Fuente: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Cesar/San/Martin/corrupcion/crimen/Estado/elpepusocdmg/20100620elpdmgrep_5/Tes
Presidente del tribunal que juzgó y condenó a Alberto Fujimori
JUAN CRUZ 20/06/2010
Este hombre juzgó y envió a la cárcel a Alberto Fujimori, dictador de Perú, reo de delitos de corrupción y de crímenes de Estado. Se llama César San Martín, tiene 52 años, habla con serenidad de este episodio judicial que le valió el respeto en su país y, por ejemplo, de haber sido elegido por EL PAÍS como uno de los grandes personajes de Iberoamérica en 2009. Él dice que, entre otras cosas, fue esa consideración que el periódico tuvo con él ("y a lo mejor se ha equivocado") lo que rompió su costumbre de no decir "ni media palabra" de nada que tenga que ver con su oficio de juzgar. En esta conversación, que tiene ese aire de excepcional, narra cómo arrostró las dificultades de un juicio así contra alguien que hasta ahora mismo mantuvo una relación mafiosa con el poder y con la realidad.
"Las sesiones, televisadas, tuvieron insólitas cuotas de audiencia, como si hubiera sido un culebrón" "Cuando los Colina relataron lo que hicieron, hasta a nosotros se nos saltaron las lágrimas"
"Los análisis nos llevaron a la conclusión de que los crímenes eran decisión del número uno del Estado"
"El juez Garzón tiene todo mi respeto y consideración por los casos en que ha intervenido"
El juez, que ha estado dos meses enseñando Derecho Procesal en la Universidad de Alicante, es presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú; sus obras incluyen tratados sobre la naturaleza de su cátedra y dos libros, uno sobre "delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir" y otro sobre "aspectos penales y procesales de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales". El primero de ellos sustancia su idea, repetida en esta entrevista, de que "la corrupción es un delito de Estado".
Fue mucha la presión que hubo sobre él (y sus compañeros de la Corte Suprema) durante los 15 meses de juicio contra Fujimori.
Pregunta. ¿Cómo le dejó esa experiencia?
Respuesta. Es una experiencia muy intensa y sujeta a mucha presión. Desde la Corte Suprema, nuestra idea era mantener la prudencia y la discreción, ese era el centro vital. Ser discretos, reflejar que habíamos actuado con total objetividad, mostrar que un juez, tras un fallo, no puede estar saliendo mucho al exterior tratando de justificar nada; entendíamos que, en lo fundamental, la justificación se dio con nuestra conducta en el juicio y con el tenor de la sentencia. Y mantuvimos la discreción a pesar de que los diarios opositores y favorables al presidente nos empezaron a dar caña. Pero la acogida fue tan favorable en el exterior y tal el respeto que mereció en los sectores políticos peruanos, que la crítica se paralizó. Ya no nos dicen nada.
P. Veinticinco años. Se dijo que fue una sentencia muy dura. ¿Las críticas que recibió a este respecto le han hecho reflexionar sobre la magnitud de la pena?
R. No. Mis dos compañeros y yo nos mantenemos firmes, y con el paso del tiempo nos hemos reafirmado. Convencidos como estábamos de que un jefe de Estado había ordenado o aprobado estos hechos tan lamentables, gravísimos, nos dijimos lo siguiente, y lo explicamos en la sentencia: Si a él, que es la máxima autoridad, que tiene un control absoluto del Estado, no se le impone la pena más grave del sistema, ¿a quién? Desde un exclusivo rigor jurídico y técnico, incluso social, no se justificaba una pena menor.
P. ¿Esas presiones que recibió incluyeron amenazas?
R. No. Cuando hablo de presiones me refiero a una crítica permanente de una opinión pública atenta. Sentíamos que había una mirada muy atenta de la opinión pública, de la clase política y, sobre todo, de las grandes organizaciones de derechos humanos internacionales. Si pregunta si desde el poder político o alguno fáctico se nos exigió, condicionó o se nos quiso obligar a que fijásemos algún tipo de decisión, ya le digo con claridad que no. Y uno puede decir "qué raro", porque en nuestros países siempre existe, de un modo u otro, alguna forma de llegar a los jueces condicionando, solicitando, requiriendo extraproceso algún tipo de solución o alternativa a lo que corresponda. Pero esto no ocurrió.
P. ¿Cómo se explica que eso no haya ocurrido?
R. Porque fue un juicio público, transparente. Todas las sesiones se transmitieron por televisión, con insólitos ratings de audiencia, como si hubiera sido un culebrón. Pensábamos que bajarían, pero aguantaron ¡15 meses, una locura!... Desfiló toda clase de gente. Lo que se estaba juzgando de verdad era una suerte de política de Estado. Esa era la discusión de fondo, si hubo o no tal política de Estado. Y lo que hizo que el juicio adquiriera una dimensión trascendente no era una situación individual o focalizada, sino que expresaba un modo de gobernar. Por lo menos, por ahí partió la acusación, por ahí trabajó fuerte la defensa para negar los cargos, y todo eso estaba en el pensamiento colectivo. Demostramos que no tolerábamos ninguna injerencia ni interferencia, y nadie, ni los de Fujimori ni los del Gobierno, llamó a las puertas o se valió de terceros para darnos un mensaje o incluir una petición. Nadie. Hay un dato importante sobre nuestra procedencia: ¿a quién debemos el nombramiento de los jueces? En Perú tenemos un sistema de nombramiento que depende del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el encargado de nombrar y disciplinar a los jueces; la conformación de ese órgano no obedece directamente a ninguna directiva del poder político. No los nombra el Congreso, ni el ministro de Justicia o el Gobierno en general. La Corte Suprema nombra a un representante, el fiscal general del Estado nombra a otro, la Facultad de Derecho pública elige a uno, la privada a otro... En fin, los orígenes no son partidarios. Pero uno no es tan tonto como para ignorar que en esas instituciones pueda haber intereses partidarios...
