Narcoindultos. Se sienten pasos

Por: Nelson Manrique Gálvez

http://www.larepublica.pe/columnistas/en-construccion/narcoindultos-se-sienten-pasos-24-06-2013


La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción ha dispuesto la detención preventiva del aprista Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales (CGP), que tramitó los narcoindultos firmados por Alan García. La detención de Facundo Chinguel fue saludada inmediatamente por el Partido Aprista, que pidió una ejemplar investigación y sanción, y por el propio Alan García. El ahora huérfano Facundo (señalado por Luis Alberto Salgado, ex procurador supranacional y ex militante del Partido Aprista, como un “hombre de Alan García”) fue calificado hace pocas semanas por García de “personaje probo” y compartió la mesa de honor con Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Omar Quezada y Carlos Arana en el acto de “desagravio” que le brindó la dirección del Apra a García en su local partidario el 8 de abril, a una semana del estallido del escándalo de los narcoindultos.

Las evidencias contra Facundo Chinguel son abundantes. Contrató para la CGP al abogado del clan de “Los Norteños”, el narcotraficante sentenciado Manuel Huamán Montenegro. Contrató después a Carmen Morales Pebes, narcotraficante internada cuatro veces en prisión, cuya última sentencia de 4 años fue reducida a 1 año y 8 meses de prisión por la CGP, a la que (suena increíble, claro) se incorporó a trabajar a los 4 meses de su liberación (http://bit.ly/11SgNJJ).

A esto se suman ahora las declaraciones del ex recluso brasileño Carlos Butrón, “Brasil”, narcotraficante que trabajó junto con miembros de la CGP desde la cárcel de Lurigancho, donde purgaba su condena. Butrón, ahora libre y en la clandestinidad, decidió contar lo que conocía a la megacomisión que investiga los narcoindultos y a un canal de televisión luego ser sindicado en varios medios como el nexo entre la CGP y los narcotraficantes y de recibir amenazas de muerte de personas que identificó “como apristas”. Butrón afirma que por pedido de Facundo Chinguel se encargó de identificar en el penal de Lurigancho a los narcotraficantes que podían pagar por la conmutación de su condena: “(Facundo) me pidió que les mencionara a las personas más pudientes, y ahí fue cuando me di cuenta de que había una manera casi abierta para cobrar por conmutaciones”. Afirma que la CGP cobró entre 5 mil y 10 mil dólares por año de condena rebajada a reclusos, sin importar el delito cometido. Acusa a Facundo y a funcionarios del Ministerio de Justicia de conmutar penas a bandas completas de narcotraficantes. Los intentos de Facundo de negar sus vínculos con Butrón han sido desbaratados. Es antológico su argumento de que se encontró con Butrón en Piura por “cosas del destino”.

Butrón ha señalado a los apristas Manuel Carrera Toribio y Fredy Vilela Mijahuanca como los encargados de cobrar los cupos que luego entregaban a Facundo. Inculpa también a Jaime Acevedo Saavedra y al secretario personal de Alan García, el abogado César Candela Jara, con quien, afirma, revisaba los expedientes para conmutaciones de penas que luego firmaba Alan García. A pesar de la evidente importancia de Facundo, Butrón sostiene que “era un intermediario de alguien más... Lo que había detrás, no sé, pero había otros niveles”.

Sergio Tejada, presidente de la megacomisión, afirma que esta posee otros cuatro testimonios que confirman lo dicho por Butrón. Entre ellos está el del colaborador de la DEA Óscar Linares Benites, quien ha declarado que la comisión de Facundo cobraba 10 mil dólares por año de reducción de pena y que liberó a narcotraficantes peruanos, colombianos y mexicanos, previo pago.

Los colaboradores de la megacomisión vienen denunciando ser víctimas de golpizas y amenazas de muerte para obligarlos a retractarse. Carmen Delgado de Rivera, cuyo testimonio compromete a Aurelio Pastor, ha sufrido cuatro atentados en el penal de mujeres de Chorrillos. Según ha denunciado su abogado, en uno le incrustaron un vidrio en el ojo derecho y en otro le rompieron la muñeca.

