Sunday, August 28, 2011
Wednesday, August 3, 2011
“El centro del problema de la corrupción es el narcotráfico”
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=fSCHocM8h00=
Walter Carrillo Sánchez wcarrillo@editoraperu.com.pe
Para el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez el flagelo del narcotráfico es el centro del problema de la corrupción en nuestro país. Resaltó que durante la época del ex asesor Vladimiro Montesinos, el Perú estuvo en peligro de convertirse en un narcoestado. En diálogo exclusivo con el Diario Oficial El Peruano, el también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció una serie de iniciativas legislativas para establecer políticas destinadas a enfrentar y castigar ejemplarmente los delitos relacionados con la corrupción de funcionarios.
¿Cuáles son las iniciativas que la Comisión ha hecho llegar al presidente Ollanta Humala en el tema anticorrupción?
–Una de las primeras propuestas que le hemos alcanzado al presidente Humala por intermedio del jefe del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, ha sido legislar en torno a la imprescriptibilidad de los juicios por corrupción, es decir, que no haya borrón y cuenta nueva como tantas veces ocurre. Y vemos con enorme satisfacción que la propuesta la incluyó en su mensaje del 28 de julio.
¿En qué otras materias coordinará con el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción?
–Creo que la persecución del delito de narcotráfico debe ser extremadamente rigurosa. Hemos detectado que el centro del problema de la corrupción es el narcotráfico y ahí se debe atacar de una manera sistémica desde sus inicios, en el sembrío de la coca hasta el embarque de la droga en aviones o barcos.
¿Estamos camino a un narcoestado?
–Vladimiro Montesinos estuvo a punto de convertir al Perú en un narcoestado. Fue una experiencia dolorosa de la que deberíamos sacar lecciones para no repetirlas. El retorno a la institucionalidad democrática nos salvó de ese peligro. También se ha hecho un plan de prevención de lavado de activos y la sustitución de cultivos de coca por alternativos, como café orgánico. Pero hay puertos como Paita y Callao donde se debe poner énfasis en las tareas de prevención.
¿Se han activado mecanismos para evitar este problema?
–Sí. La propuesta del presidente Ollanta Humala para la cumbre antidrogas de países de la región es una muestra de su preocupación por el tema. No podemos repetir la historia de Birmania o las zonas liberadas de Colombia. El narcotráfico es muy peligroso para toda sociedad.
¿Qué otras acciones tiene planeadas la Comisión?
–Trataremos de elaborar con el sector Justicia un banco de iniciativas legislativas destinadas a lanzar novedades, como acortar los procesos judiciales y elevar la producción del sistema de justicia.
¿Cuáles son los mecanismos que está diseñando la CAN en esta lucha anticorrupción?
–Estamos trabajando para establecer una red que tenga como centro articulador a la Comisión, que reúne a todas las instituciones del Estado, a la alcaldesa de Lima y al presidente de la asamblea regional, y desde ahí continuar con un proceso de lucha contra la corrupción que involucre a los gobiernos regionales, provinciales y locales.
¿Cuál sería el objetivo?
–La malla tiene el objetivo de recoger todas las denuncias e ingresarlas en un software especializado en materia de corrupción, procesarlas y luego derivarlas al MP, que se encargará de convertir las denuncias en casos de carácter judicial. Y de una manera expeditiva, y utilizando el Nuevo Código Procesal Penal, se haría la acusación, el juez la recibiría y en un plazo perentorio resolvería por mecanismos conciliatorios, por aceptación temprana o por fallo de carácter judicial inmediato.
¿Es necesaria una campaña para sensibilizar a la gente?
–Es indispensable una campaña pública y coincidimos con voceros del nuevo gobierno en señalar que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, pero también debe ser prioridad de los gobiernos regionales, locales y de los centros educativos, implementando el curso de educación cívica para reconstruir los valores. Este tipo de campañas ha sido exitoso en otros países.
