Fueron 19 votos a favor, ninguno en contra, y la extraña posición de los congresistas de Alianza Parlamentaria que votaron junto a la previsible postura fujimorista: se abstuvieron. Con este resultado fue aprobado el dictamen de la Comisión de Constitución que modifica el artículo 41º de la Constitución Política incorporando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Una medida que se aplicará tanto para los funcionarios públicos como para los privados que participen en los actos ilícitos; y que hasta la fecha está pendiente de votación en el Pleno del Congreso.
Lea el artículo completo en:
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=664
Friday, September 30, 2011
Thursday, September 22, 2011
“A mí no me mueve el odio”
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110922/7/node/387080/todos/15
Entrevista: Javier Diez Canseco.
Rechaza las acusaciones de “subjetivo” con las que otros legisladores cuestionan la posibilidad de que presida la comisión que investigará gobierno de Alan García.
Ana Núñez.
Estamos camino a aprobar la no prescripción de los delitos de corrupción. Esta es una norma muy importante, pero muchos corruptos ya quedaron impunes...
Este es un gesto político de que estamos poniendo empeño en cumplir lo que hemos prometido, pero también es una medida legal trascendente para que los delitos de corrupción graves puedan ser perseguidos de por vida. Esto tiene que ver con el hecho de que la corrupción se ha convertido en un fenómeno extraordinariamente extendido en el Perú...
Las normas no pueden ser retroactivas. Muchos corruptos ya se acogieron a la prescripción...
Sí. Lamentablemente, se manipuló al Ministerio Público y al Poder Judicial. Además, se desmanteló el sistema anticorrupción. Eso, en mi opinión, fue intencional, y es parte del pacto entre las fuerzas políticas que manejaron el gobierno que presidió Alan García.
¿Alan García quiso encubrir la corrupción fujimorista?
Es el “hoy por ti, mañana por mí...”. En esa lógica se aflojó todo el sistema anticorrupción notoriamente. Lo más grave ocurrió en el Congreso, donde las investigaciones culminaron en nada. Los niveles de fiscalización fueron ínfimos. Los grandes éxitos fueron meterle cinco años de cárcel a una persona que presentó facturas por 400 soles de pollo. ¿Y todo lo que se hizo en obras públicas
sobrevaluadas o en privilegios tributarios indebidos? No hablamos de cientos de soles, sino de cientos de millones...
¿Hablamos de una corrupción comparable en su magnitud a la del fujimorismo?
Las investigaciones dirán qué es lo comparable y qué no es comparable. Alan García ha manejado muchísimo dinero y se han hecho obras, por supuesto, pero el tema es cuánto nos costaron. Ojo que la Contraloría dijo que casi el 15% del presupuesto nacional se va en corrupción, eso no es poca cosa...
Es un escándalo
¡Es un asalto! Y es un tema que debe enfrentarse. Es un acierto que el Congreso haya aprobado una comisión investigadora para la corrupción del gobierno pasado, pero a su vez que se haya planteado que ésta no solo tenga que aclarar casos, sino que deba hacer propuestas para cambiar políticas, sanciones... Hay delitos cometidos por gente de cuello y corbata que tienen penas ínfimas. Un “pájaro frutero” recibe pena superior a quien se levanta en peso un banco. Eso está mal y se tiene que corregir.
Avanzamos en buena dirección con la norma de la no prescripción, entonces...
Así es, pero en la norma propuesta falta –en mi opinión– incluir la posibilidad de la inhabilitación de por vida a quien haya sido sentenciado por delitos de corrupción graves. Yo voy a insistir en presentar el tema de la inhabilitación, y voy a insistir en lo siguiente: que la imprescriptibilidad debe afectar además los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
¿Aspira a ser presidente de la comisión que investigará el gobierno de Alan García?
No, yo no aspiro a ser presidente ni he pedido serlo. He dicho públicamente que estoy cansado de ser ‘el fiscal del Congreso’. Soy una persona que también construye. Lo he demostrado con mi trabajo con las personas con discapacidad, con la legislación en favor de los trabajadores, con normas en favor de la promoción del agro. Pero he desviado una gran parte de mi tiempo en la función de ser fiscal. Mi casa ha sido dinamitada, mi auto quemado, a mis hijos los han amenazado y trataron de secuestrarlos. Yo tengo un hijo que hasta ahora duerme con la luz prendida... Entonces, ya estuvo bueno, ¿no?
¿Y si se lo pide su bancada?
Yo asumo lo que haya que asumir, pero quiero que el señor Bruce, el señor Mulder, el señor Iberico o quien quiera declarar tengan claro que yo no estoy en campaña...
O Yehude Simon, que dice que Ud. no debe ser presidente porque tiene una pasión contra el Apra.
Yo no tengo ninguna pasión contra el Apra, tengo una pasión por el Perú, por la justicia, por la verdad. A mí los odios no me mueven... me mueven los afectos, las lealtades . Me siento fastidiado con el hecho de que se diga que yo soy un subjetivo... Si alguien ha sido apasionado en su vida, ha sido Yehude. O ¿ya no se acuerda de sus tiempos y de sus pasiones?
¿Lo dice porque se le vinculó con el MRTA?
No, pero él ha sido parte de Patria Libre y fue detenido, y hubo una tremenda batalla en la que participé con pasión para que tenga el indulto.
¿Siente que lo vetan?
Sin duda, y no sé qué ponen en cuestión. Aparentemente mi estabilidad emocional, porque dicen que tengo odios. Mire, yo tengo 63 años, inicié mi actividad política a los 17, y me desempeño casi 28 años en la función pública. No he tenido un solo juicio y me he enfrentado con todos los presidentes, con las instituciones que violentaban derechos humanos: Sendero Luminoso y elementos de las Fuerzas Armadas. He presidido las comisiones más espinosas, sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Que me digan en cuál mentí. Yo actúo con respeto a determinados principios, y me parece injusto el trato de apasionado que suelen darme.
“En China, por corrupto fusilan al funcionario”
La imprescriptibilidad tiene detractores. Ellos afirman que se vulneran principios fundamentales de las personas...
Oiga, cuando un país enfrenta una situación tan grave de corrupción como la que enfrenta el Perú, se tiene que aplicar una política de shock. Hoy la sociedad necesita un mensaje claro sobre el tema.
Se necesitan medidas duras contra la corrupción...
Sí, y lo duro que se aplica acá es menos de lo que se aplica en otros lados. Hay países, como China, donde por corrupción fusilan al funcionario. ¡Lo fusilan!
¿Usted propondría eso?
No, yo soy contrario a la pena de muerte. Pero creo que se debe poner las penas más duras posibles, y que el que corrompe y el corrupto sepan que cuando entran en el negocio pueden terminar sentenciados y nunca más ser contratados o contratar con el Estado.
Entrevista: Javier Diez Canseco.
Rechaza las acusaciones de “subjetivo” con las que otros legisladores cuestionan la posibilidad de que presida la comisión que investigará gobierno de Alan García.
Ana Núñez.
Estamos camino a aprobar la no prescripción de los delitos de corrupción. Esta es una norma muy importante, pero muchos corruptos ya quedaron impunes...
Este es un gesto político de que estamos poniendo empeño en cumplir lo que hemos prometido, pero también es una medida legal trascendente para que los delitos de corrupción graves puedan ser perseguidos de por vida. Esto tiene que ver con el hecho de que la corrupción se ha convertido en un fenómeno extraordinariamente extendido en el Perú...
Las normas no pueden ser retroactivas. Muchos corruptos ya se acogieron a la prescripción...
Sí. Lamentablemente, se manipuló al Ministerio Público y al Poder Judicial. Además, se desmanteló el sistema anticorrupción. Eso, en mi opinión, fue intencional, y es parte del pacto entre las fuerzas políticas que manejaron el gobierno que presidió Alan García.
¿Alan García quiso encubrir la corrupción fujimorista?
Es el “hoy por ti, mañana por mí...”. En esa lógica se aflojó todo el sistema anticorrupción notoriamente. Lo más grave ocurrió en el Congreso, donde las investigaciones culminaron en nada. Los niveles de fiscalización fueron ínfimos. Los grandes éxitos fueron meterle cinco años de cárcel a una persona que presentó facturas por 400 soles de pollo. ¿Y todo lo que se hizo en obras públicas
sobrevaluadas o en privilegios tributarios indebidos? No hablamos de cientos de soles, sino de cientos de millones...
¿Hablamos de una corrupción comparable en su magnitud a la del fujimorismo?
Las investigaciones dirán qué es lo comparable y qué no es comparable. Alan García ha manejado muchísimo dinero y se han hecho obras, por supuesto, pero el tema es cuánto nos costaron. Ojo que la Contraloría dijo que casi el 15% del presupuesto nacional se va en corrupción, eso no es poca cosa...
Es un escándalo
¡Es un asalto! Y es un tema que debe enfrentarse. Es un acierto que el Congreso haya aprobado una comisión investigadora para la corrupción del gobierno pasado, pero a su vez que se haya planteado que ésta no solo tenga que aclarar casos, sino que deba hacer propuestas para cambiar políticas, sanciones... Hay delitos cometidos por gente de cuello y corbata que tienen penas ínfimas. Un “pájaro frutero” recibe pena superior a quien se levanta en peso un banco. Eso está mal y se tiene que corregir.
Avanzamos en buena dirección con la norma de la no prescripción, entonces...
Así es, pero en la norma propuesta falta –en mi opinión– incluir la posibilidad de la inhabilitación de por vida a quien haya sido sentenciado por delitos de corrupción graves. Yo voy a insistir en presentar el tema de la inhabilitación, y voy a insistir en lo siguiente: que la imprescriptibilidad debe afectar además los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
¿Aspira a ser presidente de la comisión que investigará el gobierno de Alan García?
No, yo no aspiro a ser presidente ni he pedido serlo. He dicho públicamente que estoy cansado de ser ‘el fiscal del Congreso’. Soy una persona que también construye. Lo he demostrado con mi trabajo con las personas con discapacidad, con la legislación en favor de los trabajadores, con normas en favor de la promoción del agro. Pero he desviado una gran parte de mi tiempo en la función de ser fiscal. Mi casa ha sido dinamitada, mi auto quemado, a mis hijos los han amenazado y trataron de secuestrarlos. Yo tengo un hijo que hasta ahora duerme con la luz prendida... Entonces, ya estuvo bueno, ¿no?
¿Y si se lo pide su bancada?
Yo asumo lo que haya que asumir, pero quiero que el señor Bruce, el señor Mulder, el señor Iberico o quien quiera declarar tengan claro que yo no estoy en campaña...
O Yehude Simon, que dice que Ud. no debe ser presidente porque tiene una pasión contra el Apra.
Yo no tengo ninguna pasión contra el Apra, tengo una pasión por el Perú, por la justicia, por la verdad. A mí los odios no me mueven... me mueven los afectos, las lealtades . Me siento fastidiado con el hecho de que se diga que yo soy un subjetivo... Si alguien ha sido apasionado en su vida, ha sido Yehude. O ¿ya no se acuerda de sus tiempos y de sus pasiones?
¿Lo dice porque se le vinculó con el MRTA?
No, pero él ha sido parte de Patria Libre y fue detenido, y hubo una tremenda batalla en la que participé con pasión para que tenga el indulto.
¿Siente que lo vetan?
Sin duda, y no sé qué ponen en cuestión. Aparentemente mi estabilidad emocional, porque dicen que tengo odios. Mire, yo tengo 63 años, inicié mi actividad política a los 17, y me desempeño casi 28 años en la función pública. No he tenido un solo juicio y me he enfrentado con todos los presidentes, con las instituciones que violentaban derechos humanos: Sendero Luminoso y elementos de las Fuerzas Armadas. He presidido las comisiones más espinosas, sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Que me digan en cuál mentí. Yo actúo con respeto a determinados principios, y me parece injusto el trato de apasionado que suelen darme.
“En China, por corrupto fusilan al funcionario”
La imprescriptibilidad tiene detractores. Ellos afirman que se vulneran principios fundamentales de las personas...
Oiga, cuando un país enfrenta una situación tan grave de corrupción como la que enfrenta el Perú, se tiene que aplicar una política de shock. Hoy la sociedad necesita un mensaje claro sobre el tema.
Se necesitan medidas duras contra la corrupción...
Sí, y lo duro que se aplica acá es menos de lo que se aplica en otros lados. Hay países, como China, donde por corrupción fusilan al funcionario. ¡Lo fusilan!
¿Usted propondría eso?
No, yo soy contrario a la pena de muerte. Pero creo que se debe poner las penas más duras posibles, y que el que corrompe y el corrupto sepan que cuando entran en el negocio pueden terminar sentenciados y nunca más ser contratados o contratar con el Estado.