P. ¿Y en su caso particular?
R. Fui nombrado por el Consejo de la Magistratura. También mis colegas Hugo Príncipe y Víctor Prado, compañeros en el tribunal. No debemos nuestro nombramiento a ningún poder político, no teníamos "que pagar", satisfacer o agradecer nada a nadie. Tampoco hay que magnificarlo, porque no nos interesa el origen, sino la conducta. Creo que el problema no está en cómo te nombran, sino en tus propias condiciones y en cómo se las arregla el sistema para que pueda expulsar aquellos mecanismos que son incompatibles con un sistema objetivo de méritos, calidez y calidad de los valores democráticos.
P. ¿Conoció antes a Fujimori?
R. Claro.
P. Y tuvo relación con él.
R. Absolutamente distante, en los niveles que corresponde. No he tenido ninguna relación cercana.
P. ¿Trabajó en su Administración?
R. No. Trabajé durante nueve meses, en 1993. Fue un trabajo técnico en el Gabinete del ministro de Justicia, y punto.
P. ¿Cambió su opinión de Fujimori una vez estudiado el alcance de sus fechorías? ¿O entendió que era un hombre manejado por su cómplice, Vladimiro Montesinos?
R. Ni una cosa ni otra. Nos metimos en el caso e hicimos unos ejercicios para mantener la pulcritud y la asepsia en lo que fuera posible. Siempre dijimos: "Tenemos que empezar con una mirada blanca, absolutamente blanca"... Nosotros, y esta es una labor típica de un juez profesional, no somos un jurado, teníamos cada uno más de 25 años de experiencia, y eso moldeó nuestra actitud individual frente al caso y frente a la persona. Entramos a analizar con mucho rigor porque sabíamos que el juicio tendría aceptación social, con independencia del resultado, si lográbamos en el imaginario social o popular dos metas: una, la transparencia, y dos, teníamos que redactar una sentencia distinta del modo común como se hacen las sentencias en Perú. Y por eso es como las de los tribunales penales internacionales. Queríamos historiar un régimen, cómo se fue diseñando y conformando. Una cosa es juzgar un hecho delictivo como lo puede hacer cualquier ciudadano, y otra cosa son los sentimientos de aprensión, de odio, de rechazo o de desprecio. Eso un juez no lo puede hacer. Sería la muerte de un buen juez. Uno tiene que ser crítico, pero el rigor que se nos pide para motivar una sentencia nos hace, desde el punto de vista profesional, ser muy cuidadosos y guardar esos sentimientos, o, en todo caso, no aceptarlos como parte de la lógica de enjuiciamiento en un proceso.
P. ¿No hay un momento en el que las atrocidades que se juzgan repugnan al propio sentimiento del juez? ¿No sintió en algún momento que esos asesinatos y esa corrupción tenían un componente espectacular de maldad, como que usted descendía a los infiernos de la política?
P. En el juicio hubo un primer momento en el que declararon las víctimas. Lo que decían nos conmovió el corazón; era terrible no solo lo que pasó, sino que, además, a muchas de esas víctimas de la dictadura los metieron presos después de ser maltratados, bajo cargos de terrorismo... Y cuando los Colina -los integrantes del destacamento de inteligencia- relataron lo que hicieron, hasta a nosotros se nos saltaron las lágrimas.
P. ¿Usted también lloró?
R. En algunos casos, sí, en privado. Me conmovió muchísimo el dolor. Y el cinismo con el que describían el asesinato de niños inocentes. "Se cruzó el chimono". El cinismo nos dolió... Hubo un momento del juicio en el que estaba claro que se mató y que esa fue una decisión superior y que allí estaban metidos los cuadros más altos del Ejército. Todavía no se discutía si estaba en cartera o no el presidente Fujimori. Eso sí nos llamó la atención. Ya no era cuestión de unos sociópatas que decidieran matar por matar. Era una cuestión mucho más elaborada. Y la magnitud de los hechos, su extensión en el tiempo, su forma de preparación indicaba que era una política institucional. No era ya la expresión de un loco que al margen de toda la concepción del Estado se dedicara a matar a supuestos adversarios. Leyendo los manuales de inteligencia, los diferentes documentos del Ejército, fuimos viendo que era ya una línea de conducta y una expresión de los hechos debidamente pautada. Ahí empezó el giro.
P. Era un régimen para delinquir.
R. Era una estructura que no se podía explicar en un contexto individual, sino en un contexto institucional. Eso nos marcó. Llegó un momento en el que, sin discutirlo mucho, la convicción era tan plena que nos miramos los tres jueces y dijimos: Bueno, este asunto no es que un loco o unos locos matan, sino que hay algo organizado, es un aparato de poder.
P. ¿El loco era Fujimori o el loco era Montesinos?
R. Cuidado con el término loco, que se puede decir coloquialmente...
P. Lo recogí de su expresión...
R. Pues voy a eso. Una política de Estado, o unas órdenes que parten de un sector central de la dirección del Estado, no es una cosa de locos, porque cuando uno dice "loco" traza inmediatamente la idea del no imputable. No. Cuando el ser humano se pervierte en sus bases fundamentales pasan estas cosas. Aquí hay una insania en términos estrictamente jurídicos, aquí hay toda una estructura de corrupción, un convencimiento, una lógica de planteamiento. Es un crimen de Estado... Observamos que no era solo un tema de los militares, que no había una autonomización de la clase militar frente al poder civil. El gran reto teórico y jurídico, procesal, era advertir si el salto era posible; para nosotros, y lo explicamos muy bien en la sentencia, ese salto se dio y se probó. Tal vez un punto vital para llegar a esa afirmación fue que nos encontramos frente a un Estado autoritario, no frente a un Estado democrático... Y estos análisis nos llevaron a la conclusión de que los crímenes eran una decisión del número uno del Estado.
P. Ha vivido usted aquí la peripecia judicial en torno a su colega el juez Garzón... ¿Cómo lo ha visto, como jurista y como ciudadano?