La jefa de Devida, Carmen Masías, demanda a la justicia una sanción ejemplar para los responsables de los indultos y conmutaciones a narcotraficantes: “Si no hay una sanción ejemplar, la gente dirá que da lo mismo portarse bien o mal, que en este país se puede extorsionar, secuestrar, estar en tráfico de drogas y no pasa nada”.

Las responsabilidades no son solo penales. Existe una responsabilidad política clamorosa al haber utilizado el derecho de gracia presidencial no para corregir errores de la justicia sino para burlarla. Eso no puede quedar impune.

ASACLC percibe que el Ministerio Publico y el Poder Judicial no están actuando con imparcialidad y rigor de justicia. La administración de justicia se muestra enclenque ante el “poder” de la mafia y el crimen organizado. El Ministerio Publico ha demostrado ser el más comprometido con la impunidad de los hechos del APRISMO. Alan García aun sigue siendo “el Rey Tuerto en País de Ciegos” y ello hace que la justicia sea enclenque y timorata. El poder del dinero de los “nuevos millonarios” que han minado el erario nacional cuenta cuando la corrupción y el crimen organizado son cuestionados.

García y Toledo deben aclarar denuncias, exhorta el presidente Humala

http://elcomercio.pe/actualidad/1594317/noticia-garcia-toledo-deben-aclarar-denuncias-exhorta-presidente-humala?ft=grid


El presidente Ollanta Humala instó “por respeto a la institución presidencial” a los ex mandatarios Alejandro Toledo y Alan García a que aclaren las denuncias por las que son investigados.

“El primer responsable del respeto a la institución presidencial son los ex presidentes y yo entiendo, porque así como es difícil ser presidente, tal vez sea más difícil ser ex presidente”, dijo Humala en entrevista con el diario “El país”.

Sobre el ex presidente Alejandro Toledo, indicó que tiene que aclarar las denuncias en su entorno, refiriéndose a la millonaria compra de su suegra Eva Fernenbug, “y creo que mientras más rápido lo haga va a ser mejor para él”, comentó.

En tanto, sobre el líder aprista Alan García indicó que el tema delicado es el de los ‘Narcoindultos’ y señaló que “hay que darle todo el respeto porque él ha sido ex presidente, y dos veces”.
En la entrevista el presidente reiteró que rechaza cualquier tipo de persecución política y manifestó que “uno no puede arrastrar la banda presidencial”.

ASACLC cree que los dos ex-presidentes tienen la necesidad moral de explicar sobre los ingresos económicos que los hace millonarios de “noche a la mañana”. Las explicaciones que hasta la fecha han dado carecen de lógica y concibe que sus hechos, cuando en poder, fueran turbios e ilegales. Alan García, ha demostrado, ser el más obtuso en este respecto. El Ministerio Publico y el Poder Judicial también están en la obligación de investigar (de oficio)  estos hechos que lastiman la vida política y democrática del Perú. Estas instituciones necesitan entender que democracia no es corrupción ni menos desfalco del erario nacional.

La promesa de lucha contra la corrupción no se sintió en el primer año

http://www.larepublica.pe/24-07-2012/la-promesa-de-lucha-contra-la-corrupcion-no-se-sintio-en-el-primer-ano

Procurador anticorrupción y cobro de reparaciones son un avance, pero aún hay mucho por hacer. Quedan como sombras los casos del amigo de Alexis Humala que hace negocios con el Estado y el de Omar Chehade, proceso que aún no termina.

Jorge Loayza./

El polvo que cubre la frase “Honestidad para hacer la diferencia” en uno de los tantos carteles del entonces candidato Ollanta Humala que aún se mantienen de pie en la capital, refuerza la impresión de que el lema de campaña ha sido olvidado, pues en el balance del primer año este gobierno no ha dado señales firmes de un compromiso en la lucha contra la corrupción.