Sunday, August 28, 2011
Wednesday, August 3, 2011
“El centro del problema de la corrupción es el narcotráfico”
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=fSCHocM8h00=
Walter Carrillo Sánchez wcarrillo@editoraperu.com.pe
Para el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez el flagelo del narcotráfico es el centro del problema de la corrupción en nuestro país. Resaltó que durante la época del ex asesor Vladimiro Montesinos, el Perú estuvo en peligro de convertirse en un narcoestado. En diálogo exclusivo con el Diario Oficial El Peruano, el también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció una serie de iniciativas legislativas para establecer políticas destinadas a enfrentar y castigar ejemplarmente los delitos relacionados con la corrupción de funcionarios.
¿Cuáles son las iniciativas que la Comisión ha hecho llegar al presidente Ollanta Humala en el tema anticorrupción?
–Una de las primeras propuestas que le hemos alcanzado al presidente Humala por intermedio del jefe del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, ha sido legislar en torno a la imprescriptibilidad de los juicios por corrupción, es decir, que no haya borrón y cuenta nueva como tantas veces ocurre. Y vemos con enorme satisfacción que la propuesta la incluyó en su mensaje del 28 de julio.
¿En qué otras materias coordinará con el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción?
–Creo que la persecución del delito de narcotráfico debe ser extremadamente rigurosa. Hemos detectado que el centro del problema de la corrupción es el narcotráfico y ahí se debe atacar de una manera sistémica desde sus inicios, en el sembrío de la coca hasta el embarque de la droga en aviones o barcos.
¿Estamos camino a un narcoestado?
–Vladimiro Montesinos estuvo a punto de convertir al Perú en un narcoestado. Fue una experiencia dolorosa de la que deberíamos sacar lecciones para no repetirlas. El retorno a la institucionalidad democrática nos salvó de ese peligro. También se ha hecho un plan de prevención de lavado de activos y la sustitución de cultivos de coca por alternativos, como café orgánico. Pero hay puertos como Paita y Callao donde se debe poner énfasis en las tareas de prevención.
¿Se han activado mecanismos para evitar este problema?
–Sí. La propuesta del presidente Ollanta Humala para la cumbre antidrogas de países de la región es una muestra de su preocupación por el tema. No podemos repetir la historia de Birmania o las zonas liberadas de Colombia. El narcotráfico es muy peligroso para toda sociedad.
¿Qué otras acciones tiene planeadas la Comisión?
–Trataremos de elaborar con el sector Justicia un banco de iniciativas legislativas destinadas a lanzar novedades, como acortar los procesos judiciales y elevar la producción del sistema de justicia.
¿Cuáles son los mecanismos que está diseñando la CAN en esta lucha anticorrupción?
–Estamos trabajando para establecer una red que tenga como centro articulador a la Comisión, que reúne a todas las instituciones del Estado, a la alcaldesa de Lima y al presidente de la asamblea regional, y desde ahí continuar con un proceso de lucha contra la corrupción que involucre a los gobiernos regionales, provinciales y locales.
¿Cuál sería el objetivo?
–La malla tiene el objetivo de recoger todas las denuncias e ingresarlas en un software especializado en materia de corrupción, procesarlas y luego derivarlas al MP, que se encargará de convertir las denuncias en casos de carácter judicial. Y de una manera expeditiva, y utilizando el Nuevo Código Procesal Penal, se haría la acusación, el juez la recibiría y en un plazo perentorio resolvería por mecanismos conciliatorios, por aceptación temprana o por fallo de carácter judicial inmediato.
¿Es necesaria una campaña para sensibilizar a la gente?
–Es indispensable una campaña pública y coincidimos con voceros del nuevo gobierno en señalar que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, pero también debe ser prioridad de los gobiernos regionales, locales y de los centros educativos, implementando el curso de educación cívica para reconstruir los valores. Este tipo de campañas ha sido exitoso en otros países.
Nuevo sistema permite evaluar magistrados en tiempo récord
En otro momento de la entrevista ofrecida a este medio, el presidente de la CAN, Gonzalo García Núñez, se refirió a la evaluación de magistrados.
¿Al frente del Consejo Nacional de la Magistratura se han reducido los procesos para ratificar a los magistrados?
–Hemos desarrollado un sistema que permite evaluar directamente al magistrado. Ahora resolvemos en tres horas después de culminada la entrevista si el juez o fiscal es ratificado. Este proceso antes duraba de dos a tres meses. Y si el magistrado presenta un recurso extraordinario, este se resuelve en menos de una semana.
¿En qué estado se encuentra el proceso de ratificación?
–Empezamos por el norte, centro y seguiremos por el sur del país. En realidad, este proceso nunca acaba porque cada siete años se tiene que evaluar a jueces y fiscales y ratificarlos de acuerdo con criterios profesionales y de idoneidad.
¿Cuáles son esos criterios de idoneidad?
–Se tiene en cuenta si ha sido sometido a medidas disciplinarias, si ha sido demandado por usuarios del sistema de justicia o si por razones institucionales fue sometido a proceso de investigación por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. Además, debe exhibir una trayectoria ética impecable.
¿Qué otros factores se aplican en el proceso de evaluación?
–También evaluamos sus ingresos y gastos, el flujo de ahorros e ingresos. Y coordinamos con la Contraloría General de la República métodos para examinar las redes familiares, es decir, sus cuentas bancarias. Esa situación permitiría hacer un seguimiento de la coima.
¿Qué influye para la no ratificación de los magistrados?
–El CNM no se casa con nadie. El juez que ha aplicado penas blandas a violadores de menores, que determinó la comparecencia en lugar de la cárcel para delitos como el narcotráfico o rebajó penas no es ratificado. A cada juez o fiscal le estudiamos su récord de acusaciones y sentencias.
Walter Carrillo Sánchez wcarrillo@editoraperu.com.pe
Para el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García Núñez el flagelo del narcotráfico es el centro del problema de la corrupción en nuestro país. Resaltó que durante la época del ex asesor Vladimiro Montesinos, el Perú estuvo en peligro de convertirse en un narcoestado. En diálogo exclusivo con el Diario Oficial El Peruano, el también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció una serie de iniciativas legislativas para establecer políticas destinadas a enfrentar y castigar ejemplarmente los delitos relacionados con la corrupción de funcionarios.
¿Cuáles son las iniciativas que la Comisión ha hecho llegar al presidente Ollanta Humala en el tema anticorrupción?
–Una de las primeras propuestas que le hemos alcanzado al presidente Humala por intermedio del jefe del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, ha sido legislar en torno a la imprescriptibilidad de los juicios por corrupción, es decir, que no haya borrón y cuenta nueva como tantas veces ocurre. Y vemos con enorme satisfacción que la propuesta la incluyó en su mensaje del 28 de julio.
¿En qué otras materias coordinará con el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción?
–Creo que la persecución del delito de narcotráfico debe ser extremadamente rigurosa. Hemos detectado que el centro del problema de la corrupción es el narcotráfico y ahí se debe atacar de una manera sistémica desde sus inicios, en el sembrío de la coca hasta el embarque de la droga en aviones o barcos.
¿Estamos camino a un narcoestado?
–Vladimiro Montesinos estuvo a punto de convertir al Perú en un narcoestado. Fue una experiencia dolorosa de la que deberíamos sacar lecciones para no repetirlas. El retorno a la institucionalidad democrática nos salvó de ese peligro. También se ha hecho un plan de prevención de lavado de activos y la sustitución de cultivos de coca por alternativos, como café orgánico. Pero hay puertos como Paita y Callao donde se debe poner énfasis en las tareas de prevención.
¿Se han activado mecanismos para evitar este problema?
–Sí. La propuesta del presidente Ollanta Humala para la cumbre antidrogas de países de la región es una muestra de su preocupación por el tema. No podemos repetir la historia de Birmania o las zonas liberadas de Colombia. El narcotráfico es muy peligroso para toda sociedad.
¿Qué otras acciones tiene planeadas la Comisión?
–Trataremos de elaborar con el sector Justicia un banco de iniciativas legislativas destinadas a lanzar novedades, como acortar los procesos judiciales y elevar la producción del sistema de justicia.
¿Cuáles son los mecanismos que está diseñando la CAN en esta lucha anticorrupción?
–Estamos trabajando para establecer una red que tenga como centro articulador a la Comisión, que reúne a todas las instituciones del Estado, a la alcaldesa de Lima y al presidente de la asamblea regional, y desde ahí continuar con un proceso de lucha contra la corrupción que involucre a los gobiernos regionales, provinciales y locales.
¿Cuál sería el objetivo?
–La malla tiene el objetivo de recoger todas las denuncias e ingresarlas en un software especializado en materia de corrupción, procesarlas y luego derivarlas al MP, que se encargará de convertir las denuncias en casos de carácter judicial. Y de una manera expeditiva, y utilizando el Nuevo Código Procesal Penal, se haría la acusación, el juez la recibiría y en un plazo perentorio resolvería por mecanismos conciliatorios, por aceptación temprana o por fallo de carácter judicial inmediato.
¿Es necesaria una campaña para sensibilizar a la gente?
–Es indispensable una campaña pública y coincidimos con voceros del nuevo gobierno en señalar que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, pero también debe ser prioridad de los gobiernos regionales, locales y de los centros educativos, implementando el curso de educación cívica para reconstruir los valores. Este tipo de campañas ha sido exitoso en otros países.
Nuevo sistema permite evaluar magistrados en tiempo récord
En otro momento de la entrevista ofrecida a este medio, el presidente de la CAN, Gonzalo García Núñez, se refirió a la evaluación de magistrados.
¿Al frente del Consejo Nacional de la Magistratura se han reducido los procesos para ratificar a los magistrados?
–Hemos desarrollado un sistema que permite evaluar directamente al magistrado. Ahora resolvemos en tres horas después de culminada la entrevista si el juez o fiscal es ratificado. Este proceso antes duraba de dos a tres meses. Y si el magistrado presenta un recurso extraordinario, este se resuelve en menos de una semana.
¿En qué estado se encuentra el proceso de ratificación?
–Empezamos por el norte, centro y seguiremos por el sur del país. En realidad, este proceso nunca acaba porque cada siete años se tiene que evaluar a jueces y fiscales y ratificarlos de acuerdo con criterios profesionales y de idoneidad.
¿Cuáles son esos criterios de idoneidad?
–Se tiene en cuenta si ha sido sometido a medidas disciplinarias, si ha sido demandado por usuarios del sistema de justicia o si por razones institucionales fue sometido a proceso de investigación por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. Además, debe exhibir una trayectoria ética impecable.
¿Qué otros factores se aplican en el proceso de evaluación?
–También evaluamos sus ingresos y gastos, el flujo de ahorros e ingresos. Y coordinamos con la Contraloría General de la República métodos para examinar las redes familiares, es decir, sus cuentas bancarias. Esa situación permitiría hacer un seguimiento de la coima.
¿Qué influye para la no ratificación de los magistrados?
–El CNM no se casa con nadie. El juez que ha aplicado penas blandas a violadores de menores, que determinó la comparecencia en lugar de la cárcel para delitos como el narcotráfico o rebajó penas no es ratificado. A cada juez o fiscal le estudiamos su récord de acusaciones y sentencias.
Tuesday, August 2, 2011
Si se recupera dinero robado en los 90, habría dinero suficiente para programas sociales
Mar, 02/08/2011 - 08:05
http://www.larepublica.pe/02-08-2011/si-se-recupera-dinero-robado-en-los-90-habria-dinero-suficiente-para-programas-sociales
Us$ 14,000 millones. astronómica suma queda por cobrar al fujimontesinismo. Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.
Edmundo Cruz y Jonathan Castro
El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.
A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008. Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.
En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.
De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.
Recuperaciones magrasEn ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.
El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.
La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.
El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.
El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.
Por qué tanta demora
La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.
En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.
En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.
La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.
El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.
Lo que se necesita
Si el nuevo gobierno desea realmente potenciar el sistema, debe comenzar por dotarlo de los peritos suficientes en calidad y número para las acciones de seguimiento, ubicación y repatriación de dineros.
A la fecha teníamos unas 108 investigaciones preliminares, pero 30 de ellas han tenido que ser archivadas por la falta de peritos. Esta deficiencia no solo afecta la rapidez del proceso sino que genera impunidad.
La falencia es aún más notoria en las regiones. A menudo los escasos técnicos de la región entran fácilmente en conflicto de intereses con los personales o empresas a seguir.
Datos
Deudas impagas. Reparaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascendentes a 472 millones de soles, podrían honrarse si se pusiera mano firme a los corruptos de la década del 90.
Acumulación irresponsable. Las obligaciones acumuladas por el incumplimiento de los acuerdos con la CIDH llegan a sumar hoy 4 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia de 144 millones de soles.
Todo lo que se podría construir
El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que los programas sociales comenzarán a implementarse en el último trimestre de este año. Su implementación “no debe superar los mil millones de soles en el 2012”, sostuvo.
