore, el mayor escándalo que salpicó su gestión. Otros hallazgos incluyen operaciones bancarias encubiertas, deudas sobrevaluadas para generar saldos con qué pagarle a esa empresa y documentos presuntamente falsificados. A continuación, la reseña del caso y del informe.
Por Daniel Yovera.-
El caso Comunicore reventó el 16 de diciembre del 2009, cuando se reveló que los principales gerentes de la gestión de Luis Castañeda –hombres de toda su confianza desde hacía dos décadas–, beneficiaron entre los últimos días del 2005 y los primeros del 2006 a una desconocida empresa llamada Comunicore, con el pago de una deuda de S/. 35.9 millones, que no estaba presupuestada y que se canceló de un porrazo pese a que debió hacerse en diez años.
La denuncia motivó la intervención de la Contraloría de la República y la investigación de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre del 2010 determinaron que la millonaria operación fue ilegal y perjudicial para los intereses del fisco municipal. El Ministerio Público denunció a 15 investigados, incluyendo a Castañeda, pero el Poder Judicial sólo abrió proceso a 14, excluyendo al hoy ex alcalde.
Cuando Susana Villarán asumió la alcaldía metropolitana, constituyó la ‘Comisión Especial para el caso Relima-Comunicore’, presidida por la regidora Marisa Glave. Su trabajo concluyó esta semana, e IDL-Reporteros tuvo acceso al informe final que será presentado el jueves ante el Consejo Metropolitano.
Sus hallazgos arrojan varias nuevas evidencias, entre ellas el conocimiento y el manejo que tuvo Castañeda de la operación.
Los 21 millones sobrevaluados
La comisión Glave ha encontrado que para pagarle a Comunicore los S/. 35.9 millones, la municipalidad recurrió a un crédito de S/. 87 millones, que debía ser destinado exclusivamente para pagar deudas que mantenía con el sistema financiero. Así, en setiembre del 2005, el BCP le prestó S/. 47 millones, e Interbank, S/. 40 millones.
Ese crédito debía supuestamente servir para que la comuna pague S/. 23 millones al Wiese Sudameris, otros S/. 17 millones al mismo banco por una deuda de EMAPE, S/. 16 millones a Interbank, y S/. 31 millones al BCP.
Sin embargo, la comisión ha encontrado que la deuda total de S/. 87 millones estaba inflada varios millones. Por ejemplo, la deuda real de EMAPE no era de S/. 17 millones, sino de S/. 13 millones.
Pero EMAPE no necesitaba ese dinero y nunca lo pidió para pagar su deuda con el Wiese. De hecho, semanas después de recibir el dinero, el gerente de Finanzas edil y hombre de confianza de Castañeda, Juan Blest, le pidió que se lo retorne a las arcas municipales. Así es como retornaron S/. 13 millones, los mismos que, sumados a S/. 8 millones que no se precisaron desde el comienzo, generaron los S/. 21 millones que la gestión de Castañeda estaba buscando para pagar el grueso de la deuda a Comunicore.
Según el informe Glave, “los S/. 21 millones sobrevaluados mediante un proceso de encubrimiento, se hicieron pasar como recursos propios y así fueron presentados ante el Congreso de la República”, que el año pasado indagaba por el asunto.
Cabe señalar que, para manejar ese tipo de asuntos Castañeda nombró a Juan Blest como director general de Finanzas el 24 de agosto del 2005 pero con retroactividad al 1 de enero de ese año.
La extraña renovación del contrato
Entonces, el Municipio ya había renovado el contrato por diez años más con Relima, el 4 de agosto, pese a que varios informes legales internos y externos de esa época, dieron cuenta de una larga lista de incumplimientos del contrato de parte de la empresa brasileña. Por eso, la comisión Glave considera ‘irregular’ esa renovación, “dado que la administración municipal (en coordinación con Relima y Comunicore) privilegió los intereses privados en desmedro del interés público”.
Ese mismo 4 de agosto, a partir las 4:30 de la tarde, sucedieron tres acciones en tiempo récord: se aprobó la renovación del contrato en la Comisión de Asuntos Legales, pese a no ser punto de agenda; se aprobó lo mismo en Sesión de Concejo, entre 5:05 de la tarde y 7:20 de la noche; y minutos más tarde, se suscribió el nuevo contrato 2005-2015. Gracias a ello, Relima recibe hoy un pago anual de casi S/. 55 millones por el servicio de limpieza del Cercado de Lima.
Pero en ese 4 de agosto pletórico de eventos ocurrió hasta uno que pareciera paranormal. Y es que la Comisión Glave encontró dos actas de dos reuniones de la Comisión de Asuntos Legales, que habrían ocurrido en el mismo día, la misa hora y el mismo lugar.
