Wednesday, May 5, 2010

La corrupción reviente en la cara del Gobierno

Estos últimos días se ha mostrado la cara más asquerosa de las principales autoridades y figuras políticas del actual gobierno. Los hechos de corrupción son totalmente nauseabundos y no tienen nada que envidiar a las prácticas de encallecidos delincuentes comunes.

Los hechos delincuenciales son tan severos que hasta Alan García, quien es acusado de haberse enriquecido ilegalmente y de convivir con la corrupción, se ha pronunciado condenando a “las ratas” que “socavan” su administración.

Sin embargo a ello, parte de la población, esa parte mayoritaria que carece de una educación cívica democrática, aun sigue apoyando a las corrientes corruptas que incrementalmente se reciclan y activamente participan para captar nuevamente el poder (ASACLC).

Editorial: Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

Fuente: http://elcomercio.pe/noticia/472674/editorial-corrupcion-debemos-recuperar-moral-nacion

La ciudadanía ya no soporta más. En las últimas semanas, aparte de todo el destape del “chuponeo”, el país ha conocido una serie de graves denuncias de corrupción que involucran a encumbrados personajes del partido de Gobierno y pueden afectar seriamente las expectativas de desarrollo, la moral nacional y también la gobernabilidad democrática.

No se trata, pues, de ser alarmistas ni de promover el ruido político, sino de una justificada preocupación por gruesos delitos cometidos con y contra recursos del Estado, por parte de inescrupulosas mafias enquistadas en el aparato estatal en las que figuran algunos funcionarios apristas.

Sin embargo, por sus repercusiones, esto de ninguna manera puede dejarse pasar ni ser tratado tangencialmente como una turbulencia partidaria más.

Podría decirse que los casos de tráfico de influencias y tráfico de terrenos que han embarrado a la cúpula directriz del Partido Aprista, integrada por los secretarios generales, Jorge del Castillo y Omar Quesada, configuran la segunda crisis política y moral del gobierno aprista después del grave escándalo de los “petroaudios”, hasta ahora irresuelto e impune, cuya mafia parece haber retomado aire con una nueva dosificación de audios.

TRÁFICOS NO SANTOS
El ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo ha solicitado, casi a regañadientes, una licencia temporal de su cargo partidario, para posibilitar que se investigue su eventual participación en un esquema de tráfico de influencias a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, en torno a regalías petroleras.

Y, si bien el hecho de que no se haya llegado a implementar una ley con nombre propio sería un atenuante, el tenor de algunos audios y el intercambio de propiedades inmobiliarias de disímil valor resultan elementos sospechosos y hasta agravantes. De otro lado, sigue pendiente la investigación sobre su eventual participación (de Del Castillo) en los casos que incluyen a Rómulo León y Alberto Quimper como principales protagonistas en las licitaciones de lotes petroleros.

En cuanto a Quesada, pretende blindarse políticamente con un supuesto respaldo partidario, cuando lo correcto y ético sería aceptar su responsabilidad política pero también operativa en la designación de cuestionados funcionarios de Cofopri, que armaron un festín de corrupción con la entrega de terrenos del Estado.

Luego del caso de Chilca, en que se vendió a un dirigente aprista terrenos por 5 mil soles cuando el valor de mercado sobrepasa los 12 millones de dólares, ayer mismo se supo de la renuncia del jefe de Cofopri-Cusco, días después de publicarse denuncias por haber favorecido presuntamente a siete militantes de su partido con la titulación de terrenos por 95 mil hectáreas.

Alegar ignorancia o desconocimiento resulta absurdo y pueril. ¿Acaso no sabe que corresponde al jefe nacional de Cofopri organizar y controlar la entidad, así como aprobar sus planes y presupuestos? ¿Solo aceptó el cargo como una cuota partidaria para nombrar a sus incondicionales? ¿Es eso lo que entiende por servicio público, como un clientelismo de la peor especie, a decir de los funestos resultados?

Un borrón y cuenta nueva resulta aquí cínico e intolerable.

¿Y LOS “CHUPONEADORES”?

Dicho esto, debemos analizar la prevalencia de tres factores a lo largo de estos escándalos, cuya naturaleza y objetivos no deben confundirse.

Por un lado tenemos que destacar el papel de la prensa independiente que, contra viento y marea, y a veces por encima de las amenazas y presiones de ciertos grupos, no ha cejado en su ánimo de fiscalizar la cosa pública y denunciar cualquier acto de corrupción. Las denuncias sobre tráfico de terrenos de Cofopri así lo ameritan.