Los técnicos de Gana Perú proyectaron 12 mil millones de soles para Pensión 65 del 2012 y 2015. Y la ampliación gradual de Juntos hasta llegar a 1.267 millones de soles en el 2016.
En un parangón con el monto de la corrupción de los 90, Alberto Quiroz sostiene que con los 14 mil millones de dólares que se llevó el fujimontesinismo se pudo pagar mil soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años.
http://www.larepublica.pe/02-08-2011/si-se-recupera-dinero-robado-en-los-90-habria-dinero-suficiente-para-programas-sociales
Us$ 14,000 millones. astronómica suma queda por cobrar al fujimontesinismo. Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.
Edmundo Cruz y Jonathan Castro
El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.
A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008. Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.
En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.
De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.
Recuperaciones magrasEn ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.
El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.
La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.
El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.
El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.
Por qué tanta demora
La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.
En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.
En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.
La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.
El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.
Lo que se necesita
Si el nuevo gobierno desea realmente potenciar el sistema, debe comenzar por dotarlo de los peritos suficientes en calidad y número para las acciones de seguimiento, ubicación y repatriación de dineros.
A la fecha teníamos unas 108 investigaciones preliminares, pero 30 de ellas han tenido que ser archivadas por la falta de peritos. Esta deficiencia no solo afecta la rapidez del proceso sino que genera impunidad.
La falencia es aún más notoria en las regiones. A menudo los escasos técnicos de la región entran fácilmente en conflicto de intereses con los personales o empresas a seguir.
Datos
Deudas impagas. Reparaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascendentes a 472 millones de soles, podrían honrarse si se pusiera mano firme a los corruptos de la década del 90.
Acumulación irresponsable. Las obligaciones acumuladas por el incumplimiento de los acuerdos con la CIDH llegan a sumar hoy 4 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia de 144 millones de soles.
Todo lo que se podría construir
El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que los programas sociales comenzarán a implementarse en el último trimestre de este año. Su implementación “no debe superar los mil millones de soles en el 2012”, sostuvo.
Los técnicos de Gana Perú proyectaron 12 mil millones de soles para Pensión 65 del 2012 y 2015. Y la ampliación gradual de Juntos hasta llegar a 1.267 millones de soles en el 2016.
En un parangón con el monto de la corrupción de los 90, Alberto Quiroz sostiene que con los 14 mil millones de dólares que se llevó el fujimontesinismo se pudo pagar mil soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años.
Friday, July 29, 2011
Habrá cárcel efectiva para los corruptos
ASACLC en 2009 planteo: “3.- Se tramite e implemente una ley para definir "que el mal uso de los recursos del erario nacional son actos de corrupción política que no solo afectan la estabilidad política, social, democrática del Perú, si no también la integridad, el desarrollo y la seguridad nacional, y como tal, estos hechos deben ser juzgados como actos de traición a la patria y juzgados con rigor y celeridad",
4.- Los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles ...”
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110729/10/node/371630/todos/15
Mensaje. Plantea imprescriptibilidad e inhabilitación de por vida para infractores. Propuestas similares se han escuchado desde el gobierno y de la sociedad civil desde el 2001. Sin embargo, Congreso no consiguió aprobar normas.
César Romero C.
La corrupción es un problema de seguridad que afecta el desarrollo del país, expresó el mandatario electo Ollanta Humala al referirse a uno de los temas más desafiantes para su Gobierno.
Humala propuso la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción y la inhabilitación, a perpetuidad, para ejercer nuevo cargo público, a los corruptos y sus cómplices. También planteó la supresión de las penas condicionales y de los beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos de corrupción, de modo que los condenados cumplan efectivamente en la cárcel las condenas.
Los planteamientos de Humala para reforzar la lucha contra la corrupción generaron expectativa en los medios judiciales. Sin embargo, abogados y magistrados recalcaron que hay que esperar la propuesta específica del presidente del Consejo de Ministros, quien debe elevar al Congreso los proyectos de ley al respecto.
Asimismo, recordaron que no es la primera vez que se plantea la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El tema ha sido referido desde el 2001 como iniciativa del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil.
En abril del 2001, el grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), creado por Resolución Suprema N° 160-2001-JUS, planteó “la promoción de los principios de imprescriptibilidad”, para evitar la impunidad.
Posteriormente, en la apertura del año judicial 2008, el entonces presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, informó que “la Sala Plena ha sometido a discusión una iniciativa de ley que establezca que los delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública tengan el carácter de imprescriptibles”.
Pero esas propuestas, de reforma legislativa e incluso constitucional destinadas a fortalecer la lucha contar la corrupción, no prosperaron.
ANÁLISIS El Congreso debe aprobar la reforma Pedro Gamarra Procurador anticorrupción
Las propuesta planteadas por el presidente Ollanta Humala requieren modificaciones en las leyes penales que deben ser aprobadas por el Congreso de la República.
En el tema de la inhabilitación a perpetuidad para condenados por corrupción podría colisionar con la defensa de los Derechos Humanos, pues la sanción iría más allá de la pena.
El tiempo de inhabilitación corre actualmente junto con la pena, por lo que cuando esta se extingue, el ciudadano queda habilitado en todos sus derechos y puede postular a un nuevo cargo público.
Además sería importante que esta sanción a perpetuidad alcance también a los militares que han delinquido. Actualmente, a los militares que se les condena los pasan al retiro y se van con todos sus beneficios pensionables. Positivo mensaje anticorrupción Pablo Sánchez Velarde Fiscal supremo Fue un discurso interesante. Se ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción que nos parece muy positivo. El presidente hizo una exposición de líneas generales de su política de gobierno, por lo hay que esperar la propuesta concreta que deberá presentar el Ministerio de Justicia.
En la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción hay consenso, por lo que es de esperarse que el Congreso la apruebe. Otras propuestas, como el trabajo forzado para condenados por graves delitos, pueden requerir de una reforma constitucional, pues la Constitución ampara la libertad de trabajo.
También puede haber debate para establecer una pena efectiva para los delitos de corrupción, pues la tendencia legislativa actual era despenalizar las penas cortas y, además, no se puede hacer distingos.
Thursday, July 28, 2011
Wednesday, June 22, 2011
El caso Comunicore: Nuevos destapes
Fuente: http://idl-reporteros.pe/2011/06/21/el-caso-comunicore-nuevos-destapes/
IDL-Reporteros consiguió el informe final de la comisión investigadora de la Municipalidad de Lima sobre el caso Comunicore, que preside la regidora Marisa Glave, y da a conocer de inmediato las principales novedades que contiene. Una de las más importantes es que el ex alcalde Luis Castañeda tuvo pleno conocimiento de lo que sucedía en el caso Comunicore, el mayor escándalo que salpicó su gestión. Otros hallazgos incluyen operaciones bancarias encubiertas, deudas sobrevaluadas para generar saldos con qué pagarle a esa empresa y documentos presuntamente falsificados. A continuación, la reseña del caso y del informe.
Por Daniel Yovera.-
El caso Comunicore reventó el 16 de diciembre del 2009, cuando se reveló que los principales gerentes de la gestión de Luis Castañeda –hombres de toda su confianza desde hacía dos décadas–, beneficiaron entre los últimos días del 2005 y los primeros del 2006 a una desconocida empresa llamada Comunicore, con el pago de una deuda de S/. 35.9 millones, que no estaba presupuestada y que se canceló de un porrazo pese a que debió hacerse en diez años.
La denuncia motivó la intervención de la Contraloría de la República y la investigación de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre del 2010 determinaron que la millonaria operación fue ilegal y perjudicial para los intereses del fisco municipal. El Ministerio Público denunció a 15 investigados, incluyendo a Castañeda, pero el Poder Judicial sólo abrió proceso a 14, excluyendo al hoy ex alcalde.
Cuando Susana Villarán asumió la alcaldía metropolitana, constituyó la ‘Comisión Especial para el caso Relima-Comunicore’, presidida por la regidora Marisa Glave. Su trabajo concluyó esta semana, e IDL-Reporteros tuvo acceso al informe final que será presentado el jueves ante el Consejo Metropolitano.
Sus hallazgos arrojan varias nuevas evidencias, entre ellas el conocimiento y el manejo que tuvo Castañeda de la operación.
Los 21 millones sobrevaluados
La comisión Glave ha encontrado que para pagarle a Comunicore los S/. 35.9 millones, la municipalidad recurrió a un crédito de S/. 87 millones, que debía ser destinado exclusivamente para pagar deudas que mantenía con el sistema financiero. Así, en setiembre del 2005, el BCP le prestó S/. 47 millones, e Interbank, S/. 40 millones.
Ese crédito debía supuestamente servir para que la comuna pague S/. 23 millones al Wiese Sudameris, otros S/. 17 millones al mismo banco por una deuda de EMAPE, S/. 16 millones a Interbank, y S/. 31 millones al BCP.
Sin embargo, la comisión ha encontrado que la deuda total de S/. 87 millones estaba inflada varios millones. Por ejemplo, la deuda real de EMAPE no era de S/. 17 millones, sino de S/. 13 millones.
Pero EMAPE no necesitaba ese dinero y nunca lo pidió para pagar su deuda con el Wiese. De hecho, semanas después de recibir el dinero, el gerente de Finanzas edil y hombre de confianza de Castañeda, Juan Blest, le pidió que se lo retorne a las arcas municipales. Así es como retornaron S/. 13 millones, los mismos que, sumados a S/. 8 millones que no se precisaron desde el comienzo, generaron los S/. 21 millones que la gestión de Castañeda estaba buscando para pagar el grueso de la deuda a Comunicore.
Según el informe Glave, “los S/. 21 millones sobrevaluados mediante un proceso de encubrimiento, se hicieron pasar como recursos propios y así fueron presentados ante el Congreso de la República”, que el año pasado indagaba por el asunto.
Cabe señalar que, para manejar ese tipo de asuntos Castañeda nombró a Juan Blest como director general de Finanzas el 24 de agosto del 2005 pero con retroactividad al 1 de enero de ese año.
La extraña renovación del contrato
Entonces, el Municipio ya había renovado el contrato por diez años más con Relima, el 4 de agosto, pese a que varios informes legales internos y externos de esa época, dieron cuenta de una larga lista de incumplimientos del contrato de parte de la empresa brasileña. Por eso, la comisión Glave considera ‘irregular’ esa renovación, “dado que la administración municipal (en coordinación con Relima y Comunicore) privilegió los intereses privados en desmedro del interés público”.
Ese mismo 4 de agosto, a partir las 4:30 de la tarde, sucedieron tres acciones en tiempo récord: se aprobó la renovación del contrato en la Comisión de Asuntos Legales, pese a no ser punto de agenda; se aprobó lo mismo en Sesión de Concejo, entre 5:05 de la tarde y 7:20 de la noche; y minutos más tarde, se suscribió el nuevo contrato 2005-2015. Gracias a ello, Relima recibe hoy un pago anual de casi S/. 55 millones por el servicio de limpieza del Cercado de Lima.
Pero en ese 4 de agosto pletórico de eventos ocurrió hasta uno que pareciera paranormal. Y es que la Comisión Glave encontró dos actas de dos reuniones de la Comisión de Asuntos Legales, que habrían ocurrido en el mismo día, la misa hora y el mismo lugar.
La primera acta, No 39, corresponde a una sesión extraordinaria que se inicia a las 3 de la tarde, y no indica como punto de agenda la renovación del contrato; la segunda, No 40, es de una sesión ordinaria que indica que “se continuó tratando el tema de la renovación del contrato”.
Extraño, pues en la primera sesión este asunto nunca se trató. Se trata, para la comisión, de dos sesiones superpuestas y con contenidos distintos, en las que, coincidentemente, el teniente alcalde Marco Parra –quien presidía la citada comisión– “pasó a retirarse”.
“En consecuencia –dice el informe final– existen indicios razonables de la comisión del delito de falsificación de documentos, el que, aún de no comprobarse, añadiría un hecho más a favor de la hipótesis sostenida sobre la intención de renovar el contrato de todas maneras, haciendo lo que fuera necesario hacer, incluso si se rompía –como parece haber sucedido- la legalidad”.
Mudo pero despierto
Mientras duraron las negociaciones entre el municipio y Relima, y posteriormente, entre el municipio y Comunicore, todo el manejo financiero estuvo a cargo de Blest, por disposición de Castañeda Lossio.
Pero en los últimos días del 2005, cuando la historia entraba a su fase final y había que tomar decisiones definitivas para concretar la salida del dinero para Relima (y luego, para Comunicore) Castañeda pidió licencia al consejo Municipal, a cuenta de sus vacaciones, y dejó su sillón entre el 9 y el 20 de diciembre.
Entre tanto, el mismo 20 de diciembre, Comunicore le compraba la deuda a Relima y le enviaba al municipio las facturas exigiéndole el pago íntegro y de inmediato. Luego, el 27 de ese mismo mes, el Concejo volvió a conceder al líder ‘solidario’ otra licencia, del 28 de diciembre al 8 de enero del 2006.