R. Voy a ser muy discreto y prudente porque hablo en un país que no es el mío. El juez Garzón tiene todo mi respeto y consideración por los casos en los que ha intervenido, por una línea cívica bastante clara. El caso Pinochet o lo que hizo en Argentina le confieren una especial sensibilidad y coraje. Es una obligación moral estar en ese flanco que él representa. Cuando se le imputa un cargo por prevaricación, cuando ves quiénes son las partes acusadoras, te llama profundamente la atención. Hablar a partir de ahí de prevaricación, con todo lo que ha avanzado el Derecho Penal internacional... Le expreso mi solidaridad y mi cariño más ferviente. Creo que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tienen los suficientes instrumentos y la suficiente calidad como para poder dictar un fallo que sea compatible con la ley, la justicia y la sensibilidad social.
P. ¿Qué expresión sería más adecuada para expresar su actitud ante lo que ha sucedido, sorpresa o estupor?
R. La más neutra es sorpresa: ¿qué pasa aquí? Tenemos la percepción del señor Garzón como un juez honorable, competente, preocupado, demócrata, cumplidor de las leyes... Y de repente se le imputa. Todo lo que uno cree que es, no lo es, ¡Dios mío!
Saturday, June 19, 2010
Wednesday, June 9, 2010
Reviven acciones contra la delincuencia institucionalizada
Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/492106/editorial-no-callar-esa-consigna-lucha-anticorrupcion
Editorial: ¡No callar!, esa es la consigna en la lucha anticorrupción
Corrupción, Lucha anticorrupción
Tras el estrepitoso fracaso de las iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos en la última década, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña nacional orientada a prevenir, denunciar y sancionar las manifestaciones de esta lacra.
El lema ahora es no callar y erradicar la nefasta idea de que el negociado y la coima son condiciones indispensables de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas, como señala el informe de trabajo de la defensoría.
Ese debe ser el compromiso que asuman los ciudadanos, para no hacerse cómplices de maniobras oscuras ni dejarse intimidar por los corruptos que lucran con recursos de todos y causan pérdidas por más de 10 mil millones de dólares, además de debilitar la seguridad jurídica y espantar a los inversionistas.
Recordemos que, desde el gobierno de transición, cuando se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción como plan base del Plan Nacional Anticorrupción, hasta el actual que ha convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, pasando por el nombramiento de un “zar” y una “zarina”, las entidades anticorrupción han sido más que todo anuncios gubernamentales efectistas que no llegan a nada, lo que constituye un escandaloso contrasentido.
¿Podrá la defensoría liderar esta lucha monumental, que exige necesariamente la colaboración de los otros poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde precisamente se dan los esquemas corruptos hasta ahora con alevosa impunidad?
La defensoría parte de un estudio riguroso, titulado “Defensoría del Pueblo: ética pública y prevención de la corrupción”, realizado entre enero del 2005 y julio del 2008. En dicho período se registró un total de 2.719 quejas contra la ética pública en cinco regiones, la mayoría de las cuales involucra hechos ocurridos en el sector Educación (1.026), gobiernos locales (734), el sector Salud (360), la Policía Nacional del Perú (308), el sistema judicial (152), el sistema penitenciario (60), etc.
Convencidos de que hay que empezar por cambiar de mentalidad, la defensoría ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en ética, transparencia y control en cinco regiones, que deben llevarse a todo el país.
Luego, se ha planteado una serie de atendibles propuestas concretas: se recomienda a los organismos electores dar directivas, pactos y códigos de ética para garantizar la legitimidad y la equidad en las contiendas; al sector judicial mejorar la eficiencia de los mecanismos de control, definir el perfil del magistrado y evaluarlo, así como publicar la trayectoria y las resoluciones de jueces y fiscales. A la PNP se le sugiere modernizar y simplificar procedimientos, así como afiatar la línea de carrera.
En general, se propugna fortalecer el marco normativo y la transparencia, así como implementar presupuestos participativos y portales web en todo el aparato estatal, lo cual es obligatorio pero se ha ido dejando de lado sin que las máximas autoridades sancionen a los responsables y transgresores.
Este programa Umbral Anticorrupción de la defensoría apuesta por el compromiso, la fiscalización ciudadana y el acceso irrestricto a la información pública en la administración estatal. Con su visión y liderazgo demostrados, esperamos que la defensora Beatriz Merino pueda convocar a las máximas autoridades de los poderes públicos en esta dura y larga tarea de desterrar la corrupción, la coima y la criollada, prácticas deleznables que pisotean la ley en una cadena de envilecimiento que finalmente termina afectándonos a todos.
Si bien el editorial que reproducimos reconoce que los gobiernos sucesivos poco o nada han hecho para combatir la corrupción, este no indica que los medios de comunicación masiva, incluyendo a El Comercio, también son responsables para que este tipo de crimen se haya institucionalizado. El Comercio deliberadamente no ha denunciado otros hechos como los casos en el que el actual Alcalde de Lima esta envuelto. ASACLC cree que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. Este tipo de crimen no tiene partido por que sus ramificaciones afectan a todos los peruanos, ricos o pobres (ASACLC).
Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/notas-prensa.php
DEFENSORA DEL PUEBLO SOSTIENE QUE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN PASA POR NO CALLAR ANTE ACTOS IRREGULARES
Nota de Prensa N°132/OCII /DP/2010
Se dio a conocer documento de trabajo “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”.
Entre enero del 2005 y julio del 2008 se registró un total de 2,719 quejas contra la ética pública, provenientes de cinco regiones del país.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo hoy que en la lucha contra la corrupción es necesario asumir el compromiso de no callar “porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto. Callar significa pasar de costado frente al soborno, dejarse intimidar por los corruptos, creer que el negociado es casi una condición de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas”.
Más adelante, en un pasaje de su discurso con motivo del lanzamiento de la Campaña Anticorrupción y presentación del documento de trabajo, “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”, la doctora Merino agregó que “el silencio ciudadano equivale a impunidad y la impunidad multiplica los efectos perniciosos de la corrupción al permitir que sus ilícitas operaciones continúen extendiéndose”.