Nuevo sistema permite evaluar magistrados en tiempo récord
En otro momento de la entrevista ofrecida a este medio, el presidente de la CAN, Gonzalo García Núñez, se refirió a la evaluación de magistrados.
¿Al frente del Consejo Nacional de la Magistratura se han reducido los procesos para ratificar a los magistrados?
–Hemos desarrollado un sistema que permite evaluar directamente al magistrado. Ahora resolvemos en tres horas después de culminada la entrevista si el juez o fiscal es ratificado. Este proceso antes duraba de dos a tres meses. Y si el magistrado presenta un recurso extraordinario, este se resuelve en menos de una semana.
¿En qué estado se encuentra el proceso de ratificación?
–Empezamos por el norte, centro y seguiremos por el sur del país. En realidad, este proceso nunca acaba porque cada siete años se tiene que evaluar a jueces y fiscales y ratificarlos de acuerdo con criterios profesionales y de idoneidad.
¿Cuáles son esos criterios de idoneidad?
–Se tiene en cuenta si ha sido sometido a medidas disciplinarias, si ha sido demandado por usuarios del sistema de justicia o si por razones institucionales fue sometido a proceso de investigación por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. Además, debe exhibir una trayectoria ética impecable.
¿Qué otros factores se aplican en el proceso de evaluación?
–También evaluamos sus ingresos y gastos, el flujo de ahorros e ingresos. Y coordinamos con la Contraloría General de la República métodos para examinar las redes familiares, es decir, sus cuentas bancarias. Esa situación permitiría hacer un seguimiento de la coima.
¿Qué influye para la no ratificación de los magistrados?
–El CNM no se casa con nadie. El juez que ha aplicado penas blandas a violadores de menores, que determinó la comparecencia en lugar de la cárcel para delitos como el narcotráfico o rebajó penas no es ratificado. A cada juez o fiscal le estudiamos su récord de acusaciones y sentencias.
Walter Carrillo Sánchez wcarrillo@editoraperu.com.pe
Para el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez el flagelo del narcotráfico es el centro del problema de la corrupción en nuestro país. Resaltó que durante la época del ex asesor Vladimiro Montesinos, el Perú estuvo en peligro de convertirse en un narcoestado. En diálogo exclusivo con el Diario Oficial El Peruano, el también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció una serie de iniciativas legislativas para establecer políticas destinadas a enfrentar y castigar ejemplarmente los delitos relacionados con la corrupción de funcionarios.
¿Cuáles son las iniciativas que la Comisión ha hecho llegar al presidente Ollanta Humala en el tema anticorrupción?
–Una de las primeras propuestas que le hemos alcanzado al presidente Humala por intermedio del jefe del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, ha sido legislar en torno a la imprescriptibilidad de los juicios por corrupción, es decir, que no haya borrón y cuenta nueva como tantas veces ocurre. Y vemos con enorme satisfacción que la propuesta la incluyó en su mensaje del 28 de julio.
¿En qué otras materias coordinará con el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción?
–Creo que la persecución del delito de narcotráfico debe ser extremadamente rigurosa. Hemos detectado que el centro del problema de la corrupción es el narcotráfico y ahí se debe atacar de una manera sistémica desde sus inicios, en el sembrío de la coca hasta el embarque de la droga en aviones o barcos.
¿Estamos camino a un narcoestado?
–Vladimiro Montesinos estuvo a punto de convertir al Perú en un narcoestado. Fue una experiencia dolorosa de la que deberíamos sacar lecciones para no repetirlas. El retorno a la institucionalidad democrática nos salvó de ese peligro. También se ha hecho un plan de prevención de lavado de activos y la sustitución de cultivos de coca por alternativos, como café orgánico. Pero hay puertos como Paita y Callao donde se debe poner énfasis en las tareas de prevención.
¿Se han activado mecanismos para evitar este problema?