Antes de partir, el 27 de diciembre, Castañeda le encargó al gerente financiero Blest, la Gerencia Municipal, la misma que ejerció entre ese día y el 2 de enero del año siguiente, con lo cual tenemos que Blest estuvo a cargo del municipio durante varios días feriados. El hecho es que el martes 3 de enero, primer día hábil del 2006, Comunicore ya recibía los primeros 19 millones en su cuenta. Cinco semanas después, había recibido ya todo el dinero.
IDL-Reporteros intentó ubicar a Luis Castañeda, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Con quien sí conversó fue con el ex teniente alcalde, Marco Parra, quien señaló que le delegó funciones a Juan Blest de “manera general”. “La delegación siempre fue de carácter general, no para el caso específico de Comunicore”, señaló. También dijo que no estuvo presente en la “doble sesión” de la Comisión de Asuntos Legales, debido a que nunca asistía.
ASACLC espera que el electo Presidente Ollanta Humala emprenda una lucha frontal contra esta lacra que se enriquece a costas del empobrecimiento del pueblo peruano. Si los millones de dólares que roban estos delincuentes se invirtieran en la educación del pueblo peruano, el Perú tendría nuevos rumbos y nuestra percepción de modernidad y democracia tendría diferente sentido. Estamos seguros que dentro de un concepto democrático moderno personajes como Alan García y el clan Fujimori que están profundamente comprometidos con el pillaje del erario nacional, no existirían como expresión política pero si como reos. Por ello, como peruanos comprometidos con el desarrollo social de nuestro Perú, seguiremos con nuestra lucha contra la corrupción hasta que nuestra sociedad desterré de una buena vez esta lacra que mella nuestra integridad como seres humanos.
IDL-Reporteros consiguió el informe final de la comisión investigadora de la Municipalidad de Lima sobre el caso Comunicore, que preside la regidora Marisa Glave, y da a conocer de inmediato las principales novedades que contiene. Una de las más importantes es que el ex alcalde Luis Castañeda tuvo pleno conocimiento de lo que sucedía en el caso Comunicore, el mayor escándalo que salpicó su gestión. Otros hallazgos incluyen operaciones bancarias encubiertas, deudas sobrevaluadas para generar saldos con qué pagarle a esa empresa y documentos presuntamente falsificados. A continuación, la reseña del caso y del informe.
Por Daniel Yovera.-
El caso Comunicore reventó el 16 de diciembre del 2009, cuando se reveló que los principales gerentes de la gestión de Luis Castañeda –hombres de toda su confianza desde hacía dos décadas–, beneficiaron entre los últimos días del 2005 y los primeros del 2006 a una desconocida empresa llamada Comunicore, con el pago de una deuda de S/. 35.9 millones, que no estaba presupuestada y que se canceló de un porrazo pese a que debió hacerse en diez años.
La denuncia motivó la intervención de la Contraloría de la República y la investigación de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre del 2010 determinaron que la millonaria operación fue ilegal y perjudicial para los intereses del fisco municipal. El Ministerio Público denunció a 15 investigados, incluyendo a Castañeda, pero el Poder Judicial sólo abrió proceso a 14, excluyendo al hoy ex alcalde.
Cuando Susana Villarán asumió la alcaldía metropolitana, constituyó la ‘Comisión Especial para el caso Relima-Comunicore’, presidida por la regidora Marisa Glave. Su trabajo concluyó esta semana, e IDL-Reporteros tuvo acceso al informe final que será presentado el jueves ante el Consejo Metropolitano.
Sus hallazgos arrojan varias nuevas evidencias, entre ellas el conocimiento y el manejo que tuvo Castañeda de la operación.
Los 21 millones sobrevaluados
La comisión Glave ha encontrado que para pagarle a Comunicore los S/. 35.9 millones, la municipalidad recurrió a un crédito de S/. 87 millones, que debía ser destinado exclusivamente para pagar deudas que mantenía con el sistema financiero. Así, en setiembre del 2005, el BCP le prestó S/. 47 millones, e Interbank, S/. 40 millones.
Ese crédito debía supuestamente servir para que la comuna pague S/. 23 millones al Wiese Sudameris, otros S/. 17 millones al mismo banco por una deuda de EMAPE, S/. 16 millones a Interbank, y S/. 31 millones al BCP.
Sin embargo, la comisión ha encontrado que la deuda total de S/. 87 millones estaba inflada varios millones. Por ejemplo, la deuda real de EMAPE no era de S/. 17 millones, sino de S/. 13 millones.
Pero EMAPE no necesitaba ese dinero y nunca lo pidió para pagar su deuda con el Wiese. De hecho, semanas después de recibir el dinero, el gerente de Finanzas edil y hombre de confianza de Castañeda, Juan Blest, le pidió que se lo retorne a las arcas municipales. Así es como retornaron S/. 13 millones, los mismos que, sumados a S/. 8 millones que no se precisaron desde el comienzo, generaron los S/. 21 millones que la gestión de Castañeda estaba buscando para pagar el grueso de la deuda a Comunicore.
Según el informe Glave, “los S/. 21 millones sobrevaluados mediante un proceso de encubrimiento, se hicieron pasar como recursos propios y así fueron presentados ante el Congreso de la República”, que el año pasado indagaba por el asunto.
Cabe señalar que, para manejar ese tipo de asuntos Castañeda nombró a Juan Blest como director general de Finanzas el 24 de agosto del 2005 pero con retroactividad al 1 de enero de ese año.
La extraña renovación del contrato
Entonces, el Municipio ya había renovado el contrato por diez años más con Relima, el 4 de agosto, pese a que varios informes legales internos y externos de esa época, dieron cuenta de una larga lista de incumplimientos del contrato de parte de la empresa brasileña. Por eso, la comisión Glave considera ‘irregular’ esa renovación, “dado que la administración municipal (en coordinación con Relima y Comunicore) privilegió los intereses privados en desmedro del interés público”.
Ese mismo 4 de agosto, a partir las 4:30 de la tarde, sucedieron tres acciones en tiempo récord: se aprobó la renovación del contrato en la Comisión de Asuntos Legales, pese a no ser punto de agenda; se aprobó lo mismo en Sesión de Concejo, entre 5:05 de la tarde y 7:20 de la noche; y minutos más tarde, se suscribió el nuevo contrato 2005-2015. Gracias a ello, Relima recibe hoy un pago anual de casi S/. 55 millones por el servicio de limpieza del Cercado de Lima.
Pero en ese 4 de agosto pletórico de eventos ocurrió hasta uno que pareciera paranormal. Y es que la Comisión Glave encontró dos actas de dos reuniones de la Comisión de Asuntos Legales, que habrían ocurrido en el mismo día, la misa hora y el mismo lugar.
La primera acta, No 39, corresponde a una sesión extraordinaria que se inicia a las 3 de la tarde, y no indica como punto de agenda la renovación del contrato; la segunda, No 40, es de una sesión ordinaria que indica que “se continuó tratando el tema de la renovación del contrato”.
Extraño, pues en la primera sesión este asunto nunca se trató. Se trata, para la comisión, de dos sesiones superpuestas y con contenidos distintos, en las que, coincidentemente, el teniente alcalde Marco Parra –quien presidía la citada comisión– “pasó a retirarse”.
“En consecuencia –dice el informe final– existen indicios razonables de la comisión del delito de falsificación de documentos, el que, aún de no comprobarse, añadiría un hecho más a favor de la hipótesis sostenida sobre la intención de renovar el contrato de todas maneras, haciendo lo que fuera necesario hacer, incluso si se rompía –como parece haber sucedido- la legalidad”.
Mudo pero despierto
Mientras duraron las negociaciones entre el municipio y Relima, y posteriormente, entre el municipio y Comunicore, todo el manejo financiero estuvo a cargo de Blest, por disposición de Castañeda Lossio.
Pero en los últimos días del 2005, cuando la historia entraba a su fase final y había que tomar decisiones definitivas para concretar la salida del dinero para Relima (y luego, para Comunicore) Castañeda pidió licencia al consejo Municipal, a cuenta de sus vacaciones, y dejó su sillón entre el 9 y el 20 de diciembre.
Entre tanto, el mismo 20 de diciembre, Comunicore le compraba la deuda a Relima y le enviaba al municipio las facturas exigiéndole el pago íntegro y de inmediato. Luego, el 27 de ese mismo mes, el Concejo volvió a conceder al líder ‘solidario’ otra licencia, del 28 de diciembre al 8 de enero del 2006.
Antes de partir, el 27 de diciembre, Castañeda le encargó al gerente financiero Blest, la Gerencia Municipal, la misma que ejerció entre ese día y el 2 de enero del año siguiente, con lo cual tenemos que Blest estuvo a cargo del municipio durante varios días feriados. El hecho es que el martes 3 de enero, primer día hábil del 2006, Comunicore ya recibía los primeros 19 millones en su cuenta. Cinco semanas después, había recibido ya todo el dinero.
IDL-Reporteros intentó ubicar a Luis Castañeda, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Con quien sí conversó fue con el ex teniente alcalde, Marco Parra, quien señaló que le delegó funciones a Juan Blest de “manera general”. “La delegación siempre fue de carácter general, no para el caso específico de Comunicore”, señaló. También dijo que no estuvo presente en la “doble sesión” de la Comisión de Asuntos Legales, debido a que nunca asistía.
ASACLC espera que el electo Presidente Ollanta Humala emprenda una lucha frontal contra esta lacra que se enriquece a costas del empobrecimiento del pueblo peruano. Si los millones de dólares que roban estos delincuentes se invirtieran en la educación del pueblo peruano, el Perú tendría nuevos rumbos y nuestra percepción de modernidad y democracia tendría diferente sentido. Estamos seguros que dentro de un concepto democrático moderno personajes como Alan García y el clan Fujimori que están profundamente comprometidos con el pillaje del erario nacional, no existirían como expresión política pero si como reos. Por ello, como peruanos comprometidos con el desarrollo social de nuestro Perú, seguiremos con nuestra lucha contra la corrupción hasta que nuestra sociedad desterré de una buena vez esta lacra que mella nuestra integridad como seres humanos.
Monday, June 20, 2011
Las Arrugas de "Meche"
El Aprismo manejado por Alan es sinónimo de corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad y robo del erario nacional. Esperemos el pueblo peruano recuerde este tipo de abusos y el robo que sufre de su futuro.
La derrota del fascismo
Fuente: http://www.larepublica.pe/19-06-2011/la-derrota-del-fascismo
Dom, 19/06/2011 - 05:00
Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Dom, 19/06/2011 - 05:00
Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Thursday, June 16, 2011
Avelino Guillén: Hubo un gran retroceso en la lucha anticorrupción
Fuente: http://www.larepublica.pe/16-06-2011/avelino-guillen-hubo-un-gran-retroceso-en-la-lucha-anticorrupcion
Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.
Ana Núñez.
¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.
¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.
Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.
Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...
Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.
Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.
¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.
¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.
¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.
¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.
¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.
¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.
Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.
“Yo soy un soldado de la democracia”
¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.
¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.
¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.
Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori. Designado como titular de la comisión de transferencia de Justicia, el ex magistrado opina que el actual gobierno no tuvo voluntad política para frenar la corrupción.
Ana Núñez.
¿Ha analizado las consecuencuas de la Ley 29703? Las críticas son diversas y se dice que favorece a la corrupción...
Esa ley no aporta nada a la lucha contra la corrupción; por el contrario, la favorece y pone una serie de obstáculos para investigarla y sancionarla. Es un retroceso ostensible en cuanto a legislación anticorrupción, por eso creo que debe ser derogada... si no es por este Congreso, por el próximo.
¿Le parece que hubo una intencionalidad al promulgarla?
A mí me llama la atención el apresuramiento con que la sacaron en las postrimerías de este régimen, a punto de concluir esta legislatura y casi sin debate. Esta ley debe ser derogada y debe dar lugar a un diálogo amplio que permita elaborar una nueva norma que favorezca la lucha contra la corrupción.
Una de las mayores críticas es que para sancionar a un corrupto se debe probar que hubo perjuicio contra el Estado...
Claro, porque se pone como una regla básica para la sanción que se dé un perjuicio patrimonial al Estado, cuando lo que se tiene que condenar es la concertación ilegal entre el funcionario y el empresario que participa en una licitación. Esa es una conducta delictiva que deber ser sancionada.
Además, se ha disminuido el tiempo de inhabilitación para los funcionarios sancionados...
Si se quería combatir eficazmente la corrupción, la comisión de Justicia debió derogar el artículo 426 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación por delitos contra la administración pública de solo entre 1 y 3 años. Esa es una sanción diminuta y es una burla, porque para los otros delitos rige el artículo 38, que establece una inhabilitación del plazo de la condena. Eso incentiva que se cometan actos de corrupción...
