Wednesday, March 3, 2010

De ripley: Corruptos amenazan con “auto eliminarse”

La lucha anticorrupción durante las pasadas dos semanas parecía haber entrando a un nivel mas complejo y comprometido. La ultima semana, el Presidente del Poder Judicial en respuesta a los actos bochornosos e indecentes ocurridos durante los procesos de evaluación de los magistrados para cargos supremos, pidió una urgente reforma del sistema Judicial. En su juzgar, este poder del Estado vivía una crisis institucional y como institución tutelar no daba para más.

Como era de esperar, pese a que la posición del presidente del PJ implicaba una sugerencia y no una orden institucional, las reacciones desde los otros poderes del Estado fueron el de condena y critica desproporcionada. Mientras que Alan García, pedía que se “analice” lo que sucede dentro del sistema judicial, algunos parlamentarios oficialistas y/o pro-gobierno dijeron que la posición del presidente del PJ es descabellado y anticonstitucional y que posiblemente Javier Villa Stein necesitaba de un análisis psicológico.

Desde el campo civil, salvo algunas excepciones de comentaristas, periodistas y estratos organizativos de la sociedad civil, la posición mayoritaria fue el de un silencio absoluto. La revista Ideele, página institucional de IDL, en su pagina principal publico un rotundo “no a la reforma del Sistema Judicial”. Las razones que sustentaron esta posición son: 1) que las condiciones básicas de cambio no existían, 2) que no había voluntad política, 3) que no existían grupos que promuevan el cambio desde adentro, 4) que importantes sectores de la sociedad no les importaba esto cambios ni menos la problemática de este poder de estado y 5) que la cooperación internacional estaba centrada en otros rubros.

Desde un punto de vista práctico lo que pesa en esta posición pareciera ser el punto 5. Sin dinero no hay movimiento ni voluntad de acción. Desde nuestra perspectiva, los puntos 1, 2, 3 y 4, son parámetros conocidos, y si interés de lucha hay, estas pueden ser remontadas. Por ejemplo, el accionar un proceso inmediato de reforma judicial nos parece tendría gran acogida y al mismo tiempo este proceso serviría como base de una profunda educación cívica de la población con miras a las venideras elecciones. Al mismo tiempo, si un movimiento bien compacto nace de estas acciones, la comunidad internacional apoyara no solo con dinero sino con asistencia técnica-jurídica, que es lo que en estos momentos se necesita.

La voluntad política del gobierno para combatir a la corrupción lógicamente no existe, ni esta se dará en un plazo inmediato. Por el contrario, los actos denigrantes de estos últimos días explican que el APRA y sus allegados a viva fuerza quieren preservar canales que domestiquen a este poder y de esa manera garantizar la impunidad a largo plazo. Después de todo, pareciera que Alan tiene interés de volver a ser presidente el 2016, y si este es su anhelo, el copamiento partidarizado del PJ y otras instituciones que tienen alguna influencia en la lucha contra la corrupción son de necesidad prioritaria.

Como se ve, pareciera estamos “dejando escapar un pájaro de la mano” y pasivamente esperando un cambio profundo impulsado desde las entrañas del poder. Como sabemos esto no se dará ni ahora ni posiblemente con el próximo venidero gobierno. Por el contrario, los corruptos se están uniendo y con desparpajo de no imaginar, piden que el pasado sea olvidado y que de hoy en adelante se “luche contra la corrupción”. Es así que Kouri, cual ángel de la guarda en parodia de no olvidar, amenazo con votar “a patadas” a aquellos partidarios que conviven con la corrupción. Es decir Kouri en su “lucha contra la corrupción” se agarrara a patadas y posiblemente se auto torture.

ASACLC cree que estas parodias “anti-corruptivas” no solo indican que los corruptos sienten que la población esta despertando, sino que las condiciones para organizar acciones de lucha contra la corrupción están en avanzada. Lo que falta es la unidad de criterios de las diferentes organizaciones que se abocan en luchar contra esta plaga. Las verdaderas reformas se han conseguido de esa manera y no son dadiva de los que están en el poder. Los que gobiernan viven y generan la coima y la corrupción, por que estas prácticas garantizan su sobre-vivencia, su control del poder y la impunidad.

Veinte años de impunidad
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Fuente: http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/03/03/2010/veinte-anos-de-impunidad

Misión cumplida en el gran faenón de los petroaudios.

El gobierno puede estar satisfecho por haber logrado su mejor faenón: la desactivación de las consecuencias judiciales y políticas del caso de los petroaudios. La consecuencia ética, en cambio, no será fácil de borrar aunque en el Perú, después de un tiempo, todo se olvida.

El final de la comisión presidida por el congresista Oswaldo Luízar se parece al que tuvo la de Daniel Abugattás, en medio de incertidumbre y entrampamiento y con las principales fuerzas políticas –empezando por el Apra– dedicando su mejor esfuerzo a boicotear la investigación y a blindar a sus asociados.