Desde el inicial plan La Gran Transformación hasta la Hoja de Ruta, el presidente prometió una lucha frontal contra la corrupción. “Sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros, donde el ciudadano se encuentre protegido. Para esto necesitamos más estado, más patria y que la corrupción sea sancionada”, dijo Humala hace un año, cuando asumió el mando.

EN CAMPAÑA Y MENSAJE

Con menos de una hora de asumir como presidente, Humala propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación a perpetuidad de cualquier función pública contra quienes los cometan. Otras propuestas fueron la supresión de las penas condicionales en las condenas por corrupción y la eliminación de los beneficios penitenciarios.

Sin embargo, el pedido del estrenado presidente no se ha hecho realidad. Pese a que Gana Perú tiene mayoría en el Congreso, este no aprobó el dictamen del proyecto de ley de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y si bien el nacionalista Fredy Otárola solicitó una reconsideración de la votación, el tema no se ha vuelto a ver.

Igual, durante su primer mensaje al Congreso, el entonces premier Salomón Lerner Ghitis prometió crear la Procuraduría Única Anticorrupción, lo que se cumplió, aunque no en el plazo anunciado.

Lerner también dijo que se crearía una Procuraduría General para casos de corrupción y criminalidad para Altos Funcionario del Estado. Eso aún es deuda.

MALAS SEÑALES

Si bien el mejor logro del gobierno de Ollanta Humala en este tema es la creación de la Procuraduría Única Anticorrupción, a cargo de Julio Arbizu (la recuperación de dinero de la corrupción y los embargos son un buen avance), lo cierto es que los escándalos que implicarían temas de corrupción lo ha marcado más este primer año.

Los casos no son pocos y empezaron antes de que Ollanta Humala asuma la presidencia, con la visita de su hermano Alexis a la Federación Rusa, donde se reunió con funcionarios estatales de ese país en representación del futuro gobierno. La respuesta fue el silencio presidencial y una tibia reprimenda partidaria.

Hoy, ese caso ha vuelto a la escena, pues se reveló que uno de los acompañantes de Alexis a Rusia, el empresario Fabrizzio Pimentel, incrementó sus contratos con el Estado de 49 mil soles a 7 millones de soles desde que empezó el gobierno.

En ese mismo escenario oscuro se encuentra el caso del segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, a quien la presión de la opinión pública logró que dejara el cargo. Sin embargo, la bancada nacionalista lo salvó de una acusación constitucional.

Para el procurador anticorrupción Julio Arbizu sí se está librando una batalla contra la corrupción. Sin embargo, reconoce que los cerca de 16 mil casos por corrupción que se ventilan en todo el país es una avalancha para el insuficiente número de personal, unos ochenta abogados en todo el país.

¿Se acentuará la lucha contra la corrupción? Tal vez el cambio de gabinete sea una buena señal.

CLAVES

Personaje polémico.

El presidente Ollanta Humala nombró como su consejero en asuntos jurídicos al abogado Eduardo Roy Gates, quien había defendido a Rómulo León Alegría –procesado por delito contra la administración pública– y Manuel Sánchez Paredes, acusado de lavado de activos. Ollanta Humala lo defendió.

El País parece sumido en la imbecilidad debido a la amenaza de avezados delincuentes que a lo largo de su carrera política se han convertido en millonarios. Estos individuos nos tienen acogotados y ni la llamada “súper comisión” tiene el sentido histórico de desenlazar esta mafia que controla el vaivén del Poder Judicial. El Poder Judicial, una institución con relleno putrefacto de trasnochados Apristas, no tienen el menor sentido de justicia y con el tiempo deviene en un puente patrocinador del olvido y el continuismo del robo y la trampa (ASACLC).

El Vaivén de la Política Anticorrupción

La Sala Penal Nacional y el nuevo sub sistema judicial anticorrupción

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=852

Autor(a): Carlos Rivera Paz

Perú
19-07-2012

El viernes 13 último el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial publicó una resolución administrativa que, a primera vista, solo cumplía con delimitar las competencias de la Sala Penal Nacional (R.A.Nº 136-2012-CE-PJ), pero en realidad, tras esa delimitación de competencia, encontramos la creación de nada menos que un nuevo sub sistema judicial anticorrupción. No es poca y vale la pena comentarlo.