Y favorece que retornen funcionarios corruptos...
Por supuesto. Se ha dado el caso de alcaldes y regidores que son sancionados penalmente y que a la siguiente elección se presentan y salen elegidos.
Dice que la norma debe ser derogada, pero se ha advertido que así eso ocurra, los procesados por corrupción podrán acogerse a la norma retroactivamente.
Eso es verdad. En este momento la norma está vigente y así se derogue posteriormente se aplica a quienes estén procesados por colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y planteen beneficiarse de su contenido.
¿No hay forma de que esto no ocurra?
La única salida es que el Tribunal Constitucional la derogue, pero eso es algo que veo difícil.
¿Por qué?
En principio porque el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal muy fuerte y este es un tema que va a generar un gran debate y, por lo tanto, que no se puede resolver de un día a otro.
¿Cómo evalúa la lucha contra la corrupción durante este gobierno que ya termina?
Hubo un grave retroceso durante este tiempo: la Procuraduría Anticorrupción fue debilitada sensiblemente con la salida de un gran número de funcionarios. Además, después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conoce otra sentencia de importancia por casos de corrupción. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios hubo un gran retroceso.
¿No hay voluntad política?
No hay una voluntad política del gobierno, ese es el problema. No hay una voluntad política para perseguir a los corruptos, no hubo un reforzamiento de las instituciones ni se creó una estrategia para ello. La lucha contra la corrupción la tiene que asumir el presidente de la República, ese es un deber inherente a la principal autoridad del país. Es un deber ineludible del presidente liderar la lucha contra la corrupción.
¿Y el presidente García no lo ha hecho?
No lo ha hecho y como ciudadano yo formulo esa crítica.
¿Se debe indultar a Alberto Fujimori?
El informe médico del INEN es contundente: Fujimori es un paciente de alto riesgo por su edad, su peso y sus antecedentes médicos, pero esos factores se tratan con observación y atención médica, y él las tiene. Su vida no está en peligro. En consecuencia, el indulto de carácter humanitario queda descartado. Por otro lado, normativamente hablando no procede el indulto para acusados de secuestro agravado y Fujimori fue condenado por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dayer. Además, fue condenado por delitos de lesa humanidad (Barrios Altos y la Cantuta) y tiene prohibición normativa para acogerse a un indulto.
Proponen que se permita a Alberto Fujimori cumplir su condena en casa.
Normativamente, eso no está contemplado. El arresto domiciliario es una medida preventiva. Tomar esa medida sería una burla al país, un golpe al sistema judicial, y afectaría nuestra dignidad.
“Yo soy un soldado de la democracia”
¿Desde cuándo colabora en el equipo de Gana Perú?
Yo expresé mi respaldo a esa candidatura en la segunda vuelta en defensa de la democracia, pero fui convocado recién el miércoles.
¿Cuál es el encargo?
Yo voy a trabajar en la transferencia del sector Justicia.
¿Solo van a recibir la información o prepararán las primeras políticas a aplicar en el sector?
Vamos a recibir la información, haremos un diagnóstico y plantearemos medidas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces podría ser usted el nuevo ministro de Justicia.
Esa es una decisión que corresponde al señor presidente. Lo que yo he señalado es que soy un soldado de la democracia. No aspiro a ningún cargo, pero creo que todos estamos obligados a contribuir si somos convocados.
Sunday, June 5, 2011
Friday, June 3, 2011
Monday, May 30, 2011
Monday, May 23, 2011
Debate Técnico entre Gana Perú y Fuerza 2011
Este debate muestra la inmensa diferencia que existe entre Gana Perú y Fuerza 2011. Mientras los técnicos de Gana Perú explicaron con solides los proyectos que ellos tienen para con el país, los técnicos de Fuerza 2011 se dedicaron a hacer preguntas y leer “sin ton ni son” el libreto que les prepararon. Las conclusiones sobre este “debate” son claras. ASACL, cree que el proyecto de Fuerza 2011 es solo el de mantener la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Esperamos el pueblo peruano tenga la oportunidad de recuperar su dignidad y haga un favor al futuro de sus hijos y al de las próximas generaciones.
Friday, May 20, 2011
Saturday, May 14, 2011
Friday, May 13, 2011
Sunday, April 24, 2011
Series de percepción electoral
Compatriotas, es hora de rescatar nuestra moral y decir basta a la delincuencia política de mequetrefes que creen que el Perú es su burdel. En estas últimas elecciones dimos una lección de moral. El APRA, otro partido de la corrupción y la impunidad, fue expectorado casi como totalidad de la vida política del Perú, Este ejemplo debe imperar en tu conciencia, por que tu futuro y el de tus hijos esta en juego. El Perú es más grande que la delincuencia, continua diciéndole NO a la corrupción, los crímenes de lesa humanidad, la impunidad y al asalto del erario nacional.
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La miseria llamada “hija”. Ahora, según la negación de la moral cívica del Perú, Fujimori es el paladín de la democracia.
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Los misterios del crimen que repetiría si el peruano olvida un pasado despreciable. En ASACLC creemos que el peruano es mas que el crimen y la delincuencia como la corrupción, la impunidad, el crimen del manipuleo de la conciencia peruana, etc.
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La miseria llamada “hija”. Ahora, según la negación de la moral cívica del Perú, Fujimori es el paladín de la democracia.
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Los misterios del crimen que repetiría si el peruano olvida un pasado despreciable. En ASACLC creemos que el peruano es mas que el crimen y la delincuencia como la corrupción, la impunidad, el crimen del manipuleo de la conciencia peruana, etc.
Wednesday, April 13, 2011
La peste de la corrupción crece con las dictaduras
Los 351 millones de soles para la corrupción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=84059
Se utilizaron millones de soles de los fondos públicos para comprar congresistas, jueces, fiscales, portadas en los diarios, pago a los dueños de los canales de televisión y de radios. También para los gastos de Montesinos y los estudios de Keiko y sus hermanos entre otras cosas.
El electo fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales sostuvo que el arresto domiciliario concedido al exministro Juan Carlos Hurtado Miller es raro y benevolente, porque el exfuncionario fujimorista ha rehuido desde el comienzo la acción de la justicia. “Realmente no conozco los pormenores, pero llama la atención que la sala haya optado por una medida de esta naturaleza que a todas luces resulta muy benevolente, dado que ha habido una actitud renuente a presentarse al proceso”, declaró.
De cómo Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial, transfirió fondos millonarios al Servicio de Inteligencia Nacional en forma secreta para financiar actividades ilegales. Además la historia del contralor contumaz de Fujimori.
Luego de la “entrega voluntaria” del prófugo Juan Carlos Hurtado Miller y su posterior devolución a su domicilio luego de 10 años de “clandestinidad” para no responder por la recepción de 334 mil dólares de Vladimiro Montesinos, queda aún saber por el destino de otros célebres reos contumaces, que no se sabe si aparecerán en medio de la actual primavera Fujimorista o si seguirán disfrutando en secreto del dinero mal habido. Uno de ellos es el excontralor Víctor Enrique Caso Lay, sin cuya participación no hubieran podido traspasarse fondos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Montesinos por un monto de 351 millones de soles en siete años.
A fines de febrero de este año, la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, declaró que de ganar las elecciones fortalecería la Contraloría General de la República “para desterrar actos de corrupción en el Estado”. Extrañas palabras para la hija de un presidente que todavía tiene a su excontralor en la condición de reo contumaz, por no haber respondido a la acusación constitucional por violación de sus deberes constitucionales que le formuló su propia institución y por haber estado coludido en diversos delitos orientados a encubrir las dolosas transferencias de dinero que se hacían para que el asesor Vladimiro Montesinos pudiera disponer regularmente de importantes cantidades de dinero a través del llamado “régimen de ejecución especial”.
La propia Contraloría determinó en el año 2001 que entre el 27 de junio de 1993 y el 28 de junio de 2000, correspondiente a la gestión de Caso Lay, “la Contraloría… no ha llevado a cabo acción de control de ningún tipo en el Servicio de Inteligencia Nacional”. En este lapso se emitieron una resolución cada mes para “operaciones de inteligencia”, no fiscalizadas ni controladas, y que incluyen, entre otros, los siguientes gastos:
* Actividades del grupo Colina y otros similares;
* Actividades de infiltración en partidos políticos y sindicatos;
* Financiamiento de campañas electorales (como el pago a Hurtado Miller y los que se hacían a Carlos Raffo);
* Pago de la prensa chicha;
* Pago a dueños de canales de televisión, radio y periódicos;
* Compra de congresistas; * Compra de jueces, fiscales, miembros del JNE, del Tribunal de Garantías Constitucionales y otros magistrados;
* Gastos personales de Vladimiro (casa de playa, viajes, ropa, amantes, etc.)
* Estudios de los hijos del presidente en el exterior, etc. El cuadro adjunto muestra la forma como se desembolsaban estos dineros.
Contraloría
¿Cuál era la responsabilidad del contralor? Una sola, actuar en nombre del Estado para verificar la aplicación de recursos para operaciones supuestamente reservadas, que si carecen de todo control se prestan para las peores arbitrariedades.
¿Cómo podría la señora Fujimori de Villanella encarnar una garantía de una Contraloría fortalecida que destierre la corrupción, si su padre instituyó una Contraloría encubridora que tapó diversos delitos, algunos de los cuales fueron en su propio beneficio?
En el año 1996, el congresista Javier Alva Orlandini requiere a la Contraloría de Caso Lay para que “remita información relativa a la ejecución presupuestal del Servicio de Inteligencia Nacional durante los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, recibiendo como respuesta “que la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de presupuesto público...”, como si ignorara que su función es controlar todos los aspectos de la ejecución presupuestal.
En el proceso que le abre la Contraloría al excontralor, el 2001, se anota: “…demuestra negligencia, pasividad y complacencia, ocasionando la omisión e inacción de que ha facilitado el descontrol existente en el Servicio de Inteligencia Nacional, hechos que configuran indicios razonables de la comisión del delito de abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes funcionales previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal.
A sabiendas
El mismo informe indica que son agravantes a la inacción señaladas el hecho que existieran numerosas denuncias públicas a través de diversos medios de comunicación referidas a las irregularidades que se venían cometiendo en el SIN, sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montesinos. Justamente en relación a esto, el excontralor Caso Lay hace declaraciones los días 18 y 19 de diciembre de 1999 sosteniendo que: “La Contraloría no está facultada para investigar al ex asesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que percibe provienen del Estado”.
Frente a esta audacia, el congresista Javier Diez Canseco declaró en la misma fecha que “es vergonzoso que el contralor Caso Lay manifieste que no conoce si Vladimiro Montesinos es funcionario público, ya que los propios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Fujimori, han admitido que Montesinos es funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional” (“Liberación” 18 de diciembre de 1999).
Efectivamente el asesor de Fujimori tenía desde 1992, el cargo de Asesor II, en condición ad honórem y el cargo de confianza de Asesor II, nivel F-5, en la alta dirección del SIN, conforme a Resolución del SIN del 91, y Resolución Suprema firmada por Fujimori, en 1996, respectivamente. Ambos documentos no podían ser desconocidos por quien ocupa el cargo de contralor.
denuncias
Otro informe de Contraloría de octubre de 2001, advierte que en los registros de la institución se encuentran los archivos de un estudio de organización realizado por ESAN en el año 1998, para la actualización del Plan Estratégico Institucional, que recoge opiniones de los directivos y funcionarios que señalan que el despacho del contralor “concentra las decisiones”, “determina finalmente lo que se hace y lo que no se hace”, “tiene información privilegiada y orienta las acciones y opiniones dentro del contexto político”, “tiene una alta presión política para tomar decisiones sobre auditorías que queman”.
Es decir que había una dictadura interna en la entidad de control sujeta a alta presión política. ¿De quién? Obviamente del presidente y el asesor principal. Con esto la Contraloría se convirtió en una entidad muerta, pasiva e indolente como se advirtió después del cambio de gobierno. Algo más, ese estilo tramposo de manejo institucional no desapareció con el advenimiento de la democracia de los 2000. A fines de octubre del 2001, el presidente Toledo logró nombrar a Genaro Matute como nuevo contralor y recuperó la indolencia que facilita la arbitrariedad de los gobiernos.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Saturday, April 9, 2011
Thursday, April 7, 2011
Wednesday, April 6, 2011
Sunday, April 3, 2011
El sida/cancer persiste
Los culpables de esta miseria son los que continuaron con la secuencia y estrategia Fujimorista.. La corrupción en vez de ser combatida fue profundizada, especialmente con este último gobierno. La educación cívica del pueblo fue deliberadamente encarpetada debido a los grandes intereses que controlan el poder. Esos hechos son los que socavan la democracia.
