Friday, November 19, 2010

Contexto de la renuncia de Fujimori

Fuente: http://www.larepublica.pe/19-11-2010/contexto-de-la-renuncia-de-fujimori


El régimen fujimontesinista fue un duro golpe para la estabilidad democrática del país. No solo por los delitos contra los derechos humanos y los actos de corrupción cometidos; sino también porque generó en la población un alto nivel de desconfianza ante la escena política venidera.

César Alipázaga

Diversos cuestionamientos a su gobierno se escuchaban desde diversos frentes, es así que la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos pensó que la solución pasaba por comprar la voluntad e ideologías de los políticos que primaron sus interés económico antes que la confianza de sus electores. Del mismo modo, se compró la línea editorial de diversos medios de comunicación para que se alineen con el régimen dictatorial.

Sin embargo, las organizaciones sociales, los políticos de oposición y los medios independientes apostaron por el retorno a la democracia dando sendas batallas denunciando los delitos de peculado doloso, corrupción de funcionarios y cohecho activo genérico en agravio del Estado; pan de cada día en la década de los noventas.

En abril del 2000, Fujimori, a merced a la Ley de Interpretación Autentica de la Constitución, postula para un tercer mandato y gana en segunda vuelta a Alejandro Toledo, quien exhorta a la ciudadanía a impedir la juramentación tras las elecciones fraudulentas. Es así que en julio de ese año, mientras Fujimori leía su discurso presidencial en la sede del Legislativo, las protestas callejeras se desencadenaron en la muerte de seis personas y múltiples daños contra entidades públicas. (Posteriormente se conocería la culpabilidad de los agentes de inteligencia infiltrados en dichos sucesos).

En setiembre, el Frente Independiente Moralizador (FIM), liderado por Fernando Olivera y Luis Iberico, hizo pública una cinta el 14 de setiembre de 2000 en la que se aprecia al asesor presidencial Vladimiro Montesinos ‘comprando’ por 15 mil dólares al congresista electo Alberto Kouri para que se pasara a las filas del oficialismo y lograr una mayoría fujimorista sólida en el Congreso.

Tras ello, diversas ONGs, frentes civiles, universitarios y líderes de oposición convocaron a diversas marchas rechazando la corrupción. Las plazas a nivel nacional se convirtieron en escenario de las protestas ciudadanas que buscaban defender un Estado de derecho.

En ese contexto, mediante un mensaje a la Nación, el presidente Alberto Fujimori, convoca a elecciones en el más corto plazo y anuncia que no participaría en esos comicios, así como la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

En noviembre, dictan orden judicial para detener a Montesinos por delitos de lavado de dinero, concusión, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilícito. Fujimori encabeza una búsqueda cinematográfica en la casa de Playa Arica.

La caída del régimen fujimontesinista estaba cerca. Es así que mientras en el Congreso -ya bajo la batuta de Valentín Paniagua- la oposición presentaba pedidos de vacancia y restituye a los magistrados del Tribunal Constitucional, sus ministros y otros altos funcionarios del gobierno renunciaban buscando deslindar con los destapes que vendría después.

Alberto Fujimori no tuvo otra salida que aceptar su derrota, y sin mayor anuncio el 13 de noviembre, Fujimori abandonó Palacio de Gobierno para abordar el avión presidencial supuestamente rumbo a Brunei para participar en la Cumbre de la APEC.

Cinco días después, el 19 de noviembre, el entonces premier Federico Salas hizo pública la decisión del dictador quien desde Japón vía fax renunció al cargo de Presidente de la República.

Luego de la renuncia de Fujimori, seguida por las renuncias de los dos vicepresidentes - Francisco Tudela y Ricardo Márquez - Valentín Paniagua asumió la Presidencia de la República como presidente provisional.

Lo que destino y la justicia les deparaba a Fujimori y Montesinos ya es historia conocida. Ambos cumplen condenas, el primero en la sede de la Diroes y el segundo en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, lugar que ambos mandaron construir.