Como se recuerda, la Sala Penal Nacional (SPN) se organizó sobre la base de la antigua Sala Corporativa para casos de Terrorismo a la cual, cumpliendo una recomendación del Informe Final de la CVR, se le agregó —en el 2004— la competencia para investigar y juzgar crímenes contra los derechos humanos. En los siguientes años se le sumó otras competencias para juzgar delitos tributarios y aduaneros y posteriormente casos de delitos de crimen organizado. La resolución de la semana pasada no solo le agrega nuevas competencias, sino que cambia la idea original con la que este tribunal nació.

En concreto la Resolución Administrativa del CEPJ determina que la Sala Penal Nacional es competente para juzgar y sancionar: 1) delitos de terrorismo; 2) delitos contra la humanidad y delitos que conforme a la normativa nacional e internacional constituyen delitos de violación de derechos humanos, siempre que generen repercusión nacional y el proceso sea complejo y referido al delito de genocidio; desaparición forzada de personas y tortura cualificada; 3) delitos de lavado de activos y minería ilegal agravada, siempre que se cometan por organizaciones delictivas y que el proceso sea complejo; 4) delitos de tráfico ilícito de drogas; 5) delitos cometidos por organizaciones delictivas referidos a trata de personas, pornografía infantil, empleo de minas antipersonales, formas agravadas de tráfico ilícito de migrantes.

También tendrá competencia en 6) delitos contra la administración pública, siempre y cuando generen repercusión nacional y el proceso sea complejo, referido a colusión agravada, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, negociación incompatible; también 7) delitos perpetrados con motivo de una convulsión social en un determinado ámbito geográfico declarado en estado de emergencia; y 8) delitos perpetrados contra periodistas en el ejercicio de sus funciones referidos a homicidios, asesinatos, lesiones graves, secuestro y extorsión.

Definida esta nueva competencia la Sala Penal Nacional se consolida como el tribunal de justicia más importante y —probablemente— de mayor repercusión jurisdiccional y política del sistema de justicia en el Perú. A partir de esa primera constatación podemos plantear algunas consideraciones preliminares:

1) Las nuevas competencias de la SPN son las referidas a los delitos corrupción, convulsión social y delitos contra periodistas. Todas ellas tienen una elevada connotación social y política.

2) Esta suma de competencias es —desde todo punto de vista— la extinción en la SPN de la especialidad de derechos humanos como encargo exclusivo, ello a pesar de que a la fecha existe un muy preocupante pendiente este tribunal en este tipo de casos, tanto por la cantidad de causas penales pendientes de resolver, como por el contenido de las sentencias emitidas, en su mayoría absolutorias.

3) Es indudable que está apostando por un modelo de concentración de competencias sin tener –por lo menos de manera pública- un balance de la intervención en las anteriores competencias par parte de la SPN. Por ejemplo, sería interesante conocer ¿Cuál es el balance de su intervención en delitos del crimen organizado?

4) El otorgamiento de competencias sobre delitos derivados de conflictos sociales pareciera ser un modelo alternativo al esquema que el mismo CEPJ decidió hace pocas semanas en el caso de los sucesos de Espinar, en los que solo trasladó competencia a los departamentos vecinos.

5) La competencia para el juzgamiento de delitos de corrupción ha sido una verdadera sorpresa, ya que en términos concretos se ha creado un nuevo sub sistema judicial anticorrupción sin ningún tipo de debate público e intervención de la sociedad civil. La decisión es muy importante, pero este tipo de medidas no pueden asumirse como si la lucha contra la corrupción fuese un asunto de decisiones de gabinete.

6) En los delitos de corrupción se establece que la SPN asumirá un caso cuando este sea complejo, de repercusión nacional o esté sancionado con una pena mayor de 5 años.

7) Para los casos de corrupción de funcionarios la Resolución Administrativa establece cambios orgánicos al interior de la SPN.