Friday, April 1, 2011
Vote con responsabilidad: Tu futuro esta en juego
El video es interesante pero, ¿Que responsabilidad social se encumbra si la educación cívica en el Perú esta por los suelos?
El Perú, ha decir de muchos, esta creciendo pero las pautas de desarrollo conjunto e innovador no existen. Es así, que estas elecciones generales se dan como mímica del pasado y las polémicas totalmente castradas no garantiza un entender sofisticado de selección ni voto. Los candidatos, especialmente aquellos que representan el status quo, no han dirimido sobre cambios substanciales que rompan estas brechas de desigualdad y emporio del olvido. Tampoco se han esforzado en presentarnos criterios nuevos como la inversión estratégica en la educación como pauta fundamental de desarrollo global del Perú.
La educación es un intrínsico que siembra valores, pero ello, también despierta la mente de la innovación y la competitividad elevada. El Perú, dentro de un contexto global, necesita urgentemente de estos valores y como tal necesita ser estricto en esta selección de su futuro.
Por ello, el reto que tiene nuestra sociedad, particularmente de aquella porción con mas entender político, es la de impulsar la verdad como canon de legitimidad y de crecimiento. La corrupción, el clientelismo, el concepto “que robe pero que haga obras”, el continuismo de la impunidad y otras perlas deben ser extirpados por que ellas a nada bueno nos conducen.
Monday, March 21, 2011
Triple C contra la corrupción
ASACLC cre que "no hay mas ciego que el que no quiere ver". La lucha contra la corrupción no debe tener nombres por que este delito ha puesto al Perú en jaque. Defender lo indefendible es tonto, y por que no decir, incongruente y obtuso. El señor Castañeda ha demostrado que la transparencia no es de su estilo, especialmente cuando los eventos investigados le son negativos para sus intereses. Al igual, los sucesivos gobiernos no han tenido estrategias para dislocar y extirpar este mal social. Por ejemplo, los “lobys” y otros actos de compadraje son parte de esta gama corruptiva y son un continuo suceder an la vida política del Perú.
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/triple-c-contra-la-corrupcion_82282.html
Ex zar anticorrupción durante el régimen de Alejandro Toledo, el embajador Martín Belaunde Moreyra, defiende la gestión que realizó al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción y propone una nueva entidad con más facultades para luchar contra este flagelo que corroe la sociedad peruana. En su condición de número 1 de la lista de Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), deja de lado sus maneras diplomáticas para defender a su nueva tienda política.
-Estamos a menos de un mes de las elecciones y la campaña se ha caracterizado más bien por tratar temas triviales, ¿no le parece?
-No necesariamente. Solidaridad Nacional ha presentado propuestas y no son para nada triviales. Por ejemplo, la carretera de los Andes, la creación de dos millones de empleos, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la lucha contra la corrupción, son propuestas concretas.
-¿Qué proponen para luchar contra la corrupción?-
Nosotros queremos crear la Central Contra la Corrupción, también llamada “Triple C”, que va a ser una punta de lanza contra la corrupción. Para eso se va a necesitar una ley específica.
-¿En qué consiste?-
Un poco que recoge mi experiencia en la Comisión Nacional Anticorrupción y también algunas carencias y deficiencias que, desgraciadamente, obstaculizaron mi labor en esa oportunidad. La Central Contra la Corrupción es básicamente una unidad de inteligencia, integrada por abogados y gente de otras profesiones.
-¿Algo parecido a la Comisión Anticorrupción?-
Esto es mucho más concreto, es para recibir denuncias, de todos lados. Este es el verdadero sentido de la Central Contra la Corrupción: recibir denuncias.
-¿Pero ya no existen entidades encargadas de recibir denuncias, digamos el Poder Judicial, la Fiscalía…?-
Pero tienen un trámite muchísimo más lento. Claro, hay los fiscales anticorrupción, los jueces de la misma especialidad que reciben las denuncias que le formula el Ministerio Público, y la Contraloría. Todos pueden recibir denuncias, pero con todo respeto por la Contraloría, para mí es una entidad un poco paquidérmica, burocratizada.
-¿Qué hará la Triple C después de recibir las denuncias?-
Las evalúa. Son denuncias que se tramitarán con discreción, pero que no pueden ser anónimas. Luego se hace una investigación preliminar. Como consecuencia de esa primera evaluación, se prosigue con aquellas que tengan indicios y se descartan las que no. Con las que tienen (indicios) se lleva a cabo una investigación preliminar que determina que se tiene que citar a las personas involucradas para que presten su declaración. Citarlas de grado o fuerza, tienen que venir, con la misma autoridad de una comisión del Parlamento. En el pasado, si querían, no venían.
-¿Cómo se les va a dar estas facultades?-
Por ley, se va a crear una ley –ese es uno de los proyectos míos- y se le va a dar esa capacidad de citar de grado o fuerza, para dar su declaración testimonial bajo declaración jurada; si no dicen la verdad: delito de perjurio. Se evalúan más pruebas y, después, se dictamina el caso. Si hay indicios de un delito de corrupción se deriva al Ministerio Público, pero con un sentido de urgencia. Entonces, esta comisión puede derivar el caso al MP, puede coordinar para hacer a través de la policía –o del MP- arrestos para delitos en flagrancia. Y luego, puede exhortar también a los jueces, de todo nivel, para que se pronuncien sobre los casos de corrupción. Adecuadamente tratada, ésta sería una comisión ágil para recibir denuncias, la Contraloría es muy lenta.
-Con todo respeto, me parece que es lo mismo que se planteó con el Consejo Anticorrupción-
No, no, no, está Ud. totalmente equivocada, le digo por qué. El Consejo Nacional Anticorrupción señala políticas, no tiene ninguna capacidad de acción. Esto (la “Triple C”) no señala políticas, esto hace acciones concre-tas.
-¿Esta comisión se encargaría de estudiar, por ejemplo, hechos del gobierno que pasó?-
Eso ya se verá.
-Por ejemplo, ¿el caso “Petroaudios” podría ser objeto de estudio? -
No, y le diré por qué. Nadie se puede abocar a causas que ya están en el Poder Judicial. O sea, esto es para llevar causas al Poder Judicial, no para abocarse a causas que ya están en el PJ. Espere un instante… (Toma el texto de la Constitución) Artículo 149, Inciso 2: Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en sus funciones. Lo que está en el PJ, está en el PJ. Esa investigación no tendría ningún valor. Esto es para llevar casos al PJ.
“Yo emplacé a Eliane Karp”
-¿Reconoce un fracaso de la Comisión Anticorrupción que presidió?-
¿Ud. Sabe lo que hice en la Comisión Anticorrupción? Hice las siguientes cosas: no tenía poderes, pero yo emplacé a Eliane Karp.
-¿En qué año?-
(Muestra recortes de diarios en los que se lee noviembre del 2002)
-¿Y qué resultado tuvo esta acción? -
Bueno, renunció a un cargo que tenía, yo no tenía poder para denunciarla.
-Sólo podía reconvenirla y allí quedaba su función. -
Sí, pues, solamente eso.
- Ud., como abogado, sabía que era una institución inoperante, ¿por qué aceptó el cargo?-
No, no era tan inoperante. Por lo menos renunció (la ex primera dama). ¿Quién lo hizo?, este pecho lo hizo
-¿Ese es uno de los logros? -
Bueno, yo hice otras cosas. Yo me peleé y renuncié.
-El ex procurador Omar Chehade asegura que no hizo nada relevante-
Miente, miente. Mire, aquí lo tiene (más recortes sobre su enfrentamiento con la ex primera dama, por aquellos años). Le puedo enseñar la resolución si le interesa. Oiga usted, ¿quién se ha enfrentado a LA PRIMERA dama?
-¿Y qué le dijo Toledo en ese momento? ¿Intervino de alguna manera, le dijo algo?-
No, Toledo no… el Primer Ministro se molestó conmigo. Solari, estaba un poco así, ensoberbecido, pero después ya no. El es amigo mío… Ese funcionario cómo se atreve, ¿no?, yo estaba haciendo mi trabajo. Y el anterior Primer Ministro decía: no te metas en eso. Entonces, yo les decía: ¿para qué me has nombrado? Estaban equivocados y tuve una serie de roces y al final me sacaron, aunque me dieron, lo que se llama un premio consuelo, el cargo de embajador en Argentina.
-Esta es una de las razones por las que se distanció de Toledo?-
No, en ese momento no me distancié. Yo no estoy peleado con Toledo, ah.
-¿Ah, no? Pero no lo ha recibido ahora que se lanzó a la presidencia-
Bueno, cuando lo llamé, nunca me contestaba la llamada. Cuando yo era embajador lo llamaba para saludarlo, como es usual, como recibí las lecciones de mi padre que fue muchos años embajador en Naciones Unidas, cuando venía al Perú iba a saludar al presidente de la República.
-En un eventual gobierno de Solidaridad Nacional Ud. se va a encargar del tema anticorrupción? -
En el Congreso sí, yo voy a presentar este proyecto de ley con estas características.
-¿La propuesta considera también la figura de un zar anticorrupción, como en su tiempo?-
A mí no me gusta el nombre de zar, nunca me gustó.
-De verdad, resulta huachafo en un país latinoamericano-
Yo en realidad lo que quisiera tener es esa unidad a cargo de un jefe, pero con poderes efectivos. Yo tenía ciertas facultades, pero estaban limitadas.
-El señor Castañeda ha sido denunciado hace poco, por aparentes actos de corrupción, ¿esto no mellaría la labor de esta Triple C?-
En absoluto, por el contrario ha sido excluido por una resolución judicial. Además, quien inició la investigación en el caso Comunicore fue el propio Castañeda. No nos olvidemos, además, que en el caso Comunicore se trata del pago de una deuda real, legal, determinada por un laudo arbitral.
-¿Quiere decir que no tiene razón de ser ese juicio?-
Yo creo que ese juicio va a quedar en nada, porque no hay nada ilegítimo.
-Pero está demostrado que se creó una empresa fantasma para cobrar el dinero.-
Puede ser, pero no es ilegal. En el Perú existe lo que se llama la cesión de créditos o transferencia de créditos. La deuda era legal y se tenía que pagar, entonces, una empresa aparentemente constituida por funcionarios de ReLima vendió esa deuda a la otra empresa que se presentó y dijo: páguenme.
-¿Y no le ve visos de irregularidad a esta operación?-
No, yo lo que veo es que la deuda es real, Ud. puede vender la deuda a un tercero. Esta es la venta de una deuda. ¿Dónde está la ilegalidad que usted intuye o sospecha?
-En la constitución de una empresa fantasma para cobrar un dinero, en el uso de testaferros para hacer efectivo el pago... -
Bueno, pero la empresa fantasma o no fantasma, existió. Quien podría protestar es la gente de ReLima, ésta es la transferencia de un privado a otro privado, ¿la Municipalidad de Lima podía negarse a pagar la deuda?
-Pero, ¿se puede hacer eso con dineros públicos?, se trata de dinero de la Municipalidad. -
Pero la deuda existe.
Canon minero
-¿En qué aspectos centrales va a centrar su trabajo?-
Creo que debe estudiarse muy seriamente una regalía minera nacional, vinculada al alza del precio de los metales. Porque el hecho concreto es que el canon minero está siendo mal utilizado y no está teniendo el buen resultado que debía tener.
-¿Hay mal uso del canon? -
Está siendo subutilizado, no lo están utilizando, el canon está en cuentas corrientes y no se llevan a cabo obras fundamentales. Se utilizan conceptos muy parroquiales. Como ejemplo le cito el caso del distrito de Ilabaya, que es donde está Toquepala: tienen 200 millones de dólares de canon y han hecho una carretera Toquepala–Tacna, muy bien, perfecto, ¿y después? Quizás no tengan capacidad de gestión, quizás no hay tanta población allí. Tiene que utilizarse (el canon) en obras de contenido regional, por ejemplo para las prisiones.
-¿Qué opina de un impuesto a las sobreganancias de las mineras? -
La sobreganancia es una entelequia. Hacer impuestos específicos por actividad es algo inconstitucional, o sea que eso no tiene porvenir. Habría que elevar la tasa Flat para todas las actividades económicas.
-¿Qué otras propuestas de fondo piensa defender?-
Yo creo que la política económica en sus líneas maestras debe continuar, ponerse énfasis en la Educación, mayor inversión selectiva en la justicia y en la seguridad ciudadana y también debe haber una mayor inversión en la defensa nacional. Hay un cierto desequilibrio del Perú frente a otros países,
-Explíqueme, por favor-
Hay una cierta desprotección frente a Chile, nunca lo vamos a igualar, pero si hay que tener cierto equilibrio. Con Chile debe haber una política de paz y amistad, pero con una capacidad militar disuasiva.
“El informe de la Villarán es basurita”-
El informe de la alcaldesa (Susana Villarán) habla de sobrevaloraciones, de mal uso de los recursos. -
Eso no es informe, eso es un papel, una basurita que habrá que limpiar.