A partir de su lanzamiento, la referida campaña, organizada en el marco del Programa Umbral Anticorrupción, está dirigida a destacar el papel protagónico del ciudadano en la lucha contra la corrupción. “Si doblegan nuestro ánimo o colonizan nuestra mente con falsos valores, todo estará perdido. Mientras eso no ocurra, nuestra apuesta por el compromiso individual y la acción colectiva, debe ser el soporte principal de la lucha contra la corrupción”, sostuvo la Defensora.
El documento de trabajo “Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción” contiene la visión institucional respecto del tema, así como las recomendaciones dirigidas a la administración pública acerca de la neutralidad en los procesos electorales, la reforma de la administración de justicia, el fortalecimiento de la Policía Nacional y el acceso a la información pública en la administración estatal.
Además, el referido documento da cuenta de un estudio piloto de las quejas referidas a actos contra la ética pública, presentadas entre enero del 2005 y julio del 2008. El estudio revela la existencia de un total de 2,719 casos, presentados en las oficinas defensoriales de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque. En su mayoría, los casos involucran hechos ocurridos en el sector Educación.
Según explicó Eduardo Luna, Jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, el documento de trabajo pone en evidencia que, solo en las cinco regiones mencionadas, se registraron 1,026 quejas contra el sector Educación, 734 contra los Gobiernos Locales y 360 contra el sector Salud. Otras 308 fueron formuladas contra la Policía Nacional del Perú (PNP), 152 contra el Sistema Judicial, 79 contra el sector Educación Superior y 60 contra el Sistema Penitenciario.
En el caso del sector Educación, el estudio muestra que las quejas más recurrentes se refieren al “condicionamiento de la matrícula por cobros indebidos”, a las “exigencias para adquirir materiales educativos en beneficio de terceros” y a las “preferencias en concursos de selección de personal docente para beneficiar a terceros”.
En lo concerniente a los Gobiernos locales, los casos más recurrentes se vincularon a las “preferencias y condicionamientos para otorgar licencias, permisos y autorizaciones, así como a “cobros arbitrarios por entrega de información pública.
Respecto de la PNP, los casos reportados con mayor recurrencia se refieren a “la negativa o condicionamiento a la recepción de denuncias”, “la negligencia, omisión o inacción en el trámite de las denuncias” y “el uso arbitrario de la autoridad en provecho propio o de terceros”.
Por otra parte, cabe destacar que, en el marco de la Campaña Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en Ética, Transparencia y Control en la administración pública en cinco regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque, logrando capacitar a 640 personas pertenecientes a instituciones públicas y organismos de la sociedad civil.
Los cursos que se han organizado versan sobre diversos ámbitos temáticos: ética personal y ética pública; instituciones públicas y prevención de la corrupción, y control público y participación ciudadana para la prevención de la corrupción. Los participantes de estos cursos son miembros de las redes de acción colectiva promovidas por la Defensoría del Pueblo desde el 2008.
Durante su intervención, la Defensora del Pueblo agradeció a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por hacer posible el lanzamiento, a través de los medios de comunicación, del Programa Umbral Anticorrupción, así como a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), por la publicación del Documento de Trabajo Nº 12, sobre esta materia.
Al final de la ceremonia, un grupo de niños se acercó a la Defensora del Pueblo y le hizo entrega de un mensaje en el que piden a todos los adultos que “hagamos del Perú un país en el que nosotros podamos vivir un futuro con valores: sin mentiras ni coimas, ni trampas. Con verdad, limpieza, paz, justicia, desarrollo y derechos para todos”.
Lima, 7 de junio del 2010.
Editorial: ¡No callar!, esa es la consigna en la lucha anticorrupción
Corrupción, Lucha anticorrupción
Tras el estrepitoso fracaso de las iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos en la última década, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña nacional orientada a prevenir, denunciar y sancionar las manifestaciones de esta lacra.
El lema ahora es no callar y erradicar la nefasta idea de que el negociado y la coima son condiciones indispensables de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas, como señala el informe de trabajo de la defensoría.
Ese debe ser el compromiso que asuman los ciudadanos, para no hacerse cómplices de maniobras oscuras ni dejarse intimidar por los corruptos que lucran con recursos de todos y causan pérdidas por más de 10 mil millones de dólares, además de debilitar la seguridad jurídica y espantar a los inversionistas.
Recordemos que, desde el gobierno de transición, cuando se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción como plan base del Plan Nacional Anticorrupción, hasta el actual que ha convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, pasando por el nombramiento de un “zar” y una “zarina”, las entidades anticorrupción han sido más que todo anuncios gubernamentales efectistas que no llegan a nada, lo que constituye un escandaloso contrasentido.
¿Podrá la defensoría liderar esta lucha monumental, que exige necesariamente la colaboración de los otros poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde precisamente se dan los esquemas corruptos hasta ahora con alevosa impunidad?
La defensoría parte de un estudio riguroso, titulado “Defensoría del Pueblo: ética pública y prevención de la corrupción”, realizado entre enero del 2005 y julio del 2008. En dicho período se registró un total de 2.719 quejas contra la ética pública en cinco regiones, la mayoría de las cuales involucra hechos ocurridos en el sector Educación (1.026), gobiernos locales (734), el sector Salud (360), la Policía Nacional del Perú (308), el sistema judicial (152), el sistema penitenciario (60), etc.
Convencidos de que hay que empezar por cambiar de mentalidad, la defensoría ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en ética, transparencia y control en cinco regiones, que deben llevarse a todo el país.
Luego, se ha planteado una serie de atendibles propuestas concretas: se recomienda a los organismos electores dar directivas, pactos y códigos de ética para garantizar la legitimidad y la equidad en las contiendas; al sector judicial mejorar la eficiencia de los mecanismos de control, definir el perfil del magistrado y evaluarlo, así como publicar la trayectoria y las resoluciones de jueces y fiscales. A la PNP se le sugiere modernizar y simplificar procedimientos, así como afiatar la línea de carrera.
