ASACLC en 2009 planteo: “3.- Se tramite e implemente una ley para definir "que el mal uso de los recursos del erario nacional son actos de corrupción política que no solo afectan la estabilidad política, social, democrática del Perú, si no también la integridad, el desarrollo y la seguridad nacional, y como tal, estos hechos deben ser juzgados como actos de traición a la patria y juzgados con rigor y celeridad",
4.- Los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles ...”
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110729/10/node/371630/todos/15
Mensaje. Plantea imprescriptibilidad e inhabilitación de por vida para infractores. Propuestas similares se han escuchado desde el gobierno y de la sociedad civil desde el 2001. Sin embargo, Congreso no consiguió aprobar normas.
César Romero C.
La corrupción es un problema de seguridad que afecta el desarrollo del país, expresó el mandatario electo Ollanta Humala al referirse a uno de los temas más desafiantes para su Gobierno.
Humala propuso la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción y la inhabilitación, a perpetuidad, para ejercer nuevo cargo público, a los corruptos y sus cómplices. También planteó la supresión de las penas condicionales y de los beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos de corrupción, de modo que los condenados cumplan efectivamente en la cárcel las condenas.
Los planteamientos de Humala para reforzar la lucha contra la corrupción generaron expectativa en los medios judiciales. Sin embargo, abogados y magistrados recalcaron que hay que esperar la propuesta específica del presidente del Consejo de Ministros, quien debe elevar al Congreso los proyectos de ley al respecto.
Asimismo, recordaron que no es la primera vez que se plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El tema ha sido referido desde el 2001 como iniciativa del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil.
En abril del 2001, el grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), creado por Resolución Suprema N° 160-2001-JUS, planteó “la promoción de los principios de imprescriptibilidad”, para evitar la impunidad.
Posteriormente, en la apertura del año judicial 2008, el entonces presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, informó que “la Sala Plena ha sometido a discusión una iniciativa de ley que establezca que los delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública tengan el carácter de imprescriptibles”.
Pero esas propuestas, de reforma legislativa e incluso constitucional destinadas a fortalecer la lucha contar la corrupción, no prosperaron.
ANÁLISIS El Congreso debe aprobar la reforma Pedro Gamarra Procurador anticorrupción
Las propuesta planteadas por el presidente Ollanta Humala requieren modificaciones en las leyes penales que deben ser aprobadas por el Congreso de la República.
En el tema de la inhabilitación a perpetuidad para condenados por corrupción podría colisionar con la defensa de los Derechos Humanos, pues la sanción iría más allá de la pena.
El tiempo de inhabilitación corre actualmente junto con la pena, por lo que cuando esta se extingue, el ciudadano queda habilitado en todos sus derechos y puede postular a un nuevo cargo público.
Además sería importante que esta sanción a perpetuidad alcance también a los militares que han delinquido. Actualmente, a los militares que se les condena los pasan al retiro y se van con todos sus beneficios pensionables. Positivo mensaje anticorrupción Pablo Sánchez Velarde Fiscal supremo Fue un discurso interesante. Se ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción que nos parece muy positivo. El presidente hizo una exposición de líneas generales de su política de gobierno, por lo hay que esperar la propuesta concreta que deberá presentar el Ministerio de Justicia.
En la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción hay consenso, por lo que es de esperarse que el Congreso la apruebe. Otras propuestas, como el trabajo forzado para condenados por graves delitos, pueden requerir de una reforma constitucional, pues la Constitución ampara la libertad de trabajo.
También puede haber debate para establecer una pena efectiva para los delitos de corrupción, pues la tendencia legislativa actual era despenalizar las penas cortas y, además, no se puede hacer distingos.
El Contralor General acaba de anunciar que el Estado ha perdido entre 2009 y 2010 US$68 millones por corrupción, y es muy posible que se haya quedado muy corto. Es una cantidad bajísima, pues representa el 0,03% del presupuesto modificado de esos años. Ojalá fuera cierto, pero se trata de resultados de las auditorías de casos emblemáticos de la CGR que son la minoría. ¿Qué pasa con los casos de corrupción que no son emblemáticos, que no se detectan o que no se denuncian y, aparte, los que se encubren sistemáticamente?
ReplyDeleteUna encuesta de Proética 2010 muestra que la tasa de no denuncia es 92%. Por contraposición, la última estimación de la procuraduría ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos (2010) arrojaba un desvío de fondos de hasta US$6 mil millones. La brecha entre ambos datos es dramáticamente abismal.
El CNM exhortó a los jueces y fiscales a mantener o depositar sus ahorros personales declarados en el sistema bancario o financiero, como parte de los requisitos en el proceso de su evaluación y ratificación y se estableció que los magistrados deberán consignar, en sus respectivas declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas solicitadas en los procesos individuales de evaluación integral y ratificación de magistrados, toda información con contenido económico. Asimismo, las remesas del o al exterior también se deberán consignar en sus declaraciones juradas.
El problema es que estos criterios adoptados, sustentados en las disposiciones legales HOY vigentes, serán RECIEN aplicados a partir de la próxima ronda de evaluación y ratificación.
Lo que hace de este requisito no solo una reacción tardía, sino que tímida y hasta se podría asegurar que es permisiva ante un problema tan viejo, como grave. No es secreto para nadie que el PJ sufre de una profunda corrupción interna. Esta es una enfermedad endémica que afecta al país en más de una manera: impunidad a la corrupción del sector público, fortalecimiento del crimen y delincuencia organizada, ineficacia del aparato estatal, asalto a mano armada al erario público, inseguridad, desigualdad, malversación de los fondos nacionales, desperdicio del tributo ciudadano, etc, etc. ¿Cómo es posible que los magistrados cuenten con ingresos injustificados (y demasiado excesivos) que aparte evaden impuestos y que el CNM recién decida exigirles que los reporten? El lait motif de la corrupción es el dinero. Es por ahí que morirá este pescado. No seguir ese rastro es encubrir al corrupto y sus actos.
El enriquecimiento ilícito de los funcionarios judiciales salta a la simple vista. Sinembargo, el CNM ha ratificado a 548 jueces y fiscales de un total de 813 que fueron sometidos a la evaluación que se realizó entre agosto de 2010 y el mismo mes de este año. No puede ser que esta meta haya sido lograda con este descriterio como norma. Con razón Javier Villa Stein, quien fuera cuestionado precisamente al no poder justificar altas sumas de dinero irreportadas de las que incluso tampoco pagó impuestos pero igualito fue ratificado por 7 años más. O sea, este individuo tiene el perfil de un corrupto, evasor de impuestos y vocal supremo, una convinación nefasta y eso pasa piola por el CNM. El PJ más parece una máquina de lavar de dinero y regalar impunidad al funcionario corrupto. ¿Qué hay que hacer para no ser ratificado entonces? ¿Quién diablos toma estas decisiones y por qué? Así pues, famosos magistrados corruptos como César Vega Vega, César Sotomayor Jara, Laura Lucho D’Isidoro, Carmen Torres Valdivia y muchos otros no tienen nada que temer.
Lamentablemente, este hecho representa un buen ejemplo de la inmoralidad vergonzosa enquistada en el sistema judicial.