–Sí. La propuesta del presidente Ollanta Humala para la cumbre antidrogas de países de la región es una muestra de su preocupación por el tema. No podemos repetir la historia de Birmania o las zonas liberadas de Colombia. El narcotráfico es muy peligroso para toda sociedad.
¿Qué otras acciones tiene planeadas la Comisión?
–Trataremos de elaborar con el sector Justicia un banco de iniciativas legislativas destinadas a lanzar novedades, como acortar los procesos judiciales y elevar la producción del sistema de justicia.
¿Cuáles son los mecanismos que está diseñando la CAN en esta lucha anticorrupción?
–Estamos trabajando para establecer una red que tenga como centro articulador a la Comisión, que reúne a todas las instituciones del Estado, a la alcaldesa de Lima y al presidente de la asamblea regional, y desde ahí continuar con un proceso de lucha contra la corrupción que involucre a los gobiernos regionales, provinciales y locales.
¿Cuál sería el objetivo?
–La malla tiene el objetivo de recoger todas las denuncias e ingresarlas en un software especializado en materia de corrupción, procesarlas y luego derivarlas al MP, que se encargará de convertir las denuncias en casos de carácter judicial. Y de una manera expeditiva, y utilizando el Nuevo Código Procesal Penal, se haría la acusación, el juez la recibiría y en un plazo perentorio resolvería por mecanismos conciliatorios, por aceptación temprana o por fallo de carácter judicial inmediato.
¿Es necesaria una campaña para sensibilizar a la gente?
–Es indispensable una campaña pública y coincidimos con voceros del nuevo gobierno en señalar que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, pero también debe ser prioridad de los gobiernos regionales, locales y de los centros educativos, implementando el curso de educación cívica para reconstruir los valores. Este tipo de campañas ha sido exitoso en otros países.
Nuevo sistema permite evaluar magistrados en tiempo récord
En otro momento de la entrevista ofrecida a este medio, el presidente de la CAN, Gonzalo García Núñez, se refirió a la evaluación de magistrados.
¿Al frente del Consejo Nacional de la Magistratura se han reducido los procesos para ratificar a los magistrados?
–Hemos desarrollado un sistema que permite evaluar directamente al magistrado. Ahora resolvemos en tres horas después de culminada la entrevista si el juez o fiscal es ratificado. Este proceso antes duraba de dos a tres meses. Y si el magistrado presenta un recurso extraordinario, este se resuelve en menos de una semana.
¿En qué estado se encuentra el proceso de ratificación?
–Empezamos por el norte, centro y seguiremos por el sur del país. En realidad, este proceso nunca acaba porque cada siete años se tiene que evaluar a jueces y fiscales y ratificarlos de acuerdo con criterios profesionales y de idoneidad.
¿Cuáles son esos criterios de idoneidad?
–Se tiene en cuenta si ha sido sometido a medidas disciplinarias, si ha sido demandado por usuarios del sistema de justicia o si por razones institucionales fue sometido a proceso de investigación por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. Además, debe exhibir una trayectoria ética impecable.
¿Qué otros factores se aplican en el proceso de evaluación?
–También evaluamos sus ingresos y gastos, el flujo de ahorros e ingresos. Y coordinamos con la Contraloría General de la República métodos para examinar las redes familiares, es decir, sus cuentas bancarias. Esa situación permitiría hacer un seguimiento de la coima.
¿Qué influye para la no ratificación de los magistrados?
–El CNM no se casa con nadie. El juez que ha aplicado penas blandas a violadores de menores, que determinó la comparecencia en lugar de la cárcel para delitos como el narcotráfico o rebajó penas no es ratificado. A cada juez o fiscal le estudiamos su récord de acusaciones y sentencias.
Tuesday, August 2, 2011
Si se recupera dinero robado en los 90, habría dinero suficiente para programas sociales
Mar, 02/08/2011 - 08:05
http://www.larepublica.pe/02-08-2011/si-se-recupera-dinero-robado-en-los-90-habria-dinero-suficiente-para-programas-sociales
Us$ 14,000 millones. astronómica suma queda por cobrar al fujimontesinismo. Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.