ASACLC, cree que el régimen Fujimonista fue el continuismo de las políticas corruptas del Primer Gobierno de Alan García. Vista en un contexto histórico, el segundo periodo de Fujimori precipito la vida moral política del Perú hacia al antro total. Los responsables son varios y ello incluye a todos aquellos “opositores” que se callaron para mantener sus privilegios y su existencia. La mafia se enquisto profundamente en todos los motores del manejo administrativo del estado y en el actual Gobierno de Alan ha vuelto a las andanzas. Si ello volviera a profundizarse con la elección de un personaje comprometido o acusado de corrupción el año 2011, indicaría que el Perú no ha avanzado y posiblemente no ha de salir de este subdesarrollo moral y mental en corto ni en largo plazo. En estos tiempos, en donde la economía del conocimiento esta en control absoluto del desarrollo integral de las sociedades, el seguir pensando “que robe pero que haga obras”, es inmoral y mezquino y ello no es conducente para que el Perú despegue hacia el desarrollo económico, cultural y social de largo alcance.

Thursday, November 18, 2010

Hermanos Caradura

Fuente: http://www.larepublica.pe/18-11-2010/hermanos-caradura


Por Augusto Álvarez Rodrichmailto:Rodrichalvarezrodrich@larepublica.com.pe

La presión inaceptable de Mufarech contra Villarán.

Yo no sé si usted siente lo mismo, pero yo ya estoy harto de que el poder político se alíe con el judicial para chantajear a las personas que, dentro de sus posibilidades, luchan contra la corrupción y tienen el valor de no cejar en su libertad de expresarlo en vez de callarse.

Es el caso de Susana Villarán, quien ayer escuchó la sentencia del 26 juzgado penal de Lima que declaró nulo parcialmente el proceso que, con la prepotencia que lo caracteriza, le entabló el ex ministro fujimorista Jorge Mufarech por el simple hecho de que la nueva alcaldesa de Lima lo criticó.

Dicha sentencia decidió anular todo lo actuado en este proceso y retornar el expediente al 36 juzgado, en el cual comenzó el caso, ante un pedido en ese sentido de la defensa, pero no se pronunció sobre el tema de fondo, debido a que, por un lado, estos hechos ya han sido judicializados y archivados hace cuatro años; y, por el otro, porque el juicio no tiene sentido.
En dicha dirección se han pronunciado entidades como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de recordar –a propósito del caso de Villarán– que las opiniones sobre funcionarios o quienes han ejercido cargos públicos no pueden ser calificadas como actos de difamación criminal por el solo hecho de que la persona cuestionada se sienta ofendida.

De un modo más claro y directo, que no se puede condenar a quien escriba un artículo contra la corrupción, tal como le está ocurriendo a Villarán y, a través de diferentes mecanismos, a los periodistas José Alejandro Godoy –quien ya fue condenado hace una semana–, Pedro Salinas y Fernando Rospigliosi.

Este atropello es posible debido a la complicidad lamentable de algunos políticos, jueces y –¡qué vergüenza!– periodistas, quienes con sus acciones y silencios crean las condiciones para perpetrar estos delitos contra derechos elementales como el de expresión, y que llevan implícito un aconchabamiento mafioso a favor de la corrupción, la de antes y la de ahora, que para el caso es lo mismo pues esta no tiene ideología ni partido y su bandera es negra con dos tibias y una calavera.

¿Ha escuchado alguna vez al incontinente ‘opinador’ y presidente Alan García hablar de este tema? ¿El locuaz presidente del poder judicial, Javier Villa Stein, quien opina de cuanto tema le pongan por delante, ha dicho algo sobre este chanchullo?

Por ello, finalmente, es importante que el ex presidente Alejandro Toledo haya reconocido ayer como un error de su primer gobierno, la involucración de Jorge Mufarech en el mismo, toda vez que se trata de alguien cuyo desempeño público ha sido –y lo sigue siendo a través de estos atropellos judiciales que emprende– nefasto para la decencia y la democracia.

¿Se puede pedir algo bueno de este gobierno? Nosotros creemos que no. La impunidad es el ansia de este gobierno. La opción del continuismo es la corrupción desde los más altos niveles de gobierno. Para ellos el poder no es negociable. ¡Salvo la corrupción y el asalto al erario nacional, todo es ilusión!

Sunday, November 7, 2010

“No quiero ser recordado como juez de una sola sentencia”

Sabedores somos que al sistema imperante no le conviene Jueces probos de las características del Juez Supremo San Martín Castro. Sin embargo, en función de innovar la administración de justicia, creemos que es necesario que sus pares electores, en este caso, mediten en función de un futuro mejor para el Poder Judicial. La corrupción es el cáncer del desarrollo y la impunidad es un medio que solamente favorece la ignorancia y el subdesarrollo de la sociedad en conjunto (ASACLC).


Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101107/4/node/300502/todos/15

Entrevista/César San Martín Castro. Juez Supremo. El juez que condenó a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori ya volteó la página. Ahora pretende la presidencia del Poder Judicial para mejorar la administración de justicia.

Juan Carlos Soto. Arequipa

¿Cómo asimila en el tiempo haber sido el juez que condenó a un ex presidente de la República, un hecho sin antecedentes en nuestra historia?

Lo asimilé con normalidad y una obligación que cumplí con transparencia y voluntad. Y siempre, como les decía a mis colegas, pensando en la historia y no en el momento inmediato. Con todas las limitaciones quisimos demostrar que el Poder Judicial era capaz de acometer una tarea de esa dimensión. Con extremo cuidado, cumpliendo el estándar del debido proceso, imparcialidad y espíritu de servicio. Sobre la sentencia hay la libertad de estar o no de acuerdo, pero tengo la impresión de que fue aceptada como una decisión de jueces independientes.

En una entrevista de El País de España confesó que había llorado con algunos testimonios.

Se juzgó una etapa muy dura que nos afectó a todos. Soy ser humano, hubo testimonios que me dolieron mucho. Escuchar de los miembros del grupo Colina, la forma cómo se mataron criaturas, la frialdad de su expresión, aquel intento de explicar su misión con falta de humanidad era conmovedor. Pero esos momentos había que superarlos, porque una sentencia es una expresión de pura racionalidad.

Estas sentencias son advertencias para dictaduras abusivas y violadoras de los derechos humanos y que no hay la impunidad de antes.

Esa es una de las características de la jurisdicción. Tenemos que afirmar la legalidad y controlar conductas que escapan a ella. El derecho internacional nos obliga a los jueces a dar una respuesta contundente a determinadas conductas, sea quien sea.

Hay una conciencia global sobre los derechos humanos…

Eso es importante. No estamos aislados, el país pertenece a un mundo jurídico internacional que impone obligaciones: respeto a los derechos humanos y a los grandes valores de la humanidad.

¿Cambió su vida después de haberse convertido en el juez que condenó a Fujimori?

Fue una experiencia profunda y emblemática, pero le digo con sinceridad, la página está volteada y hay otras tareas pendientes.

No quiero que me recuerden como un juez de una sola sentencia, sino por una carrera, sensibilidad a una vocación judicial y línea de servicio.

Después del caso Fujimori se pensó que el Poder Judicial iba a mejorar, pero los últimos actos de corrupción nos desmienten…

Se quiere construir una institucionalidad judicial de altos estándares de funcionamiento democrático. Esa es una tarea complicada porque formamos parte del Estado y sufrimos sus mismas taras. La justicia necesita una agenda pública que comprometa a todos, porque esto no es un problema solo de jueces. Aquí hay varias tareas pendientes: la corrupción, acceso a la justicia y gestión.

Según el último reporte de Transparencia Internacional hemos retrocedido en la lucha anticorrupción…

Es cierto, y nos debe llamar la atención. ¿Cuáles son los remedios? La receta de una perspectiva general ya está lanzada. Hay dos ámbitos importantes. Voluntad institucional y transparencia en la gestión, que es someterse a la opinión crítica de la comunidad.

Nosotros tenemos algunas ideas. La corrupción no solo se combate con represión, hay que prevenirla. Más allá de las operaciones de intervención in fraganti de conductas corruptas, hagamos inteligencia, una palabra desacreditada por lo que pasó en el país.

Con inteligencia detectaremos los núcleos de organización corrupta, cómo se expresan o reproducen. La corrupción se enfrenta también con la transparencia de la función, y eso obliga a tecnificar el despacho judicial para que la actuación del magistrado sea limpia y de conocimiento público. ¿Cómo rompemos con la estructura de lobbies? Una metodología de transparencia puede combatirlos, trabajar intensamente con sistemas de información (uso de la web). Lo que hay en otros países, agendas públicas: decirle (al juez) que publique su lista de actividades explicadas.

Varios sectores tomaron de piñata al Poder Judicial. Un ministro dijo que se comporta como centro comercial. El presidente del Tribunal Constitucional cuestiona la actuación de Villa Stein.

¿Cuál es su sensación de esas apreciaciones?