8) Si el otorgamiento de esta competencia significa la creación de un sub sistema judicial anticorrupción no se explica claramente ¿qué pasara con el sub sistema anticorrupción creado el 2000 y sobre todo con los magistrados que este último tiene hasta hoy? ¿Esos magistrados serán utilizados en el nuevo sub sistema o se perderá esa experiencia.

9) Si los casos que el nuevo sub sistema juzgará son los graves, complejos y de repercusión nacional ¿eso quiere decir que el antiguo sub sistema se encargará de los delitos de corrupción de menor envergadura? Pareciera que eso será así, con lo cual repentinamente el Perú tiene no uno sino dos sub sistemas judiciales anti corrupción.

10) Es evidente que existiendo dos sub sistemas judiciales anticorrupción, hay el riesgo de que se presenten dos formas de interpretar las cosas, o mejor dicho los delitos. Vale entonces preguntarse ¿Es correcto qué para enfrentar un tema tan sensible como el de la corrupción, en el que en los últimos años los corruptos han sabido sacar ventaja las veces que se les ha permitido, se tenga una suerte de dos cabezas?

11) El antiguo sub sistema anticorrupción orgánicamente depende de la Corte de Justicia de Lima y la Sala Penal Nacional depende de la Corte Suprema de Justicia. Esto podría ser un aspecto positivo por el lado de que existe una más rápida comunicación entre la SPN y la Corte Suprema.

En la lista corrupta de la Contraloría

Estas dos importantes notas de información indican que la “justicia aunque tarde siempre ha de llegar”. En el primer caso, pese que al gobierno de turno ya no le interesa una lucha frontal contra la corrupción, este delito es denunciado y publicitado por cierta gente que desprecia el convivir con la impunidad y la asquerosidad política. Las promesas electorales de Ollanta dieron una luz, pero ello solo quedó en promesa, por que la coexistencia con la clase parasitaria, la derecha más cavernaria del Perú, es fundamental para la sobrevivencia de este gobierno que ya desinflo.

Las acciones de la justicia en el segundo caso son relevantes e indican que 'más temprano que tarde' los crímenes de lesa humanidad serán juzgados con rigor e independencia. Por ejemplo, Alan uno de los más grandes violadores de los derechos humanos en el Perú, no ha pagado por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y ordenado y esta noticia, por seguro, le ha de tener tastabillando. El blindaje político, uno de los más asquerosos episodios en nuestra vida republicana le infiere garantía a la fecha, pero como el Perú avanza; se espera que la justicia independiente garantizara una exhaustiva investigación sobre los crímenes de lesa humanidad y como tal Alan ha de ser juzgado. ASACLC

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/en-la-lista-corrupta-de-la-contraloria_104616.html

Pedro Spadaro, escudero de García y estropeador de la comisión que investiga a expresidente, se salvó además de serias denuncias gracias a prescripción. Piden que Ética vea su caso.

El legislador Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de Alan García, confirmó que el congresista Fujimorista Pedro Spadaro, miembro de este grupo de trabajo, es uno de los 10,563 funcionarios consignados en la lista de involucrados en casos por corrupción que le fue remitida por la Contraloría.

“Hemos revisado la lista y su nombre aparece. Está comprendido con responsabilidad administrativa en un hecho bastante grave que tiene que explicar y lo vamos a escuchar; por lo pronto tenemos esta información”, dijo a la prensa.

En agosto pasado, el contralor general de la República, Fuad Khoury, reveló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su despacho detectó la existencia de 10,563 funcionarios corruptos en los tres niveles de gobierno (central, regional y local).

Una vez instalada la llamada megacomisión, Tejada pidió a la Contraloría la nómina y así se conoció que el nombre de Spadaro forma parte de la misma.

Como informó LA PRIMERA, en noviembre del año 2004, en el Gobierno Regional del Callao se suscitaron hechos nada claros que llevaron a la Fiscalía y al Poder Judicial a abrir un proceso penal a diversos funcionarios.