En general, se propugna fortalecer el marco normativo y la transparencia, así como implementar presupuestos participativos y portales web en todo el aparato estatal, lo cual es obligatorio pero se ha ido dejando de lado sin que las máximas autoridades sancionen a los responsables y transgresores.
Este programa Umbral Anticorrupción de la defensoría apuesta por el compromiso, la fiscalización ciudadana y el acceso irrestricto a la información pública en la administración estatal. Con su visión y liderazgo demostrados, esperamos que la defensora Beatriz Merino pueda convocar a las máximas autoridades de los poderes públicos en esta dura y larga tarea de desterrar la corrupción, la coima y la criollada, prácticas deleznables que pisotean la ley en una cadena de envilecimiento que finalmente termina afectándonos a todos.
Si bien el editorial que reproducimos reconoce que los gobiernos sucesivos poco o nada han hecho para combatir la corrupción, este no indica que los medios de comunicación masiva, incluyendo a El Comercio, también son responsables para que este tipo de crimen se haya institucionalizado. El Comercio deliberadamente no ha denunciado otros hechos como los casos en el que el actual Alcalde de Lima esta envuelto. ASACLC cree que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. Este tipo de crimen no tiene partido por que sus ramificaciones afectan a todos los peruanos, ricos o pobres (ASACLC).
Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/notas-prensa.php
DEFENSORA DEL PUEBLO SOSTIENE QUE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN PASA POR NO CALLAR ANTE ACTOS IRREGULARES
Nota de Prensa N°132/OCII /DP/2010
Se dio a conocer documento de trabajo “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”.
Entre enero del 2005 y julio del 2008 se registró un total de 2,719 quejas contra la ética pública, provenientes de cinco regiones del país.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo hoy que en la lucha contra la corrupción es necesario asumir el compromiso de no callar “porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto. Callar significa pasar de costado frente al soborno, dejarse intimidar por los corruptos, creer que el negociado es casi una condición de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas”.
Más adelante, en un pasaje de su discurso con motivo del lanzamiento de la Campaña Anticorrupción y presentación del documento de trabajo, “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”, la doctora Merino agregó que “el silencio ciudadano equivale a impunidad y la impunidad multiplica los efectos perniciosos de la corrupción al permitir que sus ilícitas operaciones continúen extendiéndose”.
A partir de su lanzamiento, la referida campaña, organizada en el marco del Programa Umbral Anticorrupción, está dirigida a destacar el papel protagónico del ciudadano en la lucha contra la corrupción. “Si doblegan nuestro ánimo o colonizan nuestra mente con falsos valores, todo estará perdido. Mientras eso no ocurra, nuestra apuesta por el compromiso individual y la acción colectiva, debe ser el soporte principal de la lucha contra la corrupción”, sostuvo la Defensora.
El documento de trabajo “Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción” contiene la visión institucional respecto del tema, así como las recomendaciones dirigidas a la administración pública acerca de la neutralidad en los procesos electorales, la reforma de la administración de justicia, el fortalecimiento de la Policía Nacional y el acceso a la información pública en la administración estatal.
Además, el referido documento da cuenta de un estudio piloto de las quejas referidas a actos contra la ética pública, presentadas entre enero del 2005 y julio del 2008. El estudio revela la existencia de un total de 2,719 casos, presentados en las oficinas defensoriales de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque. En su mayoría, los casos involucran hechos ocurridos en el sector Educación.
Según explicó Eduardo Luna, Jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, el documento de trabajo pone en evidencia que, solo en las cinco regiones mencionadas, se registraron 1,026 quejas contra el sector Educación, 734 contra los Gobiernos Locales y 360 contra el sector Salud. Otras 308 fueron formuladas contra la Policía Nacional del Perú (PNP), 152 contra el Sistema Judicial, 79 contra el sector Educación Superior y 60 contra el Sistema Penitenciario.
En el caso del sector Educación, el estudio muestra que las quejas más recurrentes se refieren al “condicionamiento de la matrícula por cobros indebidos”, a las “exigencias para adquirir materiales educativos en beneficio de terceros” y a las “preferencias en concursos de selección de personal docente para beneficiar a terceros”.
En lo concerniente a los Gobiernos locales, los casos más recurrentes se vincularon a las “preferencias y condicionamientos para otorgar licencias, permisos y autorizaciones, así como a “cobros arbitrarios por entrega de información pública.
Respecto de la PNP, los casos reportados con mayor recurrencia se refieren a “la negativa o condicionamiento a la recepción de denuncias”, “la negligencia, omisión o inacción en el trámite de las denuncias” y “el uso arbitrario de la autoridad en provecho propio o de terceros”.
Por otra parte, cabe destacar que, en el marco de la Campaña Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en Ética, Transparencia y Control en la administración pública en cinco regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque, logrando capacitar a 640 personas pertenecientes a instituciones públicas y organismos de la sociedad civil.
Los cursos que se han organizado versan sobre diversos ámbitos temáticos: ética personal y ética pública; instituciones públicas y prevención de la corrupción, y control público y participación ciudadana para la prevención de la corrupción. Los participantes de estos cursos son miembros de las redes de acción colectiva promovidas por la Defensoría del Pueblo desde el 2008.
Durante su intervención, la Defensora del Pueblo agradeció a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por hacer posible el lanzamiento, a través de los medios de comunicación, del Programa Umbral Anticorrupción, así como a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), por la publicación del Documento de Trabajo Nº 12, sobre esta materia.
Al final de la ceremonia, un grupo de niños se acercó a la Defensora del Pueblo y le hizo entrega de un mensaje en el que piden a todos los adultos que “hagamos del Perú un país en el que nosotros podamos vivir un futuro con valores: sin mentiras ni coimas, ni trampas. Con verdad, limpieza, paz, justicia, desarrollo y derechos para todos”.
Lima, 7 de junio del 2010.
Sunday, June 6, 2010
La corrupción nos devora
Fuente: http://intercambiofilosofico.blogspot.com/2010/05/cesar-hildebrandt-la-corrupcion-nos.html
César Hildebrandt
Semanario "Hildebrandt en sus trece", 21 de mayo de 2010
Una sensación de hartazgo recorre muchos sectores.