De inmediato de un profundo desagrado. No son formas de expresarse, no contribuyen a la mutua colaboración de los poderes públicos. Hay una suerte de crispación y conflictividad interna que genera resentimiento y muros. Nuestra vinculación con los otros poderes del Estado siempre será tensa, pero eso no significa que sea violenta y entorpecedora.

¿La corrupción que existe en el Poder Judicial es grande o está magnificada?

Siempre existe una cuota grande de magnificación. Pero no puedo lanzar una línea de defensa en bloque y negarme. Reconozco que hay grandes problemas como los tiene el país. Hay encuestas que uno puede cuestionarlas, pero hay una realidad ahí.

La percepción ciudadana de los otros poderes del Estado también es negativa.

Preocupa ese rechazo institucional, da pautas para el autoritarismo y salidas violentas. Sería tonto decir: ¡esta población antidemocrática! Hay un desencanto, el servicio que ellos merecen no está a la altura de sus expectativas.

En el caso del Poder Judicial, ¿no cree que la misma gestión del actual presidente Javier Villa Stein haya abonado al desprestigio?

No recuerdo un juez tan polémico con amagos de candidato presidencial, y la gota que rebasó el vaso: justificar la agresión presidencial a un ciudadano.

Son estilos personales, él tiene una línea de afirmación de sus planteamientos bastante precisa. Yo le tengo simpatía, es el colega al que conozco hace muchos años. Reconozco en él su gran preocupación por la justicia, inteligencia y sagacidad para enfrentar problemas, en fin…

¿Pero usted adoptaría esas conductas?

Yo soy San Martín, no Villa Stein. “No le debemos nada a ningún poder político”

Usted será candidato a la presidencia del Poder Judicial, ¿tiene ganas de agarrar este fierro caliente?

Ya estoy sobre el caballo, no puedo arrepentirme. Si gano, gano; y si no, no, y punto. Estoy pensando cómo hacer.

Un columnista (Álvarez Rodrich) dice que el magistrado Enrique Mendoza ganará la elección por su cercanía al poder político.

Se va a equivocar. Hay un sentimiento de autonomía que nosotros debemos fortalecer en forma interna, solo un Poder Judicial independiente colaborará con los poderes públicos en el bien público.

¿No hay influencia política?Desde luego hay cosas que uno no niega, esa es la cultura política del país.

Pero a nosotros no nos ha nombrado el gobierno. No le debemos nada a ningún poder político.

¿No cree que fue emboscado por la Universidad Nacional de San Agustín, que le entregó un doctorado bamba hace años?

Eso fue materia de una queja que me mandaron, pero esa situación ya fue aceptada por la Asamblea Nacional de Rectores, mi título está inscrito allí. Yo fui vocal de la corte sin ese título, en consecuencia, ello no agregó nada a mi historia académica previa, menos a mi historia judicial.
Ojo, yo hice mi tesis, la presenté y la defendí. No me siento disminuido y me someto a lo que digan las leyes.

‘Gestión de Villa Stein es interesante’

¿Considera que la gestión de Javier Villa Stein fue buena?

Diría razonablemente interesante. La política judicial tiene componentes distintos de la política partidaria: continuidad, corrección, reorientación y desarrollo. Esa línea hacemos todos.

¿Qué cosas hay que continuar?

Hay cosas buenas que hay que continuar, por ejemplo, en la descarga procesal hay un plan interesante a profundizar. La implementación del código procesal penal y ley laboral, etc. En la Sala Penal Permanente se informatizó nuestro trabajo. Tuvimos éxito en cuanto a celeridad y control de manejo de causas. Queremos sentar las bases para el expediente digital, un sistema judicial integral.

¿Qué permitiría la digitalización de los expedientes?

Eso permitirá que cualquier persona no tenga que venir a Lima, sino desde una cabina de Internet desde cualquier parte del país sepa cuándo se resolverá su caso, quién lo tiene, etc. Eso también disminuirá la corrupción al interior del Poder Judicial. Los jueces tomamos con cierto desagrado cuando nos preguntan: ¿y qué críticas tiene que hacerle al anterior presidente?

Friday, November 5, 2010

Corrupción frena el desarrollo de un país



El historiador peruano Alfonso Quiróz presento su último libro “Círculos Corruptos” en el cual interpreta la historia peruana a través de episodios importantes de corrupción a lo largo de los siglos. Lamentablemente, la corrupción ha estado inmersa en la historia peruana. Así lo revela el último libro presentado en Estados Unidos por el historiador Alfonso Quiroz, que describe la corrupción en nuestro país desde los tiempos de la colonia hasta el gobierno de Alberto Fujimori.