Sin embargo, del otro lado, vemos con extrema preocupación y extrañeza que la mafia de “chuponeadores”, protagonista de los “petroaudios”, sigue vigorosa, como lo demuestra la publicación de nuevos audios en las últimas semanas. ¿Quiénes conservan y siguen entregando audios a discreción? ¿Con qué intencionalidad? ¿Hasta cuándo puede un Estado de derecho estar bajo la amenaza y el chantaje de un grupo de delincuentes que medran del espionaje y la violación del derecho a la privacidad?

El tercer factor resulta también problemático: la actuación del Poder Judicial, y en menor medida del Ministerio Público, que luego de año y medio no ha podido esclarecer y sancionar los gravísimos casos de los “petroaudios” y de las redes de interceptación ilegal. Pretextos no han faltado, desde traslados y cambio de jueces, falta de peritos o cambios en la calificación del proceso (de sumario a ordinario), etc., pero en el fondo lo que se infiere es una voluntad de postergar las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Y cuando el Congreso ha querido intervenir en estas causas ha sido para alargarlas pues no se llega a conclusiones certeras.

El Poder Judicial no puede rehuir su responsabilidad en esta lucha, impartiendo justicia, con imparcialidad, oportunidad y respeto al debido proceso. De otro modo, seguirá siendo visto como una entidad ampulosa, deficiente o peor aun, cómplice de la impunidad y de las mafias corruptoras que el país reclama sean extirpadas.

ESTADO, PARTIDO, RATAS Y DISCURSOS
Algo huele muy mal aquí. El presidente Alan García ha sido muy preciso y enfático al calificar de ratas a los promotores de estos esquemas delictivos, pero queda aún mucho por hacer para desterrar esas pústulas cancerosas que, bajo el nombre del aprismo, se insertan en las entidades públicas para sacar provecho propio.

Hay que ser muy claros al subrayar que lo que está en juego es más que la estabilidad partidaria. Usualmente no interferimos en cuestiones partidarias internas, pero en este caso debemos hacerlo tratándose del partido oficialista y ante el riesgo de que la administración pública sea copada por partidarizados cuya eventual capacidad profesional es opacada por sus compromisos partidarios en una nación con débiles mecanismos institucionales de control.
Se trata, finalmente, de la salud ética y la gobernabilidad democrática del Perú, por lo que el doctor Alan García tiene que actuar en su doble papel de jefe del aprismo y como presidente de la nación.

En cuanto a lo primero, como lo hemos dicho recientemente, urge poner orden en una entidad que últimamente, por diversas razones, ha visto resentida su histórica capacidad de organización y disciplina. Pero luego, como primer mandatario, sus facultades y responsabilidades son ya con todos los ciudadanos, a los que debe darles cuenta de la marcha y gestión del Estado.

Alentamos y apoyamos todos los proyectos de desarrollo económico y nuevas inversiones que crean empleo y permiten la redistribución social. Con el mismo espíritu nos congratulamos de que se mantenga el modelo económico esencial y que las previsiones del PBI sean tan generosas. Sin embargo, precisamente por ello, advertimos que para mantener esta tendencia es necesario recobrar el norte ético y moral de la nación, lo que exige tomar medidas severas.

Y no solo para sancionar a los malos funcionarios corruptos, sean o no apristas, sino para liderar una verdadera cruzada nacional de la mano del Congreso, la oposición y la sociedad civil. Ello implica, por ejemplo, proponer medidas para fortalecer la contraloría y las procuradurías anticorrupción, pero también para fiscalizar el quehacer cotidiano de los ministerios y entidades públicas mediante los portales web de transparencia y las licitaciones inversas.

El presidente no puede ser ajeno a lo que ya es un clamor nacional, de una ciudadanía hastiada que reclama, por encima de cualquier discurso, un punto de quiebre contra la asqueante corrupción.

La situación ha llegado a tal punto que exige sanciones pero sobre la base de deslindes, evidencias y pruebas plenas. Sería terrible que el retorno a la democracia no le permita al Perú liberarse de la corrupción heredada del régimen fujimontesinista. Ninguna apuesta por la democracia es consistente si no se diferencia del autoritarismo, la falta de transparencia y la corrupción, que pisotean la ley y privilegian escandalosamente a unos por encima de los otros.

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