Es la náusea que produce el hedor de la política entendida como negociado o franquicia. No es la náusea sartreana por la condena de la existencia. Es náusea humildemente estomacal.
Todos desconfiamos de esa Contraloría que ahora gasta millones en publicitarse, y la Contraloría, a cargo de una medianía buscada con lupa para que no moleste con una pizca de carácter, hace todo lo posible para que esa desconfianza se acentúe.
Todos desconfiamos del Poder Judicial y el Poder Judicial, a cuya cabeza están antiguos simpatizantes de la corrupción fujimorista, trabaja denodadamente para que nuestra desconfianza halle más razones todavía.
Todos desconfiamos del Congreso y el Congreso, en manos de alfabetos resignados y analfabetos estridentes, convive con la corrupción, autoriza la impunidad, engaveta las investigaciones y ejerce muchas veces la ley del silencio que, en el Chicago de los 30 y en la Sicilia de los 70, se tenía como sagrada.
¿Y qué decir de los partidos políticos? El PPC se parece al socialcristianismo como la pedofilia a un jardín de infantes. El Apra, que es partido serio e histórico, se debate en una crisis que ya es de identidad y compromete su futuro. El nacionalismo es un estado de ánimo, una ira que llega de provincias pero que nadie sabe si cuajará en un programa integrador y verdaderamente nacional. Lo demás es como Barba: la depravación del vocablo pragmatismo.
¿Y el Jurado Nacional de Elecciones o la ONPE, que deberían servir de filtros? Son, con su patética debilidad, la expresión del cáncer institucional que nos agobia (sólo en las últimas horas el JNE ha recordado que los partidos deben hacer "internas" para elegir candidatos).
¿Y el presidente de la República? Bueno, él es -otra vez- el jefe de una organización poderosa decidida, por ejemplo, a asaltar Collique, a tomar Chilca como si fuera Normandía, o a permitir que Fujimori reanime su banda propia desde la prisión donde despacha.
¿Y la policía? ¿Nos salvará la policía? Bueno, la policía está en manos de un señor que se viste de paisano para irse a hostales a hacer de macho alfa (y que por eso es defendido por el doctor García, machazo alfa él mismo). Y el ministro del Interior tiene el hándicap de una leve minusvalía residenciada en el cerebro.
Tenemos una crisis de viabilidad. No somos un país sino un milhojas, un suspiro limeño amargado por la corrupción.
Ya los vemos: un alcalde que no explica el porqué del robo de Comunicore, denunciado por el diario Perú21, está primero en las encuestas. La hija del corruptor, la que estudió en Boston con dinero robado por su padre, está segunda. Y el señor Kouri, que tendría que estar entre rejas por lo de Convial y ser un apestado social por lo del SIN, podría ganar la alcaldía de Lima.
Perú se pudre. Y la derecha, con algunos idiotas que se alegran por un Garzón defenestrado y un Cipriani triunfante, está feliz. Porque la derecha ha vivido y vivirá siempre en el limo descompuesto y entre la burundanga de la coima. Desde Echenique hasta García.
Cabeza armada de esa derecha que González Prada ya había auscultado y apretado es, por supuesto, la prensa.
La prensa que patatín, la prensa que patatán, la prensa que Gisela, la prensa que América Noticias (festival de muertos), la prensa que entretiene para que se roben el país, la prensa que pone traseros para que no le miren el suyo, los comercios diversos y tarados.
¿Y los intelectuales? ¿Nos sacarán las castañas del fuego los intelectuales?
Bueno, la mayoría de ellos está dedicada a sobrevivir. Y, además, esa mayoría considera que la rebeldía es un suvenir de los sesenta y que ser tibio y neutro da una pincelada de posmodernidad. No es que sea cínica esa mayoría (porque para el cinismo se requiere de cierta bravura). Lo que esa mayoría ha aceptado es la quincena y el acomodo en el nuevo orden, que consiste en llamar nuevo a lo viejo y socialmente científico a lo puto y académica a la complicidad.
El Perú se pudre en una sola ola de chavetas. Y todos parecen felices limpiando sus chavetas después de usarlas.
No lo olvidemos: el 25% de encuestados en Lima dice que tolera robar si se hace obra. No lo olvidemos: un grupo destacado de "intelectuales" y payasos le ha hecho un homenaje de reivindicación a un plagiario incontable y ha habido gente, como un tal Julio Ortega, que ha escrito en favor del plagio. No lo olvidemos: la Universidad Católica ha tenido que salir a defenderse después de que unos zamarros intentaran devolver a sus aulas a un par de alumnos que habían presentado como suyos textos hurtados del internet.
Vivimos en un país donde un cuarto de sus habitantes se declara implícitamente ladrón y consentidor de ladrones. Y en donde los ladrones regresan a la presidencia para robar más (porque robar es un verbo no sólo transitivo sino que insaciable). Y en donde los plagiarios son homenajeados.
Este es el Perú del 2010. Por más que nos quieran decir que es el país del oro inagotable, del gas para todos, del cobre en alza, del pisco querido y la butifarra internacionalizada.
Todo eso pasará. Como han pasado tantas otras prosperidades falaces de nuestra historia. Pasará y nos quedaremos con lo que perdura: la gente y sus valores.
Y cuando hagamos ese balance -si lo hacemos con honestidad- sentiremos un escalofrío. Porque de tanta minería quedarán relaves y de tanta demagogia quedarán cuentas por pagar. Y de tantas tareas no hechas quedarán resmas de culpa.
¿No se han puesto a pensar que si Sendero sigue siendo, treinta años después, una remota amenaza es porque estamos haciendo todo lo posible para desacreditar a la democracia?
Nadie nos sacará de este marasmo si no reaccionamos.
La corrupción tiene que ser el gran tema electoral.
Y los corruptos tienen que dejar de infectarlo todo.
Y el Perú, este viejo país que es nuestro y duele, tiene que decir basta.