Uno de esos hechos se produjo en el proceso de licitación para adquirir mobiliario escolar para los centros educativos del Callao, por el que se procesó penalmente al Fujimorista Spadaro, quien se libró de una condena al acogerse a la prescripción.

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO

Spadaro además afrontó un proceso por el presunto delito contra el patrimonio, estelionato (estafa) en grado de tentativa en agravio del memorial Sloan-Kettering Cáncer Center Corporación Profesional de Nueva York. Junto a él fue procesada su ama de llaves, Juana Fuentes.

El 20 de agosto de 2003, el parlamentario Fujimorista celebró un Acto Jurídico de Reconocimiento de Deuda con Garantía Hipotecaria a favor de la procesada Juana Fuentes por 41,275 dólares, dando en hipoteca un inmueble de la Av. Paseo de la República 610, el mismo que pretendió inscribir en los Registros Públicos sabiendo que ya no le pertenecía puesto que fue adjudicado como indemnización en remate judicial a la empresa agraviada.

Como se trató de una tentativa, pues el delito no se consumó porque Registros Públicos rechazó la inscripción por aspectos formales, el legislador se acogió a la prescripción del delito.

En diálogo con LA PRIMERA, Spadaro dijo que este es un tema personal en el que se vieron involucrados derechos heredados de su madre y que se trata de un proceso de 20 años. Dijo que de este tema ya no hablará más porque está cerrado y que fue absuelto, aunque en realidad se acogió a la prescripción del caso, según admitió.

ESTADIO DE PIURA

Además, la Contraloría denunció a Spadaro ante el Ministerio Público de Piura por el delito de negociación incompatible, debido a que habría favorecido a la empresa Santa Lucía para la construcción del estadio del balneario de Colán, provincia de Paita, informó anoche el programa Tribuna Abierta de Canal 13.

El reportaje también reveló que la Fiscalía de Paita solo denunció a la empresa Santa Lucía y no al congresista Fujimorista. El procurador anticorrupción Julio Arbizu informó que se encuentra recabando información para tomar acciones posteriores.

ÉTICA INVESTIGARÁ

El vocero de Gana Perú, Fredy Otárola, opinó que tales denuncias ameritan la inmediata intervención de la Comisión de Ética del Congreso. En respuesta, el presidente de esta comisión, Humberto Lay, se apuró en afirmar que al tratarse de hechos ocurridos antes de la elección de Spadaro como congresista no procede la investigación de su caso y dijo que la ley solo obliga a los candidatos a elecciones a consignar en sus hojas de vida las sentencias firmes.

En este mismo sentido, se pronunció el legislador aprista, Mauricio Mulder, miembro de la Comisión de Ética. El legislador Tejada, quien también integra este grupo, opinó que el pedido formulado por Otárola es importante y debe ser tomado en cuenta para que no quede dudas si alguna vez Spadaro protegió a corruptos.

Vilma Escalante
Redacción

Qué es el Plan Cóndor por el que han pedido captura de Morales Bermúdez
http://elcomercio.pe/politica/1369505/noticia-que-plan-condor-que-han-pedido-captura-morales-bermudez

Ronald Gamarra sostuvo que existen pruebas que vinculan al gobierno de facto con esta política contra los opositores de las dictaduras en la región en los 70’ y 80’

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07
Redacción Online

El pedido de captura internacional hecho por el juez argentino Norberto Oyarbide contra el ex presidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez ha traído de nuevo a los foros de opinión pública la Operación Cóndor. El magistrado señala que como parte de este plan, trece políticos peruanos de oposición fueron trasladados de manera clandestina a Jujuy en 1978, donde permanecieron detenidos hasta su expulsión.

Esta mañana Morales Bermúdez se ha defendido y ha dicho que nuestro país nunca se plegó al Plan Cóndor. Pero qué significa esta operación y cuáles son los vínculos que tiene con el régimen militar de finales de los 70’ (el general en retiro fue presidente del 75 al 80).