Las investigaciones recopiladas en el Libro “Círculos Corruptos” afirman que disminuir la corrupción contribuye al desarrollo de un país. “En esos países donde se ha logrado controlar la corrupción y dejarlo a niveles bajos, esos países son los que más se han desarrollado, entonces hay una vinculación entre países desarrollados y baja corrupción”, dijo Quiróz.

Pese a la situación de la corrupción en el país, Quiróz destaca que a partir del año se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, a diferencia de otros países: “El Perú por ejemplo a nivel mundial y a nivel latinoamericano ha avanzado y ahora se encuentra a un nivel intermedio, mientras que otros países latinoamericanos por ejemplo estamos hablando de Venezuela y la misma Argentina y algunos que otro país centro americano la percepción de la corrupción ha crecido…”.

Reconocer la corrupción permite dar un giro al desarrollo social y económico de un país. Quiroz insiste que es importante conocer la trayectoria de corrupción del Perú para tener en conocimiento las transgresiones del pasado y las consecuencias para el país. El libro será publicado en el Perú por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Fuente: http://enlacenacional.com/2010/10/27/historiador-alfonso-quiroz-advierte-que-corrupcion-frena-el-desarrollo-de-un-pais/

Thursday, November 4, 2010

La corrupción avanza

Fuente: http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/04/11/2010/la-corrupcion-avanza

Jue, 04/11/2010 - 05:00

Por Augusto Álvarez Rodrichalvarezrodrich@larepublica.com.pe

Por el lanzamiento de una cruzada anticorrupción.

Es un error creer, como hasta ahora, que la economía peruana podrá seguir creciendo, como hasta ahora, sin que la corrupción sea detenida (como hasta ahora).

Ayer se informó la buena noticia de que el Perú subió diez lugares llegando al puesto 36 en el ranking ‘Doing Business 2011’ que el Banco Mundial prepara anualmente para medir la competitividad y la facilitación de los negocios. El gobierno espera avanzar el próximo año hasta el puesto 25, lo cual, junto con el fuerte crecimiento que se está registrando –superior a 8% este año–, constituye una estupenda señal.

Lamentablemente, sin embargo, esto coincide con la aparición de otros rankings que traen malas noticias, como el Índice de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional –difundido la semana pasada– en el cual se observa que el Perú empeoró tres puestos al subir del 75 al 78.

En una escala de 1 (muy corrupto) a 10 (honesto), el Perú está en 3.5. Como referencia, en América Latina, Chile es el país mejor ubicado con 7.2 y en el puesto mundial 21, y Venezuela es el peor con un indicador de 2.0 y colocado en el puesto 164, lo cual pone a Hugo Chávez –para usar sus propias palabras– como ‘caimán de pozo’. Argentina anda igual de mal, con 2.9 que va de la mano con el incremento del patrimonio de la familia Kirchner de 710% desde el año 2003, período en el cual pasó de US$6.85 millones a más de US$55 millones en 2009.

Esto quiere decir que la economía peruana sigue creciendo y mejorando su perspectiva aunque, junto con ello, también la corrupción. Están equivocados quienes creen –como muchos– que esta ecuación puede mantenerse por mucho tiempo.

Robert Klitgaard, una autoridad mundial en anticorrupción que participa en el foro sobre el tema organizado por la Contraloría, concluye que un país con el actual nivel de ingreso per cápita del Perú puede seguir aumentando con corrupción, pero no por mucho más porque esta lacra será un freno creciente.

No es coincidencia que los países más competitivos sean los más honestos, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia. Los más pobres, en cambio, son los más corruptos, como Somalia, Birmania, Afganistán o Irak.

A los empresarios les conviene autoridades honestas por razones morales pero, también, por cálculo económico. Es más barato, promueve la competitividad –gana el más capaz y no el más corrupto– y no los expone a futuras extorsiones del coimero. Por ello, el sector empresarial debería lanzar en el CADE que viene, al que asistirán candidatos presidenciales, el desafío de una cruzada anticorrupción. Desde el mundo político no se percibe un impulso en esa dirección, como se ha constatado en el lustro gubernamental del presidente García en el que la corrupción, al igual que la economía, avanza.