-También dijo que en muchas obras, Castañeda iba sólo a la inauguración. -
Así que no hacía nada, se rascaba cierta parte del cuerpo. Por favor, que no sea ridícula. Si alguien ha trabajado, es Castañeda. Ojalá que la Villarán pueda realizar obras de la magnitud, de la importancia y del beneficio para el pueblo de Lima que en su momento realizó Luis Castañeda Lossio. Así que, según la Villarán, el alcalde se rascaba la barriga, ja, ja.
-¿Le da risa el informe de Villarán?-
No, lo encuentro estúpido.
-¿No le parece que está siendo muy agrio?-
No, estoy siendo justo y objetivo. Además ha infringido obligaciones éticas: el Código de Ética de la Función Pública, ha infringido la neutralidad porque ha intervenido en una campaña electoral para perjudicar a un candidato, coludiéndose con Toledo, dígalo en esa forma.
-Los dos, Villarán y Toledo, lo han negado. -
El hecho objetivo es que se han coludido. Su informe podía haberlo hecho después, ¿por qué lo ha hecho ahora?, ¿para qué?, para perjudicar al candidato Castañeda.
-Van a aparecer más denuncias contra Castañeda, ¿siempre lo va a defender de esta manera?-
Oiga, si no creyera en Castañeda no estaría donde estoy.
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/triple-c-contra-la-corrupcion_82282.html
Ex zar anticorrupción durante el régimen de Alejandro Toledo, el embajador Martín Belaunde Moreyra, defiende la gestión que realizó al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción y propone una nueva entidad con más facultades para luchar contra este flagelo que corroe la sociedad peruana. En su condición de número 1 de la lista de Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), deja de lado sus maneras diplomáticas para defender a su nueva tienda política.
-Estamos a menos de un mes de las elecciones y la campaña se ha caracterizado más bien por tratar temas triviales, ¿no le parece?
-No necesariamente. Solidaridad Nacional ha presentado propuestas y no son para nada triviales. Por ejemplo, la carretera de los Andes, la creación de dos millones de empleos, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la lucha contra la corrupción, son propuestas concretas.
-¿Qué proponen para luchar contra la corrupción?-
Nosotros queremos crear la Central Contra la Corrupción, también llamada “Triple C”, que va a ser una punta de lanza contra la corrupción. Para eso se va a necesitar una ley específica.
-¿En qué consiste?-
Un poco que recoge mi experiencia en la Comisión Nacional Anticorrupción y también algunas carencias y deficiencias que, desgraciadamente, obstaculizaron mi labor en esa oportunidad. La Central Contra la Corrupción es básicamente una unidad de inteligencia, integrada por abogados y gente de otras profesiones.
-¿Algo parecido a la Comisión Anticorrupción?-
Esto es mucho más concreto, es para recibir denuncias, de todos lados. Este es el verdadero sentido de la Central Contra la Corrupción: recibir denuncias.
-¿Pero ya no existen entidades encargadas de recibir denuncias, digamos el Poder Judicial, la Fiscalía…?-
Pero tienen un trámite muchísimo más lento. Claro, hay los fiscales anticorrupción, los jueces de la misma especialidad que reciben las denuncias que le formula el Ministerio Público, y la Contraloría. Todos pueden recibir denuncias, pero con todo respeto por la Contraloría, para mí es una entidad un poco paquidérmica, burocratizada.
-¿Qué hará la Triple C después de recibir las denuncias?-
Las evalúa. Son denuncias que se tramitarán con discreción, pero que no pueden ser anónimas. Luego se hace una investigación preliminar. Como consecuencia de esa primera evaluación, se prosigue con aquellas que tengan indicios y se descartan las que no. Con las que tienen (indicios) se lleva a cabo una investigación preliminar que determina que se tiene que citar a las personas involucradas para que presten su declaración. Citarlas de grado o fuerza, tienen que venir, con la misma autoridad de una comisión del Parlamento. En el pasado, si querían, no venían.
-¿Cómo se les va a dar estas facultades?-
Por ley, se va a crear una ley –ese es uno de los proyectos míos- y se le va a dar esa capacidad de citar de grado o fuerza, para dar su declaración testimonial bajo declaración jurada; si no dicen la verdad: delito de perjurio. Se evalúan más pruebas y, después, se dictamina el caso. Si hay indicios de un delito de corrupción se deriva al Ministerio Público, pero con un sentido de urgencia. Entonces, esta comisión puede derivar el caso al MP, puede coordinar para hacer a través de la policía –o del MP- arrestos para delitos en flagrancia. Y luego, puede exhortar también a los jueces, de todo nivel, para que se pronuncien sobre los casos de corrupción. Adecuadamente tratada, ésta sería una comisión ágil para recibir denuncias, la Contraloría es muy lenta.
-Con todo respeto, me parece que es lo mismo que se planteó con el Consejo Anticorrupción-
No, no, no, está Ud. totalmente equivocada, le digo por qué. El Consejo Nacional Anticorrupción señala políticas, no tiene ninguna capacidad de acción. Esto (la “Triple C”) no señala políticas, esto hace acciones concre-tas.
-¿Esta comisión se encargaría de estudiar, por ejemplo, hechos del gobierno que pasó?-
Eso ya se verá.
-Por ejemplo, ¿el caso “Petroaudios” podría ser objeto de estudio? -
No, y le diré por qué. Nadie se puede abocar a causas que ya están en el Poder Judicial. O sea, esto es para llevar causas al Poder Judicial, no para abocarse a causas que ya están en el PJ. Espere un instante… (Toma el texto de la Constitución) Artículo 149, Inciso 2: Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en sus funciones. Lo que está en el PJ, está en el PJ. Esa investigación no tendría ningún valor. Esto es para llevar casos al PJ.
“Yo emplacé a Eliane Karp”
-¿Reconoce un fracaso de la Comisión Anticorrupción que presidió?-
¿Ud. Sabe lo que hice en la Comisión Anticorrupción? Hice las siguientes cosas: no tenía poderes, pero yo emplacé a Eliane Karp.
-¿En qué año?-
(Muestra recortes de diarios en los que se lee noviembre del 2002)
-¿Y qué resultado tuvo esta acción? -
Bueno, renunció a un cargo que tenía, yo no tenía poder para denunciarla.
-Sólo podía reconvenirla y allí quedaba su función. -
Sí, pues, solamente eso.
- Ud., como abogado, sabía que era una institución inoperante, ¿por qué aceptó el cargo?-
No, no era tan inoperante. Por lo menos renunció (la ex primera dama). ¿Quién lo hizo?, este pecho lo hizo
-¿Ese es uno de los logros? -
Bueno, yo hice otras cosas. Yo me peleé y renuncié.
-El ex procurador Omar Chehade asegura que no hizo nada relevante-
Miente, miente. Mire, aquí lo tiene (más recortes sobre su enfrentamiento con la ex primera dama, por aquellos años). Le puedo enseñar la resolución si le interesa. Oiga usted, ¿quién se ha enfrentado a LA PRIMERA dama?
-¿Y qué le dijo Toledo en ese momento? ¿Intervino de alguna manera, le dijo algo?-
No, Toledo no… el Primer Ministro se molestó conmigo. Solari, estaba un poco así, ensoberbecido, pero después ya no. El es amigo mío… Ese funcionario cómo se atreve, ¿no?, yo estaba haciendo mi trabajo. Y el anterior Primer Ministro decía: no te metas en eso. Entonces, yo les decía: ¿para qué me has nombrado? Estaban equivocados y tuve una serie de roces y al final me sacaron, aunque me dieron, lo que se llama un premio consuelo, el cargo de embajador en Argentina.
-Esta es una de las razones por las que se distanció de Toledo?-
No, en ese momento no me distancié. Yo no estoy peleado con Toledo, ah.
-¿Ah, no? Pero no lo ha recibido ahora que se lanzó a la presidencia-
Bueno, cuando lo llamé, nunca me contestaba la llamada. Cuando yo era embajador lo llamaba para saludarlo, como es usual, como recibí las lecciones de mi padre que fue muchos años embajador en Naciones Unidas, cuando venía al Perú iba a saludar al presidente de la República.
-En un eventual gobierno de Solidaridad Nacional Ud. se va a encargar del tema anticorrupción? -
En el Congreso sí, yo voy a presentar este proyecto de ley con estas características.
-¿La propuesta considera también la figura de un zar anticorrupción, como en su tiempo?-
A mí no me gusta el nombre de zar, nunca me gustó.
-De verdad, resulta huachafo en un país latinoamericano-
Yo en realidad lo que quisiera tener es esa unidad a cargo de un jefe, pero con poderes efectivos. Yo tenía ciertas facultades, pero estaban limitadas.
-El señor Castañeda ha sido denunciado hace poco, por aparentes actos de corrupción, ¿esto no mellaría la labor de esta Triple C?-
En absoluto, por el contrario ha sido excluido por una resolución judicial. Además, quien inició la investigación en el caso Comunicore fue el propio Castañeda. No nos olvidemos, además, que en el caso Comunicore se trata del pago de una deuda real, legal, determinada por un laudo arbitral.
-¿Quiere decir que no tiene razón de ser ese juicio?-
Yo creo que ese juicio va a quedar en nada, porque no hay nada ilegítimo.
-Pero está demostrado que se creó una empresa fantasma para cobrar el dinero.-
Puede ser, pero no es ilegal. En el Perú existe lo que se llama la cesión de créditos o transferencia de créditos. La deuda era legal y se tenía que pagar, entonces, una empresa aparentemente constituida por funcionarios de ReLima vendió esa deuda a la otra empresa que se presentó y dijo: páguenme.
-¿Y no le ve visos de irregularidad a esta operación?-
No, yo lo que veo es que la deuda es real, Ud. puede vender la deuda a un tercero. Esta es la venta de una deuda. ¿Dónde está la ilegalidad que usted intuye o sospecha?
-En la constitución de una empresa fantasma para cobrar un dinero, en el uso de testaferros para hacer efectivo el pago... -
Bueno, pero la empresa fantasma o no fantasma, existió. Quien podría protestar es la gente de ReLima, ésta es la transferencia de un privado a otro privado, ¿la Municipalidad de Lima podía negarse a pagar la deuda?
-Pero, ¿se puede hacer eso con dineros públicos?, se trata de dinero de la Municipalidad. -
Pero la deuda existe.
Canon minero
-¿En qué aspectos centrales va a centrar su trabajo?-
Creo que debe estudiarse muy seriamente una regalía minera nacional, vinculada al alza del precio de los metales. Porque el hecho concreto es que el canon minero está siendo mal utilizado y no está teniendo el buen resultado que debía tener.
-¿Hay mal uso del canon? -
Está siendo subutilizado, no lo están utilizando, el canon está en cuentas corrientes y no se llevan a cabo obras fundamentales. Se utilizan conceptos muy parroquiales. Como ejemplo le cito el caso del distrito de Ilabaya, que es donde está Toquepala: tienen 200 millones de dólares de canon y han hecho una carretera Toquepala–Tacna, muy bien, perfecto, ¿y después? Quizás no tengan capacidad de gestión, quizás no hay tanta población allí. Tiene que utilizarse (el canon) en obras de contenido regional, por ejemplo para las prisiones.
-¿Qué opina de un impuesto a las sobreganancias de las mineras? -
La sobreganancia es una entelequia. Hacer impuestos específicos por actividad es algo inconstitucional, o sea que eso no tiene porvenir. Habría que elevar la tasa Flat para todas las actividades económicas.
-¿Qué otras propuestas de fondo piensa defender?-
Yo creo que la política económica en sus líneas maestras debe continuar, ponerse énfasis en la Educación, mayor inversión selectiva en la justicia y en la seguridad ciudadana y también debe haber una mayor inversión en la defensa nacional. Hay un cierto desequilibrio del Perú frente a otros países,
-Explíqueme, por favor-
Hay una cierta desprotección frente a Chile, nunca lo vamos a igualar, pero si hay que tener cierto equilibrio. Con Chile debe haber una política de paz y amistad, pero con una capacidad militar disuasiva.
“El informe de la Villarán es basurita”-
El informe de la alcaldesa (Susana Villarán) habla de sobrevaloraciones, de mal uso de los recursos. -
Eso no es informe, eso es un papel, una basurita que habrá que limpiar.
-También dijo que en muchas obras, Castañeda iba sólo a la inauguración. -
Así que no hacía nada, se rascaba cierta parte del cuerpo. Por favor, que no sea ridícula. Si alguien ha trabajado, es Castañeda. Ojalá que la Villarán pueda realizar obras de la magnitud, de la importancia y del beneficio para el pueblo de Lima que en su momento realizó Luis Castañeda Lossio. Así que, según la Villarán, el alcalde se rascaba la barriga, ja, ja.
-¿Le da risa el informe de Villarán?-
No, lo encuentro estúpido.