César Hildebrandt
Semanario "Hildebrandt en sus trece", 21 de mayo de 2010
Una sensación de hartazgo recorre muchos sectores.
Es la náusea que produce el hedor de la política entendida como negociado o franquicia. No es la náusea sartreana por la condena de la existencia. Es náusea humildemente estomacal.
Todos desconfiamos de esa Contraloría que ahora gasta millones en publicitarse, y la Contraloría, a cargo de una medianía buscada con lupa para que no moleste con una pizca de carácter, hace todo lo posible para que esa desconfianza se acentúe.
Todos desconfiamos del Poder Judicial y el Poder Judicial, a cuya cabeza están antiguos simpatizantes de la corrupción fujimorista, trabaja denodadamente para que nuestra desconfianza halle más razones todavía.
Todos desconfiamos del Congreso y el Congreso, en manos de alfabetos resignados y analfabetos estridentes, convive con la corrupción, autoriza la impunidad, engaveta las investigaciones y ejerce muchas veces la ley del silencio que, en el Chicago de los 30 y en la Sicilia de los 70, se tenía como sagrada.
¿Y qué decir de los partidos políticos? El PPC se parece al socialcristianismo como la pedofilia a un jardín de infantes. El Apra, que es partido serio e histórico, se debate en una crisis que ya es de identidad y compromete su futuro. El nacionalismo es un estado de ánimo, una ira que llega de provincias pero que nadie sabe si cuajará en un programa integrador y verdaderamente nacional. Lo demás es como Barba: la depravación del vocablo pragmatismo.
¿Y el Jurado Nacional de Elecciones o la ONPE, que deberían servir de filtros? Son, con su patética debilidad, la expresión del cáncer institucional que nos agobia (sólo en las últimas horas el JNE ha recordado que los partidos deben hacer "internas" para elegir candidatos).
¿Y el presidente de la República? Bueno, él es -otra vez- el jefe de una organización poderosa decidida, por ejemplo, a asaltar Collique, a tomar Chilca como si fuera Normandía, o a permitir que Fujimori reanime su banda propia desde la prisión donde despacha.
¿Y la policía? ¿Nos salvará la policía? Bueno, la policía está en manos de un señor que se viste de paisano para irse a hostales a hacer de macho alfa (y que por eso es defendido por el doctor García, machazo alfa él mismo). Y el ministro del Interior tiene el hándicap de una leve minusvalía residenciada en el cerebro.
Tenemos una crisis de viabilidad. No somos un país sino un milhojas, un suspiro limeño amargado por la corrupción.
Ya los vemos: un alcalde que no explica el porqué del robo de Comunicore, denunciado por el diario Perú21, está primero en las encuestas. La hija del corruptor, la que estudió en Boston con dinero robado por su padre, está segunda. Y el señor Kouri, que tendría que estar entre rejas por lo de Convial y ser un apestado social por lo del SIN, podría ganar la alcaldía de Lima.
Perú se pudre. Y la derecha, con algunos idiotas que se alegran por un Garzón defenestrado y un Cipriani triunfante, está feliz. Porque la derecha ha vivido y vivirá siempre en el limo descompuesto y entre la burundanga de la coima. Desde Echenique hasta García.
Cabeza armada de esa derecha que González Prada ya había auscultado y apretado es, por supuesto, la prensa.
La prensa que patatín, la prensa que patatán, la prensa que Gisela, la prensa que América Noticias (festival de muertos), la prensa que entretiene para que se roben el país, la prensa que pone traseros para que no le miren el suyo, los comercios diversos y tarados.
¿Y los intelectuales? ¿Nos sacarán las castañas del fuego los intelectuales?
Bueno, la mayoría de ellos está dedicada a sobrevivir. Y, además, esa mayoría considera que la rebeldía es un suvenir de los sesenta y que ser tibio y neutro da una pincelada de posmodernidad. No es que sea cínica esa mayoría (porque para el cinismo se requiere de cierta bravura). Lo que esa mayoría ha aceptado es la quincena y el acomodo en el nuevo orden, que consiste en llamar nuevo a lo viejo y socialmente científico a lo puto y académica a la complicidad.
El Perú se pudre en una sola ola de chavetas. Y todos parecen felices limpiando sus chavetas después de usarlas.
No lo olvidemos: el 25% de encuestados en Lima dice que tolera robar si se hace obra. No lo olvidemos: un grupo destacado de "intelectuales" y payasos le ha hecho un homenaje de reivindicación a un plagiario incontable y ha habido gente, como un tal Julio Ortega, que ha escrito en favor del plagio. No lo olvidemos: la Universidad Católica ha tenido que salir a defenderse después de que unos zamarros intentaran devolver a sus aulas a un par de alumnos que habían presentado como suyos textos hurtados del internet.
Vivimos en un país donde un cuarto de sus habitantes se declara implícitamente ladrón y consentidor de ladrones. Y en donde los ladrones regresan a la presidencia para robar más (porque robar es un verbo no sólo transitivo sino que insaciable). Y en donde los plagiarios son homenajeados.
Este es el Perú del 2010. Por más que nos quieran decir que es el país del oro inagotable, del gas para todos, del cobre en alza, del pisco querido y la butifarra internacionalizada.
Todo eso pasará. Como han pasado tantas otras prosperidades falaces de nuestra historia. Pasará y nos quedaremos con lo que perdura: la gente y sus valores.
Y cuando hagamos ese balance -si lo hacemos con honestidad- sentiremos un escalofrío. Porque de tanta minería quedarán relaves y de tanta demagogia quedarán cuentas por pagar. Y de tantas tareas no hechas quedarán resmas de culpa.
¿No se han puesto a pensar que si Sendero sigue siendo, treinta años después, una remota amenaza es porque estamos haciendo todo lo posible para desacreditar a la democracia?
Nadie nos sacará de este marasmo si no reaccionamos.
La corrupción tiene que ser el gran tema electoral.
Y los corruptos tienen que dejar de infectarlo todo.
Y el Perú, este viejo país que es nuestro y duele, tiene que decir basta.