Edmundo Cruz y Jonathan Castro
El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.
A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008. Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.
En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.
De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.
Recuperaciones magrasEn ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.
El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.
La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.
El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.
El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.
Por qué tanta demora
La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.
En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.
En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.
La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.
El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.
Lo que se necesita
Si el nuevo gobierno desea realmente potenciar el sistema, debe comenzar por dotarlo de los peritos suficientes en calidad y número para las acciones de seguimiento, ubicación y repatriación de dineros.
A la fecha teníamos unas 108 investigaciones preliminares, pero 30 de ellas han tenido que ser archivadas por la falta de peritos. Esta deficiencia no solo afecta la rapidez del proceso sino que genera impunidad.
La falencia es aún más notoria en las regiones. A menudo los escasos técnicos de la región entran fácilmente en conflicto de intereses con los personales o empresas a seguir.
Datos
Deudas impagas. Reparaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascendentes a 472 millones de soles, podrían honrarse si se pusiera mano firme a los corruptos de la década del 90.
Acumulación irresponsable. Las obligaciones acumuladas por el incumplimiento de los acuerdos con la CIDH llegan a sumar hoy 4 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia de 144 millones de soles.
Todo lo que se podría construir
El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que los programas sociales comenzarán a implementarse en el último trimestre de este año. Su implementación “no debe superar los mil millones de soles en el 2012”, sostuvo.
Los técnicos de Gana Perú proyectaron 12 mil millones de soles para Pensión 65 del 2012 y 2015. Y la ampliación gradual de Juntos hasta llegar a 1.267 millones de soles en el 2016.
En un parangón con el monto de la corrupción de los 90, Alberto Quiroz sostiene que con los 14 mil millones de dólares que se llevó el fujimontesinismo se pudo pagar mil soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años.
http://www.larepublica.pe/02-08-2011/si-se-recupera-dinero-robado-en-los-90-habria-dinero-suficiente-para-programas-sociales
Us$ 14,000 millones. astronómica suma queda por cobrar al fujimontesinismo. Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.
Edmundo Cruz y Jonathan Castro
El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.
A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008. Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.
En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.
De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.
Recuperaciones magrasEn ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.
El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.
La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.
El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.
El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.
Por qué tanta demora
La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.
En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.
En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.
La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.
El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.
Lo que se necesita
Si el nuevo gobierno desea realmente potenciar el sistema, debe comenzar por dotarlo de los peritos suficientes en calidad y número para las acciones de seguimiento, ubicación y repatriación de dineros.
A la fecha teníamos unas 108 investigaciones preliminares, pero 30 de ellas han tenido que ser archivadas por la falta de peritos. Esta deficiencia no solo afecta la rapidez del proceso sino que genera impunidad.
La falencia es aún más notoria en las regiones. A menudo los escasos técnicos de la región entran fácilmente en conflicto de intereses con los personales o empresas a seguir.
Datos
Deudas impagas. Reparaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascendentes a 472 millones de soles, podrían honrarse si se pusiera mano firme a los corruptos de la década del 90.
Acumulación irresponsable. Las obligaciones acumuladas por el incumplimiento de los acuerdos con la CIDH llegan a sumar hoy 4 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia de 144 millones de soles.
Todo lo que se podría construir
El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que los programas sociales comenzarán a implementarse en el último trimestre de este año. Su implementación “no debe superar los mil millones de soles en el 2012”, sostuvo.
Los técnicos de Gana Perú proyectaron 12 mil millones de soles para Pensión 65 del 2012 y 2015. Y la ampliación gradual de Juntos hasta llegar a 1.267 millones de soles en el 2016.
En un parangón con el monto de la corrupción de los 90, Alberto Quiroz sostiene que con los 14 mil millones de dólares que se llevó el fujimontesinismo se pudo pagar mil soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años.
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