Esta política comenzó tras la caída de Salvador Allende en Chile. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet, altos mandos de la DINA (la policía secreta chilena) se reunieron en noviembre de 1975 con integrantes del servicio de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Aquí se acordó realizar acciones de ‘prevención’ contra elementos ‘subversivos’.
Según detalló el defensor de derechos humanos Ronald Gamarra, estos gobiernos, a los que después se sumó Brasil, crearon una red de información, seguimiento, detención y aniquilación de sus opositores políticos refugiados en estos países.

Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, estos regímenes dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas que tenían como misión eliminar a los políticos exiliados o que habían conseguido asilo. Este fue el caso del general chileno Carlos Prats y su esposa que murieron en medio de la explosión de un coche bomba en Buenos Aires. La DINA es sindicada por este crimen.

Otros casos fueron el secuestro de una pareja de uruguayos en Porto Alegre, Brasil, y la revelación de los denominados ‘archivos del terror’ en Paraguay. Estos documentos develaron diversas operaciones clandestinas montadas por el gobierno del dictador guaraní Alfredo Stroessner.

LA VÍNCULACIÓN CON EL PERÚ

Sobre la vinculación de la Operación Cóndor con el régimen de Morales Bermúdez, Gamarra señaló que existe un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) que establece que el Perú y Ecuador se habrían sumado a esta política de terrorismo de Estado.

“Hay una serie de elementos que demuestran que existieron coordinaciones. Por ejemplo, hay un documento que dice que en 1977 un comando argentino ingresó a territorio peruano y detuvo a un político refugiado que previamente había sido identificado por el Servicio de Inteligencia peruano”, indicó el ex procurador anticorrupción en diálogo con elcomercio.pe.

Además, dijo que la CIA da cuenta de que en 1978 un funcionario de la embajada del Perú en Santiago “atendió un asunto” sobre el Plan Cóndor.

La DINA, agregó Gamarra, emitió en julio de ese mismo año un informe en el que dan cuenta que se realizó una reunión de los integrantes de este operación en Buenos Aires con participación de representantes del gobierno peruano.

LA DEPORTACIÓN DE 13 POLÍTICOS

Una de las pruebas más contundentes de que el Perú se sumó al Plan Cóndor, según la resolución del juez argentino Oyarbide contra Morales Bermúdez, es el traslado clandestino de 13 opositores al gobierno militar a Jujuy la madrugada del 25 de mayo de 1978.

“La investigación permite sostener que ciudadanos peruanos fueron víctimas, mediante privación ilegítima de su libertad del sistema de represión clandestina impartido en el gobierno peruano a cargo de Morales Bermúdez con aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial argentino (…) ello en el marco del denominado Plan Cóndor”, indica el documento judicial.
Precisamente, esta mañana el legislador de Gana Perú Javier Diez Canseco, uno de los afectados, afirmó “que lo que hubo no fue una deportación, sino un secuestro y posterior entrega al ejército de Argentina”.

Esta opinión fue compartida por otro de los deportados, el ex diputado Ricardo Letts, quien sostuvo que el gobierno de Morales Bermúdez tuvo la intención de matarlos al enviarlos a Jujuy.
“En esta deportación el objetivo era aniquilarnos. De otro modo no nos sacan a las 2 de la mañana y nos meten a la fuerza en un avión Hércules, nos esposan las manos y los pies y nos entregan un destacamento militar argentino”, manifestó en “Buenos días Perú”.

Más tarde en ATV+, Letts dijo que existen momentos en los que piensa que Morales Bermúdez debería estar recluido en el penal de Yanamayo, en Puno. “Él debería ser sentenciado y sentir tres meses la cárcel en Lurigancho. El resto de su vida puede estar bajo arresto domiciliario”, expresó.

MORALES BERMÚDEZ PUEDE SER JUZGADO

Gamarra sostuvo que si el ex presidente de facto, que tiene 90 años, goza de buena salud, puede ser extraditado a Argentina para que sea juzgado por el secuestro y traslado ilegal de sus opositores.

“Todo depende de sus condiciones de salud. El transcurso del tiempo no impide que se castiguen los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos. La edad no es un criterio para la impunidad”, acotó.