La primera acta, No 39, corresponde a una sesión extraordinaria que se inicia a las 3 de la tarde, y no indica como punto de agenda la renovación del contrato; la segunda, No 40, es de una sesión ordinaria que indica que “se continuó tratando el tema de la renovación del contrato”.
Extraño, pues en la primera sesión este asunto nunca se trató. Se trata, para la comisión, de dos sesiones superpuestas y con contenidos distintos, en las que, coincidentemente, el teniente alcalde Marco Parra –quien presidía la citada comisión– “pasó a retirarse”.
“En consecuencia –dice el informe final– existen indicios razonables de la comisión del delito de falsificación de documentos, el que, aún de no comprobarse, añadiría un hecho más a favor de la hipótesis sostenida sobre la intención de renovar el contrato de todas maneras, haciendo lo que fuera necesario hacer, incluso si se rompía –como parece haber sucedido- la legalidad”.
Mudo pero despierto
Mientras duraron las negociaciones entre el municipio y Relima, y posteriormente, entre el municipio y Comunicore, todo el manejo financiero estuvo a cargo de Blest, por disposición de Castañeda Lossio.
Pero en los últimos días del 2005, cuando la historia entraba a su fase final y había que tomar decisiones definitivas para concretar la salida del dinero para Relima (y luego, para Comunicore) Castañeda pidió licencia al consejo Municipal, a cuenta de sus vacaciones, y dejó su sillón entre el 9 y el 20 de diciembre.
Entre tanto, el mismo 20 de diciembre, Comunicore le compraba la deuda a Relima y le enviaba al municipio las facturas exigiéndole el pago íntegro y de inmediato. Luego, el 27 de ese mismo mes, el Concejo volvió a conceder al líder ‘solidario’ otra licencia, del 28 de diciembre al 8 de enero del 2006.
Antes de partir, el 27 de diciembre, Castañeda le encargó al gerente financiero Blest, la Gerencia Municipal, la misma que ejerció entre ese día y el 2 de enero del año siguiente, con lo cual tenemos que Blest estuvo a cargo del municipio durante varios días feriados. El hecho es que el martes 3 de enero, primer día hábil del 2006, Comunicore ya recibía los primeros 19 millones en su cuenta. Cinco semanas después, había recibido ya todo el dinero.
IDL-Reporteros intentó ubicar a Luis Castañeda, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Con quien sí conversó fue con el ex teniente alcalde, Marco Parra, quien señaló que le delegó funciones a Juan Blest de “manera general”. “La delegación siempre fue de carácter general, no para el caso específico de Comunicore”, señaló. También dijo que no estuvo presente en la “doble sesión” de la Comisión de Asuntos Legales, debido a que nunca asistía.
ASACLC espera que el electo Presidente Ollanta Humala emprenda una lucha frontal contra esta lacra que se enriquece a costas del empobrecimiento del pueblo peruano. Si los millones de dólares que roban estos delincuentes se invirtieran en la educación del pueblo peruano, el Perú tendría nuevos rumbos y nuestra percepción de modernidad y democracia tendría diferente sentido. Estamos seguros que dentro de un concepto democrático moderno personajes como Alan García y el clan Fujimori que están profundamente comprometidos con el pillaje del erario nacional, no existirían como expresión política pero si como reos. Por ello, como peruanos comprometidos con el desarrollo social de nuestro Perú, seguiremos con nuestra lucha contra la corrupción hasta que nuestra sociedad desterré de una buena vez esta lacra que mella nuestra integridad como seres humanos.
Wednesday, June 22, 2011
Monday, June 20, 2011
Las Arrugas de "Meche"
El Aprismo manejado por Alan es sinónimo de corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad y robo del erario nacional. Esperemos el pueblo peruano recuerde este tipo de abusos y el robo que sufre de su futuro.
La derrota del fascismo
Fuente: http://www.larepublica.pe/19-06-2011/la-derrota-del-fascismo
Dom, 19/06/2011 - 05:00
Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Dom, 19/06/2011 - 05:00
Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Thursday, June 16, 2011
Avelino Guillén: Hubo un gran retroceso en la lucha anticorrupción
Fuente: http://www.larepublica.pe/16-06-2011/avelino-guillen-hubo-un-gran-retroceso-en-la-lucha-anticorrupcion
Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.
Ana Núñez.
¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.
¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.
Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.
Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...
Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.
Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.
¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.
¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.
¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.
¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.
¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.
¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.
Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.
“Yo soy un soldado de la democracia”
¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.
¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.
¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.
Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.
Ana Núñez.
¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.
¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.
Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.
Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...
Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.
Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.
¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.
¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.
¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.
¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.
¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.
¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.
Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.
“Yo soy un soldado de la democracia”
¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.
¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.
¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.
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