-¿No le parece que está siendo muy agrio?-
No, estoy siendo justo y objetivo. Además ha infringido obligaciones éticas: el Código de Ética de la Función Pública, ha infringido la neutralidad porque ha intervenido en una campaña electoral para perjudicar a un candidato, coludiéndose con Toledo, dígalo en esa forma.
-Los dos, Villarán y Toledo, lo han negado. -
El hecho objetivo es que se han coludido. Su informe podía haberlo hecho después, ¿por qué lo ha hecho ahora?, ¿para qué?, para perjudicar al candidato Castañeda.
-Van a aparecer más denuncias contra Castañeda, ¿siempre lo va a defender de esta manera?-
Oiga, si no creyera en Castañeda no estaría donde estoy.
Tuesday, March 15, 2011
La cultura obscura del Mudo
La cultura obscura del Mudo: si esta cultura es parte de su programa de gobierno, el Perú quede confesado. La cultura de la delincuencia debe de para al seco. El Peruano tiene la obligación de hace respetar sus derechos y el de sus hijos. Basta de corrupción y manejo oscuro de los recursos económicos de la población.
Peruano es hora de despertar y analizar en que tipo de país queremos vivir. Si queremos vivir en un país moderno con buen estándar de vida, tu voto debe ser por el cambio y por la modernidad. Eso de que “haga obras y que robe” es solo un mito de la delincuencia.
Monday, March 14, 2011
Tuesday, March 8, 2011
Tuesday, March 1, 2011
Candidatos de Yanacocha denunciados ante la ONPE
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=80824
Jugosas ganancias minerasLas mineras obtuvieron unos $27,000 millones de utilidades entre el 2007 y el 2010, pero solamente dejaron unos $8,000 millones en Impuesto a la Renta. “Alan García nunca aplicó el prometido impuesto a las sobreganancias que hubiera recaudado $6,500 millones más para el presupuesto”, explicó Diez Canseco.“Además, gran parte de las mineras no pagan regalías, amparándose en contratos de estabilidad tributaria y han dejado sólo $800 millones entre el 2005 y el 2010. Por el contrario, en Chile las mineras han pagado, en ese mismo lapso, más de $3,600 millones de regalías”, sostuvo.Diez Canseco explicó que la minera Cerro Verde reinvirtió $800 millones de utilidades con el derecho a dejar de pagar cerca de $240 millones al fisco. “También la compañía Antamina reinvirtió $900 millones con un crédito tributariosde $270 millones”.Diez Canseco reveló que las empresas mineras también se venden fuera del país sin pagar el debido impuesto al Perú. Puso como ejemplo la venta de Toromocho a Chinalco que debió haber pagado $218 millones, la de Bayóvar que debió dejar unos $112 millones y la de Majaz unos $60 millones.“El Perú no vio ni un centavo en esas transacciones. Se necesita cambiar este manejo, recuperando la soberanía sobre el control de nuestros recursos naturales y revisando una legislación abusiva”, aseveró Diez Canseco.
Los 22 candidatos al Congreso que reciben financiamiento de la ONG “Reflexión Democrática”, del dueño de la minera Yanacocha, Roque Benavides, fueron denunciados haber firmado un “compromiso de honor” que viola el mandato constitucional que preserva la independencia de los congresistas.
Pedro Quispe, directivo del Colegio de abogados de Lima, denunció ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a esos candidatos por violar el artículo 93 de la Constitución, que establece que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo.
“Los candidatos han violado el artículo 93° de la Constitución que establece que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, porque si existe un ‘compromiso de honor’, éste es un mecanismo de inhibición para cualquier propuesta” que lo contradiga, dijo Quispe.
Infracción
El director de Defensa Gremial del Colegio de abogados de Lima añadió que los aspirantes al Parlamento, que reciben miles de dólares de la ONG minera, también habrían cometido una infracción contra la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe a los candidatos recibir donaciones directas y sin conocimiento de su partido político, aunque varios dicen haber reportado la contribución recibida.
“En ese caso, la Ley de Partidos Políticos también presume que los aportes no declarados por los partidos políticos son de fuente prohibida y por tanto ilícitos. Nosotros tampoco sabemos de dónde vienen los fondos de esa ONG, que es de propiedad de la minera Yanacocha”, indicó Quispe.
El representante del CAL precisó que la Ley de Partidos Políticos establece que la recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de la tesorería partidaria, que debe abrir en el sistema financiero las cuentas que resulten necesarias y ser la única autorizada en tener el acceso a las cuentas.
Quispe añadió que los fondos de “Reflexión Democrática” tampoco habrían sido registrados debidamente en los libros contables de los partidos, en cumplimiento del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, por lo que pidió a la ONPE una investigación al respecto.
En la denuncia también está comprendido el candidato de Perú Posible por Cajamarca, Mesías Antonio Guevara Amasifuén, pese a que renunció al financiamiento que ascendía a US$ 20 mil para su campaña.
denuncia
Al respecto, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, calificó el financiamiento de la empresa minera Yanacocha a los 22 congresistas como un inaceptable acto de corrupción que revela el compromiso de un sector de los partidos con intereses económicos de una compañía, a costa de los intereses nacionales.
“Nosotros no vamos a comprometernos con esa compañía y su ONG a costa de los intereses nacionales. Que Yanacocha mejor forme su partido político en lugar de estar financiando candidatos”, sostuvo Ollanta.
En tanto, el candidato congresal Javier Diez Canseco, de Gana Perú, consideró la financiación de las campañas electorales por parte de las mineras como un hecho de extrema gravedad, porque se usa como pantalla a la ONG “Reflexión Democrática” para colocar escuderos en el poder que protejan sus intereses.
Diez Canseco cuestionó la “nueva lista” que ha diseñado la ONG “Reflexión Democrática”, porque la conforman un gran número de congresistas que en los últimos cinco años de su gestión se han dedicado a defender los intereses de la gran minería y que buscan la reelección.
“Esos congresistas no han hecho nada por redefinir el régimen privilegiado que tienen las empresas mineras que no pagan sobreganancias, también obtienen la devolución total del Impuesto General a las Ventas (IGV) y encima tienen el beneficio de reinvertir utilidades en sus propios negocios. Y hoy, como consecuencia, las mineras los premian auspiciándoles su campaña política”, aseveró.
Calificó como una farsa los objetivos que pregona “Reflexión Democrática”, de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, construcción de una sociedad justa, estable y próspera, y mejora de la calidad del Congreso.
ASALAC condena esta práctica burda y obscena. La delincuencia organizada, con intereses subalternos, comienza con este matiz. Preguntémonos, ¿si estos monigotes del dinero llegan al parlamento, que moral o independencia tendrán para ajustar las reglas de extracción de recursos naturales con estándares de protección ambiental? ¿Acaso sus votos y conciencias ya no están vendidos a don dinero?. Esperemos que la ciudadanía de una buena vez salde cuentas con estos que abusan de su voluntad. El Perú no debe ser chacra de nadie, y si queremos salir de esta bajeza espiritual, los peruanos necesitamos con honestidad meditar sobre nuestro futuro. Las sociedades con nuevas economías, aquellos que evolucionan dentro de la modernidad, no aceptarían esta bajeza ni tendrían el “presidente” que tenemos en la actualidad.
Jugosas ganancias minerasLas mineras obtuvieron unos $27,000 millones de utilidades entre el 2007 y el 2010, pero solamente dejaron unos $8,000 millones en Impuesto a la Renta. “Alan García nunca aplicó el prometido impuesto a las sobreganancias que hubiera recaudado $6,500 millones más para el presupuesto”, explicó Diez Canseco.“Además, gran parte de las mineras no pagan regalías, amparándose en contratos de estabilidad tributaria y han dejado sólo $800 millones entre el 2005 y el 2010. Por el contrario, en Chile las mineras han pagado, en ese mismo lapso, más de $3,600 millones de regalías”, sostuvo.Diez Canseco explicó que la minera Cerro Verde reinvirtió $800 millones de utilidades con el derecho a dejar de pagar cerca de $240 millones al fisco. “También la compañía Antamina reinvirtió $900 millones con un crédito tributariosde $270 millones”.Diez Canseco reveló que las empresas mineras también se venden fuera del país sin pagar el debido impuesto al Perú. Puso como ejemplo la venta de Toromocho a Chinalco que debió haber pagado $218 millones, la de Bayóvar que debió dejar unos $112 millones y la de Majaz unos $60 millones.“El Perú no vio ni un centavo en esas transacciones. Se necesita cambiar este manejo, recuperando la soberanía sobre el control de nuestros recursos naturales y revisando una legislación abusiva”, aseveró Diez Canseco.
Los 22 candidatos al Congreso que reciben financiamiento de la ONG “Reflexión Democrática”, del dueño de la minera Yanacocha, Roque Benavides, fueron denunciados haber firmado un “compromiso de honor” que viola el mandato constitucional que preserva la independencia de los congresistas.
Pedro Quispe, directivo del Colegio de abogados de Lima, denunció ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a esos candidatos por violar el artículo 93 de la Constitución, que establece que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo.
“Los candidatos han violado el artículo 93° de la Constitución que establece que los congresistas representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, porque si existe un ‘compromiso de honor’, éste es un mecanismo de inhibición para cualquier propuesta” que lo contradiga, dijo Quispe.
Infracción
El director de Defensa Gremial del Colegio de abogados de Lima añadió que los aspirantes al Parlamento, que reciben miles de dólares de la ONG minera, también habrían cometido una infracción contra la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe a los candidatos recibir donaciones directas y sin conocimiento de su partido político, aunque varios dicen haber reportado la contribución recibida.
“En ese caso, la Ley de Partidos Políticos también presume que los aportes no declarados por los partidos políticos son de fuente prohibida y por tanto ilícitos. Nosotros tampoco sabemos de dónde vienen los fondos de esa ONG, que es de propiedad de la minera Yanacocha”, indicó Quispe.
El representante del CAL precisó que la Ley de Partidos Políticos establece que la recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de la tesorería partidaria, que debe abrir en el sistema financiero las cuentas que resulten necesarias y ser la única autorizada en tener el acceso a las cuentas.
Quispe añadió que los fondos de “Reflexión Democrática” tampoco habrían sido registrados debidamente en los libros contables de los partidos, en cumplimiento del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, por lo que pidió a la ONPE una investigación al respecto.
En la denuncia también está comprendido el candidato de Perú Posible por Cajamarca, Mesías Antonio Guevara Amasifuén, pese a que renunció al financiamiento que ascendía a US$ 20 mil para su campaña.
denuncia
Al respecto, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, calificó el financiamiento de la empresa minera Yanacocha a los 22 congresistas como un inaceptable acto de corrupción que revela el compromiso de un sector de los partidos con intereses económicos de una compañía, a costa de los intereses nacionales.
“Nosotros no vamos a comprometernos con esa compañía y su ONG a costa de los intereses nacionales. Que Yanacocha mejor forme su partido político en lugar de estar financiando candidatos”, sostuvo Ollanta.
En tanto, el candidato congresal Javier Diez Canseco, de Gana Perú, consideró la financiación de las campañas electorales por parte de las mineras como un hecho de extrema gravedad, porque se usa como pantalla a la ONG “Reflexión Democrática” para colocar escuderos en el poder que protejan sus intereses.
Diez Canseco cuestionó la “nueva lista” que ha diseñado la ONG “Reflexión Democrática”, porque la conforman un gran número de congresistas que en los últimos cinco años de su gestión se han dedicado a defender los intereses de la gran minería y que buscan la reelección.
“Esos congresistas no han hecho nada por redefinir el régimen privilegiado que tienen las empresas mineras que no pagan sobreganancias, también obtienen la devolución total del Impuesto General a las Ventas (IGV) y encima tienen el beneficio de reinvertir utilidades en sus propios negocios. Y hoy, como consecuencia, las mineras los premian auspiciándoles su campaña política”, aseveró.
Calificó como una farsa los objetivos que pregona “Reflexión Democrática”, de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, construcción de una sociedad justa, estable y próspera, y mejora de la calidad del Congreso.
ASALAC condena esta práctica burda y obscena. La delincuencia organizada, con intereses subalternos, comienza con este matiz. Preguntémonos, ¿si estos monigotes del dinero llegan al parlamento, que moral o independencia tendrán para ajustar las reglas de extracción de recursos naturales con estándares de protección ambiental? ¿Acaso sus votos y conciencias ya no están vendidos a don dinero?. Esperemos que la ciudadanía de una buena vez salde cuentas con estos que abusan de su voluntad. El Perú no debe ser chacra de nadie, y si queremos salir de esta bajeza espiritual, los peruanos necesitamos con honestidad meditar sobre nuestro futuro. Las sociedades con nuevas economías, aquellos que evolucionan dentro de la modernidad, no aceptarían esta bajeza ni tendrían el “presidente” que tenemos en la actualidad.
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