Wednesday, June 2, 2010
Para denunciar y comer pescado
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El papel del periodismo en la lucha anticorrupción.
Más de un político se ha quejado, y periodista comentado, que algunas denuncias recientes sobre corrupción buscan demoler candidaturas antes de tener un real objetivo moralizador. Al margen de si se justifican sus quejas específicas, el sentido aparente general de estos reclamos es correcto: la lucha anticorrupción debe ser un fin en sí mismo y no un instrumento político.
Mirko Lauer, por ejemplo, apuntó en su columna del domingo que “es notorio que algunos de los medios del grupo El Comercio han asumido una actitud particularmente dura frente a (Luis) Castañeda. El texto de este discurso es la anticorrupción, pero salta a la vista que en el caso del alcalde hay un celo particular, que no se percibe en el trato a otros precandidatos en liza”. En su opinión, el objetivo sería ayudar a Alejandro Toledo por su antialanismo que, sin duda, no comparte Castañeda.
A su vez, Alex Kouri se quejó anteayer de que la denuncia sobre la venta de terrenos en el Callao a favor de su hermano y de su abogado es un refrito. “Si quieren competir, háganlo en buena lid y no a través de un cargamontón”, señaló.
Este tipo de queja no es novedad. En la elección 2006, por ejemplo, hubo medios que solo denunciaban al candidato Alan García, pero cuando este pasó a la segunda vuelta con Ollanta Humala, voltearon los cañones hacia el nacionalista y dejaron suelto al aprista. Algunos periodistas de este comando hasta reclamaron una condecoración por sus servicios a la nación.
Al margen de si todas estas quejas se justifican, mi sensación es que, antes que ver la motivación detrás de una denuncia, lo más importante es si la acusación tiene sustento, algo que, a veces, viene frágil. Por ejemplo, el comunicado publicado el domingo en varios diarios por William Kallop sobre las acusaciones a Petrotech deja en mal pie a varios de sus denunciantes y constata, en algunos casos, una motivación política obvia.
En este sentido, no les falta razón a quienes demandan al periodismo tener una política editorial e informativa consistente, que es la que debiera exhibir cualquier medio de comunicación que respete su oficio. Esto quiere decir que si un medio declara embarcarse en la lucha anticorrupción, debiera denunciar a todos los políticos que cometan fechorías y no solo a los que tienen un ideario y posición antagónicos.
Es decir, que el periodismo independiente debería tener una actitud ‘caiga quien caiga’ y que sea parte de un esfuerzo permanente con un objetivo moralizador en sí mismo, en lugar de servir –como ocurre con frecuencia– como instrumento al servicio de una causa política para demoler candidaturas discrepantes con nuestras ideas.
Fuente:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100602/8/node/269892/todos/15
La lucha contra la corrupción no debe tener partido. Los actos de corrupción afectan a todos los peruanos sin distinción de clase, por que los hechos, aparte de impedir el pleno desarrollo de nuestra sociedad, nos presenta ante el mundo como a un país sin reserva moral en donde la delincuencia gobierna nuestros destinos (ASACLC).
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El papel del periodismo en la lucha anticorrupción.
Más de un político se ha quejado, y periodista comentado, que algunas denuncias recientes sobre corrupción buscan demoler candidaturas antes de tener un real objetivo moralizador. Al margen de si se justifican sus quejas específicas, el sentido aparente general de estos reclamos es correcto: la lucha anticorrupción debe ser un fin en sí mismo y no un instrumento político.
Mirko Lauer, por ejemplo, apuntó en su columna del domingo que “es notorio que algunos de los medios del grupo El Comercio han asumido una actitud particularmente dura frente a (Luis) Castañeda. El texto de este discurso es la anticorrupción, pero salta a la vista que en el caso del alcalde hay un celo particular, que no se percibe en el trato a otros precandidatos en liza”. En su opinión, el objetivo sería ayudar a Alejandro Toledo por su antialanismo que, sin duda, no comparte Castañeda.
A su vez, Alex Kouri se quejó anteayer de que la denuncia sobre la venta de terrenos en el Callao a favor de su hermano y de su abogado es un refrito. “Si quieren competir, háganlo en buena lid y no a través de un cargamontón”, señaló.
Este tipo de queja no es novedad. En la elección 2006, por ejemplo, hubo medios que solo denunciaban al candidato Alan García, pero cuando este pasó a la segunda vuelta con Ollanta Humala, voltearon los cañones hacia el nacionalista y dejaron suelto al aprista. Algunos periodistas de este comando hasta reclamaron una condecoración por sus servicios a la nación.
Al margen de si todas estas quejas se justifican, mi sensación es que, antes que ver la motivación detrás de una denuncia, lo más importante es si la acusación tiene sustento, algo que, a veces, viene frágil. Por ejemplo, el comunicado publicado el domingo en varios diarios por William Kallop sobre las acusaciones a Petrotech deja en mal pie a varios de sus denunciantes y constata, en algunos casos, una motivación política obvia.
En este sentido, no les falta razón a quienes demandan al periodismo tener una política editorial e informativa consistente, que es la que debiera exhibir cualquier medio de comunicación que respete su oficio. Esto quiere decir que si un medio declara embarcarse en la lucha anticorrupción, debiera denunciar a todos los políticos que cometan fechorías y no solo a los que tienen un ideario y posición antagónicos.
Es decir, que el periodismo independiente debería tener una actitud ‘caiga quien caiga’ y que sea parte de un esfuerzo permanente con un objetivo moralizador en sí mismo, en lugar de servir –como ocurre con frecuencia– como instrumento al servicio de una causa política para demoler candidaturas discrepantes con nuestras ideas.
Fuente:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100602/8/node/269892/todos/15
La lucha contra la corrupción no debe tener partido. Los actos de corrupción afectan a todos los peruanos sin distinción de clase, por que los hechos, aparte de impedir el pleno desarrollo de nuestra sociedad, nos presenta ante el mundo como a un país sin reserva moral en donde la delincuencia gobierna nuestros destinos (ASACLC).
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