Además, como sucedió desde el mismo destape de este escándalo, esto se produce con arengas del presidente Alan García de que “caerán las ratas” o de que –como dijo hace un par de días– el chuponeo se “debe esclarecer debidamente.

El operativo de desactivación empezó a los pocos días de haber sido destapado en tres frentes: el mediático, para mellar la capacidad de la prensa de profundizar la denuncia; el judicial, poniendo a un juez sin intención de hacer justicia; y el político, lo cual incluyó el enjuague en el Congreso de la responsabilidad de varios políticos metidos hasta el cogote en esta cuchipanda, así como la vendetta contra los que, desde diferentes ámbitos, contribuyeron a la denuncia.

Pero si bien el Partido Aprista y sus asociados en este asunto pueden estar satisfechos de estarse limpiando en los planos mediático, judicial y político, en el terreno de la ética no podrán sacudirse tan rápidamente de la suciedad.

Al margen de lo que quieran concluir sus jueces, congresistas y periodistas, lo cierto es que al Perú llegó, durante el segundo gobierno de Alan García, un pirata dominicano que, camuflado de empresario, tuvo la intención de desarrollar negociados en una diversidad de sectores, para lo cual contó, como cicerone, con un ex ministro aprista que se encargó de abrirle todas las puertas gubernamentales y de coordinar gestiones para que el entonces premier, medio gabinete, los secretarios de Palacio, y varios empresarios encopetados, entre muchos otros, desfilaran por la suite del pirata, dejando el rastro chuponeado por una compañía manejada por amigos del vicepresidente, la cual actúa en este giro delincuencial desde hace mucho tiempo y que posee una sólida conexión con algunos sectores de peso del Apra y del fujimorismo.

Esa es la verdad aunque ahora la quieran reinterpretar los escribidores, leguleyos y otorongos vinculados al gobierno. En este contexto, no deja de ser curioso que el ex premier Jorge del Castillo proponga que “el Apra debería gobernar veinte años”. En ese lapso, en el Perú, todo queda olvidado.

No hagan olas
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Fuente: http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/28/02/2010/no-hagan-olas


Cómo jugar en contra de la lucha anticorrupción.

En un contexto en el que se debería esperar del propio Estado, y por parte del sistema político, una rápida capacidad de indignación pero, principalmente, de reacción frente a las expresiones recientes de descomposición en el sector público que han buscado apropiarse ilícitamente de recursos o de influir en nombramientos irregulares, son decepcionantes algunas respuestas que, en lugar de apuntalar la lucha anticorrupción, quieren ponerle paños tibios.

Las reacciones son parte de un libreto conocido: matar al mensajero, es decir, irse contra el denunciante en lugar de responder el contenido de la denuncia; justificar la acusación como un intento de mellar una candidatura electoral; o ‘llamar a la reflexión’ a favor de la estabilidad y la gobernabilidad como excusa para evitar las denuncias a las autoridades públicas. Todas coinciden con la vocación encubridora del ‘no hagan olas'.

El viernes, por ejemplo, el presidente Alan García señaló, a propósito de la denuncia contra el alcalde Luis Castañeda por el turbio incidente alrededor de la deuda de Relima que le permitió una ganancia excepcionalmente fácil a la fantasmal Comunicore, que “hay que ver no solamente si hay verdad o no en la denuncia, sino cuál es el propósito de la denuncia”, ofreciendo una conclusión que es una verdadera vergüenza.

Es una actitud parecida a la de los distintos sectores que camuflan su intención de enjuagar todas las fechorías demostradas en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con argumentos tan absurdos como desprestigiar al fiscal Avelino Guillén o sostener que las denuncias contra dicha entidad son inventos y chantajes de “ONGs caviares”.

Y cuando se propone una solución radical –como la que se requiere– para renovar integralmente el CNM luego del papelón que ha protagonizado, tal como se ha planteado en esta columna o como ha sostenido el presidente de la Corte Suprema, entonces el premier Javier Velásquez Quesquén sostiene que “la reforma judicial no requiere medidas tan extremas”.

Lo mismo sucede cuando se conoce que el jefe de la chuponeadora Business Track, Elías Ponce Feijóo, tenía prácticamente una línea directa con figuras estelares de la política como el vicepresidente Luis Giampietri o los congresistas Mercedes Cabanillas y Carlos Raffo, y, entonces, el informe se manda al agua en la comisión formada para investigar este escándalo.

Sin duda, hay que reclamar que las denuncias no sean gratuitas sino bien examinadas y realizadas con responsabilidad. Pero es inaceptable la pretensión de desprestigiarlas con tanta facilidad. Cuando algunos reclaman una cruzada anticorrupción, y algunos políticos se lanzan a querer liderarla, es decepcionante escuchar mensajes de gente tan importante en el país que solicitan que ‘no se hagan olas’.

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